La cúpula de Seguridad del Gobierno, encabezada por funcionarios cercanos al presidente Javier Milei, se reunió este martes en la Casa Rosada para ajustar los detalles del megaoperativo de seguridad que se desplegará en el centro porteño. Allí se decidió que más de 2.000 agentes, entre policías de la Ciudad y fuerzas federales, se dispondrán en el Congreso y sus alrededores, de cara a la movilización de los jubilados.

En medio de un clima tenso por el debate del DNU 179/25 y las secuelas de la represión de la semana pasada, que resultó en más de un centenar de detenidos y decenas de heridos, la administración libertaria prepara un fuerte dispositivo para el despliegue de las fuerzas de seguridad.

A los 900 policías de la fuerza porteña que pondrá el Gobierno de la Ciudad se sumarán 720 policías federales y unos 400 entre miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Por lo tanto, la cifra de uniformados superará los 2.000 agentes, tras los incidentes que se produjeron el miércoles pasado entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

El Gobierno libertario se enfrenta a una nueva jornada de protesta prevista para este miércoles, día en el cual los jubilados concentrarán en reclamo de una recomposición de haberes. El escenario estará caldeado por el debate que se realizará en Diputados, por la mañana, sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/25, que habilita al Poder Ejecutivo a contraer nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En esta ocasión, se espera que la movilización sea más numerosa debido al creciente apoyo en respuesta a los incidentes ocurridos en la protesta anterior. A los hinchas que se habían autoconvocado para la última protesta se le sumarán organizaciones sociales y partidos de izquierda, como el Polo Obrero, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la CTA y ATE Capital.

El Gobierno avisa: «Estamos preparados» para la Marcha de los Jubilados

La reunión de este martes en la Casa Rosada, que se llevó a cabo en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, reunió a figuras clave como la ministra Patricia Bullrich, el director de la SIDE, Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz. También estuvieron el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. La presencia de este último se debe a que Seguridad y Transporte, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, se encargarán de poner controles en los accesos de Buenos Aires hacia la Ciudad Autónoma para regular el tráfico.

La movilización de la semana pasada terminó con heridos tanto en las fuerzas de Seguridad como entre los manifestantes. Uno de ellos, el fotógrafo Pablo Grillo, está en estado crítico luego de recibir un disparo en la cabeza producto de una granada de gas lacrimógeno. Desde el Ejecutivo confesaron que esperan que el operativo sea «tan exitoso» como el del miércoles pasado.

Paralelamente, la cartera que conduce Bullrich viene de denunciar penalmente a la jueza Karina Andrade por los delitos de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento tras la liberación de 114 detenidos luego de la represión de la semana pasada. Todavía falta que el Gobierno envíe una nueva denuncia contra la magistrada, pero ante el Consejo de la Magistratura, con el fin de destituirla del cargo.

La crueldad como política pública

El operativo de Jorge Macri

La Ciudad de Buenos Aires informó que este miércoles 19 de marzo habrá 900 agentes de la Policía porteña que estarán afectados al operativo por la marcha al Congreso. Además, el tránsito estará cortado desde las 9 en el área comprendida entre Paraná y su continuación Sáenz Peña, Bartolomé Mitre, Ayacucho y su continuación Sarandí, y Adolfo Alsina. Aproximadamente 600 agentes de tránsito estarán en las calles.

Además, durante la noche de este martes 18 de marzo, 350 contenedores fueron retirados provisoriamente del perímetro entre Sarmiento, Combate de los Pozos, Moreno y la 9 de Julio; y en la Avenida de Mayo entre la 9 de Julio y la Plaza de Mayo. El costo de retirar y volver a colocar los contenedores de residuos, según fuentes oficiales, es de 66 millones de pesos.

Tras los incidentes del pasado 12 de marzo en el Congreso, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, había advertido: «Vamos a cuidar a la Ciudad con toda la fuerza, con toda la decisión política y con todo el imperio de la ley. Tolerancia cero con los violentos, tolerancia cero con las mafias violentas y con los que hacen de la violencia su modelo de vida».

«El espacio público, la calle, es la primera propiedad de cada argentino y de cada porteño. La casa de todos nosotros empieza en el espacio público. Ese es mi compromiso y el de todo nuestro equipo: este Gobierno defiende lo que es de todos, porque respeta el esfuerzo de cada contribuyente para mantener y mejorar la Ciudad. Nadie en la Ciudad está por encima de la ley», agregó Macri.

El Gobierno ya avisó: «Serán reprimidos»

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que «el uso de la fuerza está absolutamente establecido y reglamentado» y anticipó que los manifestantes «serán reprimidos por la fuerza del orden si es que utilizan la violencia para expresarse».

«Si es una marcha como la que han venido haciendo los jubilados durante tiempo, planteando un reclamo que es absolutamente legítimo, no tenemos ningún problema», dijo y añadió: «Pero si se agregan agentes violentos que lo que pretenden es desestabilizar, serán reprimidos por la fuerza del orden si es que utilizan la violencia para expresarse».

En el Ejecutivo afirman que no les da «pudor» hablar de represión y prometen las mismas recetas que se aplicaron en la movilización del miércoles último. Según la versión del oficialismo, la marcha de la semana pasada constituyó un «intento de golpe de Estado».

Fuente: El Perfil