Con una cobertura que entre diciembre y enero de 2023 promedió las 10.282.635 personas registradas (+2,5% respecto del período 2022), el sistema de riesgos laborales argentino registró un total de 599.376 accidentes laborales, 1642 por día. Esta cifra ubica a la Argentina por debajo de Brasil con 1.917 (que llegó a ser el cuarto país con más accidentes detrás de China, India e Indonesia) y por encima de los 568 registrados en Chile, por citar dos economías testigo de América Latina y según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Hay cinco provincias que explican el 75,8% de los accidentes laborales notificados en todo el país y todas las ramas de actividad: Buenos Aires (40.5%), CABA (13,7%), Córdoba (8,1%), Santa Fe (7,7%) y Mendoza (5,8%) y consecuentemente también casi el 90% de la litigiosidad que tanto preocupa a las cámaras empresarias y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Con el esquema de flexibilización y desregulaciones laborales impuesto por el vigente DNU 70, tanto la accidentabilidad como la litigiosidad van a aumentar significativamente, incluso con una caída de la actividad del 14,8% interanual para el primer trimestre del año en el país y del 14,6% para Santa Fe. Esa caída supuso la pérdida de casi 100 mil empleos formales públicos y privados, todos cubiertos por el sistema de riesgos, de acuerdo a lo publicado por AIRE.

La pregunta se hace sola: cae la cantidad de trabajadores cubiertos, ¿cómo es que subirían la cantidad de accidentes y juicios laborales? Pues porque así lo demuestran las series históricas correspondientes a períodos de características similares (2001-2002) y porque cuando los costos empresariales se pulverizan, uno de los primeros rubros que se sacrifica es la prevención de accidentes y enfermedades laborales, se incrementan los rechazos de las ARTs, el subregistro estadístico y finalmente la cantidad de juicios, pese a la instancia prejudicial obligatoria de las Comisiones Médicas de la SRT. Dato para ajustar el famoso latiguillo “veníamos mal”, “el empleo no crece desde 2011” o “es todo lo mismo”: en octubre de 2023 (antes del balotage y según datos del SIPA) el sistema de riesgos laborales cubría a 13.375 personas (241.700 empleos más que en 2022). A ésta cifra hay que restarles los 94.455 estimados según datos oficiales, ya que pierden empleos registrados por tres meses consecutivos.

Los más de 3 millones de monotributistas, monotributistas sociales que hoy están fuera de cobertura, también se accidentan o enferman y aunque no computan para las estadísticas (pues no tienen ART ni pasan por Comisiones Médicas) engrosan el stock de potenciales juicios laborales. Con ésas cifras y una informalidad estimada del 45% de la fuerza de trabajo (más de 5 millones de personas), resulta una “suerte” y no algo “escandaloso” que no haya habido más de 140 mil juicios laborales en 2023.

NUMEROS

Según estadísticas presentadas en el último boletín anual de accidentabilidad laboral de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, las ramas de actividad que concentran el 77,6% de las denuncias son la Administración Pública, defensa y seguridad social (20,6%), la industria manufacturera (19,2%), Comercio y reparación de vehículos (11,1%), Construcción (9,2%), Servicios de transporte y almacenamiento (7,0%), Actividades administrativas y servicios de apoyo (5,8%) y Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (4,7%). También se incrementaron los casos mortales, que alcanzaron los 623 fallecimientos en ocasión o por causa del trabajo (más de 1 trabajador por día); esto es un 3,1% más que en 2022. Pero el dato relevante es el incremento de los accidentes mortales en tránsito o in itinere, es decir del trabajo a casa o de casa al trabajo, con una variación interanual del 6,2%, que fuera señalado como un foco de preocupación por la presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol.

En la ciudad de Rosario e invitada especialmente por La Segunda ART, Bettiol señaló la incidencia creciente de los accidentes producidos en la vía pública al decir que “la proporción de fallecimientos producidos dentro del propio lugar de trabajo es del 23%, el resto corresponde a vía pública, esto condiciona fuertemente la prevención por parte de los empleadores y representa un desafío conjunto para el sector privados y los estados y agencias que deben custodiar la vida en ocasión de tránsito”. En la provincia de Santa Fe, los in itinere mortales tuvieron un alza del 3,6%, por debajo de la media nacional. Si analizamos las actividades que concentran la mayor cantidad de accidentes, el 72,4% se distribuye entre la Industria Manufacturera (28,9%), el Comercio por mayor y menor (13,7%), la Construcción (10%), la Administración pública, defensa y seguridad social (8,3%), los Servicios de Transporte y Almacenamiento (6,6%) y la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (4,9%). Algunas de éstas actividades poseen niveles de subregistro laboral, bajo distintas modalidades, por lo que se estima que las estadísticas de accidentabilidad están muy por debajo de las reales. Nadie denuncia accidentes o enfermedades de trabajadores en negro o contratados con encuadres que relajan o eliminan la relación de dependencia.

Eso es justamente lo que en la Ley de Bases XS que busca dictamen y media sanción en Senadores -y que el gobernador Pullaro cree que corresponde acompañar- se denomina “el ítem cuadrillas”, compuestas por trabajadores y trabajadoras independientes. Es el punto que le permitirá a los empleadores contratar hasta “5 trabajadores que tendrán una relación autónoma, sin vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratantes de los servicios y obras”. Lo que –sumado a la condonación de multas por trabajadores no registrados– promoverá sin dudas la informalidad y con ella el aumento previsible de la precariedad en la salud y seguridad laboral: también en la litigiosidad que surja de accidente o enfermedades profesionales, pues el principio de realidad indica que hay 1 jefe y 5 empleados, sea cual fuera la modalidad contractual o de locación de servicios.

Durante los actos celebrados en Santa Fe por la Semana Argentina de la Salud y la Seguridad Laboral (del 21 al 28 de abril), varios funcionarios del área de trabajo y en particular el Secretario del área, Julio Genesini, destacaron una herramienta valiosa, de diálogo tripartito y que en la provincia es Ley 14.408: los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo, que están contemplados tanto para el sector público como el privado. Una herramienta para fortalecer la prevención real de condiciones inseguras o mortales en la que los trabajadores y los empleadores pueden construir consensos adaptados no sólo a la legislación vigente sino a la realidad de cada unidad productiva. En esas mismas jornadas se anunció que está lista desde 2018 una herramienta legal que es una deuda de la política con el sistema de riesgos y la protección de la salud de los y las trabajadoras: una Ley de Prevención confeccionada y debatida con la CGT y en democracia. Es deseable que allí mismo se subsane otro de los quedos, de las oportunidades históricas desperdiciadas por el Frente de Todos, que no impulsó sino retóricamente en la agenda parlamentaria una Ley Nacional de Comités Mixtos. ¿Cuáles serían las alternativas previsibles? Que se incorporen los Comités Mixtos por empresa o unidad operativa productiva o de servicios, que se consagre su incorporación a los convenios colectivos de trabajo, o que se los ignore por completo diluyendo las negociaciones por mejores condiciones de salud y seguridad en una paritaria general y con prioridades más urgentes. Mejor que apostar es confirmar con la letra impresa, pero en éstos tiempos… ¿qué creen ustedes que sería lo más factible?

Fuente: La Opinión de Rafaela