Judicial
Pedirán 25 años de prisión para siete policías acusados de torturas en Sunchales
Así lo planteó la fiscal Gabriela Lema en la acusación que presentó ante la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales de Rafaela.
Además, adelantó que pedirá seis años de prisión para el comisario que encubrió el accionar ilícito de sus subordinados. “Los uniformdos actuaron como si fueran un grupo de fuerza armada, y luego intentaron encubrir y entorpecer la investigación”, sostuvo la funcionaria del MPA.
La fiscal Gabriela Lema pedirá 25 años de prisión para cada uno de siete policías que son investigados como coautores de torturas cometidas en perjuicio de dos hermanos mayores de edad que estaban detenidos en una comisaría de Sunchales.
El requerimiento fue planteado en la acusación que la funcionaria del MPA presentó ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de Rafaela. En el documento también adelantó que solicitará seis años de prisión para el comisario al que investigó como autor de encubrimiento agravado.
Lema informó que “los acusados de torturas son un subcomisario; una subinspectora; un oficial; tres suboficiales hombres y una suboficial mujer. Es decir, todos los empleados de la comisaría de Sunchales”.
“Las torturas fueron realizadas dentro de la dependencia policial y los acusados actuaron al amparo de su investidura”, señaló la fiscal y remarcó que “tal fue su conciencia de impunidad, que actuaron frente a una mujer que estaba detenida y no les importó su presencia”.
Lema concluyó que “los policías investigados se comportaron como si fueran un grupo de fuerza armada y luego, para procurar su impunidad, intentaron encubrir y entorpecer la investigación a través de una versión falsa de lo sucedido”.
En la comisaría
“Los acusados llevaron a cabo su accionar delictivo entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana aproximadamente del viernes 18 de octubre de 2019 en el interior de la sede policial ubicada en avenida Belgrano al 300”, precisó la fiscal. También recordó que “los torturados son dos hermanos que habían sido legalmente privados de su libertad”.
Afirmó que “las víctimas sufrieron graves tormentos físicos y psicológicos mientras estaban maniatadas con los brazos hacia atrás”, y aclaró que “uno de los hombres atacados tenía esposas y el otro, precintos ajustados más de lo necesario”. Al respecto, aseveró que “ambos estaban en situaciones de vulnerabilidad”.
“De acuerdo con un plan previo, los uniformados insultaron y golpearon con los puños, los pies y hasta con un palo a los hermanos”, relató la representante del MPA. Asimismo, dijo que “los humillaron y los amenazaron con quitarles la vida. Además, a una de las víctimas le aplicaron la técnica conocida como submarino seco, mediante la cual se genera asfixia a partir de colocar una bolsa en la cabeza y también lo amenazaron con agredirlo sexualmente”.
Por otra parte, Lema narró que “como consecuencia de un golpe en la nuca, una de las víctimas atravesó un ventanal de vidrio y sufrió lesiones muy graves en distintas partes de su cuerpo, entre ellas, un corte en la vena yugular interna”. En tal sentido, sostuvo que “de hecho, pudo salvar su vida gracias al accionar de los médicos que lo atendieron”.
Por último, Lema explicó que “minutos después, el comisario investigado llegó a la dependencia policial, se enteró de lo ocurrido y omitió comunicarlo a las autoridades competentes”. Añadió que “en su carácter de jefe, ordenó a los otros siete agentes que limpiaran el lugar, motivo por el cual se le endilgó el delito de encubrimiento agravado”.
Torturas
Lema subrayó que “se trata de un caso de pluralidad de autores –todos policías–, quienes utilizaron múltiples modalidades de torturas y con mucha violencia”. También agregó que “todo el accionar delictivo fue realizado dentro de una comisaría y, si bien era de madrugada, todavía era de noche” e hizo hincapié en que “los acusados actuaron de forma metódica y compleja, lo cual incrementó el padecimiento físico y psíquico de los dos hermanos”.
“Los uniformados afectaron la libertad, la dignidad y el honor de las dos víctimas, quienes estaban imposibilitadas de mover sus brazos”, planteó la fiscal y argumentó que “demostraron total desinterés por la integridad física y psicológica ajena”.
