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Nuevas armas y reglas para el uso de la fuerza policial

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El Ministerio de Seguridad sancionó un protocolo que contempla incorporar armamento de letalidad atenuada y una capacitación permanente.

Dispositivos acústicos, irritantes químicos de puño o dispersados a distancia, proyectiles de impacto kinéticos, armas de luz incapacitadoras, armas de pintura (paintball) como la que utiliza la policía de la ciudad belga de Amberes y las bola wraps, una suerte de boleadoras modernas que se emplean para atrapar a sospechosos en fuga en sitios donde el uso de armas de fuego pone en riesgo la vida de terceros.

Se las conoce como armas de letalidad atenuada y están siendo analizadas por el Ministerio de Seguridad de la provincia para comenzar a emplear en el marco del «Nuevo Protocolo de Uso Racional, Progresivo y Proporcional de la Fuerza” que la gestión de Marcelo Sain sancionó días atrás.

Como parte del nuevo paradigma, que regula sobre las técnicas de intervención de los efectivos policiales y además establece programas de “seguimiento y reentrenamiento”, el ministerio está recibiendo y evaluando muestras de esos dispositivos. Pero no solo son empresas fabricantes de ese tipo de armamentos las que acercan sus propuestas sino también de universidades argentinas que tienen proyectos en desarrollo que incluso no se descarta financiar.

El cronograma de evaluación, que todas las semanas suma artículos como visores nocturnos para patrulleros, drones y aerostáticos, seguirá hasta abril. Entonces la policía santafesina empezará a incorporar distintos armamentos para actuar en conflictos de distintos niveles.

Uso racional

Una semana atrás se dio a conocer el nuevo protocolo de “uso racional, progresivo y proporcional de la fuerza para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la provincia”. El texto fue trabajado por un equipo multidisciplinario que incorporó experiencias nacionales y las más recientes recomendaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y uso racional de la fuerza.

La resolución establece un “ciclo de planeamiento” sobre los cambios a introducir, para “modernizar y optimizar las habilidades requeridas por los policías para intervenir en situaciones de conflicto”. Y crea, en tal sentido, tres “instancias permanentes”: un programa de seguimiento, una evaluación anual de amenazas y riesgos y un programa de reentrenamiento, teniendo en cuenta que la dinámica del delito y la violencia va mutando y la labor policial debe adaptarse a nuevos escenarios.

Simbólica o directa

La nueva norma describe en sus considerandos dos tipos de uso de la fuerza. Uno “en sentido amplio y con una proyección simbólica”, que es lo que se conoce como “presencia policial”, que “excluye la coacción directa”. El otro es el que implica producir detenciones y otras acciones en las cuales se usen armas potencialmente letales. También se prioriza, cuando sea posible, la disuasión y conciliación antes que el empleo directo de la fuerza física.

En este sentido se indica que “la proporcionalidad en el uso de la fuerza requiere medios específicos y una formación adecuada para lograr la disuasión efectiva del delito y la violencia”. En ese marco se inscribe la intervención policial, desde el uso de técnicas defensivas no letales hasta las armas de fuego u otros “equipos neutralizantes de letalidad atenuada”; es decir las que permiten incapacitar a una persona con menor probabilidad de riesgo para su vida.

Ultimo recurso

El nuevo protocolo establece entre sus principios generales que el uso de la fuerza y el empleo de armas “son el último recurso de la intervención policial”. Podrán emplearse, en general, para abortar una “amenaza inminente y grave para la vida o integridad física” y en el caso de que “las medidas de menor resulten inadecuadas”. También establece que la preservación de la vida es siempre el primer objetivo y que “la integridad de bienes materiales nunca deberá priorizarse por sobre la vida e integridad física”.

“El uso de la fuerza es siempre un medio para la consecución de un fin policial. Por eso requiere la evaluación desde un punto de vista táctico, y también ético. La oportunidad de usar la fuerza por parte de los funcionarios policiales resultará de la evaluación del riesgo que presente la situación”, indica la resolución.

