La sentencia fue ordenada por unanimidad por un tribunal presidido por la jueza Susana Luna e integrado además por los jueces Martín Torres y José Luis García Troiano, en el marco de un juicio oral y público que finalizó en los tribunales de San Jorge.

El fiscal que investigó lo sucedido es Carlos Zoppegni. Luego de escuchar el veredicto, indicó que “valoramos que el tribunal haya decidido condenar a las cinco personas que acusamos”, y afirmó que “esperaremos a contar con los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir”.

Plan delictivo

Zoppegni precisó que “Cornalis era el tesorero de la cooperativa láctea 22 de Marzo”. Las instalaciones de esa industria están ubicadas en Eustolia, a la altura del kilómetro 112 de la ruta provincial número 13, entre María Juana y Estación Clucellas (las tres localidades pertenecen al departamento Castellanos).

“Durante años, Andini trabajó en la misma fábrica que la víctima pero fue despedido en 2020 por conductas irregulares que Cornalis ayudó a esclarecer”, especificó. “A partir de ese conflicto laboral, el condenado diseñó un plan delictivo para apoderarse ilegítimamente del dinero que el tesorero de la cooperativa tenía en su poder a raíz de su cargo”, resaltó.

“Andini contrató a Bustamante, Segovia y Córdoba –quienes son oriundos de Paraná, Entre Ríos–, para secuestrar a Cornalis y robarle”, aseguró el fiscal. “El excompañero de la víctima además involucró al quinto hombre condenado, quien era remisero y brindó apoyo logístico para trasladar a los autores materiales de los hechos”, manifestó.

Asimismo, detalló que “el miércoles 14 de abril de 2021, Lencina llevó a Andini desde Estación Clucellas hasta la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe, donde se encontraron con los otros tres condenados y regresaron junto con ellos al lugar del que habían partido”.

“El viernes siguiente a la madrugada, Andini trasladó a Bustamante, Segovia y Córdoba hasta las inmediaciones de la cooperativa y se dividieron tareas para concretar los ilícitos”, aseveró Zoppegni. “Aproximadamente a las 5:00, la víctima llegó sin acompañantes en un automóvil marca Ford modelo Focus que estacionó frente al portón de ingreso a la fábrica”, señaló.

El funcionario del MPA subrayó que “los tres hombres provenientes de Paraná abordaron a Cornalis de manera sorpresiva, lo golpearon salvajemente y le ataron los tobillos y las muñecas con precintos”. Relató que “después colocaron a la víctima dentro de su propio auto, se subieron ellos también y comenzaron a circular en dirección a María Juana, donde residía el tesorero, quien estaba sumamente herido”.

Explicó que “pretendían ingresar a su casa, reducir a su familia y sustraer una gran cantidad de dinero que creían que estaba en el inmueble pero en realidad estaba en el baúl del vehículo, lo cual no fue advertido por los atacantes”.

No obstante, Zoppegni expuso que “de camino, los condenados advirtieron que un móvil policial iba en sentido contrario a ellos”, y aclaró que “los uniformados estaban al tanto de la situación violenta porque un testigo se había comunicado con la central de emergencias”.

“Entonces, Bustamante, Segovia y Córdoba cambiaron de planes, giraron en U y continuaron su marcha detrás del vehículo oficial, sin sobrepasarlo”, indicó y añadió que “cuando vieron que el móvil de la fuerza de seguridad se dirigía a la fábrica en Eustolia, aceleraron y tomaron la autovía número 19”.

“En cercanías de Colonia Cello (departamento Castellanos), el automóvil despistó y los condenados lo abandonaron con la víctima –ya sin vida–, en el interior”, planteó el Fiscal.

En cuanto a la causa de la muerte, remarcó que, “mediante una autopsia, se determinó que Cornalis falleció como consecuencia de la brutalidad de los golpes que recibió”, y explicitó que “se constataron numerosas lesiones en diferentes partes de su cuerpo, entre las que se destacaba un traumatismo de cráneo”. Al respecto, puntualizó que “el tribunal entendió que el fallecimiento fue una consecuencia no querida por los coautores del secuestro”.

