Pudo ser una tragedia. Un tren de cargas embistió y arrastró a lo largo de casi 10 metros a una camioneta, en la provincia de Jujuy. Tres personas resultaron heridas en ese accidente, ocurrido esta tarde.

Tuvo lugar en la localidad de Fraile Pintado, perteneciente al departamento Ledesma y hasta el momento se desconocen las causas. Solo se sabe que una formación del Belgrano Cargas que circulaba en sentido norte-sur impactó contra una Ford Ranger que cruzaba las vías a través de unos caminos internos que desembocan en la ruta nacional 34.

El choque se produjo en la región de las yungas jujeñas, en las inmediaciones del Parque Nacional Calilegua. Se especula que la vegetación prominente en la zona pudo haber reducido la visibilidad del conductor de la Ranger, quien al parecer no advirtió a tiempo el paso del tren, consignó Infobae.

Como consecuencia, los tres ocupantes de la camioneta -dos de ellos menores de edad- sufrieron lesiones y debieron ser trasladadas al hospital más cercano por personal del SAME.

Fuente: Contexto Tucumán

Luego de conocerse que en el país hay más de 800 mil armas de fuego con tenencia irregular, el Gobierno nacional presentó un proyecto de ley para facilitar el acceso legal y legítimo.

En este marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, respaldados por el presidente Javier Milei, enviaron al Congreso de la Nación un proyecto de ley para regularizar la tenencia de armas de fuego.

Además, se implementarán trámites ágiles y sencillos, que favorezcan el registro de usuarios irregulares. También se propone prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años, que consiste en ofrecerlas de manera anónima para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales para quien la efectivizare.

En tanto, desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), se continuará eliminando procedimientos para facilitar la tenencia legítima. Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo.

La ANMaC, un ente descentralizado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lleva adelante políticas de desarme de la sociedad civil y tiene la misión de registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados.

Fuente: Cadena 3

La investigación por presuntas irregularidades en comedores populares y supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a movilizaciones tendrá también un capítulo en la Justicia Electoral.

El juez federal Sebastián Casanello evalúa “extraer testimonios” (formular una nueva denuncia) sobre la base de contenidos de chats aportados por cinco testigos, de los que se desprende una exhortación a votar en las últimas elecciones a candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

El juez dispuso peritajes en los teléfonos secuestrados durante los allanamientos del lunes último, pero independientemente de eso cuenta con capturas de pantalla de chats en los que uno de los imputados, Gustavo Vásquez, llama a votar a la candidata a jefa de Gobierno Vanina Biasi.

En al menos dos oportunidades, Vásquez arengó en un grupo de Whatsapp a que los beneficiarios de planes sociales y comedores votaran a Biasi e incluso les exigió que se sacaran fotos al momento de emitir el sufragio.

En la parte penal de la investigación, los delitos que están bajo la lupa son los de “administración fraudulenta por abuso de confianza, extorsión y coacción”.

Fuentes judiciales aclararon, por otra parte, detalles sobre el supuesto hallazgo de 54 mil dólares en uno de los allanamientos.

En rigor, ello no ocurrió; sí hubo secuestro de dólares, por una cantidad aún no especificada con precisión, en varios allanamientos.

Los montos más importantes fueron hallados en sendos sobres, uno de los cuales contenía unos 20 mil dólares y la leyenda “sucesión”, y otro por una suma menor decía “ahorros Polo Obrero”.

El juez dispuso, además, incluir a cinco denunciantes en el programa de protección de testigos, a raíz de que sus nombres –que permanecían en el anonimato hasta que la Cámara Federal ordenó realizar los allanamientos- ahora son conocidos por todas las partes que ya designaron abogados y tienen acceso al expediente.

Fuente: NA