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La CGT criticó el nuevo salario mínimo que fijó el Gobierno y dijo que es peor que el de diciembre de 2001

La CGT criticó al gobierno de Milei por fijar el Salario Mínimo, Vital y Móvil en $279.718, denunciando una pérdida del 70% en el poder adquisitivo.

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Foto: NA La CGT criticó la "falta de consenso" y denunció una "actitud manifiesta" de evitar acuerdos entre las partes.

La Confederación General de Trabajo (CGT) cuestionó hoy a la administración de Javier Milei por el monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que fijó por decreto en $279.718.

Además, apuntó contra los empresarios por su «falta de responsabilidad social».

«El Salario Mínimo, Vital y Móvil viene acumulando una pérdida estimada del poder adquisitivo superior al 70%, que se sigue profundizando por la fuerte contracción recesiva de estos meses, dejando al salario mínimo en un valor inferior al registrado en diciembre del 2001», se quejó la CGT.

En un comunicado, el gremio informó que el SMVM alcanza a 6 millones de trabajadores formales y también «impacta» en informales y en diversos programas sociales «que se rigen por ese monto».

«Desde la CGT, nos manifestamos contra la actitud del Gobierno Nacional en torno al debate del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Esta actitud pone en evidencia su falta de respeto institucional y deja en manifiesto la actitud de empresarios, dispuestos a hacerles el juego, eludiendo los acuerdos con una total falta de responsabilidad social y que tratan de sacar ventaja atendiendo solo a sus propias ganancias», concluyó.

A partir del 1° de diciembre de 2024, el salario mínimo será de $279.718 mensuales para trabajadores con jornada completa y $1.399 por hora y desde el 1° de enero de 2025, se actualizará a $286.711 mensuales y $1.434 por hora.

En febrero de 2025, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los valores serán de $292.446 mensuales y $1.462 por hora, mientras que desde marzo de 2025 alcanzarán $296.832 mensuales y $1.484 por hora.

Asimismo, se ratificó la fórmula vigente para la Prestación por Desempleo, que será del 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador en los últimos seis meses, con un mínimo del 50% y un máximo del 100% del SMVM vigente.

La actualización del salario mínimo se produce tras la falta de consenso en las sesiones del Consejo, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley N° 24.013.

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Mutual SEOM se reunió con el titular del INAES para avanzar en nuevos servicios

El presidente de la entidad, Darío Cocco, y la secretaria, Anahí Raffaelli, mantuvieron un encuentro en Buenos Aires para gestionar nuevas oportunidades y ampliar las prestaciones destinadas a sus asociados.

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Foto: El presidente de la mutual, Darío Cocco, la secretaria, Anahí Raffaelli y el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Marcelo Collomb

Mutual SEOM continúa realizando gestiones para ampliar sus servicios y fortalecer su propuesta para los asociados. En ese marco, sus autoridades mantuvieron una reunión el lunes 26 de octubre en Buenos Aires con el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Marcelo Collomb.

Del encuentro participaron el presidente de la mutual, Darío Cocco, y la secretaria, Anahí Raffaelli, quienes abordaron nuevas oportunidades para el desarrollo de la institución.

Gestiones para ampliar las prestaciones

La reunión forma parte de las acciones que Mutual SEOM lleva adelante para consolidar sus servicios y generar alternativas que respondan a las necesidades de sus socios.

Desde la entidad señalaron que el objetivo es continuar fortaleciendo su propuesta institucional y avanzar en iniciativas orientadas al bienestar de los asociados y sus familias.

De esta manera, Mutual SEOM busca profundizar su trabajo dentro del sistema mutualista y explorar nuevas posibilidades para el crecimiento de la institución.

Por el momento, no se detallaron cuáles serían los nuevos servicios ni se anunciaron medidas concretas derivadas del encuentro.

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Nueva Marcha Federal Universitaria: la CGT, las CTA y estatales se suman al reclamo contra el Gobierno

La movilización se realizará este jueves hacia el Congreso para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aumentos salariales y más presupuesto para las universidades públicas. Los docentes denuncian una pérdida del poder adquisitivo y sostienen que el Gobierno mantiene una deuda salarial del 32%.

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Foto: La Marcha Federal Universitaria suma el apoyo de la CGT, las CTA y los estatales

La comunidad universitaria volverá a movilizarse este jueves con una nueva Marcha Federal Universitaria hacia el Congreso de la Nación, en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición de los salarios docentes.

La protesta contará con el acompañamiento de distintas organizaciones sindicales y políticas, entre ellas la CGT, las dos CTA y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). También anunciaron su participación otros espacios sociales y políticos.

La concentración está prevista para las 13:30, en la intersección de avenida de Mayo y Sáenz Peña, además de otros puntos cercanos al Congreso.

Los docentes denuncian una deuda salarial del 32%

Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) afirmaron que el Gobierno nacional acumula una deuda salarial del 32% con los docentes y reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Laura Carboni, secretaria general del gremio, sostuvo que un cargo testigo de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, mientras que, según la organización, debería haber cobrado $741.111.

El sindicato advirtió que la pérdida del poder adquisitivo afecta los ingresos de los trabajadores universitarios y compromete la continuidad de las tareas educativas y científicas.

