Politica
🚨 Bullrich reclamó bajar la edad de imputabilidad tras el crimen de un adolescente en Santa Fe
La difusión de un video estremecedor volvió a encender el debate sobre la inseguridad y la edad de imputabilidad en Argentina.
Tras el brutal asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, exigió que el Congreso avance de forma urgente con la Ley Penal Juvenil.
El crimen ocurrió a fines de diciembre en Santa Fe y generó una fuerte conmoción social luego de conocerse que la víctima fue apuñalada más de veinte veces por jóvenes de entre 14 y 15 años. Según la investigación judicial, el ataque fue filmado por los propios agresores, aunque dos de los implicados quedaron en libertad debido a que se encuentran por debajo de la edad de imputabilidad vigente.
A través de sus redes sociales, Bullrich fue contundente y aseguró que “la edad no puede ser una excusa”, cuestionando que responsables de delitos graves no enfrenten consecuencias penales. En ese sentido, denunció que la falta de una normativa actualizada genera impunidad y deja a las víctimas sin justicia.
La senadora apuntó directamente contra el Congreso anterior, al que acusó de haber frenado el tratamiento del Régimen Penal Juvenil por decisiones políticas. Según expresó, esa inacción derivó en “una generación de delincuentes que cree tener vía libre para delinquir amparada en su edad”.
Bullrich remarcó que el actual Parlamento tiene la responsabilidad de tratar el proyecto sin más demoras, y recordó que el reclamo se repite tras otros hechos recientes, como el asesinato de Gustavo Pairó en José C. Paz, donde también estuvo involucrado un menor.
Bajo la consigna “quien las hace, las paga”, insistió en avanzar tanto con el nuevo Código Penal como con la Ley Penal Juvenil, reclamando tolerancia cero frente a los delitos violentos. “Basta de zafar por ser menor”, afirmó.
Cabe recordar que el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil obtuvo dictamen de mayoría en mayo de 2025, con consenso para fijar la edad de imputabilidad en 14 años, aunque su tratamiento en el recinto quedó postergado.
El crimen de Jeremías Monzón volvió a colocar en el centro de la escena uno de los debates más sensibles de la agenda política, reavivado, una vez más, por una tragedia que sacude a todo el país.
Por Móvil Quique con información de Contexto Tucumán
Politica
El Gobierno acordó una suba salarial con las universidades, pero sigue el reclamo judicial ante la Corte
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
Sin embargo, pese al entendimiento alcanzado, las casas de estudio confirmaron que continuará la demanda presentada ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Cómo será el aumento salarial
La propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33% dividida en dos etapas.
El esquema prevé un incremento del 21,33% en julio y otro adicional del 3% en octubre.
Según se informó, el ajuste busca compensar parte de la pérdida salarial acumulada entre 2024 y 2026. Además, el acuerdo incluye el compromiso de revisar los salarios para evitar que vuelvan a quedar por debajo de la inflación durante este año.
También se confirmó la convocatoria a una nueva reunión paritaria con los gremios universitarios.
Más fondos para becas y hospitales universitarios
El entendimiento firmado entre el Ejecutivo y el CIN también incorpora otras medidas vinculadas al sistema universitario.
Entre ellas se encuentra un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.
A su vez, se anunció una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
Las negociaciones también incluyeron el reclamo de docentes de colegios preuniversitarios, quienes además sufrieron el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La demanda judicial continuará
Pese al acuerdo económico, las universidades ratificaron que mantendrán activa la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La causa cuenta actualmente con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque su aplicación permanece suspendida tras un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.
La definición final quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal” debido a que, según su interpretación, no establece claramente el origen de los recursos para financiarla.
Desconfianza de los gremios universitarios
Desde distintos sectores sindicales manifestaron cautela respecto del acuerdo alcanzado.
Representantes de Conadu señalaron que aún esperan una convocatoria formal a paritarias y remarcaron que existe desconfianza sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.
Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y siguen las protestas impulsadas por docentes, estudiantes y trabajadores no docentes en distintos puntos del país.
Con información de Infobae
Politica
Presentaron un proyecto de ley para asistir a trabajadores afectados por crisis empresariales en Santa Fe
La iniciativa, coautoría del senador Alcides Calvo, propone flexibilizar el acceso a pensiones sociales en casos excepcionales de vulnerabilidad económica y laboral.