También establece instancias de progresividad que los policías deben aplicar según las circunstancias en las que les toque actuar. La escala empieza con la presencia, sigue con una orden verbal, el control de la letalidad que implica incautar armas y controlar a un sospechoso, y a partir de ello el empleo de armas de letalidad atenuada y luego mayor. “El nivel de la fuerza debe ser proporcional a la agresión recibida, a la gravedad de la amenaza o los riesgos objetivos, procurando evitar riesgos innecesarios”, sostiene la normativa, que obliga a todo el personal a rendir cuentas de sus acciones.

Respecto de las armas, el protocolo no solo distingue entre las armas “incapacitantes”, “de baja letalidad”, “de efecto letal reducido”, “intermedias” o “de letalidad reducida”. Todos esos dispositivos se integrarán a los arsenales policiales luego de ser evaluados, homologados y habilitados por el Ministerio de Seguridad a través del programa de seguimiento, que además “establecerá la forma y condiciones de utilización de cada sistema y cuáles deben ser los servicios autorizados a emplearlos”.

En ese sentido, establece la resolución, la cartera de Seguridad podrá firmar convenios con universidades y laboratorios de fuerzas de seguridad para asesorar en el desarrollo de nuevos diseños de dispositivos, así como su empleo. Finalmente, la capacitación para utilizar las armas de letalidad atenuada se incorporará a la formación básica del Instituto de Seguridad Pública, así como a los programas de reentrenamiento.

 

Fuente: Uno de Santa Fe

 

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El voto joven dice presente: más de 82 mil santafesinos votarán por primera vez

Según la Justicia Electoral de la Nación, la provincia se ubica tercera en cantidad de nuevos votantes de 16 y 17 años habilitados para las elecciones.

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Las elecciones están a la vuelta de la esquina y la Justicia Electoral de la Nación publicó un informe estadístico que sostiene que en la provincia de Santa Fe se encuentran habilitados para votar por primera vez 82.577 jóvenes de 16 y 17 años.

De esa cifra total, 40.641 son de género femenino, 41.933 masculinos y 3 no binarios.

Con estos datos, Santa Fe se ubica tercera en el país en número total de potenciales debutantes. Vale destacar que muchos de estos jóvenes ya tuvieron una experiencia previa en las elecciones provinciales.

Además, la provincia también ocupa el tercer lugar en cantidad de empadronados para emitir el voto, con 2.846.454 electores.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires encabeza la lista con 13.353.974 votantes, seguida por Córdoba con 3.120.707. En cuarto lugar se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 2.520.249 potenciales votantes.

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La Guardia Provincial refuerza su presencia en rutas con más operativos, controles y tecnología

Con más móviles, agentes y presencia territorial, la Provincia intensifica las tareas de fiscalización y prevención en los principales corredores viales. Los operativos alcanzaron todo el territorio santafesino y forman parte del plan integral de seguridad vial que impulsa el gobierno de Pullaro.

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La Guardia Provincial de Seguridad Vial consolidó en los últimos meses una presencia sostenida en rutas y accesos de toda Santa Fe, con operativos diarios que combinan control vehicular, acompañamiento a fuerzas locales y asistencia en situaciones de emergencia.

Las acciones, coordinadas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), responden a una política definida por el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, orientada a reducir la siniestralidad vial y mejorar la seguridad en el tránsito.

Controles permanentes en toda la provincia

Durante octubre, la Guardia Provincial desplegó puestos móviles de control y fiscalización en más de 30 puntos estratégicos del territorio santafesino, con especial énfasis en los corredores de alto tránsito interurbano.

Los operativos incluyeron verificación de documentación, control de alcoholemia y fiscalización de transporte público y de carga, además de tareas conjuntas con la Policía de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional y municipalidades.

