La expresidenta argentina Cristina Fernández y otras ocho personas condenadas por corrupción en la obra pública durante su gestión no cumplieron con el pago equivalente a más de 500 millones de dólares que les impuso la justicia por el perjuicio al Estado y cuyo plazo se cumplía este miércoles.

El tribunal que ordenó la medida puede proceder a decomisar y rematar los bienes que están embargados, aunque el trámite no será inmediato porque los condenados interpusieron recursos de apelación ante instancias superiores.

La exmandataria (2007-2015) y líder del peronismo opositor recibió una sentencia de seis años de cárcel a fines de 2022 por administración fraudulenta que comenzó a cumplir en junio en su domicilio de Buenos Aires luego de que la condena quedara firme. Además, la exvicepresidenta (2019-2023) fue inhabilitada para ejercer cargos públicos de forma perpetua.

Los mismos jueces que condenaron a Fernández, a exfuncionarios y a un empresario de la construcción les ordenaron a mediados de julio pagar unos 535 millones de dólares —cifra que se calcula fue el desfalco al Estado y que fue definida por peritos de la Corte Suprema de Argentina—. El tribunal dejó a criterio de los condenados definir el porcentaje que le correspondía a cada uno.

En vísperas de que se cumpliera el plazo este miércoles, la defensa de la exmandataria presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal –el máximo tribunal penal del país—argumentando que sus bienes tienen origen legítimo y no pueden ser decomisados, según el escrito.

Los fiscales han identificado cuentas bancarias, sociedades, inmuebles y campos de la exmandataria y del resto de los culpables. Al mismo tiempo, sostuvo que los asuntos patrimoniales deben resolverse ante el fuero Civil y Comercial Federal y no el penal. Una vez que estas instancias de apelación se resuelvan, la justicia podrá o no avanzar sobre los bienes de la expresidenta, de 72 años.

El caso de corrupción que llevó a Fernández a estar recluida en prisión domiciliaria y a poner en pausa su carrera política se refiere a las irregularidades detectadas en 51 procesos de licitación para la construcción de obras en carreteras nacionales y en rutas de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que comprenden a la presidencia de Néstor Kirchner —difunto marido de Fernández— y el periodo en que ella fue mandataria.

Según la justicia, durante ese tiempo tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública. Estimó el desfalco en unos 85.000 millones de pesos (unos 70 millones de dólares de entonces), suma que ha sido actualizada.

Entre los otros condenados alcanzados por la decisión también están Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner que fue beneficiado con las obras públicas, un exsecretario de esa área y exfuncionarios de vialidad.

Fuente: Cadena 3

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, anunció hoy que otorgará un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las Universidades nacionales entre septiembre y noviembre.

La medida, que incluye un 3,95% en los salarios de agosto, se anunció tras el paro nacional que realizó el personal de las universidades este lunes.

Además, de forma complementaria se dispuso que el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo.

Para el personal docente, las dedicaciones exclusivas percibirán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo, quedando asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios.

El Gobierno nacional recordó que durante 2024 se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, mientras que en «gastos de funcionamiento, durante todo el 2023 y pese a la inflación registrada ese año, el gobierno de Alberto Fernández no aplicó ninguna actualización».

«Desde diciembre de 2023, la actual gestión dispuso un aumento extraordinario que acumuló un 345%», enfatizó el gobierno nacional.

El Ministerio también expresó que «las actualizaciones siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional».

Fuente: Contexto Tucumán

El Senador Provincial Alcides Calvo junto a la Ing. Bárbara Chivallero participaron del segundo Encuentro de la Familia de Sunchales y la región, organizado de manera conjunta por el Centro de Jubilados y Pensionados y el Club de los Abuelos de la ciudad de Sunchales, una propuesta, desarrollada en las instalaciones del Club Unión y que reunió a más de mil personas de la localidad y de la región para disfrutar de una jornada de gastronomía, baile y encuentro de adultos mayores logrando un éxito total.

El evento tuvo como objetivo recaudar fondos para mejorar y ampliar los servicios destinados a los adultos mayores, en áreas claves como la educación, la capacitación y la atención de la salud, la jornada incluyó gastronomía, música, baile y espacios de encuentro, reforzando lazos comunitarios y reconociendo el valioso aporte de las instituciones que trabajan a diario por el bienestar de las personas mayores.

Calvo expresó: “Estar acompañando hoy este encuentro, el cual refleja el esfuerzo y compromiso que hay detrás por parte de estas dos instituciones de la ciudad de Sunchales, el Centro de Jubilados y Pensionados y el Club de los Abuelos, como así también Omar Alesso impulsor de este evento, las cuales trabajan a diario para generar espacios de participación y brindar servicios a los adultos mayores y que también, en este caso, trabajaron para llevar a cabo este gran evento para seguir acompañando a las personas de la tercera edad, es por esto que seguiremos apoyando y respaldando cada iniciativa de distintas instituciones del Departamento Castellanos que sean ejemplo de compromiso y solidaridad.”

Equipo de Trabajo – Senador Provincial Alcides Calvo