Judicial
Ataliva: lo condenaron por dos robos, pero lo absolvieron del homicidio de Mario Ricarte
La Justicia de Rafaela impuso una pena de cuatro años y seis meses de prisión a Axel Micael Churquina por dos robos cometidos en Moisés Ville. En cambio, consideró que no había pruebas suficientes para responsabilizarlo por el asesinato ocurrido en Ataliva en mayo de 2024.
Una sentencia de los Tribunales de Rafaela resolvió de manera diferente las tres acusaciones que pesaban sobre Axel Micael Churquina: lo condenó por dos robos cometidos en Moisés Ville y lo absolvió del homicidio de Mario César Ricarte, ocurrido en Ataliva.
La resolución fue dictada el 26 de octubre de 2026 por la jueza Águeda Ramona Salteño. El acusado recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por los delitos contra la propiedad.
En relación con el homicidio, la magistrada entendió que las pruebas presentadas durante el juicio no alcanzaban para demostrar su responsabilidad penal.
Los dos robos en Moisés Ville
Los hechos por los que Churquina fue condenado ocurrieron durante mayo de 2024 y tuvieron como escenarios una vivienda particular y un comercio de Moisés Ville.
En ambos casos, según se acreditó durante el debate, los ingresos a las propiedades se produjeron mediante el escalamiento de estructuras. De esos lugares fueron sustraídos distintos elementos, mercaderías y dinero.
A partir del análisis de testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos incorporados al proceso, la jueza consideró probada la participación del acusado en los dos episodios.
Por esos delitos fue declarado autor penalmente responsable de dos robos calificados por escalamiento, cometidos en concurso real.
El homicidio de Mario Ricarte en Ataliva
La acusación más grave estaba vinculada con la muerte de Mario César Ricarte, de 45 años, quien fue encontrado sin vida dentro de su vivienda de Ataliva a fines de mayo de 2024.
La víctima había sufrido una herida de arma blanca en el cuello que le provocó una hemorragia fatal.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó distintos indicios para sostener que Churquina había participado en el crimen. Entre otros elementos, se analizaron registros de cámaras, testimonios y los movimientos del acusado en la localidad.
Sin embargo, la defensa cuestionó la solidez de esas pruebas y sostuvo que no permitían establecer de manera concluyente quién había cometido el homicidio.
Por qué fue absuelto
Al evaluar la acusación, la jueza consideró que los elementos reunidos no alcanzaban para demostrar que Churquina hubiera sido el autor del asesinato.
Si bien existían indicios que permitían ubicarlo en Ataliva y reconstruir parte de sus movimientos, eso no resultaba suficiente para atribuirle la muerte de Ricarte.
También se analizaron las imágenes de seguridad, los testimonios, la posibilidad de que otras personas hubieran ingresado a la vivienda y la falta de un vínculo científico concluyente entre el acusado y el arma blanca relacionada con el caso.
Ante esas dudas, la magistrada aplicó el principio de la duda razonable y resolvió absolverlo de la acusación de homicidio doloso simple.
La Fiscalía había solicitado 17 años de prisión
Durante sus alegatos, el fiscal Martín Castellano había solicitado una condena de 17 años de prisión efectiva por los tres hechos que integraban la acusación.
Por su parte, la defensora Victoria Romano pidió la absolución de su representado y cuestionó distintos aspectos de la investigación.
Finalmente, la jueza diferenció las responsabilidades: consideró acreditados los dos robos, pero entendió que no había certeza suficiente para condenarlo por el homicidio.
La condena y la absolución
La sentencia estableció una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por los dos robos calificados por escalamiento cometidos en Moisés Ville.
Al mismo tiempo, Churquina fue absuelto por el homicidio de Mario César Ricarte, debido a que las pruebas presentadas no permitieron demostrar su responsabilidad penal.
De esta manera, el tribunal resolvió las tres acusaciones dentro de un mismo juicio: condena por los delitos contra la propiedad y absolución por el crimen ocurrido en Ataliva.
Fuente: Rafaela Informa.
