El primero es que la legitimidad que otorga la voluntad del pueblo es el factor predominante, y en consecuencia la arquitectura institucional prevista en la Constitución debe sujetarse a ese principio. Quizás es un argumento esgrimido por estar en minoría en el Congreso, pero subyace a todas las decisiones que toma. El segundo es que, a pesar de que aún no se ha producido un estallido social en las calles, la situación del país es de una gravedad terminal, lo que justifica un conjunto de acciones urgentes, sin margen para debates demasiado técnicos sobre las herramientas a utilizar.

El megadecreto que firmó esta semana para transformar la matriz económica “colectivista” en otra “liberal” es la exhibición palmaria de ese razonamiento. Milei entiende que lo votó el 56% del electorado después de haber dicho lo que iba a hacer, y por lo tanto tiene el imperativo de imponer estas transformaciones, y debe hacerlo rápidamente por lo crítico del cuadro. En esa lógica, la legitimidad de los legisladores, que también emana del voto popular, está disminuida por el hecho de pertenecer a la “casta” y de solo buscar mantener su situación privilegiada. En consecuencia, se convierten en un factor de obstrucción frente a las reformas.

Por esta razón, el Presidente está absolutamente determinado a no moverse del DNU que firmó, y ordenó no aceptar el pedido de algunos bloques, e incluso de algunos referentes de su propia fuerza política, para traducirlo en un proyecto de ley. “No es momento para cuestiones estéticas o procedimentales. La política debe darse cuenta de que está fuera de la sintonía social”, explica uno de los laderos presidenciales, que admite que la estrategia para evitar que lo rechacen en el Congreso es congelar el debate y dejar que con el tiempo el tema salga de la agenda y el decreto genere hechos jurídicos que lo transformen en irreversible. Por eso no fue incluido en el temario para las sesiones extraordinarias. Y en el caso de que se conforme un frente de resistencia activo contra el decreto, en la Casa Rosada no descartan apelar a una consulta popular. “Ya lo dijo Javier en campaña, y está previsto en la legislación”, aducen.

Para ellos el coro de especialistas que plantea la inconstitucionalidad de la norma es parte de una elite que no entiende la situación y que se da el lujo de cuestionar la pureza institucional de las medidas. Pero para los libertarios no se trata de un debate jurídico, más allá de que hayan sometido el texto a la revisión de Rodolfo Barra, Nicolás Posse y su gente, Mariano Cuneo Libarona, el secretario Legal y Técnico, Javier Herrera Bravo, y un estudio privado.

En el entorno de la Casa Rosada prima la convicción compartida de que están en la senda correcta, y ahora se muestran entusiasmados con la idea de doblar la apuesta con una batería de proyectos de ley de alto impacto, que es la que se disponen a enviar esta semana, y que incluye desde el blanqueo y la moratoria impositiva hasta la eliminación de las PASO (en el capítulo electoral se incluiría también un cambio en el sistema electoral para pasar a un modelo uninominal por circunscripción, al estilo anglosajón, lo que sería un verdadero terremoto para los partidos clásicos).

En el interior del equipo oficial hubo largas conversaciones sobre el DNU. La versión original era tres veces más voluminosa e incluía hasta la derogación de la ley de divorcio vincular. Se discutió mucho el contenido, y también la estrategia. Hubo quienes plantearon que era mejor mandar primero la ley ómnibus y después el DNU para no generar reacciones tempranas en el Congreso. Otros que propusieron pasar algunos ejes por separado. Pero al final se impuso la visión de Federico Sturzenegger, autor intelectual del proyecto (se sigue evaluando que esté a cargo de una agencia de desregulación para monitorear la instrumentación del decreto), con la idea de que debía ir todo junto en un único DNU; ni fragmentación ni ley. El Presidente lo apoyó y saldó la discusión.

