Encapuchado y armado con un destornillador, un ladrón quiso robar un local en Corrientes. Pero nunca contó con la actitud de los empleados, que defendieron el lugar con fiereza y le terminaron dando una verdadera paliza.

Pasó durante las primeras horas de la tarde de este lunes, y todo quedó registrado por la cámara de seguridad. Tras reducirlo, empleados y vecinos terminaron entregando al delincuente de 38 años a la Policía.

El hecho tuvo lugar en un local montado en una casa en el barrio Mil Viviendas ubicado en la capital provincial. Fue apenas pasadas las 14.30 cuando un hombre encapuchado, con un destornillador en una mano y precintos en la otra, ingresó abruptamente a la tienda que vende bijouterie y joyas.

El empleado que estaba detrás del mostrador se vio sorprendido por la actitud intempestiva del delincuente que lo avanzó rápidamente y lo arrinconó contra una puerta que daba al baño del local.

Pero, sorpresivamente y lejos de amedrentarse, el empleado repelió el ataque y comenzó un feroz forcejeo con el delincuente. El violento movimiento hizo que uno de los mostradores, con toda la mercadería termine en el suelo.

Con el ruido, apareció otro empleado que salió del baño que se sumó al forcejeo contra el delincuente. Ya eran dos contra uno y la diferencia hizo que el ladrón caiga al piso con los dos empleados encima.

Fue una ráfaga de golpes y patadas en el piso hasta que lograron reducirlo. Mientras uno de los empleados lo mantenía trabado en el suelo, el otro aprovechó para pedir ayuda. Se acercaron vecinos. «Dejame ir, boludo», se logra escuchar en boca del ladrón estando en el piso. Su pedido no iba a ser escuchado.

El ladrón fue entregado a la Policía, quien lo identificó como Juan Pablo G.B de 38 años y quedó detenido en la comisaría a disposición de la Justicia.

Los agentes policiales confirmaron que se secuestró el destornillador con el que el delincuente pretendió realizar el robo.

Fuente: Clarín

Un jubilado de Mendoza presentó una demanda judicial por más de $152 millones contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca, tras alegar que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como efecto adverso de la vacuna contra el COVID-19.

El caso, que podría sentar precedente, se enfrenta a un escollo legal: la Ley 27.573, sancionada durante la gestión de Alberto Fernández, que exime a las farmacéuticas de responsabilidad civil.

La normativa, promulgada en octubre de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria, habilitó al Gobierno a firmar contratos confidenciales con laboratorios internacionales, incluyendo cláusulas que impiden demandas directas por efectos secundarios. En su lugar, los damnificados deben acudir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo que ofrece compensaciones limitadas y solo en casos graves, científicamente comprobados.

El demandante, que logró costear estudios médicos y asesoría legal, reclama una indemnización por:

Daño físico y moral
Gastos médicos (daño emergente)
Incapacidad permanente
Pérdida de oportunidades laborales y recreativas
Daño punitivo, como sanción ejemplar contra AstraZeneca

Según la presentación judicial, las secuelas le impiden realizar tareas cotidianas como operar maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar. A diferencia de otros afectados, el jubilado pudo financiar los peritajes exigidos por la ley, que coloca toda la carga probatoria sobre la víctima.

Además del reclamo económico, el caso busca impugnar la constitucionalidad de la Ley 27.573, lo que podría abrir un debate sobre el derecho a la reparación integral en situaciones vinculadas a campañas de vacunación masiva.

En paralelo, casos similares se registran en otras jurisdicciones. En España, un tribunal de Barcelona reconoció como accidente laboral los efectos adversos sufridos por un docente tras recibir la vacuna de AstraZeneca, marcando un hito en la jurisprudencia europea. En Argentina, también se tramitan demandas por secuelas graves, como el síndrome de Guillain-Barré y púrpura trombocitopénica.

El laboratorio, por su parte, ha reconocido públicamente la existencia de efectos secundarios raros como la trombocitopenia trombótica inmune, aunque sostiene que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos.

La causa del jubilado mendocino podría convertirse en un caso testigo, no solo por el monto reclamado, sino por el intento de abrir una vía judicial directa contra una farmacéutica amparada por legislación especial.

Fuente: NA

Unos 1.100 efectivas de las diferentes fuerzas federales estarán abocados al megaoperativo de seguridad que dispuso el Gobierno Nacional en los alrededores del Congreso, donde se llevará a cabo la Marcha Federal de la que participarán agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales en protesta contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

Los manifestantes concentrarán desde el mediodía frente al parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos, mientras en el recinto de la Cámara de Diputados habrá sesión para tratar esos proyectos de la oposición.

Además, se llevará a cabo la ya tradicional marcha de los jubilados como protesta al plan económico de Milei y la delicada situación económica que viven los adultos mayores.

El Gobierno diseñó un gran operativo de seguridad con 1.100 efectivos de las fuerzas federales, a los que habrá que agregar uniformados de la Policía de la Ciudad para custodiar las calles por ser la fuerza de la jurisdicción.

Según pudo averiguar Noticias Argentinas, serán unos 700 policías federales, unos 280 miembros de Gendarmería Nacional , 90 de Prefectura Naval y unos 30 de la policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por lo que totalizarían unos 1.100 uniformados.

Los efectivos se distribuirán por la zona de la Plaza del Congreso y los alrededores, al tiempo que habrá vallas en los accesos al Congreso Nacional, con integrantes de la Policía de la Ciudad para reforzar la zona.

Fuente: NA