La expresidenta argentina Cristina Fernández y otras ocho personas condenadas por corrupción en la obra pública durante su gestión no cumplieron con el pago equivalente a más de 500 millones de dólares que les impuso la justicia por el perjuicio al Estado y cuyo plazo se cumplía este miércoles.

El tribunal que ordenó la medida puede proceder a decomisar y rematar los bienes que están embargados, aunque el trámite no será inmediato porque los condenados interpusieron recursos de apelación ante instancias superiores.

La exmandataria (2007-2015) y líder del peronismo opositor recibió una sentencia de seis años de cárcel a fines de 2022 por administración fraudulenta que comenzó a cumplir en junio en su domicilio de Buenos Aires luego de que la condena quedara firme. Además, la exvicepresidenta (2019-2023) fue inhabilitada para ejercer cargos públicos de forma perpetua.

Los mismos jueces que condenaron a Fernández, a exfuncionarios y a un empresario de la construcción les ordenaron a mediados de julio pagar unos 535 millones de dólares —cifra que se calcula fue el desfalco al Estado y que fue definida por peritos de la Corte Suprema de Argentina—. El tribunal dejó a criterio de los condenados definir el porcentaje que le correspondía a cada uno.

En vísperas de que se cumpliera el plazo este miércoles, la defensa de la exmandataria presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal –el máximo tribunal penal del país—argumentando que sus bienes tienen origen legítimo y no pueden ser decomisados, según el escrito.

Los fiscales han identificado cuentas bancarias, sociedades, inmuebles y campos de la exmandataria y del resto de los culpables. Al mismo tiempo, sostuvo que los asuntos patrimoniales deben resolverse ante el fuero Civil y Comercial Federal y no el penal. Una vez que estas instancias de apelación se resuelvan, la justicia podrá o no avanzar sobre los bienes de la expresidenta, de 72 años.

El caso de corrupción que llevó a Fernández a estar recluida en prisión domiciliaria y a poner en pausa su carrera política se refiere a las irregularidades detectadas en 51 procesos de licitación para la construcción de obras en carreteras nacionales y en rutas de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que comprenden a la presidencia de Néstor Kirchner —difunto marido de Fernández— y el periodo en que ella fue mandataria.

Según la justicia, durante ese tiempo tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública. Estimó el desfalco en unos 85.000 millones de pesos (unos 70 millones de dólares de entonces), suma que ha sido actualizada.

Entre los otros condenados alcanzados por la decisión también están Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner que fue beneficiado con las obras públicas, un exsecretario de esa área y exfuncionarios de vialidad.

Fuente: Cadena 3

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, anunció hoy que otorgará un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las Universidades nacionales entre septiembre y noviembre.

La medida, que incluye un 3,95% en los salarios de agosto, se anunció tras el paro nacional que realizó el personal de las universidades este lunes.

Además, de forma complementaria se dispuso que el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo.

Para el personal docente, las dedicaciones exclusivas percibirán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo, quedando asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios.

El Gobierno nacional recordó que durante 2024 se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, mientras que en «gastos de funcionamiento, durante todo el 2023 y pese a la inflación registrada ese año, el gobierno de Alberto Fernández no aplicó ninguna actualización».

«Desde diciembre de 2023, la actual gestión dispuso un aumento extraordinario que acumuló un 345%», enfatizó el gobierno nacional.

El Ministerio también expresó que «las actualizaciones siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional».

Fuente: Contexto Tucumán

En el marco del proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe, la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la Universidad Nacional del Litoral presentó una propuesta para modificar el Régimen Municipal.

El trabajo, elaborado por el Departamento de Geografía, plantea un cambio profundo en la organización política local: que todos los gobiernos locales, hoy clasificados como “municipios” o “comunas”, pasen a denominarse “municipios”.