Por segunda vez en poco tiempo, apareció un Milei convencido por un externo que le acerca un plan reformista. El primero había sido el ministro de Economía, Luis Caputo, quien logró doblegar el plan dolarizador de Emilio Ocampo a partir de la obsesión por el déficit cero compartida con el mandatario. Cuenta la leyenda que su llegada al gabinete estuvo influida por las fuerzas del cielo. Milei y Caputo se cruzaron en un festejo hace seis meses y Toto le preguntó por qué lo criticaba tanto. En la conversación descubrieron afinidades conceptuales y empezaron a trabajar juntos. Cuando llegó el momento de definir su rol, emergió la negativa de la esposa de Caputo a que volviera a la gestión pública. Milei organizó una cena con la pareja y los recibió junto con su hermana Karina. Allí le dijo a la esposa del ministro: “Toto es un elegido del cielo. Tiene que sumarse a la misión”. Ella, creyente como él, quedó cautivada. Fin de la resistencia.

En el Gobierno hay un fuerte autoconvencimiento para llevar adelante un amplio set de reformas, que emana de las encuestas que marcan que el Presidente tiene un nivel de aprobación del 60%. También del hecho de que Milei es un sujeto político diferente a lo conocido hasta ahora, no solo por su carácter de outsider, sino por la interpretación que hace de su tarea. Él entiende la Presidencia como un trabajo, y también como una misión. En la primera visión pesan sus antecedentes de empleado del mundo privado, alguien a quien un jefe, en este caso el pueblo, le encargó una labor que debe cumplir. Por eso también ahora aceptó cobrar el sueldo que le corresponde, algo que no hizo con su dieta de diputado.

En la segunda visión pesa su profundo misticismo, la idea de ser un elegido para cumplir un mandato, un destino celestial. Así se entiende que no le preocupe demasiado pagar los costos que un político clásico estaría evaluando. También así se comprende mejor su temeridad y su desinterés por lo que la terrenalidad le depara para sus planes. Su éxito depende de que se mantenga el favor popular y la señal divina. Aparece allí con mucha fuerza la intención de construir un relato y una identidad propios, a partir de la figura dominante de Milei, su discurso y su estilo. Una necesidad de enfatizar que es distinto.

Este exceso de confianza se traduce en un desdén por los procedimientos. Si el pueblo y Dios lo quieren, no debería haber un diputado o un juez que entorpezca el avance. La obstinación de los mortales. Por esa razón, se avizoran varios inconvenientes en el horizonte a la hora de la instrumentación de las medidas.

El primero es el Congreso, donde a la debilidad de origen de La Libertad Avanza se sumó una desconexión preocupante con el Gobierno. Nadie allí sabe realmente qué dicen los proyectos que se enviarán y tampoco trabajó políticamente para empezar a sumar adhesiones. No se conformaron oficialmente las comisiones y diciembre ya se consume sin actividad. Como bonus, el DNU exasperó hasta a los más cooperativos.

Martín Menem es pura buena voluntad, pero sigue sin saber qué debe defender. Victoria Villarruel es percibida como una autónoma por el núcleo duro de Milei, así que no le confían detalles. Guillermo Francos corre por todos los frentes, pero no alcanza. Y los bloques propios de diputados y senadores exhiben sin pudor una amplia inexperiencia. Viendo estas limitaciones, ahora se sumó el mendocino Omar De Marchi como enlace con el Congreso, en implícita admisión de que “está faltando gestión política”, según sintetizó uno de sus promotores. “No nos hablan, no nos dicen qué necesitan y Milei nos ningunea. Aunque querramos ponerle buena disposición, así es muy difícil”, esgrime uno de los diputados que se propuso como aliado y ahora se siente defraudado.

Con los gobernadores hubo un gesto fuerte en la reunión que convocó Milei el martes. Fue cordial y respetuosa, pero no sirvió para sentar las bases de un entendimiento firme. El Presidente ofreció pagar el costo de impulsar la reversión de Ganancias, si los mandatarios también acompañaban. Los caciques expresaron preocupaciones de lo más variadas por el ajuste y el impacto en sus provincias. Al terminar, cada uno se fue con una idea distinta. En el Gobierno piensan que lograron el apoyo del interior; entre los gobernadores, hubo desilusión. Lo que está claro es que allí no se sentaron las bases de un acuerdo de gobernabilidad. Milei cree que no hace falta porque el mandato del pueblo y de Dios es claro. Los gobernadores, más materialistas, no lograron las compensaciones que fueron a buscar.

