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Solo en diciembre, Javier Milei recortó más de 44 mil empleados públicos

Los cambios en la administración nacional que está realizando la gestión del presidente Javier Milei ya se notan en cuanto a la cantidad de organismos y empresas del Estado, así como en la de empleados públicos que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el primer mes de Gobierno de La Libertad Avanza.

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Foto: Javier Milei

El miércoles por la tarde el INDEC dio a conocer el informe de Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades correspondiente a diciembre, luego de que el nuevo gobierno asumiera el día 10 de ese mes. El reporte, desde el año 2022 y por decisión del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, da cuenta de la cantidad de personal de planta o terciarizado que tiene cada organismo del Estado Nacional, y sus empresas y sociedades controladas.

En el último mes completo de la gestión de Alberto Fernández, se habían informado 317.345 empleados, de los cuales 276.896 eran de planta permanente o transitoria, 8.807 personal fuera de convenio y 31.642 contratados. En el primer mes de Javier Milei, la cantidad de empleados públicos que informó el INDEC descendió a 273.083 personas. Es un recorte de 44.262 empleados en el Estado, o del 13,9% en un mes.

También es notorio que la cantidad de entidades que deben informar sus colaboradores pasó de 150 a 138, y se debe mencionar que de esas 44.262 personas muchas no son bajas de empleo público sino que hay importantes organismos que debían reportar al INDEC su nómina y hasta ahora no lo han hecho, dando cuenta de algunos emplados que no se dieron de baja.

Vale la pena recordar que la reducción de la estructura del Estado y de su participación en el mercado fue promesa de campaña de Javier Milei y es una de las bases de la ideología libertaria que representa La Libertad Avanza.

¿Dónde se recortaron empleados públicos?

Al analizar los números se denota que los empleados de planta permanente o transitoria informados para diciembre de 202 fueron 231.176, o 45.720 menos que en noviembre. El recorte en ese caso fue del 16,5%. En tanto que el personal fuera de convenio totalizó en diciembre solo 8.171 personas, una baja de 636 puestos o 7,2% menos.

Al hablar del índice «otros» o personas contratadas, no de planta en el Estado, se nota que fue el espacio en donde se sumaron nuevos talentos, que en diciembre fueron 33.736, lo que es decir, 2.094 personas más que en noviembre.

Esto se dio incluso pese a la decisión del gobierno libertario de no renovar los contratos de empleados que hubiesen sido contratados en el último año de la gestión de Alberto Fernández más allá del 31 de diciembre del año pasado y someter a los demás contratos a una revisión en los siguientes 90 días.

Javier Milei efectivizó la medida mediante el Decreto 84/2023 sobre la contratación de personas humanas para la prestación de servicios profesionales autónomos que sean necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales. Mediante ese decreto se redujeron 7.000 puestos contratados en el Estado.

Esto indica que en el informe de Dotación de personal del Estado y sociedades y empresas controladas esos cambios se deberían notar una vez que se de a conocer el reporte con la cantidad de empleados públicos en enero. Asimismo, es probable que al cumplirse los mencionados 90 días no se renueven algunos de los contratos que siguieron vigentes, y este número en el apartado «Otros» del reporte del INDEC se siga reduciendo.

Qué ministerios redujeron personal

Al pasar de 18 a 10 ministerios finalmente en la actual administración, y al haberse reestructurado tantas áreas que se eliminaron o se convirtieron en secretarías, es complejo dar una idea de qué ocurrió con los empleados de lo que se conoce como administración centralizada, que incluye también a la Presidencia y la Jefatura de Gabinete.

Pero se puede comparar que en general, la administración pública nacional pasó de tener 220.922 empleados en noviembre a 187.920 en diciembre. Allí se recortaron más de 33.000 puestos de trabajo en el Estado.

La mayoría de las bajas se dieron en lo que se refiere como administración pública descentralizada, que son las unidades organizativas con autonomía funcional, capacidad de disposición de patrimonio propio o personería jurídica propia. Entre ellas están la AFIP, la Anses, el Conicet, hasta la Biblioteca Pública Nacional.

En los casos en los que se puede dar una comparación con la anterior gestión se denota que en la Jefatura de Ministros se dieron de baja algunas posiciones. Eran 3.330 personas informadas en noviembre y fueron 3.057 en diciembre.

El Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo asumió muchas áreas de la gestión anterior y en diciembre reportó 8.623 empleados, a los que habrá que sumar los 3.288 del área de Infraestructura, que recientemente quedaron bajo su ala. Otra de las carteras que condensó varias áreas de la gestión anterior es el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, pero no informó aún la nómina que tenía en diciembre.

Y en lo que se refiere a las empresas y sociedades controladas por el Estado, la cantidad de empleados pasó de 96.423 en noviembre a 85.163 en diciembre. Es una reducción de 11.260 personas o del 11,6 por ciento.