La convocatoria también incluye reclamos por el aumento de las becas estudiantiles y una mayor asignación presupuestaria para las universidades públicas.

La CGT, las CTA y ATE respaldan la movilización

Las centrales sindicales confirmaron su participación y vincularon la defensa de la universidad pública con el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades y el desarrollo nacional.

Desde la CGT señalaron que la universidad pública constituye una herramienta fundamental para la movilidad social y la formación de profesionales.

Por su parte, la CTA de los Trabajadores convocó a movilizarse en defensa de la educación, la soberanía y la democracia. La CTA Autónoma también expresó su apoyo y cuestionó el impacto del DNU 70/23 sobre los derechos laborales.

En tanto, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó que el gremio realizará un paro de 24 horas y convocó a los trabajadores estatales a participar de las protestas en distintos puntos del país.

El reclamo por la ley y el presupuesto universitario

La marcha tiene como uno de sus principales objetivos exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación es objeto de una disputa entre el Gobierno y el sector universitario.

Los gremios también reclaman una recomposición de los salarios docentes y mayores recursos para sostener el funcionamiento de las casas de estudio.

Según los datos difundidos por AGD-UBA, mientras la inflación acumulada durante la actual gestión nacional llegó al 344,15%, los salarios docentes aumentaron un 236,6%, una diferencia que, de acuerdo con el sindicato, refleja una importante pérdida del poder adquisitivo.

La organización también alertó sobre la salida de más de 1.200 docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la enseñanza y la investigación científica.

La movilización de este jueves reunirá así a docentes, estudiantes, trabajadores estatales y organizaciones sindicales en una nueva jornada de protesta por el financiamiento y las condiciones laborales de la universidad pública.

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Sergio Aladio llevó a Estados Unidos una propuesta para la Argentina: por qué la confianza también puede atraer inversiones

El dirigente de los camioneros de Santa Fe expuso en una escuela de negocios de Phoenix y defendió los acuerdos entre empresas y trabajadores como una herramienta para impulsar la producción, generar previsibilidad y sostener proyectos a largo plazo.

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Foto: Sergio Aladio en Arizona.

¿Qué necesita un país para atraer inversiones y conseguir que permanezcan en el tiempo? Para Sergio Aladio, presidente de la Fundación Centro de Estudios e Investigación del Trabajo (Fuceit) y dirigente de los camioneros de Santa Fe, la respuesta no se limita al capital, la tecnología o los beneficios impositivos: también depende de la confianza entre empresarios, trabajadores e instituciones.

El planteo fue presentado en la Thunderbird School of Global Management, en Phoenix, Arizona, durante una exposición ante docentes, estudiantes, empresarios y referentes sociales y políticos de la región.

Foto: Sergio Aladio expuso en Arizona sobre trabajo e inversiones

La confianza como parte del desarrollo económico

Aladio sostuvo que, además de la infraestructura tradicional —como rutas, puertos, energía y conectividad—, existen otros factores que pueden influir en la continuidad de las inversiones: reglas claras, negociación, capacitación laboral y cumplimiento de los acuerdos.

Desde esa perspectiva, consideró que las relaciones entre empresas y trabajadores no deben entenderse únicamente como una disputa de intereses, sino también como una oportunidad para construir condiciones que permitan sostener la actividad productiva.

El dirigente señaló que las empresas necesitan competitividad y previsibilidad, mientras que los trabajadores buscan ingresos, estabilidad, formación y condiciones laborales dignas. Para él, el desafío consiste en generar mecanismos que permitan compatibilizar esas necesidades.

Qué relación tiene con las inversiones en Argentina

Durante su presentación, Aladio vinculó esta mirada con las oportunidades que enfrenta el país en sectores como energía, minería, agroindustria y logística. También mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las posibilidades de integración productiva con Estados Unidos.

Según su planteo, los incentivos económicos y las garantías jurídicas pueden facilitar la llegada de capitales, pero no aseguran por sí solos que los proyectos se mantengan. La capacidad de construir acuerdos y resolver diferencias también puede ser importante para dar continuidad a la producción.

La experiencia de Santa Fe como ejemplo

El dirigente tomó como referencia el transporte de cargas y la logística vinculados al complejo agroexportador del Gran Rosario, una actividad que requiere coordinación entre empresas, trabajadores e instituciones.

A partir de esa experiencia, defendió la negociación, la capacitación, la protección laboral y el respeto por los compromisos como herramientas que pueden contribuir al funcionamiento del sistema productivo.

También planteó que este enfoque podría servir para vincular las distintas economías regionales argentinas, desde la energía de la Patagonia y la minería del norte hasta la industria del centro del país y la producción agroexportadora santafesina.

Una propuesta para administrar los conflictos

Aladio no presentó la confianza como una forma de eliminar las diferencias entre empresarios y trabajadores. Su argumento fue que los desacuerdos pueden gestionarse mediante instituciones y reglas capaces de evitar que cada conflicto paralice la actividad.

La exposición propuso así una mirada sobre las relaciones laborales como parte de una estrategia de desarrollo económico: construir acuerdos, anticipar problemas y generar condiciones para que las inversiones y el empleo puedan sostenerse a largo plazo.

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