Peor le fue a la CGT, uno de los pocos actores con los que el Gobierno venía hablando previamente. Nunca les dijeron que la “modernización laboral” iba a tener semejante profundidad, y que además avanzarían contra sus obras sociales y limitarían el derecho a huelga. Resultó que la famosa ley Mucci que tanto desgastó a Raúl Alfonsín, la ley Banelco que marcó el principio del fin de Fernando De la Rúa y la fallida reforma de Mauricio Macri se podían resolver en un día por DNU. Claramente los gremios son los más perjudicados por las nuevas medidas y eso adelantó el horizonte de conflictividad. Así el nuevo gobierno tendrá en menos de un mes, movilizaciones piqueteras, ollas populares, cacerolazos y también un paro sindical. Y no es que el antagonismo con los sindicatos acerque mucho a Milei con los empresarios. Si bien sus medidas promercado fueron muy bien recibidas por el establishment, dejó plantada a la cúpula de AEA, la entidad que nuclea a las empresas más grandes. Les dijo que concurriría a su encuentro y al final faltó. Igualmente la asociación emitió un comunicado de claro respaldo.

Las organizaciones sociales fueron directamente marginadas de la interacción. La ministra Sandra Pettovello admitió en charlas reservadas que no quiere cometer el mismo error de Carolina Stanley y dejarse seducir por la aproximación del diálogo. Con este argumento rechazó cualquier encuentro directo y bajó la misma línea al responsable del área, Pablo de la Torre, quien está más inclinado por generar mecanismos menos confrontativos. La tensión derivó en que por primera vez desde la crisis de 2001 no hubo distribución de bolsones de comida para fin de año.

Los “planeros” son otro foco de la ofensiva. A ellos apunta el protocolo antipiquetes que exhibió logros pero demostró ciertas limitaciones (hubo alguna autocrítica interna con la idea de mostrar a Milei en el centro de monitoreo mientras los manifestantes del Polo Obrero forcejeaban con la policía. “Pudo haber terminado mal, y con el Presidente a cargo”, admitió un asesor). También las denuncias penales y la auditoría que se iniciará la semana próxima para dar de baja planes irregulares. En el Gobierno están convencidos de que los gremios y organizaciones sociales están en el escalón más bajo de la consideración social, por lo cual la ofensiva es bien percibida por el grueso de la sociedad. En la Casa Rosada tampoco le prestan atención a los nuevos cacerolazos, una metodología utilizada por el antikirchnerismo que ahora cambió de manos para expresarse en contra de los libertarios. “Están en su derecho a manifestarse, pero no tienen representación suficiente como para desviarnos del camino”, plantean seguros en el oficialismo.

El peronismo, aún en estado de conmoción por la derrota electoral, exhibe en la oposición dos caras. Por un lado no se desgrana públicamente porque las políticas de Milei los mantiene juntos, les da un motivo; pero por el otro, se percibe un sordo e implacable pase de facturas. Contra La Cámpora por su ambición y egoísmo; contra Sergio Massa por el fracaso en las urnas pero sobre todo por el deterioro económico; contra los gobernadores, por no haber conseguido los 800.000 votos que les hicieron falta para ganar en la primera vuelta. Cristina Kirchner hizo grabar su regreso al Instituto Patria como una manera de mandar una señal de que está activa. Rápidamente empezó a pedir informes y a hablar con dirigentes cercanos para monitorear la situación. En la intimidad no está disconforme con el resultado electoral. Un triunfo de Massa la hubiese dejado muy condicionada, en cambio ahora tiene un rol de oposición claro y una expectativa a futuro puesta en Axel Kicillof. Como siempre, su principal obsesión es el frente judicial, donde se siente desguarnecida. Ya no tiene fueros, percibe que la Corte Suprema la quiere arrinconar y que en Comodoro Py hay muchos jueces con espíritu emprendedor. Pero lo más grave es que ya no tiene la convocatoria para hacer una movilización masiva frente a los tribunales.

