Este lunes, los gremios de la administración central tendrán su primera reunión paritaria. Será luego de los encuentros entre el gobierno provincial y los sindicatos docentes, en los que no hubo una propuesta formal pero sí un adelanto de que la idea de la nueva gestión es que los salarios se rijan por los ingresos reales y no por inflación.

También se puso en duda el cumplimiento de la paritaria del 2023 que, debido a la cláusula gatillo activada por la altísima inflación de los últimos meses del año, contempla un aumento del 36%. Se espera que la discusión con los trabajadores estatales siga la misma tónica.

El secretario administrativo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Marcelo Delfor consideró que la paritaria «es un ámbito de construcción de consensos», y aseguró que el sindicato «va a ser muy respetuoso de la convocatoria» pese a «actitudes unilaterales que ha tenido el gobierno provincial». Desde el gremio critican duramente la cesantía de 194 trabajadores y la liquidación de los sueldos de enero sin el acuerdo paritario vigente.

«Estas situaciones a nosotros nos ponen en alerta, esta actitud de no respetar los espacios paritarios para resolver las diferencias. En todas las paritarias, en otros momentos aún más críticos que estos, hemos construido el equilibrio necesario entre los intereses de los trabajadores y los intereses legítimos del Poder Ejecutivo», manifestó por LT10.

El sindicalista insistió en que el no cumplimiento del acta paritaria «está por fuera de la ley», y adelantó que se han hecho presentaciones que podrían llegar al judicializarse.

«Hay un acuerdo homologado por el gobernador anterior, y en nuestro convenio colectivo los acuerdos paritarios son de cumplimiento obligatorio, salvo que haya una decisión política de derogar un acuerdo paritario, con la gravedad que eso significa. Ahí entraríamos en otro conflicto grave y esperamos que eso no suceda», advirtió

Delfor descartó cualquier posibilidad de negociación del cumplimiento del acta paritaria del 2023, que contempla el aumento del 36%.

«Si uno acuerda algo y después no se cumple, ¿qué sería de la seguridad jurídica y laboral de un trabajador?», expresó.

Relación con provincia

En otro pasaje, Delfor consideró que las declaraciones del ministro de Economía, Pablo Olivares, y el propio gobernador Maximiliano Pullaro con respecto a la paritaria y al estado de la planta del Estado «no fueron afortunadas».

«El ministro se «sorprende» con algunas situaciones, pero en la transición, que no fueron dos días, fueron varios meses de reuniones, nunca advirtieron sobre esto que hoy están poniendo en lo público», criticó.

Seguidamente, el gremialista aseguró que la información con la que cuenta el sindicato no coincide con la expuesta por Provincia, aseverando que la situación financiera de las arcas del Estado no son las planteadas por los funcionarios.

«Es una provincia sólida en lo económico, hay una situación financiera favorable más allá de la situación general de la política de ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. No nos consta que haya dificultades en lo económico, no hay información suficiente. La situación financiera de la provincia no se mide solo con ingresos, se dispone de plazos fijos, fondos de cuentas unificadas. Las previsiones económicas que disponemos no son de una situación crítica para no hacer frente a la política salarial acordada y la que viene», sentenció Delfor.

Pese a las críticas, el secretario aseguró que desde el gremio «siempre» van a estar «en favor de la provincia de Santa Fe y sus trabajadores». Para justificar que la tensión con Pullaro no se debe a filiaciones políticas, citó el ejemplo del 2017 cuando ATE acompañó el reclamo del por entonces gobernador Miguel Lifschitz ante el gobierno nacional por las deudas a la Caja de Jubilaciones.

«En algunas situaciones no estábamos de acuerdo, pero cuando son los intereses de la provincia estamos al lado de quien sea para una mejor calidad de servicio y un mayor Estado presente».

Pases a planta

Otra crítica que se le hace a la gestión de Pullaro es la cesantía a casi 200 trabajadores contratados que habían pasado a planta durante el último tramo de la gestión de Perotti.

«Dicen que ha crecido la planta personal y que eso ha provocado una disminución en los recursos, eso no es así. El 95% del crecimiento de la planta del Estado se dio en Seguridad, en Educación, y en Salud, que fue reconocer la tarea de alrededor de 3.500 enfermeros que nos cuidaron en la pandemia», expresó.

Delfor dijo que «el ministro y el gobernador no se pueden hacer los sorprendidos porque ellos autorizaron al gobernador Perotti en la Ley de Presupuesto que votó el actual gobernador y cuyo asesor era el ministro. Votaron la autorización al Ejecutivo para crear los cargos necesarios que permitan los pases a planta».

Fuente: Uno de Santa Fe