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Juicio a policías de Sunchales: piden que declaren cerca de 200 testigos

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​Más de 120 fueron propuestos por la Fiscalía. Las Defensas solicitaron el cambio de carátula, la suspensión de juicio a prueba (probation) e incluso el sobreseimiento en algunos casos. Decide la Jueza Dra. Fortunato.

Con un importante despliegue de seguridad coordinado por la Dirección de Coordinación de Oficinas de Gestiones Judiciales que implicó la presencia de policías y corte de calle, se llevaron a cabo en los Tribunales de Rafaela dos audiencias preliminares este lunes y martes entre las 11 y 13 horas en ambos días.

Las mismas, tal como había adelantado RAFAELA NOTICIAS, tuvieron que ver con el caso en donde 7 policías de que trabajaban en Sunchales ( subcomisario FHM de 40 años; la subinspectora SS de 44; el oficial JAC de 32, suboficiales varones CAM de 23 años; BEG de 26 y MLO de 30 y la mujer suboficial -MIA-, de 38 años ) están acusados del delito de «Tortura» y un agente de Encubrimiento (LMG, tiene 36 años) por la Fiscalía Regional por un caso ocurrido el 18 de octubre del 2019 en la Comisaría Nº 3 de Sunchales.

Las víctimas fueron dos hermanos que habían sido detenidos legítimamente y que según la fiscal sufrieron por parte de los agentes «graves tormentos físicos y psicológicos». La causa ya tiene pedido de elevación a juicio oral por parte de la Fiscal Dra. Gabriela Lema, quien había adelantado el pedido de 25 años de prisión para los acusados de torturar y 6 años para el imputado por encubrir, tratándose este último de quien en ese momento era jefe de la comisaría.

En el marco descripto anteriormente, es que se desarrollaron este lunes y martes las audiencias presididas por la Jueza Dra. María Cristina Fortunato en la que se discutieron qué pruebas deben entran en el juicio y cuáles no, cuál va a ser la calificación jurídica penal que se mantendrá y algunas invalidaciones procesales, entre otros puntos.

Fueron 5 los abogados defensores que representaron a los 8 imputados, siendo uno de los puntos centrales planteados cambiar la calificación jurídica penal que sostiene la Fiscalía, que es la de «Tortura». Este delito tiene una pena de 8 a 25 años, por lo que no es excarcelable.

Las Defensas, basadas en el dictamen que hasta el momento dio la Cámara -y por el cual se determinó la libertad de 6 de los 8 detenidos-, aseguran que se trata de «Apremios ilegales», un delito que tiene una pena de 2 a 6 años, siendo la misma de cumplimiento condicional (excarcelable).  Pero esto no será lo único que tendrá que resolver Fortunato: también lo hará respecto a la prueba documental, los testigos y la prueba material que ingresarán al juicio; como así también sobre los planteos de las partes, entre otras cuestiones técnicas.

Por ejemplo, en relación a los testigos, la Fiscalía pidió que declaren 128 personas, mientras que las Defensas solicitaron entre 12 y 15 cada una, si bien hay testigos que se repiten. Por lo que sumando todas las personas propuestas, el juicio podría tener cerca de 200 testigos, a menos que Fortunato decida que ese número no es viable.

Algo de eso ya adelantó la Jueza en las audiencias, asegurando que son muchos los declarantes propuestos. Por otro lado, en las instancias de este lunes y martes, hubo Defensas que pidieron la «Suspensión de Juicio a Prueba» para sus defendidos, es decir, la realización de probation a cambio de suspender el juicio oral e incluso hubo quien pidió el sobreseimiento de sus representados. Siendo esto último algo difícil de obtener en una audiencia preliminar, dado que para que ocurra deber ser evidente que el delito no existió o que el mismo haya prescripto.

De todas maneras, esto también es algo que tendrá que resolver la Jueza. El Código Procesal Penal permite que las Defensas en este tipo de audiencias solicitar la libertad de sus representados mientras sigue adelante el proceso, y así lo hicieron los abogados de los dos policías que siguen detenidos (subcomisario FHM de 40 años y el oficial JAC de 32) .

Así que en este sentido también se aguardará la resolución de Fortunato que tiene 5 días para emitir dictamen, si bien dada la complejidad de estas audiencias los jueces suelen tomarse más de una semana para hacerlo.  