Judicial
Estafas por más de $99 millones: prisión preventiva para un hombre acusado de engañar a dos productores rurales
El investigado tiene 64 años y está acusado de realizar operaciones con cheques electrónicos sin fondos para comprar ganado a productores de Curupaytí y Moisés Ville. La Justicia dispuso 60 días de arresto domiciliario y una fianza superior a los $100 millones.
Un hombre de 64 años, identificado por sus iniciales WHR, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por dos presuntas estafas contra productores agropecuarios del departamento San Cristóbal. El perjuicio económico denunciado supera los 99 millones de pesos.
La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo, a partir de un pedido del fiscal Mauricio Gabriel Spinosa, durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.
La magistrada estableció que el imputado cumpla la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario durante 60 días. También deberá constituir una fianza superior a los 100 millones de pesos, según lo acordado entre las partes y con la conformidad de las víctimas.
Las operaciones investigadas
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2026. El hombre habría utilizado una falsa apariencia de solvencia económica para concretar las operaciones comerciales y obtener la entrega de animales a cambio de cheques electrónicos que, según la investigación, sabía que no podrían cobrarse.
En el primer caso, un productor de Curupaytí le entregó 12 novillitos y 8 vaquillas de raza Brangus. La operación fue valuada en $26.914.035 y se documentó mediante cinco cheques electrónicos de pago diferido.
La segunda operación involucró a un productor de Moisés Ville, quien vendió 50 novillitos Brangus por un total de $72.457.060. El pago también se habría realizado con cheques electrónicos que no podían hacerse efectivos.
Un perjuicio superior a los $99 millones
La suma de ambas operaciones alcanza los $99.371.095, monto que representa el perjuicio económico atribuido al investigado.
La causa continúa bajo investigación y el hombre permanece imputado por los hechos denunciados. La prisión preventiva es una medida cautelar y no implica una condena.
Fuente: Radio Belgrano Suardi.
Judicial
Rafaela: detuvieron a otro sospechoso por la presunta extorsión con una falsa requisa policial
La investigación sumó un nuevo detenido: un efectivo de la Policía de Santa Fe que trabajaba en los Tribunales de Rafaela. Ya estaba detenido un empleado judicial, quien este lunes recibió prisión preventiva por 30 días.
La Fiscalía intenta identificar a una mujer que también habría participado de la maniobra para exigirle a una familia que asumiera una deuda de hasta 35.000 dólares.
La investigación por la presunta extorsión a una familia de Rafaela mediante una falsa requisa policial sumó un nuevo avance. Este lunes 2 de noviembre fue detenido un efectivo de la Policía de Santa Fe que cumplía funciones en los Tribunales de la ciudad.
El procedimiento fue ordenado por la fiscal Fabiana Bertero y realizado por personal de Asuntos Internos, luego de que los investigadores analizaran registros de cámaras de seguridad que permitieron identificar a uno de los sospechosos.
El caso ya tenía a un empleado de la Oficina de Gestión Judicial detenido desde la semana pasada. Además, la Justicia le dictó este lunes prisión preventiva por 30 días.
Una falsa requisa para reclamar una deuda de hasta 35.000 dólares
El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 15 de octubre, cerca de las 19, en una vivienda de barrio Jardín.
Según la denuncia, un hombre y una mujer llegaron al domicilio vestidos con ropa oscura y se presentaron como policías que debían realizar una requisa por orden judicial. La mujer llevaba una carpeta con documentación que aparentaba respaldar el procedimiento.
Sin embargo, no había ningún móvil policial en el lugar y tampoco se entregó una copia de la supuesta orden.
De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, posteriormente llegó a la vivienda el empleado judicial que terminó detenido. Allí habría indicado a quienes se presentaban como policías que se retiraran, porque no se realizaría ningún procedimiento.
El reclamo económico y las presuntas amenazas
Una vez que los otros dos visitantes se retiraron, el empleado judicial habría planteado una cuestión económica vinculada con una deuda que mantenían su hija y la pareja de ella.
Según la hipótesis investigativa, buscaba que los padres asumieran esa obligación mediante la firma de un reconocimiento de deuda y un plan de pagos.
