El gobierno de Javier Milei dio inicio a la primera etapa del proceso licitatorio de la nueva Red Federal de Concesiones, plan que había sido presentado el año pasado, en línea con la política de privatización de bienes del Estado nacional. Este proyecto buscará la participación del capital privado en el mantenimiento y operación de las rutas nacionales, especialmente las más transitadas del territorio nacional.

La fase inicial del proceso comprende la licitación del Corredor Vial 18, que abarca principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Estas rutas y tramos formarán parte del nuevo sistema de concesiones por peaje, cuyo objetivo es reducir los costos que este sistema genera al Tesoro Nacional, que actualmente se estiman en alrededor de U$S6.100 millones en un periodo de entre 15 y 20 años, informó la administración libertaria.

La nueva Red Federal de Concesiones modifica el anterior diseño de «Concesión Tramos y Rutas que integran la Red Vial Nacional», un esquema de grupos o tramos de rutas nacionales y autopistas que fueron concesionadas anteriormente a distintas empresas. Así, dentro de este flamante plan, se encuentra la ruta nacional 9/34, que atraviesa Tucumán, no así las rutas 38 y 157, por ahora, según datos publicados por Vialidad Nacional.Tucumán travel guide

Actualmente, la ruta 9/34 forma parte del tramo 1, integrado por Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, con 797,83 kilómetros (km) de extensión. Los trayectos que involucran a la provincia van desde el empalme RN 64, en Santiago del Estero, hasta San Miguel de Tucumán (149,32 km) y desde la capital tucumana hasta el empalme de la ruta 34, en Torzalito, Salta (254,89 km).

Con el reciente «mapa de rutas», este grupo de rutas del NOA pasará a llamarse tramo «Noroeste», se reducirá a 596,55 km y será desde la capital santiagueña hasta Jujuy. Abarcará las rutas 9, 34, 66 (acceso a San Salvador de Jujuy) y 1V66 (conectada a la 66), e incluirá la autopista de acceso a la Ciudad de Salta.

Otra novedad ha sido que figura la ruta que conecta San Miguel de Tucumán-Aeropuerto Benjamín Matienzo, denominada A-016. Eso significaría, según explicaron especialistas del sector, que se anexaría la obra vial hacia la terminal aerocomercial de la provincia, de alrededor de 16 kilómetros, al sistema de explotación por concesión. También se puede presumir la adhesión nuevamente de la Circunvalación, de 12 kilómetros, que ha sido excluido de ese esquema años atrás.

Corredores Viales, empresa estatal creada en 2019 y que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y de Vialidad Nacional, ha sido la concesionaria del tramo 1 y de otros nueve en el país en los últimos tiempos. Sin embargo, en la empresa ya advirtieron que la explotación del peaje Molle Yaco y la 9 finalizará una vez se liciten los nuevos tramos. «No tenemos hoy fecha cierta de esos cambios», explicó una fuente oficial de la firma.

Concesión de peajes

En Vialidad Nacional explicaron que «las principales características del sistema son que no contará con subsidios del Estado, que hasta ahora había sostenido un esquema de concesiones deficitario». «El gobierno confía en que la inversión privada permitirá mantener y operar las rutas de forma más eficiente, con mejores condiciones para los usuarios», indicaron.

La supervisión y control de este proceso estará a cargo de Vialidad, el organismo descentralizado del Ministerio de Transporte. Este ente será responsable de garantizar que las concesionarias cumplan con los estándares de calidad en el mantenimiento de las rutas, a través de un monitoreo constante de las condiciones de las calzadas. Entre los parámetros a evaluar se incluyen la calidad de la superficie, la señalización, la iluminación y el estado de las banquinas.

El proyecto total abarca 9.145 kilómetros distribuidos en 13 tramos, que representan el 20% de la red vial nacional, pero que concentran el 80% del tránsito.

Según el gobierno de Milei, las nuevas concesiones ofrecerán ventajas a los usuarios, tales como tarifas máximas establecidas en los pliegos de licitación, las cuales no podrán ser modificadas hasta que se logren las condiciones óptimas en las rutas.

El proceso licitatorio será transparente, con convocatorias a nivel nacional e internacional y una rigurosa evaluación de los oferentes. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, se encargará de la organización de la licitación, la aprobación de los pliegos y la adjudicación de los contratos.

Fuente: La Gaceta