El pasado 4 de junio ingresó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe un proyecto de ley que busca brindar herramientas de contención social para trabajadores y familias afectadas por crisis empresariales, laborales o productivas.
La iniciativa fue presentada por el senador provincial Alcides Calvo junto a los legisladores Felipe Michlig, Hugo Rasetto y Leonardo Diana, y propone modificar la Ley Provincial N.º 5110, que regula el régimen de pensiones sociales.
El objetivo del proyecto
La propuesta apunta a incorporar una facultad excepcional y transitoria para que la autoridad de aplicación pueda otorgar beneficios sociales aun cuando las personas registren antecedentes económicos o patrimoniales correspondientes a una etapa anterior de estabilidad.
De esta manera, se busca evitar que requisitos patrimoniales rígidos excluyan automáticamente a familias que actualmente atraviesan situaciones críticas por:
- Cierre de empresas
- Suspensiones laborales
- Falta de pago de salarios
- Caída abrupta de ingresos
- Paralización productiva
Calvo: “El Estado debe actuar con sensibilidad”
El senador por el departamento Castellanos explicó que el proyecto intenta dar respuesta a situaciones que afectan directamente a trabajadores y comunidades enteras.
“Hay realidades que el Estado debe mirar con sensibilidad y responsabilidad. Muchas familias pueden haber tenido una situación laboral o patrimonial estable, pero una crisis empresarial o productiva puede colocarlas repentinamente en una situación de vulnerabilidad”, expresó Calvo.
Además, vinculó la iniciativa con el contexto económico actual y las dificultades que atraviesan distintas empresas de la provincia.
Crisis empresariales y preocupación social
El legislador mencionó casos de compañías que enfrentan escenarios complejos, entre ellas:
- Verónica
- SanCor
- Otras empresas afectadas por la inflación y la caída de actividad
“Cuando una fuente de trabajo entra en crisis, no solo afecta a una empresa, sino a toda una comunidad. Por eso entendemos que el Estado debe contar con herramientas para acompañar a quienes quedan en situación de necesidad”, sostuvo.
Una medida excepcional y transitoria
Desde el equipo legislativo aclararon que el proyecto no crea nuevos beneficios sociales ni elimina los requisitos generales establecidos por la normativa vigente.
La modificación incorpora únicamente una herramienta excepcional para que cada situación pueda analizarse de manera integral mientras persistan las circunstancias extraordinarias que originaron la vulnerabilidad económica o social.
Con información de Equipo de Trabajo – Senador Provincial Alcides Calvo
Politica
Adorni prepara su declaración jurada en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabaja en la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción mientras avanza la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Desde el Gobierno aseguran que el documento será presentado antes del 15 de junio.
El Gobierno busca bajar el impacto político antes del Mundial 2026
Según trascendió, en Casa Rosada consideran que el inicio del Mundial 2026, previsto para el jueves 11 de junio, podría ayudar a desplazar el foco mediático sobre la interna oficialista y la situación judicial del funcionario.
La administración nacional apuesta a que el interés social por la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo reduzca la atención sobre el conflicto político que atraviesa al oficialismo.
Las razones de la demora
De acuerdo a versiones cercanas al jefe de Gabinete, la demora en la presentación de la documentación responde a dos motivos principales:
- Evitar interferir en la investigación que lleva adelante el fiscal de la causa.
- Reducir la presión interna dentro del oficialismo.
En ese contexto, surgieron diferencias con figuras del espacio libertario como Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes impulsaban una presentación anticipada de la declaración jurada.
Bullrich pidió acelerar los plazos
La ministra de Seguridad había solicitado públicamente adelantar la presentación, pese a que el plazo legal vence el 31 de julio.
“Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado”, sostuvo Bullrich durante una actividad en Mendoza, luego de presentar su propia declaración.
Las diferencias internas volvieron a evidenciar tensiones dentro del oficialismo, en un contexto marcado además por los cruces entre Santiago Caputo y Karina Milei.
La causa que complica al funcionario
La investigación tomó mayor relevancia luego de que se conociera la presencia de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, dentro de la delegación presidencial que viajó a Nueva York en marzo.
Mientras tanto, el Gobierno espera que la presentación de la declaración jurada ayude a descomprimir el escenario político y judicial que enfrenta el funcionario.
Con información de NA
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