Una organización de falsos bomberos fue desbaratada en la Ciudad de Buenos Aires tras la detención de 29 de sus integrantes, quienes operaban en bases sin autorización y pedían contribuciones a vecinos de distintos barrios porteños para adquirir vehículos e insumos que nunca compraban.

Las detenciones se concretaron durante procedimientos en los barrios de Mataderos, Lugano, Pompeya, Retiro y Parque Avellaneda luego de una exhaustiva investigación de meses que incluyó allanamientos en cuarteles truchos y operativos en distintos puntos de la Ciudad.

La pesquisa más reciente ocurrió este martes 16 de septiembre en la avenida Piedra Buena al 3200, Lugano, donde personal de la División Investigaciones Especiales secuestró casi 20 mil comprimidos de medicamentos –más de 7 mil vencidos– junto con frascos, alcohol en gel, sueros y otros insumos sanitarios también vencidos.

Además, también hallaron elementos de uso bomberil como cascos, chalecos, equipos de respiración, pantalones, matafuegos, maniquíes de primeros auxilios, mangueras, máscaras, tablas de rescate, una motosierra, inmovilizadores,y tres vehículos.

Los operativos fueron realizados en articulación con la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35, a cargo de Celsa Ramírez y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, de Federico Tropea.

Este procedimiento se suma a otros concretados en las últimas semanas en el marco de la misma investigación, que permitió en total la detención de 29 integrantes de la organización, destaca el parte al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

En Mataderos, días atrás fueron arrestadas 20 personas —16 hombres y 4 mujeres— las cuales se encontraban vestidas como bomberos que recorrían semáforos entregando folletería y solicitando dinero en efectivo para comprar autobombas e insumos que nunca adquirían.

En ese caso, los falsos bomberos fueron sorprendidos infraganti mientras solicitaban contribuciones en semáforos de las avenidas General Paz y Alberdi, Eva Perón, Emilio Castro y Chávez.

Al ser identificados, los agentes les consultaron que hacían allí, y los imputados se justificaron afirmando que pertenecían a un cuartel sin habilitación ni dirección fija.

“Como resultado de estos procedimientos se incautaron $870.000, 1.635 folletos, 15 credenciales, 86 cascos y 6 extintores de plástico, junto con camisas, calcos, camperas, buzos, posnets para cobros digitales y otros elementos”, enumeraron.

Además, en otro operativo en Pompeya, personal de la Comisaría Vecinal 4B identificó a cinco personas vestidas de bomberos y que también pedían dinero en la vía pública, quienes presentaron una fotocopia a color de una credencial de un supuesto cuartel de bomberos voluntarios.

Otro de los operativos fue tras una inspección realizada en el cruce de Carlos Perette e Islas Galápagos, en el Barrio 31-31 Bis, donde efectivos detuvieron a otras tres personas -dos mujeres y un hombre- que habían instalado una base operativa con contenedores en la calle.

En el lugar se incautaron un auto Ford Escort con prohibición para circular, un motocarro, una bicicleta y elementos típicos de bomberos, como cascos, pantalones, botas, arneses, cuerdas, tablas rígidas, un muñeco de RCP y kits de primeros auxilios.

Por último, en Parque Avellaneda, la Policía de la Ciudad allanó un cuartel sin autorización donde se logró arrestar a un hombre y secuestró una escalera metálica plegable, calcomanías, tarjetas de comercios, zapatos, botas impermeables, pantalón y remeras con la inscripción “Bomberos, Incendio, Rescate”.

En todos los casos los detenidos fueron imputados por el delito de usurpación de títulos y honores y trasladados a las dependencias correspondientes para las diligencias de rigor.

Fuente: NA

Encapuchado y armado con un destornillador, un ladrón quiso robar un local en Corrientes. Pero nunca contó con la actitud de los empleados, que defendieron el lugar con fiereza y le terminaron dando una verdadera paliza.

