Judicial
Reactivan la investigación por la desaparición de Maxi Sosa
El fiscal a cargo de la Fiscalía Federal de Rafaela, Gustavo Onel, pidió al juez Reinaldo Rodríguez (recientemente designado para dirigir ese Juzgado) que autorice una serie de pericias para determinar el posible paradero de Maximiliano Sosa, el niño que en 2015 desapareció de la ciudad de Ceres
El pedido del fiscal se encuentra orientado a determinar si el niño, cuya edad en la actualidad es de 8 años, pudo haber sido inscripto con otra identidad en algún Registro Civil o si quizás fue trasladado hacia otro país. No obstante, no descarta la posibilidad de que pueda haber fallecido.
Con en esas hipótesis, Onel solicitó al magistrado que requiera del Registro de las Personas de la Provincia de Santa Fe una planilla inicial que sea la original del niño o cualquier documento donde consten las huellas dactilares del mismo.
El fiscal requirió que sean oficiados distintos Cuerpos Médicos Forenses de Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Chaco para que informen sobre cuerpos que pudieron haber sido examinados como NN y que puedan tener fisonomías similares a las que tiene Maxi Sosa. A su vez, que se extraigan las huellas dactilares que podrían haber tenido dichos cuerpos.
Onel sugirió al juez que una vez obtenidas tales huellas se lleve a cabo un cotejo de ellas con las bases de datos que posee la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional mediante el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (Afis).
Cabe destacar que el sistema Afis permite, por un lado, a través de un medio informático, el escaneo, captura e ingreso de improntas dactilares al sistema y por otro la consulta y comparación automática con todos los registros previamente almacenados, utilizando como punto de partida una huella digital. Esa base de datos se encuentra diariamente conectada con el Registro Nacional de las Personas, con la Dirección Nacional de Migraciones, y con otros organismos públicos.
En el pedido, el representante del Ministerio Público Fiscal de Rafaela requirió que el Registro Nacional de las Personas informe la totalidad de los registros de las personas de Argentina para así determinar cuántas inscripciones tardías de varones de aproximadamente tres años de edad al año 2015, se llevaron a cabo a partir del 18 de diciembre -cuando se estima que Sosa desapareció- hasta la fecha.
Otra de las medidas solicitadas por Onel apuntaron a pericias de números telefónicos que forman parte de la investigación. Se trata de dos líneas de la empresa Telecom Personal S.A. que realizaron una serie de llamadas y mensajes entre el 18 de diciembre y 31 de diciembre del 2015.
Tal pedido busca esclarecer la identidad de los usuarios de dichas líneas, como así también la localización de los mismos y además los lugares frecuentados durante el periodo que investiga la Justicia federal.
Por el paradero de Maxi Sosa se encuentran procesados –desde el 22 de octubre del 2019- actualmente y con prisión preventiva, por orden del entonces juez Miguel Abásolo (hoy jubilado) tres personas: Patricia Sayago (43) y su pareja Ariel Malagueño (39), quienes se encuentran vinculados a la causa desde su inicio cuando el expediente se tramitó en la Justicia provincial; y Pablo Americo Pinedo (60), alias “Pantera”, el cual fue detenido el 25 de septiembre del año pasado.
La resolución judicial determinó procesar los tres implicados por el delito de “trata de personas, en las modalidades de traslado y ofrecimiento, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por no poder esta valerse por sí misma, por la participación de tres o más personas, y por ser aquella menor de dieciocho años”.
El fallo del juez colocó como “coautores” del delito que se investiga a Sayago y Malagueño mientras que “Pantera” quedó vinculado como “participe primario” de la desaparición Maxi Sosa.
Fuente: Radio Belgrano Suardi
Judicial
Brindaron detalles el estado del proceso concursal de Sancor
La firma jurídica advirtió que el juez dio a la empresa una última oportunidad para presentar un plan de contingencia y evitar la quiebra.

La Empresa de Servicios Jurídicos Regali y Asociados brindó detalles sobre el estado actual del proceso concursal de Sancor, aclarando que la información difundida está vinculada a su participación directa en el conflicto.
En el comunicado, los abogados recordaron que “el proceso de concurso recién está en sus pasos iniciales”, tras haber finalizado la etapa de verificación y la de impugnación de los créditos.
Reunión del consorcio de acreedores
Desde el estudio indicaron que en la última reunión del consorcio se abordó el pedido de quiebra presentado por el sindicato, analizando sus consecuencias y las posibilidades de garantizar los créditos de sus representados, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores de la empresa.
También se trató el pedido de intervención de la administración presentado por el estudio, que solicita el desplazamiento de los cargos directivos y la promoción de una investigación penal por las actividades desarrolladas durante los últimos diez años. “El tiempo de diez años no es caprichoso, sino que tiene que ver con el plazo de prescripción de ciertas acciones”, explicaron.
En ese marco, el juzgado requirió a Sancor la presentación de un plan de contingencia, en el que deberá detallar su estrategia para salir de la crisis, las asesorías con las que cuenta y las decisiones adoptadas.
“El juez está intentando darle una oportunidad más a la empresa para salir de los pedidos de quiebra, que están muy bien fundados y tienen todas las posibilidades de concretarse”, advirtieron desde el estudio.
Riesgo de quiebra
Regali y Asociados alertó que, de concretarse la quiebra, esta sería de carácter liquidativo. “Así como Sancor Seguros continúa con la ejecución de la hipoteca que mantiene sobre el Centro de Distribución de Buenos Aires, el resto de los acreedores podría avanzar sobre sus créditos especiales, entre ellos la marca, uno de los activos más valiosos de la empresa”, precisaron.
También indicaron que el valor de remate de los bienes “suele ser la mitad o menos”, y que las plantas, como la de Sunchales, tienen tecnología obsoleta y bajo valor de venta. “Hasta el momento hubo un solo interesado en la compra, pero el monto ofrecido fue irrisorio y no alcanzaba para pagar ni el 10% de las deudas”, agregaron.
Irregularidades y falta de respuestas
El estudio remarcó que la intervención de la administración se solicita debido a “las irregularidades que existen en el acontecer diario de la empresa y la falta de información verificable”. Denunciaron que la firma “se maneja de forma autónoma y sin rendir cuentas a la sindicatura”, mencionando como ejemplo la negociación con la empresa Elcor S.A., de la cual el juez y la sindicatura se habrían enterado por los medios.
Asimismo, señalaron “la presentación de 850 recibos apócrifos” .
Por último, manifestaron su preocupación por “la falta de respuesta y la desidia con la que los funcionarios tratan la situación”. “Parece que quieren que la empresa quiebre de una vez por todas. No hay voluntad ni espíritu de lucha, y en esas condiciones es imposible rescatarla. Los directivos no dan señales de vida, y el juez ni siquiera los conoce”, concluyeron.
Fuente: Sin Mordaza
Judicial
Continúa la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales
Confirmaron por la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales.