En resumen, las medidas ejecutadas hasta el momento por el gobierno nacional vienen reduciendo la cantidad de empleados públicos y organismos del Estado o que dependen de éste, como fue prometido durante la campaña. Con la revisión de contratos es probable que, si no se genera el habitual nombramiento masivo de funcionarios que suele ocurrir con cada recambio de Gobierno, se siga achicando la cantidad de puestos en el sector público nacional.

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Quinta de Olivos: despidieron a 12 trabajadores por presuntas filtraciones y Casa Militar asumirá el control

El Gobierno confirmó el despido de 12 trabajadores civiles de la Quinta de Olivos, en medio de una reorganización vinculada con la seguridad de la residencia presidencial. Otros empleados serán reasignados y Casa Militar asumirá de manera integral las funciones de seguridad.

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Foto: Quinta de Olivos, residencia presidencial donde se implementará el nuevo esquema de seguridad.

La decisión generó cuestionamientos de ATE, mientras que desde el Gobierno señalaron que el nuevo esquema busca reforzar la seguridad presidencial y reorganizar el funcionamiento interno de la residencia.

Doce trabajadores fueron despedidos

Según fuentes oficiales citadas por medios nacionales, 12 trabajadores civiles fueron desvinculados de la Quinta de Olivos debido a presuntas filtraciones de información relacionada con la actividad que se desarrolla dentro de la residencia presidencial.

En un primer momento, desde ATE Presidencia habían informado sobre diez despidos y la posible reasignación de otros empleados. Finalmente, el Gobierno confirmó que fueron 12 las personas despedidas.

Otros trabajadores serán trasladados a distintas dependencias, mientras avanza una reorganización que contempla una reducción del personal civil que permanece en la Quinta.

Casa Militar asumirá el control

En paralelo con los despidos, el Gobierno anunció un cambio en la estructura de la Residencia Presidencial de Olivos.

La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de la seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. El traspaso de las funciones y los bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

La reorganización también contempla la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y una separación de las funciones de seguridad, administración y control.

Qué explicó oficialmente el Gobierno

Un punto central de la medida es que el comunicado oficial no menciona las filtraciones como fundamento de los despidos.

La explicación formal del Gobierno sostiene que los cambios tienen como objetivo fortalecer la seguridad y elevar los estándares de protección del Presidente y su entorno, en un contexto que definió como de “escalada de la inseguridad a nivel global”.

También se mencionó la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, que implicará el ingreso de personal externo a la residencia para realizar obras y tareas de acondicionamiento.

Las filtraciones fueron señaladas por fuentes oficiales como el motivo que habría precipitado la salida de los trabajadores, por lo que ambas explicaciones forman parte del contexto de la reorganización.

El reclamo de ATE

La medida fue cuestionada por la Asociación Trabajadores del Estado.

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, afirmó que los trabajadores se presentaron a cumplir sus tareas con normalidad y que no recibieron explicaciones sobre las desvinculaciones.

Desde ATE Presidencia, la delegada Melisa Abate había advertido inicialmente sobre los despidos y señaló que algunos empleados serían reasignados. También había planteado la posibilidad de que todo el personal civil fuera desafectado de la Quinta de Olivos.

Versiones sobre las supuestas filtraciones

En las últimas horas circularon distintas versiones sobre situaciones ocurridas dentro de la residencia presidencial. Entre ellas se mencionaron cuestiones relacionadas con la compra y el manejo de alimentos, el supuesto uso de elementos de la Quinta sin autorización y una versión sobre la intoxicación de uno de los perros del Presidente.

Estas situaciones no fueron confirmadas oficialmente en detalle.

De esta manera, la Quinta de Olivos atraviesa una reorganización que incluye 12 despidos, reasignaciones de personal y el traspaso de las funciones de seguridad a Casa Militar. El proceso de transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse dentro de los próximos 60 días.

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Biocombustibles: el Senado dio media sanción a una reforma que eleva los cortes obligatorios

El Senado aprobó por 41 votos contra 25 el proyecto que modifica la Ley de Biocombustibles. La iniciativa eleva el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiésel del 7% al 10%. Ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.

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Foto: El Senado aprobó la reforma de la ley de biocombustibles.

La Cámara de Senadores dio media sanción a la reforma de la ley de biocombustibles, una iniciativa que establece nuevos porcentajes de mezcla obligatoria para los combustibles utilizados en el país.

El proyecto fija que el corte obligatorio de bioetanol pasará del 12% al 15%, mientras que el de biodiésel aumentará del 7% al 10%. De acuerdo con la propuesta, los nuevos porcentajes comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.

La votación terminó con 41 senadores a favor y 25 en contra. Ahora el proyecto será girado a la Cámara de Diputados para su revisión.

Qué establece para las pymes de biodiésel

El tratamiento del proyecto pudo avanzar luego de que se alcanzara un acuerdo respecto de la participación de las pequeñas y medianas empresas de biodiésel.

Las pymes buscaban conservar una participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto original contemplaba una reducción progresiva de esa participación hasta su eliminación en 2031.

Con las modificaciones acordadas, las empresas no integradas tendrán garantizado un piso mínimo del 4% entre el 1 de enero de 2031 y 2036, asegurando de esta manera una participación dentro del mercado durante ese período.

