Perotti no solicitará facultades para modificar el actual funcionamiento policial. Busca ganar aval de la oposición al proyecto de emergencia.

El gobierno provincial no buscará que se le concedan en lo inmediato facultades para cambiar el funcionamiento del sistema policial provincial. Ese punto, que en el capítulo de seguridad causaba la mayor controversia con la oposición, quedará fuera de la iniciativa que declara la necesidad pública en materia social, alimentaria y financiera, con la que esta semana el oficialismo buscará por segunda vez hacerse de herramientas para gestionar en una coyuntura crítica. El gobierno de Omar Perotti no renunciará a modificar labores y reparticiones policiales, pero no lo hará ahora sino que remitirá con posterioridad a la Legislatura dos proyectos específicos: una nueva ley orgánica policial y una ley de seguridad pública.

Así lo confirmaron a La Capital fuentes de la Casa Gris que indicaron la intención, con este gesto entre otros, de que prospere su iniciativa. Esta sería remitida a la Legislatura el mismo miércoles al culminar una ronda de reuniones que mantendrá con tres fuerzas de la oposición el ministro de Gobierno Esteban Borgonovo.

El proyecto anterior impulsado en diciembre, conocido como ley de emergencia, habilitaba al ministro de Seguridad Marcelo Saín a modificar la actual estructura organizativa de la policía de la provincia y reasignar funciones al personal, de modo que se ajusten a las labores más eficientes de una fuerza sostenida en tres servicios: una policía de seguridad preventiva, que es la que comanda Víctor Sarnaglia; una agencia de Investigación Criminal, que encabeza el ex jefe de la TOE Maximiliano Bertolotti, y una agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos), liderada por Mariana Olivieri.

Virginia Benedetto

Este apartado se expresa en el artículo 32 del proyecto de necesidad pública pero, según fuentes del gobierno, de manera declarativa, en relación a lo que espera cambiar el gobierno de Perotti para mejorar el servicio policial, y no en el reclamo de facultades en ese sentido.

“Se insistirá con eso pero con proyectos de ley específicos más adelante. Lo que hace a la modificación de estructuras de fondo de la policía irá por separado”, dijeron las fuentes.

Reclutamiento

Entre los otros puntos que contiene el mensaje del Poder Ejecutivo, destacan el que faculta al Ministerio de Seguridad a disponer la convocatoria al servicio activo del personal de la policía santafesina en situación de retiro a efectos de cumplir funciones de seguridad pública, por el plazo de vigencia de esta ley, que se extiende hasta el 30 de junio de 2021.

Otro artículo indica que el Ministerio de Seguridad puede poner en disponibilidad al personal policial que no hubiera sido reasignado en la reorganización de la dependencia, o que acredite veinte años de servicios policiales o que revista en los grados comprendidos entre la jerarquía de comisario hasta director general de policía inclusive.

El personal policial en disponibilidad, dice la iniciativa, puede ser puesto en situación de retiro obligatorio transcurridos 30 días de dictada la disponibilidad. Actualmente los plazos son mucho más prolongados lo que, a criterio del gobierno, crea prolongada incertidumbre por el destino de quien está en esa situación.

Uno de los pilares del proyecto es el que crea el programa de emergencia en seguridad para ser destinado a erogaciones en los rubros “construcciones”, “maquinaria” y “equipo”, así como en “equipos de seguridad”, lo que implica desembolsos para afrontar compra de patrullas, remodelaciones o alquiler de edificios, móviles y armamento destinados a la fuerza. Para esto se crea un fondo cuyo aporte principal proviene de Rentas Generales del Tesoro provincial por hasta mil millones de pesos. Asimismo se integra ese fondo con el 15% de los aportes de los servicios de policía adicional, con el 50% de los recursos percibidos por la Agencia de Seguridad Vial, y aportes provenientes del Estado nacional que puedan ingresar.

Se habilitan también procedimientos abreviados de compra y de contratación propios de una situación excepcional para adquirir bienes de uso y equipamiento, bajo los mecanismos de control y de rendición de cuentas previstos por la ley.

También dispone el proyecto la posibilidad de realizar asignaciones no remunerativas al personal que desempeñe funciones caracterizadas como críticas mientras dure ese rol. “Tenemos que tener la posibilidad de dar un incentivo económico no a un cargo determinado sino al empleado que cumple funciones críticas, por ejemplo si tenemos personal afectado a barrios muy conflictivos, porque es un estímulo razonable para una labor difícil y de riesgo”, indicó el portavoz del proyecto.

Un punto que se modificó respecto del primer proyecto de emergencia es el que asignaba el manejo de fondos especiales no a la fuerza policial que tenía posibilidad de recibirlos sino al Ministerio de Seguridad. Tres agrupaciones tienen por ley vigente acceso a fondos especiales: las áreas antinarcóticos, la TOE y la Dirección de Asuntos Internos.

El gobierno no insistirá con que los maneje la cartera de Seguridad (que según la normativa en vigor debe convalidar el destino del dinero a pedido de la fuerza policial que lo pide) pero sí pone el acento en cómo debe hacerse la rendición de cuentas de esas partidas reservadas al Tribunal de Cuentas de la provincia.

Fricciones

La semana pasada distintos sectores del Frente Progresista señalaron a este diario que el punto de mayor fricción pasaba justamente por el artículo que habilitaba al Ministerio de Seguridad a reestructurar y modificar las bases del sistema policial provincial. Los consultados observaban que más allá del fuerte debate generado entre oficialismo y oposición sectores del socialismo y del radicalismo no tienen objeciones con la visión política de Saín en asuntos de seguridad pero se mostraron reacios a delegar facultades de cambio del manejo orgánico policial por fuera de una ley específica. «A Saín lo fue a buscar el Frente Progresista para traerlo a la provincia. Pero mañana el ministro puede ser otro y tener una visión opuesta», advirtieron.

Antes de ser remitido a la Legislatura, el proyecto de ley de necesidad pública será analizado en tres reuniones por gobierno y oposición. Hoy a las 11 Borgonovo recibirá a legisladores radicales. Mañana hará lo mismo con parlamentarios socialistas y el miércoles con el bloque Unite, que encabeza Nicolás Mayoraz.

El anterior proyecto de ley de emergencia zozobró en la Cámara de Diputados que lo rechazó en diciembre. Pero antes el núcleo básico de lo que reclamaba Saín había naufragado en el Senado donde el oficialismo tiene mayoría, a raíz del peso del bloque disidente del PJ comandado por Armando Traferri (San Lorenzo). El gobierno eligió que el nuevo proyecto ingrese nuevamente por la Cámara alta. Pero confía en que las modificaciones realizadas logren el espaldarazo de los peronistas díscolos.

La Casa Gris también considera un estímulo positivo que indica voluntad de colaboración la reunión convocada por el presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz, a raíz de la ola de violencia desatada en la primera quincena de enero, en donde miembros de todos los bloques produjeron un documento común consensuado con propuestas concretas para que el gobernador Omar Perotti evalúe. «Este proyecto es totalmente distinto al que se discutió en diciembre. Hay cambios importantes producto de la flexibilidad de todos lados que hace pensar en un desenlace diferente para una herramienta que el gobierno necesita en un momento crítico», afirmó un vocero oficialista.

Fuente: Uno de Santa Fe