Pasó durante las primeras horas de la tarde de este lunes, y todo quedó registrado por la cámara de seguridad. Tras reducirlo, empleados y vecinos terminaron entregando al delincuente de 38 años a la Policía.

El hecho tuvo lugar en un local montado en una casa en el barrio Mil Viviendas ubicado en la capital provincial. Fue apenas pasadas las 14.30 cuando un hombre encapuchado, con un destornillador en una mano y precintos en la otra, ingresó abruptamente a la tienda que vende bijouterie y joyas.

El empleado que estaba detrás del mostrador se vio sorprendido por la actitud intempestiva del delincuente que lo avanzó rápidamente y lo arrinconó contra una puerta que daba al baño del local.

Pero, sorpresivamente y lejos de amedrentarse, el empleado repelió el ataque y comenzó un feroz forcejeo con el delincuente. El violento movimiento hizo que uno de los mostradores, con toda la mercadería termine en el suelo.

Con el ruido, apareció otro empleado que salió del baño que se sumó al forcejeo contra el delincuente. Ya eran dos contra uno y la diferencia hizo que el ladrón caiga al piso con los dos empleados encima.

Fue una ráfaga de golpes y patadas en el piso hasta que lograron reducirlo. Mientras uno de los empleados lo mantenía trabado en el suelo, el otro aprovechó para pedir ayuda. Se acercaron vecinos. «Dejame ir, boludo», se logra escuchar en boca del ladrón estando en el piso. Su pedido no iba a ser escuchado.

El ladrón fue entregado a la Policía, quien lo identificó como Juan Pablo G.B de 38 años y quedó detenido en la comisaría a disposición de la Justicia.

Los agentes policiales confirmaron que se secuestró el destornillador con el que el delincuente pretendió realizar el robo.

Fuente: Clarín

Un jubilado de Mendoza presentó una demanda judicial por más de $152 millones contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca, tras alegar que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como efecto adverso de la vacuna contra el COVID-19.

El caso, que podría sentar precedente, se enfrenta a un escollo legal: la Ley 27.573, sancionada durante la gestión de Alberto Fernández, que exime a las farmacéuticas de responsabilidad civil.

La normativa, promulgada en octubre de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria, habilitó al Gobierno a firmar contratos confidenciales con laboratorios internacionales, incluyendo cláusulas que impiden demandas directas por efectos secundarios. En su lugar, los damnificados deben acudir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo que ofrece compensaciones limitadas y solo en casos graves, científicamente comprobados.

El demandante, que logró costear estudios médicos y asesoría legal, reclama una indemnización por:

Daño físico y moral
Gastos médicos (daño emergente)
Incapacidad permanente
Pérdida de oportunidades laborales y recreativas
Daño punitivo, como sanción ejemplar contra AstraZeneca

Según la presentación judicial, las secuelas le impiden realizar tareas cotidianas como operar maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar. A diferencia de otros afectados, el jubilado pudo financiar los peritajes exigidos por la ley, que coloca toda la carga probatoria sobre la víctima.

Además del reclamo económico, el caso busca impugnar la constitucionalidad de la Ley 27.573, lo que podría abrir un debate sobre el derecho a la reparación integral en situaciones vinculadas a campañas de vacunación masiva.

En paralelo, casos similares se registran en otras jurisdicciones. En España, un tribunal de Barcelona reconoció como accidente laboral los efectos adversos sufridos por un docente tras recibir la vacuna de AstraZeneca, marcando un hito en la jurisprudencia europea. En Argentina, también se tramitan demandas por secuelas graves, como el síndrome de Guillain-Barré y púrpura trombocitopénica.

El laboratorio, por su parte, ha reconocido públicamente la existencia de efectos secundarios raros como la trombocitopenia trombótica inmune, aunque sostiene que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos.

La causa del jubilado mendocino podría convertirse en un caso testigo, no solo por el monto reclamado, sino por el intento de abrir una vía judicial directa contra una farmacéutica amparada por legislación especial.

Fuente: NA