Por último, el fiscal refirió que “los tres paranaenses volvieron a su ciudad gracias a Lencina, quien en todo momento estuvo en diálogo con Andini”. En tal sentido, sostuvo que “el remisero condenado los llevó hasta Gálvez (departamento San Jerónimo), y contactó a otro chofer que desconocía lo sucedido y continuó el recorrido hasta Paraná”.

Coautores y partícipe

Andini, Bustamante, Segovia y Córdoba fueron condenados como coautores de secuestro coactivo agravado (por la participación de tres o más personas y por haber tenido como consecuencia no querida la muerte de la persona ofendida). Por su parte, a Lencina se le impuso la pena como partícipe necesario del mismo delito.

Fuente: Radio Belgrano de Suardi

Un hombre de 34 años, identificado como Walter Ezequiel Ursprung, fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de una adolescente en Ambrosetti (departamento San Cristóbal).

La sentencia fue ordenada por un tribunal integrado por los jueces Gustavo Bumaguin (presidente), Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez, en el marco de un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de San Cristóbal.

La fiscal que representó al MPA en el debate es Silvina Verney. Tras conocer el veredicto, la funcionaria valoró que «el tribunal le impuso a Ursprung la pena que solicitamos en nuestros alegatos».

Abusos

Verney sostuvo que “entre 2022 y 2023, el condenado agredió sexualmente de manera reiterada a una adolescente quien es hija de una amiga suya”, y puntualizó que “los ilícitos tuvieron lugar en la casa de la víctima”.

Asimismo, la fiscal señaló que “Ursprung aprovechó la circunstancia de que solía quedarse a dormir en el domicilio de la adolescente, a raíz de la relación de amistad que tenía con la madre de ella”. En tanto, precisó que “el agresor le decía a la víctima que si ella le contaba a alguien lo ocurrido, él la iba a matar”.

Delito

Ursprung fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal reiterado.

Fuente: Rafaela Informa

La audiencia, desarrollada en la Sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rafaela, contó con la participación del fiscal Juan Manuel Puig, el defensor Carlos Farías Demaldé y el juez Javier Bottero. Durante el debate, el fiscal solicitó la extensión de la prisión preventiva, señalando la gravedad de los hechos y el riesgo de reincidencia. Sin embargo, la defensa argumentó que los tres meses de detención preventiva cumplidos por E. G. eran suficientes y propuso alternativas que fueron aceptadas por el magistrado.

Los hechos que se le imputan

El imputado fue detenido el 16 de septiembre en Sunchales, tras ser vinculado a una serie de delitos cometidos en la esta localidad. Entre estos, el más grave fue el robo calificado con uso de arma, aunque hasta el momento no se ha encontrado el arma utilizada ni el objeto sustraído.

Uno de ellos, por daños, que tuvo como víctima a A. R., quien acusó a E. G. de acercarse a su motocicleta y dañarla. La fiscalía presentó el testimonio de la víctima y una descripción de los daños como prueba.

En una secuencia de intimidaciones ocurridas entre el 4 y el 11 de septiembre, E. G. habría amenazado a un matrimonio. Durante uno de los episodios, habría exhibido un arma de fuego, configurando una amenaza calificada. Pese a una orden de prohibición de acercamiento emitida el 9 de septiembre, el imputado habría desobedecido la medida el mismo día en que fue notificado.

En otro incidente, M. y su pareja, D., denunciaron haber sido intimidados por E. G. Este hecho también violó una medida judicial de restricción impuesta contra el imputado.

En el episodio más grave, E. G. habría sustraído un teléfono celular a una víctima bajo amenaza con un arma de fuego cuya aptitud para disparar no fue acreditada.

Resolución judicial

El juez Bottero resolvió liberar a E. G. bajo medidas alternativas, que incluyen: fijar domicilio en Rafaela; someterse al cuidado de su hermana, presentarse regularmente en una dependencia policial, prohibición absoluta de contacto con víctimas y familiares, prohibición de portar armas y de ingresar a Sunchales.

El magistrado destacó que las medidas cautelares deben ser proporcionales al estado de la causa. Además, señaló que, en caso de ser hallado culpable, E. G. enfrentaría una condena de ejecución condicional.

La decisión judicial plantea interrogantes sobre el equilibrio entre garantizar los derechos del acusado y preservar la seguridad de las víctimas, en un caso que aún permanece en etapa de investigación.

Fuente: Castellanos