Judicial
Por pedido de la familia de Lucio Dupuy, separaron en la cárcel a las dos acusadas por el crimen
Según denunciaron, Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigaíl Páez gozaban de privilegios. «Estaban de luna de miel”, aseguró el abuelo de la víctima. El 25 de agosto será la audiencia de apelación de las condenas.
Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigaíl Páez, las mujeres condenadas a perpetua por haber torturado y asesinado a Lucio Dupuy, fueron separadas de pabellón. Así lo confirmó Ramón, el abuelo del nene, en diálogo con TN.
La decisión del Juzgado de Ejecución Penal se dio después de un pedido formal que hizo la familia de Lucio, tras denunciar que las asesinas gozaban de ciertos privilegios en su estado de detención. Ambas están presas desde hace 1 año y 8 meses. Primero pasaron por un penal de La Pampa, pero luego fueron trasladadas al complejo penitenciario N°1 de San Luis.
“Fueron separadas el martes, pero solo de pabellón dentro del mismo complejo. Yo creo que deberían ser separadas de cárcel, porque en algún momento se van a cruzar. Gracias a Dios sabemos que ya no están más juntas, y eso es una justicia más para Lucio” , expresó Ramón Dupuy.

Según describió, ambas estaban viviendo en un “pabellón VIP” , donde antiguamente eran alojadas las mamás con hijos. “Estaban ellas dos solas, custodiadas y salían al patio sin compañía. Tenían televisor, equipo de música, un placar lleno de ropa, hacían actividad al aire libre y tenían talleres. Todos estos son privilegios que muchos privados de la libertad no tienen, incluso habiendo cometido delitos menores. Estaban como en su propia casa, en una luna de miel”.
A raíz de la decisión de la Justicia, tanto Espósito Valenti como Páez comenzaron una protesta. “Están haciendo una huelga de hambre porque no quieren ser separadas. Quieren seguir estando juntas. Es una locura. Ningún detenido del mundo está preso con su pareja”, aseguró el abuelo de Lucio.
La familia de Lucio insiste con incorporar el “odio de género”
Según pudo saber TN, el viernes 25 de agosto habrá una audiencia en donde la familia de Lucio Dupuy pedirá que se incorpore el delito de abuso sexual para la madre, y el agravante para las dos mujeres del crimen por odio de género.
“Es una fecha muy importante para nosotros porque vamos a poder pedir que se le aplique a la progenitora el cargo de abuso sexual y el agravante por odio de género. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los profesionales que evaluaron a estas asesinas, lo confirman los chats y lo reconfirman la forma en la que lo mataron. Lucio era un estorbo para ellas, impedía que fueran felices. Pero finalmente lograron ser felices, un año más, dentro de la cárcel, juntas”, expresó Ramón.
Ahora esperan que esta instancia de apelación sea favorable para continuar haciendo justicia por el chiquito de 5 años. “No hay mucho más para pelear”, dijo Ramón. Es que la Justicia, cuando dictó la pena a prisión perpetua por homicidio, aseguró que no estaban dadas las condiciones para pedir el odio de género, pero la familia de Lucio sabe que las asesinas tenían un alto grado de perversidad, que vivían torturándolo, abusando sexualmente de él.
También buscan responsabilizar a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, que le dio la custodia del nene a Espósito Valenti, sin advertir que estaba siendo maltratado. “Hicieron todos la vista al costado. Esta mujer ahora está en Europa, vacacionando. Vamos a seguir pidiendo que sea destituida por mal desempeño de su función. Ella fue cómplice”, sentenció Ramón.
Fuente: L.T.9.
Judicial
Dictaron prisión preventiva para un hombre acusado de abusar sexualmente de dos niñas en Ceres
Un hombre de 54 años permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación por el presunto abuso sexual reiterado de dos niñas de su entorno familiar. La medida fue dispuesta por la Justicia durante una audiencia realizada en San Cristóbal.
La medida fue solicitada por la Fiscalía
El imputado, identificado por sus iniciales J.A.G., quedó detenido por decisión del juez Juan Gabriel Peralta, quien hizo lugar al pedido formulado por la fiscal Hemilce Fissore.
La prisión preventiva fue dictada sin plazo, luego de que el magistrado considerara que, en esta etapa del proceso, existen elementos suficientes para sostener la imputación y riesgos procesales que justifican mantener al acusado privado de su libertad.
Los hechos investigados
De acuerdo con la investigación, el hombre habría cometido abusos sexuales en reiteradas oportunidades contra dos hermanas menores de edad con las que mantenía un vínculo familiar.
Según expuso la fiscal, los hechos habrían ocurrido en un contexto de violencia física, amenazas y aprovechamiento de la relación familiar, principalmente en una vivienda rural donde residían las víctimas junto a su familia.
Además, una de las menores también habría sido víctima de un ataque mientras era trasladada en motocicleta por el imputado al salir de la escuela.
Un episodio reciente
Durante la audiencia, la fiscal Fissore también presentó un hecho ocurrido el 17 de julio, cuando el acusado habría intentado abusar sexualmente de la menor de las hermanas en su domicilio.