El documento sostiene que esta unificación evitaría confusiones derivadas del uso de términos polisémicos como “ciudad” o “pueblo” y propone, en su lugar, adoptar el concepto oficial de “localidad” definido por el Indec, entendido como una concentración de edificios conectados por una red de calles.

La propuesta incluye una nueva definición constitucional para el artículo 106: un municipio sería “una entidad político-administrativa delimitada territorialmente, que, sobre una base de capacidad económica, lazos de vecindad y construcción identitaria, organiza su ciudadanía para gestionar sus propios asuntos, con autonomía para resolverlos y con autoridades elegidas de manera directa”.

Seis categorías según población

En reemplazo de la actual división entre municipios y comunas, el proyecto plantea modificar el artículo 107 y establecer seis categorías de municipios, definidas únicamente por la cantidad de habitantes:

Primera categoría: más de 200.000 habitantes, con Ejecutivo e Intendente, Concejo Deliberante, renovación parcial cada dos años y habilitación para sancionar carta orgánica (incluye a Rosario y Santa Fe).

Segunda categoría: entre 50.000 y 200.000 habitantes, mismas facultades que la primera. Incluye a Rafaela, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Santo Tomé, Villa Constitución y San Lorenzo.

Tercera categoría: entre 20.000 y 50.000 habitantes, con Concejo Deliberante de 7 u 8 ediles, sin facultad para dictar carta orgánica. Ejemplos: Esperanza, Casilda, Funes, Cañada de Gómez, Pérez y Coronda.

Cuarta categoría: entre 5.000 y 20.000 habitantes, con Concejo Deliberante de 6 miembros y renovación total cada cuatro años.

Quinta categoría: entre 1.000 y 5.000 habitantes, con Ejecutivo colegiado de 5 integrantes (actuales comunas de primera categoría).

Sexta categoría: menos de 1.000 habitantes, con Ejecutivo colegiado de 3 integrantes (actuales comunas de segunda categoría).

Un nuevo piso demográfico para los Concejos

Uno de los cambios clave es la fijación de un piso mínimo de 5.000 habitantes para contar con Concejo Deliberante. Este umbral es la mitad del establecido por la Constitución vigente (10.000 habitantes), lo que permitiría que municipios como Sastre, San Vicente o Villa Minetti, que hoy no alcanzan ese número, mantengan su cuerpo legislativo.

La FHUC argumenta que, a partir de esa escala poblacional, las localidades adquieren una complejidad que justifica la presencia de dos poderes —ejecutivo y legislativo— para canalizar demandas e intereses ciudadanos.

Cartas orgánicas y delegaciones municipales

El proyecto también propone que las ciudades con más de 50.000 habitantes puedan redactar sus propias cartas orgánicas, herramienta que permitiría fijar lineamientos a mediano plazo y definir el perfil de desarrollo de cada municipio. El límite de 200.000 habitantes se mantiene como referencia para diferenciar el tamaño de los Concejos, en línea con la Ley 13.243.

Otra novedad es la posibilidad de que los municipios que incluyan más de una localidad en su territorio puedan establecer delegaciones municipales en aquellas que no sean cabecera, acercando así la gestión a los vecinos y mejorando la prestación de servicios.

Actualización de un régimen con seis décadas sin cambios

La propuesta de la UNL busca actualizar un esquema institucional que no se modifica desde la reforma constitucional de 1962 y que, según remarcan sus autores, no refleja la heterogeneidad demográfica de los 366 gobiernos locales de la provincia.

Actualmente, solo el 18% de ellos tiene categoría de municipio, pero concentran el 84% de la población santafesina. Las comunas —la mayoría con menos de 2.000 habitantes— siguen regidas por un Ejecutivo colegiado, mientras que hay municipios que ni siquiera cumplen con los requisitos poblacionales vigentes.

Con esta reforma, la FHUC propone un marco más flexible, coherente con la realidad poblacional y territorial, que garantice autonomía política a todos los gobiernos locales y reconozca su diversidad.

Fuente: Uno de Santa Fe