El Gobierno anunció que despedirá a los trabajadores de ATE que llevaron adelante la semana pasada un paro en el Registro del Automotor.

La decisión tuvo lugar tras la denuncia realizada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Las autoridades justificaron la medida dado que «provocó interrupciones del servicio, pérdidas millonarias al Estado y daños irreparables a los ciudadanos».

El Ministerio de Justicia de la Nación dio a conocer la decisión a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial en la red social X (ex Twitter).

«Esta Administración no permitirá la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector que interrumpan el normal desenvolvimiento de las obligaciones y de las funciones estatales», expresaron desde la cartera.

También advirtieron que quienes no se presenten a trabajar, o participen en actividades no autorizadas por el Ministerio, serán sancionados según lo establecido en los regímenes legales correspondientes.

“El ciudadano de bien no debe pagar las consecuencias de la irracionalidad del accionar de ATE, que bajo falsos reclamos persigue beneficios sólo para sus autoridades”, expresó el comunicado. A su vez, tildaron de «acciones ilegales y extorsivas» las medidas aplicadas por el gremio.

Finalmente, el Ministerio reiteró que «no permitirá la violencia, amenazas ni escraches que afecten el normal funcionamiento de los servicios estatales», y subrayó su «compromiso con la continuidad de las obligaciones públicas hacia los ciudadanos».

ATE apuntó contra el Ministerio de Justicia

ATE Capital repudió las afirmaciones realizadas en el comunicado oficial del Ministerio de Justicia, en el cual acusó a los trabajadores de paralizar la sede central del Registro Automotor con fines «violentos y extorsivos».

«Negamos categóricamente que la paralización del Registro Automotor haya sido realizada con fines violentos y extorsivos. La medida fue adoptada en defensa de los derechos laborales y en respuesta a las políticas de despidos encubiertos y aprietes en el Estado, con los trabajadores en sus puestos de trabajo», expresaron en un comunicado titulado «Anuncian despidos y quieren prohibir hacer huelga».

En el mismo sentido, explicaron: «El paro fue votado por unanimidad de todas y todos los trabajadores ante la amenaza coercitiva de que aceptemos un retiro voluntario obligatorio y que de no acatarlo en diciembre quedaríamos en disponibilidad».

Federico Sturzenegger confirmó más de 30.000 despidos en el Estado

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado celebró los recortes del gobierno de Javier Milei en el empleo público. «La única manera sustentable de bajar la carga de impuestos es bajando el gasto público», sentenció.

El mensaje fue escrito a través de su cuenta personal de X, donde además compartió un gráfico que muestra la variación en la planta de empleados públicos desde la llegada del libertario a la Casa Rosada. Según los datos del ministro, se redujeron más de 30.000 puestos de trabajo.

A través de su cuenta oficial de X, el ministro compartió los datos de variación en la planta de empleados públicos desde la llegada de Milei en diciembre y actualizada al mes de septiembre.

El gráfico refleja que, en total, fueron recortadas 33.291 personas. En detalle, 20.026 eran empleados que pertenecían a la administración centralizada y descentralizada del Estado, mientras que 11.014 correspondieron a trabajadores de empresas públicas y 2.251 eran personal militar y de Seguridad.

Fuente: Ámbito

Para el Gobierno existe una “asimetría” entre ambos lados del mostrador de una farmacia. Por eso firmó un decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que habilita una nueva forma de comprar los medicamentos sin receta, comúnmente llamados de “venta libre”. Ahora estos remedios podrán ser exhibidos en las góndolas de las farmacias para que el público pueda acceder directamente a ellos sin intermediación del farmacéutico.

El flamante decreto 1024, que lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, lleva implícita la creencia de que de un lado del mostrador existe algún tipo de manipulación y falta de transparencia para que los consumidores terminen comprando el medicamento que el farmacéutico o empleado de la farmacia quiere venderles.

La norma dispone que a partir de ahora -con un plazo de adaptación que no figura en el decreto pero que el Gobierno estipula en 60 días- para adquirir estos productos sólo va a ser necesario acercarse a la góndola correspondiente, que deberá estar debidamente señalizada en las farmacias.

