La defensa había solicitado que la pena fuera cumplida en el hogar argumentando que Ñañez es madre de un niño de 3 años, pero el juez consideró que no existen razones que justifiquen modificar la modalidad de la condena.

El Dr. Hugo Parma confirmó a este medio lo ocurrido durante la audiencia de este sábado, convocada por la Oficina General de Gestión de Segunda Instancia de Rosario.

El juez rechazó los recursos y confirmó la sentencia original 🔍

Durante la audiencia, la defensa planteó recursos de nulidad y apelación contra la resolución de la jueza de primera instancia, Dra. Carrara, quien ya había rechazado el pedido de prisión domiciliaria.

El juez Horacio Pueyrredón, del Colegio de Jueces de Ejecución Penal de Segunda Instancia, ratificó íntegramente la resolución previa y desestimó los reclamos de la defensa.

La Fiscalía —representada por la Dra. Gerbaudo—, la imputada, su defensor y el representante de la familia de la víctima estuvieron presentes en la audiencia.

El interés superior del niño, clave en la resolución 👶⚖️

El juez evaluó que, en este caso, no existe una vulneración concreta al interés superior del niño, ya que el hijo de Ñañez —de 3 años— vive actualmente con su padre y sus abuelos paternos en Rosario, bajo pleno resguardo familiar.

Por lo tanto, la Justicia entendió que no corresponde aplicar la excepción prevista para madres de niños pequeños, debido a que no está comprometido el bienestar del menor y porque se trata de un delito extremadamente grave que requiere cumplimiento efectivo de la pena.

Ñañez, condenada por un crimen que conmocionó a la región, deberá continuar en prisión tal como lo dicta la sentencia firme.

Por Móvil Quique con información de Ceres Diario

La jueza Cecilia Álamo ordenó la medida cautelar durante una audiencia desarrollada en los tribunales de San Cristóbal, mientras que la investigación está a cargo del fiscal Emiliano Odriozola.

Según informó el funcionario del MPA, ambos hombres —identificados por sus iniciales NAC y FEB— deberán permanecer privados de libertad durante todo el proceso judicial, dada la gravedad de los hechos.

🩸 Un ataque planificado en plena madrugada

El violento episodio ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del lunes 24 de noviembre.
De acuerdo a la investigación, los imputados llegaron en moto hasta la casa de la víctima, ingresaron por la fuerza y actuaron con el claro objetivo de matarlo.
Ambos estaban armados con armas blancas, y según el fiscal, actuaron de forma coordinada y con total conocimiento de lo que hacían.

El imputado más joven habría dejado al hombre “vulnerable y desprotegido”, facilitando que su cómplice le provocara heridas en el tórax, la cabeza y la oreja derecha usando una cuchilla de 18 centímetros.
La víctima logró sobrevivir gracias a la rápida atención médica, lo que impidió que el ataque se convirtiera en un homicidio consumado.

⚠️ Más delitos y un prontuario que agrava la situación

El acusado de 33 años, además, enfrenta cargos por otros hechos cometidos durante este año en Ceres.
Entre ellos, haber golpeado a un hombre con una pistola calibre 380 cargada, sin contar con autorización para portarla; y haber amenazado verbalmente a una mujer en la vía pública en octubre.

⚖️ Peligro de fuga y entorpecimiento: la clave de la preventiva

La jueza Álamo consideró que las pruebas reunidas por la Fiscalía son contundentes, y que la gravedad del caso —sobre todo la tentativa de homicidio— anticipa una posible pena de cumplimiento efectivo.
Por ello, sostuvo que existe riesgo procesal, especialmente de entorpecimiento probatorio, y rechazó el pedido de la Defensa para otorgar medidas alternativas a la prisión.

🏛️ Calificación legal

A ambos sospechosos se les atribuye coautoría en tentativa de homicidio.
Además, al mayor se le suman cargos por violación de domicilio, lesiones leves, amenazas calificadas, portación ilegal de arma de fuego (agravada por antecedentes) y amenazas simples.

Por Móvil Quique con información de Radio Belgrano de Suardi

El pedido recae sobre José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes encabezaron el Consejo de Administración entre febrero de 2020 y enero de 2024. Según la acusación, durante ese período la empresa retuvo aportes de los trabajadores, pero no los depositó en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, incumpliendo la ley.

📌 33 períodos fiscales bajo la lupa

El dictamen detalla que Gastaldi habría incurrido en 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputan 16 hechos correspondientes a 2022, 2023 y enero de 2024. Todos los casos son considerados en concurso real y en carácter de autores.

La causa se originó tras denuncias de trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que los aportes retenidos no habían sido transferidos. La Justicia Federal tomó competencia luego de la derivación de las causas desde el fuero provincial.

🧾 Pruebas y fundamentos

La investigación se apoyó en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y en la base de datos de la AFIP, revelando que SanCor actuó como agente de percepción y retención sin efectuar los depósitos correspondientes durante 33 períodos fiscales.

Aunque los imputados se abstuvieron de declarar, no negaron los hechos. Por ello, la fiscalía solicitó que el juez disponga su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

🔒 Medidas de coerción

La fiscalía consideró suficiente imponerles la obligación de informar cambios de domicilio, dado que no tienen antecedentes penales, poseen residencia fija, actividad laboral declarada y se presentaron voluntariamente ante la Justicia.

Este pedido marca un punto crítico en la crisis institucional y financiera de SanCor, que vuelve a quedar en el centro de la escena judicial y pública.

Por Móvil Quique con información de Aire de Santa Fe