En el medio Kicillof y un grupo de intendentes están aterrados por la situación económica que se les avecina. De allí se entiende la reunión que convocó el viernes el propio gobernador en La Plata. Un dato que exhibe las diferencias: los intendentes, que estuvieron allí, después no quisieron sacarse la foto conjunta que se difundió, donde estaban, entre otros Máximo Kirchner y Massa. Previamente, el jueves a la noche, hubo una cena en El Mangrullo, la guarida de los Granados en Ezeiza. Se juntaron allí intendentes de peso como Mario Secco, Fernando Espinoza y Jorge Ferraresi, además de Gabriel Katopodis y otros. El tema central fue la enorme preocupación por la situación social en el conurbano. Sus relevamientos en ferias y comercios de cercanía marcan una fuerte caída en el consumo de los sectores bajos.

Quienes transitan el conurbano eterno reconocen un fuerte desmejoramiento de la situación social desde el último mes del gobierno anterior, producto de la suba masiva de precios y la pérdida de poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y planes. No pronostican un fin de año feroz, pero sí advierten sobre el efecto acumulado que se hará sentir a partir de marzo, con el regreso a las clases y la acumulación de aumentos que todavía no se aplicaron, sobre todo tarifas de transporte y energía.

Y así como en el Gobierno no parecen conmovidos por las lágrimas de los gobernadores, ni de los gremios ni de los piqueteros, este factor sí es tenido en cuenta. “Es un tema clave para nosotros. Nuestras encuestas nos marcan que la gente dice que nos tendrá entre 10 y 12 meses de tolerancia, pero después en los hechos quedarán reducidos a 3 o 4 meses. Por eso debemos demostrar algunas mejorías para marzo o abril. Y por eso el apuro que tenemos en la instrumentación de las medidas. Si la gente percibe que el esfuerzo no da resultados en el corto plazo, no nos acompañará más”, explica un hombre muy influyente de la administración.

Un estudio reciente y muy interesante de la consultora Poliarquía da cuenta con mucha nitidez de esta tensión entre expectativa de cambio y paciencia social, la clave del éxito o el fracaso de Milei. El trabajo marca que el Gobierno inicia su mandato con un nivel de aprobación del 67%, especialmente por el apoyo que tiene en el interior del país. El 65% dice que Milei sabe cómo resolver los problemas del país y hay acuerdo con algunas de las premisas centrales del discurso libertario, como que recibió “la peor herencia” de la historia, que “no hay alternativa al ajuste y el shock” y que “se debe realizar un ajuste en el gasto del Estado”. Sin embargo, el mismo sondeo advierte que “el nivel de acuerdo disminuye significativamente cuando se evalúan medidas concretas”, ya que “la mayoría de la sociedad no considera que sea merecedora del ajuste”. En definitiva, “el ajuste es el otro”. A partir de ese dato desglosa que el 72% rechaza el aumento del combustible, el 71% la suba de las tarifas de electricidad y el 53% la reinstauración de Ganancias. Esto es un problema grave para Milei, porque implica una disonancia clave a la hora de interpretar qué significa el concepto de cambio. Lo peor que le puede pasar al Presidente es que se generalice la idea de que al final la casta eran todos. Eso angostaría el mandato popular, y clausuraría la bendición celestial.

Por las dudas, desde Roma bajan mensajes. El papa Francisco les dijo a los obispos argentinos que vayan armando los preparativos para su viaje a la Argentina, supuestamente en abril del próximo año. Les pidió que seleccionen posibles lugares a visitar y celebrar sus ceremonias. “Vayan viendo ustedes”, les encomendó. Quienes mejor conocen al pontífice de su época porteña dicen que esa es una frase clave: “Cuando te dice eso, es porque no va a venir ni loco”.

Fuente: La Nación