La suma involucrada se ubicaría entre 30.000 y 35.000 dólares. También se investigan presuntas amenazas relacionadas con posibles detenciones y deportaciones que habrían sido utilizadas para presionar a la familia.
La Fiscalía intenta determinar si la supuesta presencia policial fue organizada para generar temor y facilitar el reclamo de dinero.
Las cámaras permitieron identificar al policía
El análisis de las imágenes de cámaras de seguridad de la zona fue clave para avanzar sobre uno de los hombres que habría participado de la falsa requisa.
Con esa información, la fiscal Bertero ordenó un allanamiento que se concretó durante la mañana de este lunes y terminó con la detención del efectivo policial, quien se desempeñaba en los Tribunales de Rafaela.
En paralelo, los investigadores buscan identificar a la mujer que habría acompañado al policía durante la visita y que, según la denuncia, fue quien exhibió la documentación que simulaba ser una orden judicial.
El empleado judicial recibió prisión preventiva
En otra instancia de la causa, este lunes se realizó una audiencia en los Tribunales de Rafaela y el juez José Luis Estévez dispuso 30 días de prisión preventiva para el empleado judicial investigado.
Además, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ordenó abrir un sumario administrativo y dispuso su suspensión inmediata en el puesto de trabajo.
La investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Fabiana Bertero, que deberá establecer qué participación tuvo cada uno de los sospechosos y si existió una planificación previa.
Por el momento, la causa se investiga como una presunta tentativa de extorsión y la responsabilidad penal de las personas involucradas deberá determinarse en el proceso judicial.
Con información de Rafaela informa
Judicial
Condenaron a 13 años de prisión al autor del crimen de Rubén Tisera en Frontera
Alexander Yamil Eduardo Allende, de 21 años, recibió la pena por el homicidio cometido en 2024 y por intentar asesinar a otras dos personas meses después. La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado en los Tribunales de Rafaela.
Un joven de 21 años fue condenado a 13 años de prisión por el homicidio de Rubén Emanuel Tisera y por dos tentativas de homicidio cometidas en Frontera, departamento Castellanos.
El condenado fue identificado como Alexander Yamil Eduardo Allende. La resolución fue dictada por el juez Gustavo Bumaguín en el marco de un procedimiento abreviado realizado en los Tribunales de Rafaela.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 5.
Según explicó el fiscal, para determinar la pena se tuvieron en cuenta, entre otros factores, la violencia de los ataques y la magnitud de los daños ocasionados.
El crimen de Rubén Tisera
El homicidio ocurrió el 5 de octubre de 2024, entre las 21 y las 21:30, en una vivienda ubicada en calle 102 al 600 de Frontera.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Allende llegó en un automóvil hasta el domicilio de Tisera, quien se encontraba en la vereda. Luego descendió del vehículo con una escopeta y efectuó varios disparos desde una distancia aproximada de 25 metros.
La víctima recibió impactos en distintas zonas vitales y falleció horas después en el hospital de San Francisco, Córdoba.
Durante la investigación también se estableció que Allende no estaba registrado como legítimo usuario de armas de fuego.
Dos tentativas de homicidio
La condena también comprendió un ataque ocurrido el 22 de noviembre de 2024, cerca de las 23:45, cuando Allende y otro hombre intentaron matar a un hombre y una mujer que circulaban en motocicleta por calle 104, entre las calles 17 y 19 de Frontera.
Según la acusación fiscal, ambos atacantes dispararon contra las víctimas, pero no lograron concretar el homicidio por circunstancias ajenas a su voluntad.
El otro hombre, de 40 años e identificado por sus iniciales FGA, permanece imputado en la misma causa y transita el proceso judicial en prisión preventiva, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.
Reconoció su responsabilidad
En el juicio abreviado, Allende reconoció su responsabilidad penal por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego, las tentativas de homicidio agravado y la portación de un arma de fuego de uso civil sin autorización legal.
La Defensa aceptó las calificaciones penales, la pena acordada y la realización del procedimiento abreviado. Además, las víctimas directas e indirectas manifestaron su conformidad con el acuerdo y con la condena de 13 años de prisión.
Con información de Rafaela Informa
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