“La misma contará con información sobre cada medicamento, los laboratorios disponibles, y los diferentes precios. Los medicamentos deberán ser ofrecidos en caja cerrada y con su respectivo prospecto. Por último, a la hora de abonar, se le va a solicitar al comprador DNI para corroborar que sea mayor de 18 años”, explicaron fuentes del Ministerio de Salud.

Las autoridades admitieron que el decreto tiene un límite en las farmacias que no cuentan con la infraestructura suficiente como para disponer de góndolas. Es decir, los pequeños comercios más tradicionales de barrio que suelen tener poco más que un mostrador. «No tienen mucha opción en ese caso por una cuestión de espacio», dijeron.

“La medida busca proteger al consumidor, fijando las condiciones de expendio que garanticen un tratamiento fehaciente y veraz de la información y aseguren la libertad de elección sin menoscabar el derecho a la salud”, dijeron las fuentes y agregaron que “los decretos 70/23 y 63/24 establecen una comercialización diferenciada de medicamentos bajo receta o de venta libre a fin de optimizar las condiciones de su comercialización. La venta y despacho de medicamentos bajo receta sólo puede ser efectuada en farmacias habilitadas en todo el territorio de la Nación y en presencia de un farmacéutico responsable”.

La última aclaración está vinculada a que a partir del nuevo decreto las autoridades recordaron -pese a un fallo judicial en contra- que “los establecimientos que no estén habilitados como farmacias podrán vender antiácidos y analgésicos”. Sobre este punto el Gobierno había emitido una serie de requisitos bastante exhaustivos que deben cumplir los comercios de otros rubros que quieran expender este tipo de productos.

La medida coincide con otra acción del Gobierno que es, a través de la ANMAT, la de pasar cada vez más medicamentos a la modalidad de venta libre. Es decir, remedios que se vendían bajo receta que han dejado de tener ese estatus y por lo tanto los consumidores pierden la posibilidad del descuento en la compra a través de la cobertura de obras sociales y prepagas.

Cabe recordar que entre abril y junio hubo sentencias que les dieron la razón a los farmacéuticos en dos puntos clave. En un caso se prohibió la venta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias por entender la Justicia que resulta clave la mediación del farmacéutico para tal fin, algo que el Gobierno ahora busca erradicar definitivamente para la categoría “venta libre” a partir de la nueva norma que reemplaza la función de esos profesionales por la góndola. En el otro se prohibió que un solo farmacéutico pueda estar a cargo de varias farmacias.

Fuente: Clarín

El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue detenido y trasladado a la Unidad Penal Número 1 de Paraná, luego de que la Cámara de Casación ratificara su condena por peculado y enriquecimiento ilícito, sentenciándolo a ocho años de cárcel.

La detención ocurrió después de que la fiscalía solicitara el arresto del exmandatario bajo el argumento de riesgo de obstrucción al proceso judicial. Urribarri, quien inicialmente no fue arrestado, había sido acusado de utilizar fondos públicos para financiar su campaña electoral.

El arresto fue ejecutado este martes por personal policial en la ciudad de Concordia, donde Urribarri reside. Fue llevado bajo custodia y junto a su cuñado a la unidad penal, donde permanecerá hasta que la Corte Suprema se expida sobre su recurso extraordinario. La medida estará vigente hasta que la sentencia quede firme.

Detuvieron al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por corrupción

La medida se enmarca en la condena dictada en 2022 por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Urribarri fue sentenciado a ocho años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El mismo fallo alcanza a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quien también deberá cumplir con prisión efectiva. Ambos serán trasladados a la Unidad Penal 1 de Paraná, según lo resuelto por las juezas de Casación Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.

Urribarri, detenido: fallo firme y pedido de los fiscales

Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull fundamentaron su solicitud de prisión inmediata en el «riesgo serio de fuga», dado el monto de la pena y la naturaleza de los delitos. En su análisis, destacaron la gravedad de los hechos probados y el esquema de corrupción que operaba durante el mandato de Urribarri.

Uno de los puntos más significativos de la condena fue la adjudicación irregular de contratos por 28,4 millones de pesos para la organización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en 2014.

También se investigaron maniobras relacionadas con contrataciones de publicidad en medios nacionales y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata, todos considerados como parte de un esquema de retornos con fondos públicos.

Fuente: A24