La investigación sostiene que el ataque no llegó a concretarse debido a la resistencia de la víctima y a la llegada de la pareja del imputado.
Los fundamentos de la prisión preventiva
Al resolver la medida cautelar, el juez tuvo en cuenta la gravedad de los delitos investigados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la expectativa de una eventual condena de cumplimiento efectivo.
También valoró la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la necesidad de proteger a las víctimas y a los testigos que aún deben declarar.
La causa continúa en etapa investigativa y al imputado se le atribuyen distintos delitos contra ambas hermanas, entre ellos abuso sexual con acceso carnal reiterado, tentativa de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple reiterado, todos agravados por el vínculo familiar.
Fuente: Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Persecución de 40 kilómetros en Ruta 19: el conductor fue liberado tras la intervención de su defensa
Un hombre que había sido aprehendido luego de una persecución policial de unos 40 kilómetros sobre la Ruta Nacional 19 recuperó la libertad pocas horas después, tras la intervención de sus abogados defensores. La causa continúa en investigación y el imputado seguirá el proceso judicial en libertad.
Un hombre que había sido aprehendido luego de una persecución policial de unos 40 kilómetros sobre la Ruta Nacional 19 recuperó la libertad pocas horas después, tras la intervención de sus abogados defensores. La causa continúa en investigación y el imputado seguirá el proceso judicial en libertad.
El conductor habría evadido un control policial
El hecho ocurrió durante la mañana del 29 de julio, cuando un Peugeot 307 conducido por Leandro David U. presuntamente evadió un control policial sobre la Ruta Nacional 19.
A partir de esa maniobra, efectivos policiales iniciaron una persecución que se extendió por aproximadamente 40 kilómetros.
La persecución terminó en Santa Clara de Saguier
El seguimiento finalizó en la localidad de Santa Clara de Saguier, donde intervino personal policial de investigaciones de Frontera.
En ese lugar se concretó la aprehensión del conductor y el secuestro del vehículo en el que circulaba.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía
Por disposición del fiscal Pedro Machado, el hombre fue identificado y notificado de una causa por el presunto delito de resistencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Recuperó la libertad horas después
Tras las primeras actuaciones judiciales y la intervención de los abogados defensores Juan Bautista Degiovanni y Marcelino Javier Plaza, el imputado recuperó la libertad.
La investigación continuará para determinar las circunstancias del hecho, mientras que el acusado permanecerá en libertad durante el desarrollo del proceso.
Con información de Rafaela Informa
Judicial
Indemnizarán a un hombre que se intoxicó tras tomar una Coca-Cola con un cuerpo extraño
La Justicia condenó a una embotelladora a indemnizar a un consumidor de La Plata que sufrió un cuadro de gastroenteritis aguda luego de beber una botella de Coca-Cola que contenía una sustancia extraña. Entre la indemnización, los honorarios y las costas judiciales, la empresa deberá afrontar un pago cercano a los $5 millones.
Cómo ocurrió el hecho
El caso se remonta al 19 de marzo de 2022, cuando un hombre compró cinco botellas retornables de vidrio de un litro en un supermercado de City Bell, partido de La Plata.
Tras consumir las tres primeras sin inconvenientes, al beber la cuarta detectó una sustancia arenosa que, según denunció, le provocó un cuadro de gastroenteritis aguda, por el que debió recibir atención médica.
Al revisar la quinta botella, que permanecía cerrada de fábrica, encontró en su interior un cuerpo extraño sólido, por lo que decidió conservar el envase para futuras pericias.
El reclamo y la demanda judicial
El consumidor realizó primero el reclamo ante el servicio de atención al cliente de la empresa y, al no llegar a un acuerdo, inició una demanda basada en la Ley de Defensa del Consumidor.
Como prueba presentó el ticket de compra, fotografías, certificado médico, actas notariales y otras constancias.
Durante el proceso, la embotelladora Reginald Lee S.A. negó que el objeto extraño pudiera haber salido de su planta y defendió sus controles de calidad.
En tanto, Coca-Cola FEMSA S.A. fue desvinculada del caso al comprobarse que no fabrica ni comercializa ese producto en la ciudad de La Plata.
Qué resolvió la Justicia
En primera instancia se consideró acreditada la existencia de un producto defectuoso, aunque no se pudo probar de manera concluyente que la gastroenteritis fuera consecuencia directa del contenido de la cuarta botella, ya que ese envase no fue preservado para su análisis.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones confirmó la responsabilidad de la embotelladora tras valorar la pericia química, el acta notarial y la inspección del envase que contenía el cuerpo extraño.
Los jueces señalaron que la existencia de controles de calidad no exime de responsabilidad cuando un producto defectuoso llega al consumidor.
La indemnización
El tribunal elevó la indemnización por daño moral de $50.000 a $200.000, monto que, con los intereses acumulados desde 2022, rondará el millón de pesos.
Además, confirmó un daño punitivo de $400.000, que deberá ser abonado por la embotelladora, y estableció que la empresa también deberá afrontar los honorarios de abogados, peritos y demás gastos judiciales, que ascienden a aproximadamente $4,3 millones.
En total, el desembolso será cercano a los $5 millones.
Con información de iProfesional
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