Un hombre de 32 años, cuyas iniciales son GSP, continuará en prisión preventiva en el marco de una causa en el que está acusado como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego el 13 de junio del año pasado en Sunchales
La medida cautelar fue confirmada por el camarista Cristian Fiz, luego de escuchar a las partes en la audiencia de apelación. La preventiva ya había sido ratificada por otro tribunal en diciembre del año pasado. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5
Castellano sostuvo que “se tuvo en cuenta que ya presentamos la acusación contra el hombre investigado y estamos a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha para el inicio del juicio oral y público”.
Peligros procesales
Castellano sostuvo que “en esta nueva audiencia de apelación, el camarista volvió a coincidir con la Fiscalía en que las evidencias que presentamos en la audiencia de medidas cautelares fueron suficientes para tener por acreditadas la materialidad y la participación del imputado en el hecho ilícito”. En tal sentido, agregó que “el juez de segunda instancia también refirió a la pena en expectativa y dijo que en la acusación solicitamos 13 años de prisión de cumplimiento efectivo”.
El fiscal manifestó que “el juez consideró que ante la proximidad del juicio oral y publico, los riesgos procesales aumentan y podrían hacer que el acusado no se sujete al proceso”.
Con un revólver
Castellano recordó que “el ilícito fue cometido aproximadamente a las 11:30 del jueves 13 de junio del año pasado mientras la víctima caminaba con su novia adolescente por calle Alem al 1.300”. Relató que “luego de perseguirlos desde atrás, el acusado se paró delante de ellos, extrajo un revólver –del que no tenía la debida autorización legal– de su cintura, le apuntó al hombre y le exigió que le entregue sus pertenencias”.
El fiscal manifestó que “mientras la víctima se sacaba la mochila para dársela, el imputado le apuntó a la menor de edad y la amenazó diciéndole que le dispararía con el arma si interfería”.
En tal sentido, agregó que “inmediatamente después, a una distancia aproximada de 50 centímetros, le disparó al rostro del hombre con la clara intención y voluntad de provocarle la muerte”.
El fiscal subrayó que “tras efectuar el disparo, el acusado se fue corriendo del lugar sin haber logrado su objetivo de quitarle la vida a la víctima por razones ajenas a su voluntad debido a la inmediata intervención de personal médico”.
Fuente: Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Crimen en Moisés Ville: libertad para el padre y prisión preventiva para el hijo, acusado de dar la puñalada mortal
Se trata del violento hecho ocurrido el jueves donde un hombre identificado como Gastón Pfaffen fue apuñalado y perdió la vida.

La justicia resolvió este miércoles la situación procesal de los dos detenidos por el crimen de Gastón Alejandro Pfaffen, de 35 años, ocurrido la semana pasada en Moisés Ville, departamento San Cristóbal.
En la audiencia cautelar realizada en la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal de manera semipresencial, la fiscal Hemilce Fissore imputó a Fabricio Alejandro Battiston (padre) y a su hijo Fabricio Alejandro Battiston, acusados por el delito de homicidio doloso. A través de la plataforma Zoom, el doctor Carlos Farías Demaldé, asistió profesionalmente a la madre y a la esposa de la víctima, que pedirán constituirse como querellantes en la causa. La audiencia contó ademàs con la participación de los abogados Alejandro María Otte, Juan Manuel Lovaiza y Cecilia Andrea Gaitán como defensores de los acusados.
La juez interviniente Gabriel Peralta, dispuso la libertad del padre, mientras que al hijo, de 23 años, le dictó la prisión preventiva, al considerarlo quien presuntamente le habría propinado la puñalada mortal a Pfaffen. Algo que fue reconocido por el propio acusado a travès de su defensor, aunque alegando legítima defensa.
El violento episodio ocurrió en la vivienda de los Battiston, cuando la víctima —que era empleador del hijo— se presentó en el lugar para reclamarle por el incumplimiento de una tarea laboral. En ese marco se habría generado una discusión que terminó de la peor manera, con Pfaffen herido de arma blanca y posteriormente fallecido.
Minutos después del ataque, personal de la Comisaría 3ª detuvo a padre e hijo, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Regional 5.
Con la medida cautelar definida, la fiscal Fissore deberá profundizar la investigación para establecer con precisión las circunstancias del crimen, reunir pruebas y tomar declaraciones que permitan llegar a juicio.
Fuente: Rafaela Noticias
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