Un nuevo episodio policial sacudió este domingo por la tarde la tranquilidad del barrio 30 de Octubre. La Policía de Investigaciones (PDI), bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación, concretó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires, antes de llegar a su intersección con Güemes. El procedimiento se enmarca en una causa que ya había tenido su primer capítulo el pasado viernes, cuando un hombre fue detenido tras irrumpir sin autorización en un domicilio de calle Avellaneda.

En ese episodio, el sospechoso fue encontrado durmiendo en una de las habitaciones y en posesión de un arma de fuego. Según trascendió, el intruso no solo se negó a retirarse del lugar, sino que posteriormente regresó para exigir la devolución del arma y realizar amenazas, lo que terminó por acelerar su detención.

El dato que ahora añade un tinte político al caso es que el detenido, identificado como LDG, sería ex pareja de una concejal en actividad que actualmente se encuentra desarrollando su campaña para ser reelecta. Aunque desde el entorno de la edil no se han pronunciado al respecto, la relación personal entre ambos no pasó desapercibida en los círculos políticos locales, donde ya se especula sobre el posible impacto negativo que este hecho podría tener en la imagen pública de la funcionaria.

Un caso que escala: drogas, armas y conexiones políticas

Más allá del escándalo vinculado a lo personal, la causa judicial continúa avanzando. Según fuentes allegadas a la investigación, el allanamiento del domingo permitió secuestrar elementos relevantes para la causa, que además de la tenencia ilegal de armas incluye la sospecha de presunta comercialización de estupefacientes.

La propiedad allanada pertenecería al mismo hombre detenido días antes, lo que refuerza la línea investigativa de la Fiscalía y podría derivar en nuevas imputaciones. Si bien no se han brindado mayores detalles sobre los elementos hallados en el lugar, se habla de «resultados positivos» para la causa.

Repercusiones en el plano político

Aunque el caso involucra directamente al detenido y no a la edil, la exposición pública del vínculo entre ambos podría representar un dolor de cabeza para la actual concejal, justo en el tramo más activo de su campaña electoral. Incluso desde algunos sectores opositores ya se habla en voz baja sobre la posibilidad de que el escándalo sea utilizado políticamente para desgastar su figura.

Por el momento, no hay declaraciones oficiales desde el ámbito legislativo ni del espacio político al que pertenece la funcionaria. Sin embargo, no se descarta que en las próximas horas se emita algún tipo de comunicado para intentar contener los efectos de este episodio, que amenaza con salpicar a la campaña en un contexto ya marcado por disputas internas y una creciente sensibilidad social respecto a los temas de seguridad y narcotráfico.

Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso y se esperan novedades en los próximos días, tanto en el plano legal como en el político.

Fuente: Rafaela Informa