Por parte, de la Fiscalía se opuso a todos los planteos, tanto de cambiar la calificación jurídica, sosteniendo que fue un hecho de tortura, como a que se libere a los detenidos, o a que se convalide una Suspensión de Juicio a Prueba. También se negó a bajar el número de testigos propuestos.

Finalmente, mas allá de lo que la jueza resuelva en los próximos días sobre todos los temas planteados en las audiencias, cualquiera de las partes puede después pedir una revisión de la Cámara, para luego sí una vez que ésta resuelva se pase a la instancia de juicio oral. Instancia que a esta altura casi se da por hecho que no será antes del año que viene.

Además caber recordar que en caso de que el juicio no se efectivice en octubre del 2022, se le deberá dar la libertad a los dos policías detenidos por vencerse el plazo de 3 años de estar con prisión preventiva sin condena.

Fuente: Rafaela Noticias – Referido: Julio Armando

 

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Brindaron detalles el estado del proceso concursal de Sancor

La firma jurídica advirtió que el juez dio a la empresa una última oportunidad para presentar un plan de contingencia y evitar la quiebra.

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Foto: Ilustrativa

La Empresa de Servicios Jurídicos Regali y Asociados brindó detalles sobre el estado actual del proceso concursal de Sancor, aclarando que la información difundida está vinculada a su participación directa en el conflicto.

En el comunicado, los abogados recordaron que “el proceso de concurso recién está en sus pasos iniciales”, tras haber finalizado la etapa de verificación y la de impugnación de los créditos.

Reunión del consorcio de acreedores

Desde el estudio indicaron que en la última reunión del consorcio se abordó el pedido de quiebra presentado por el sindicato, analizando sus consecuencias y las posibilidades de garantizar los créditos de sus representados, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores de la empresa.

También se trató el pedido de intervención de la administración presentado por el estudio, que solicita el desplazamiento de los cargos directivos y la promoción de una investigación penal por las actividades desarrolladas durante los últimos diez años. “El tiempo de diez años no es caprichoso, sino que tiene que ver con el plazo de prescripción de ciertas acciones”, explicaron.

En ese marco, el juzgado requirió a Sancor la presentación de un plan de contingencia, en el que deberá detallar su estrategia para salir de la crisis, las asesorías con las que cuenta y las decisiones adoptadas.

“El juez está intentando darle una oportunidad más a la empresa para salir de los pedidos de quiebra, que están muy bien fundados y tienen todas las posibilidades de concretarse”, advirtieron desde el estudio.

Riesgo de quiebra

Regali y Asociados alertó que, de concretarse la quiebra, esta sería de carácter liquidativo. “Así como Sancor Seguros continúa con la ejecución de la hipoteca que mantiene sobre el Centro de Distribución de Buenos Aires, el resto de los acreedores podría avanzar sobre sus créditos especiales, entre ellos la marca, uno de los activos más valiosos de la empresa”, precisaron.

También indicaron que el valor de remate de los bienes “suele ser la mitad o menos”, y que las plantas, como la de Sunchales, tienen tecnología obsoleta y bajo valor de venta. “Hasta el momento hubo un solo interesado en la compra, pero el monto ofrecido fue irrisorio y no alcanzaba para pagar ni el 10% de las deudas”, agregaron.

Irregularidades y falta de respuestas

El estudio remarcó que la intervención de la administración se solicita debido a “las irregularidades que existen en el acontecer diario de la empresa y la falta de información verificable”. Denunciaron que la firma “se maneja de forma autónoma y sin rendir cuentas a la sindicatura”, mencionando como ejemplo la negociación con la empresa Elcor S.A., de la cual el juez y la sindicatura se habrían enterado por los medios.

Asimismo, señalaron “la presentación de 850 recibos apócrifos” .

Por último, manifestaron su preocupación por “la falta de respuesta y la desidia con la que los funcionarios tratan la situación”. “Parece que quieren que la empresa quiebre de una vez por todas. No hay voluntad ni espíritu de lucha, y en esas condiciones es imposible rescatarla. Los directivos no dan señales de vida, y el juez ni siquiera los conoce”, concluyeron.

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Continúa la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales

Confirmaron por la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales.