Los argumentos durante el debate

La presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, sostuvo que el dictamen busca preservar las capacidades productivas existentes y, al mismo tiempo, avanzar hacia un esquema con mayor competencia y apertura a nuevas tecnologías.

Según explicó, la iniciativa no solamente modifica los porcentajes de corte, sino que también establece reglas sobre el abastecimiento y la comercialización de los biocombustibles.

Respecto del biodiésel, destacó que se plantea una transición hasta 2036, con una reducción progresiva de la participación reservada a empresas no integradas.

La senadora de Independencia Beatriz Ávila respaldó el aumento del corte al 15% y sostuvo que la reforma puede tener impacto en el desarrollo energético, ambiental, industrial y regional.

También destacó la importancia de la caña de azúcar para las provincias del norte, particularmente para Tucumán, y vinculó la reforma con la reducción de emisiones, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Por su parte, el senador y exgobernador tucumano Juan Manzur apoyó la iniciativa y señaló que puede beneficiar a pequeños productores y a las economías regionales de su provincia.

Desde Córdoba, la senadora de Provincias Unidas Alejandra Vigo destacó el desarrollo de la industria de biocombustibles en esa provincia y señaló que Córdoba concentra, según sus declaraciones, casi el 70% de la capacidad instalada de producción de etanol.

En una posición diferente, el senador peronista Fernando Salino planteó reparos sobre distintos aspectos del proyecto. Entre sus cuestionamientos, señaló que algunas cuestiones deberían quedar establecidas en la propia ley y no ser delegadas a la reglamentación.

A su vez, la senadora Carolina Moisés, presidenta de Convicción Federal, manifestó su respaldo al proyecto y destacó su vínculo con la actividad azucarera de la provincia de Jujuy.

La iniciativa continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberá ser tratada para determinar si finalmente se convierte en ley.

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Inocencia Fiscal II: el Senado convirtió en ley el nuevo régimen tributario

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, que modifica el régimen simplificado de Ganancias y establece nuevos criterios para la fiscalización tributaria.

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Foto: El Senado de la Nación durante el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal II.

La iniciativa obtuvo 43 votos a favor y 23 en contra, según los reportes de la votación, y contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales. El proyecto había sido aprobado previamente por la Cámara de Diputados.

El Gobierno sostiene que la reforma busca facilitar la incorporación al circuito formal de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero y simplificar la relación entre los contribuyentes y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Qué cambia con la nueva ley

Uno de los principales cambios es la eliminación de los topes de ingresos anuales y patrimonio que existían para acceder al régimen simplificado de Ganancias. El esquema anterior establecía límites de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.

La norma también modifica el concepto de “discrepancia significativa”, que determina cuándo ARCA puede ampliar sus tareas de fiscalización. La reglamentación vigente contempla, entre otros parámetros, diferencias de al menos el 15% respecto de lo declarado.

Otro de los cambios establece una reducción del 25% en determinadas multas formales para personas humanas, micro y pequeñas empresas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

Exclusión para funcionarios públicos

El texto aprobado establece una exclusión específica para los funcionarios y exfuncionarios alcanzados por determinadas funciones públicas, que quedan fuera de los beneficios y presunciones del régimen.

La restricción comprende, entre otros, a funcionarios de alta responsabilidad, legisladores, magistrados y autoridades de organismos de control, con un período de exclusión que alcanza a quienes hayan ejercido determinados cargos durante los cinco años anteriores.

Qué sostiene el oficialismo

Durante el debate, los senadores oficialistas defendieron la reforma como una herramienta para modificar el vínculo entre el Estado y los contribuyentes.

Patricia Bullrich sostuvo que el nuevo régimen busca generar mayor previsibilidad y facilitar que los argentinos utilicen sus ahorros. Por su parte, el senador Bruno Olivera Lucero planteó que el objetivo es permitir la incorporación de dólares que permanecen fuera del circuito formal.

El Gobierno ya había planteado como objetivo de la reforma facilitar la formalización de ahorros y simplificar el sistema tributario.

Las críticas de la oposición

Los bloques opositores cuestionaron principalmente la reducción de controles y el alcance de las modificaciones en materia de fiscalización.

Durante el debate, senadores como Jorge Capitanich y Fernando Salino plantearon objeciones sobre los mecanismos de control patrimonial y propusieron ampliar las restricciones vinculadas con personas políticamente expuestas y sus familiares.

Esos planteos no fueron incorporados al texto finalmente aprobado.

La reforma del Banco Central quedó para la próxima semana

Durante la misma sesión, el Senado decidió postergar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El proyecto había recibido media sanción en Diputados junto con Inocencia Fiscal II, pero su tratamiento en la Cámara alta quedó pendiente debido a diferencias sobre distintos aspectos de la iniciativa.

Con la sanción de Inocencia Fiscal II, el nuevo régimen tributario queda a la espera de su promulgación y publicación para comenzar a regir conforme a lo establecido en la propia ley.

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