Los dispositivos de control se desarrollaron en rutas nacionales y provinciales de Rafaela, Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista, Totoras, Armstrong, Vera, Esperanza y San Jorge, entre otras localidades, alcanzando a miles de vehículos fiscalizados y con intervenciones coordinadas ante infracciones o emergencias.

Más equipamiento y nuevos móviles

La renovación de la flota operativa fue uno de los puntos destacados del mes: el Gobierno Provincial entregó nuevos vehículos y equipamiento tecnológico a la Guardia Provincial, con el fin de aumentar la capacidad de respuesta y cobertura en los controles.
Esta inversión se enmarca dentro del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad Vial, que incorpora sistemas de monitoreo en tiempo real, equipos de comunicación digital y sistemas inteligentes de registro.

Trabajo articulado y prevención ciudadana

Desde la APSV explicaron que el trabajo de la Guardia no se limita a la fiscalización, sino que también tiene un rol preventivo y de asistencia.
En distintos puntos del territorio se realizaron tareas de ordenamiento del tránsito, acompañamiento a operativos de alcoholemia, colaboración en eventos masivos y respuesta ante siniestros viales, garantizando presencia institucional y apoyo logístico.

“Cada vez que un vehículo de la Guardia está en la ruta, transmite presencia del Estado, orden y prevención. Eso también salva vidas”, remarcaron desde la coordinación provincial del organismo.

Compromiso y presencia en toda la provincia

El despliegue permanente de la Guardia Provincial refleja una estrategia integral de control y seguridad vial, que articula esfuerzos entre los niveles provincial, municipal y comunal.
A la par de los operativos, continúan las campañas de concientización, capacitaciones y clínicas de conducción segura, pilares de un plan que busca transformar la cultura vial en Santa Fe.

Con más agentes, más móviles y más tecnología, la Guardia Provincial de Seguridad Vial se consolida como un actor clave en la red de prevención que la provincia impulsa para cuidar la vida en las rutas.

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Tres niños fueron internados en el Hospital Vilela y sospechan que fueron quemados con cigarrillos

Tienen 2, 3 y 9 años. Presentan lesiones compatibles con maltrato infantil y fueron trasladados por su tía y la Policía desde barrio Las Flores, en el sur de Rosario.

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Foto: Hospital Vilela

En la madrugada de este miércoles, tres niños de 2, 3 y 9 años fueron trasladados por una tía paterna y personal policial al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, en Rosario. Los médicos detectaron lesiones compatibles con maltrato infantil, entre ellas posibles quemaduras provocadas con cigarrillos.

Los menores viven en el barrio Las Flores, en la zona sur de la ciudad. Según confirmaron desde el hospital, ninguno de los tres se encuentra en riesgo de vida, pero sí bajo resguardo médico y social.

La subdirectora del Vilela, Silvia Giorgi, explicó: “Estos chiquitos ingresaron acompañados por el móvil policial a la madrugada. Fueron traídos junto a una tía paterna. El diagnóstico es sospecha de maltrato. Las lesiones no ponen en riesgo la vida, pero hay que ofrecer un resguardo. Se trabaja con un equipo interdisciplinario”.

Giorgi detalló que las marcas detectadas “son pequeñas, redondas y sobreinfectadas porque pasó el tiempo sin tratamiento adecuado”, lo que refuerza la hipótesis de que “podrían haber sido quemaduras con cigarrillos”.

La médica señaló que en estos casos se consideran múltiples factores: “Cuando uno sospecha es porque hay lesiones que nos pueden hacer pensar, por ejemplo, heridas de antigua data, alguna fractura o quemadura en zonas no habituales. A eso se suman situaciones de mala higiene, falta de vacunación o problemas de escolaridad”.

La subdirectora confirmó que un familiar de los niños fue detenido, y que el caso quedó en manos de la Fiscalía y de equipos de protección de la niñez.

“Estos casos lamentablemente aparecen. Todos los pediatras estamos capacitados para observar sospechas y actuar. Siempre vamos a velar por el derecho a la salud y a la integridad de los niños”, concluyó Giorgi.

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