La dimisión tendrá efecto a partir del 9 de diciembre de 2025, dejando vacante un cargo clave para la conducción institucional de Santa Fe.

En su carta, Scaglia expresó que deja la función para asumir como Diputada Nacional, impulsada —según remarcó— por su “profunda creencia en el futuro que estamos construyendo”. Además, afirmó que su objetivo será defender los intereses de Santa Fe en el Congreso de la Nación, reforzando el compromiso con el progreso provincial.

La dirigente agradeció “el respeto y el trabajo compartido” a legisladores y legisladoras durante su gestión como presidenta del Senado, y se despidió asegurando que lo hace “con la satisfacción de la labor cumplida”. La nota cierra con una invocación: “Que Dios y la Virgen de Guadalupe protejan vuestra labor y a nuestra Provincia”.

💼 ¿Quién queda ahora en la línea sucesoria?

La renuncia deja un vacío institucional que se extenderá por más de dos años, hasta el final del actual mandato. De acuerdo con la Constitución Provincial, será el presidente provisional del Senado quien ocupe las funciones del vicegobernador.

Durante los últimos dos años, ese rol ha recaído en Felipe Michlig (UCR – San Cristóbal), quien fue elegido por mayoría de los 19 senadores. Todo indica que, en la próxima Sesión Preparatoria, volverá a ser ratificado, dado su peso político y su rol como presidente del Comité Provincial de la UCR.

📜 Lo que establece la Constitución

El artículo 102 especifica que ante renuncia, destitución o inhabilidad del vicegobernador, el presidente provisional del Senado debe asumir mientras se convoca a una nueva elección, salvo que falte menos de un año y medio para concluir el período. También lo reemplaza en casos de enfermedad, ausencia o suspensión.

La renuncia de Scaglia abre así un nuevo capítulo político en la provincia, donde Michlig quedaría en una posición clave dentro de la estructura institucional santafesina.

Por Móvil Quique con información de Radio Belgrano de Suardi

La legisladora, cuyo mandato está por finalizar, lanzó el proyecto casi a modo de «despedida», según fuentes parlamentarias. La propuesta no cuenta con apoyo de otros bloques y generó revuelo tanto político como rural.

🔥 ¿De qué se trata la polémica tasa?

El proyecto plantea la creación de la TAMBA (Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires), cuyo objetivo —según Klug— es mitigar las emisiones de metano y promover un modelo más sostenible basado en la llamada Responsabilidad Extendida del Productor.

📌 Puntos claves del proyecto:

• La tasa se aplicaría a empresas ganaderas radicadas en la provincia.
• Se calcularía según los kilogramos de CO2 equivalente generados por cada establecimiento, según la cantidad de cabezas y su sistema productivo.
• Se crearía un fondo fiduciario destinado a compensar emisiones mediante mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos.

Klug justifica la medida afirmando que Buenos Aires genera un cuarto de los GEI del país, y que el 27% corresponde al metano, con la ganadería como una fuente central.

💣 El campo explotó: rechazo total de CARBAP

La respuesta fue inmediata. Desde CARBAP, su presidente Ignacio Kovarsky fue lapidario:
👉 “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción.”

En un comunicado, la entidad disparó:

“El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más.”

El sector rural sostiene que la iniciativa afectaría la producción, el empleo y la competitividad, y la acusa de carecer de sustento técnico realista.

🤯 “El límite del absurdo”: la oposición también cruzó el proyecto

El diputado provincial Luciano Bugallo (Coalición Cívica) criticó duramente la propuesta, llamándola:
👉 “Un nuevo impuesto a los pedos de las vacas.”

Además, remarcó que no existe hoy un método práctico, económico ni verificable para medir de manera individual el metano emitido por cada animal, lo que volvería inviable la aplicación de la tasa.

🕳️ Sin fecha y sin apoyo

El proyecto permanece sin tratamiento y no tiene fecha de debate en comisión. Todo indica que, al menos por ahora, la TAMBA quedará más cerca de la anécdota que de convertirse en ley.

Por Móvil Quique con información de La Nación

Según fuentes oficiales, esta fase implicaría la desvinculación de unos 28.000 empleados, bajo el argumento de que existen áreas duplicadas, funciones superpuestas y estructuras consideradas “sobredimensionadas”.

Desde el inicio del mandato, ya se contabilizan más de 58.000 trabajadores desvinculados en distintos niveles de la administración: empleo centralizado, organismos descentralizados, fuerzas de seguridad, empresas estatales y otros entes públicos.

📉 Los números del recorte
De acuerdo con datos del INDEC, en octubre la administración pública nacional —incluyendo empresas y sociedades estatales— contaba con 285.570 empleados. Mientras que los recortes iniciales se concentraron en cargos centrales, el plan ahora apunta directamente a organismos descentralizados.

🏛️ Organismos en la mira
Entre los entes donde podría profundizarse el ajuste figuran: CONICET, INDEC, ANSES, INTA, INTI, ENARGAS, ENACOM, ENRE, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación y CONADIS, entre otros.
Desde Casa Rosada señalan que el proceso podría comenzar “en las próximas semanas”, extendiéndose durante los dos primeros trimestres de 2026.

📌 Parte del recorte incluiría:

• No renovar contratos que vencen en diciembre
• Eliminar áreas consideradas redundantes
• Suprimir duplicaciones funcionales
• Revisar registros automotores
• Evaluar privatizaciones en plantas de empresas estatales

El rediseño general del ajuste está bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni, junto al ministro encargado de la transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Por Móvil Quique con información de Cadena 3