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Foto: archivo

Un hombre de 32 años, cuyas iniciales son GSP, continuará en prisión preventiva en el marco de una causa en el que está acusado como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego el 13 de junio del año pasado en Sunchales

La medida cautelar fue confirmada por el camarista Cristian Fiz, luego de escuchar a las partes en la audiencia de apelación. La preventiva ya había sido ratificada por otro tribunal en diciembre del año pasado. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5

Castellano sostuvo que “se tuvo en cuenta que ya presentamos la acusación contra el hombre investigado y estamos a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha para el inicio del juicio oral y público”.

Peligros procesales

Castellano sostuvo que “en esta nueva audiencia de apelación, el camarista volvió a coincidir con la Fiscalía en que las evidencias que presentamos en la audiencia de medidas cautelares fueron suficientes para tener por acreditadas la materialidad y la participación del imputado en el hecho ilícito”. En tal sentido, agregó que “el juez de segunda instancia también refirió a la pena en expectativa y dijo que en la acusación solicitamos 13 años de prisión de cumplimiento efectivo”.

El fiscal manifestó que “el juez consideró que ante la proximidad del juicio oral y publico, los riesgos procesales aumentan y podrían hacer que el acusado no se sujete al proceso”.

Con un revólver

Castellano recordó que “el ilícito fue cometido aproximadamente a las 11:30 del jueves 13 de junio del año pasado mientras la víctima caminaba con su novia adolescente por calle Alem al 1.300”. Relató que “luego de perseguirlos desde atrás, el acusado se paró delante de ellos, extrajo un revólver –del que no tenía la debida autorización legal– de su cintura, le apuntó al hombre y le exigió que le entregue sus pertenencias”.

El fiscal manifestó que “mientras la víctima se sacaba la mochila para dársela, el imputado le apuntó a la menor de edad y la amenazó diciéndole que le dispararía con el arma si interfería”.

En tal sentido, agregó que “inmediatamente después, a una distancia aproximada de 50 centímetros, le disparó al rostro del hombre con la clara intención y voluntad de provocarle la muerte”.

El fiscal subrayó que “tras efectuar el disparo, el acusado se fue corriendo del lugar sin haber logrado su objetivo de quitarle la vida a la víctima por razones ajenas a su voluntad debido a la inmediata intervención de personal médico”.

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Crimen en Moisés Ville: libertad para el padre y prisión preventiva para el hijo, acusado de dar la puñalada mortal

Se trata del violento hecho ocurrido el jueves donde un hombre identificado como Gastón Pfaffen fue apuñalado y perdió la vida.

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Foto: Archivo

La justicia resolvió este miércoles la situación procesal de los dos detenidos por el crimen de Gastón Alejandro Pfaffen, de 35 años, ocurrido la semana pasada en Moisés Ville, departamento San Cristóbal.

En la audiencia cautelar realizada en la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal de manera semipresencial, la fiscal Hemilce Fissore imputó a Fabricio Alejandro Battiston (padre) y a su hijo Fabricio Alejandro Battiston, acusados por el delito de homicidio doloso. A través de la plataforma Zoom, el doctor Carlos Farías Demaldé, asistió profesionalmente a la madre y a la esposa de la víctima, que pedirán constituirse como querellantes en la causa. La audiencia contó ademàs con la participación de los abogados Alejandro María Otte, Juan Manuel Lovaiza y Cecilia Andrea Gaitán como defensores de los acusados.

La juez interviniente Gabriel Peralta, dispuso la libertad del padre, mientras que al hijo, de 23 años, le dictó la prisión preventiva, al considerarlo quien presuntamente le habría propinado la puñalada mortal a Pfaffen. Algo que fue reconocido por el propio acusado a travès de su defensor, aunque alegando legítima defensa.

El violento episodio ocurrió en la vivienda de los Battiston, cuando la víctima —que era empleador del hijo— se presentó en el lugar para reclamarle por el incumplimiento de una tarea laboral. En ese marco se habría generado una discusión que terminó de la peor manera, con Pfaffen herido de arma blanca y posteriormente fallecido.

Minutos después del ataque, personal de la Comisaría 3ª detuvo a padre e hijo, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Regional 5.

Con la medida cautelar definida, la fiscal Fissore deberá profundizar la investigación para establecer con precisión las circunstancias del crimen, reunir pruebas y tomar declaraciones que permitan llegar a juicio.

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