La fiscal se refirió a que “los acusados como coautores de torturas son el subcomisario FHM de 40 años; la subinspectora SS de 44; el oficial JAC de 32 y los cuatro suboficiales”. En tal sentido, enumeró “a los suboficiales varones: CAM de 23 años; BEG de 26 y MLO de 30. Por su parte, la mujer suboficial tiene 38 años y sus iniciales son MIA”.
En relación al comisario, la fiscal apuntó que “sus iniciales son LMG, tiene 36 años y se le endilga la autoría del delito de encubrimiento agravado”.
Juicio
La presentación de la acusación es un paso procesal en el que la Fiscalía solicita la apertura del juicio oral y público contra los acusados.
El escrito, que está destinado a un juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), contiene un detalle de las evidencias reunidas y fundamenta los requerimientos del MPA en relación al caso. Asimismo, informa los datos personales de los imputados, los hechos ocurridos, la calificación legal de los ilícitos y la pena solicitada.
Luego de la presentación de la acusación y de habérselo comunicado a la Defensa, la OGJ debe convocar a una audiencia preliminar en la que las partes (Fiscalía; Defensa y, en el caso de que la hubiera, Querella) discuten acerca de lo planteado.
Si tras la audiencia preliminar el juez considera que la acusación de la Fiscalía tiene proyección de condena y que están cumplidos los requisitos para que se desarrolle un debate oral y público, dispondrá el auto de apertura a juicio para programar una fecha de inicio.
Fuente: MPA
Judicial
Brindaron detalles el estado del proceso concursal de Sancor
La firma jurídica advirtió que el juez dio a la empresa una última oportunidad para presentar un plan de contingencia y evitar la quiebra.

La Empresa de Servicios Jurídicos Regali y Asociados brindó detalles sobre el estado actual del proceso concursal de Sancor, aclarando que la información difundida está vinculada a su participación directa en el conflicto.
En el comunicado, los abogados recordaron que “el proceso de concurso recién está en sus pasos iniciales”, tras haber finalizado la etapa de verificación y la de impugnación de los créditos.
Reunión del consorcio de acreedores
Desde el estudio indicaron que en la última reunión del consorcio se abordó el pedido de quiebra presentado por el sindicato, analizando sus consecuencias y las posibilidades de garantizar los créditos de sus representados, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores de la empresa.
También se trató el pedido de intervención de la administración presentado por el estudio, que solicita el desplazamiento de los cargos directivos y la promoción de una investigación penal por las actividades desarrolladas durante los últimos diez años. “El tiempo de diez años no es caprichoso, sino que tiene que ver con el plazo de prescripción de ciertas acciones”, explicaron.
En ese marco, el juzgado requirió a Sancor la presentación de un plan de contingencia, en el que deberá detallar su estrategia para salir de la crisis, las asesorías con las que cuenta y las decisiones adoptadas.
“El juez está intentando darle una oportunidad más a la empresa para salir de los pedidos de quiebra, que están muy bien fundados y tienen todas las posibilidades de concretarse”, advirtieron desde el estudio.
Riesgo de quiebra
Regali y Asociados alertó que, de concretarse la quiebra, esta sería de carácter liquidativo. “Así como Sancor Seguros continúa con la ejecución de la hipoteca que mantiene sobre el Centro de Distribución de Buenos Aires, el resto de los acreedores podría avanzar sobre sus créditos especiales, entre ellos la marca, uno de los activos más valiosos de la empresa”, precisaron.
También indicaron que el valor de remate de los bienes “suele ser la mitad o menos”, y que las plantas, como la de Sunchales, tienen tecnología obsoleta y bajo valor de venta. “Hasta el momento hubo un solo interesado en la compra, pero el monto ofrecido fue irrisorio y no alcanzaba para pagar ni el 10% de las deudas”, agregaron.
Irregularidades y falta de respuestas
El estudio remarcó que la intervención de la administración se solicita debido a “las irregularidades que existen en el acontecer diario de la empresa y la falta de información verificable”. Denunciaron que la firma “se maneja de forma autónoma y sin rendir cuentas a la sindicatura”, mencionando como ejemplo la negociación con la empresa Elcor S.A., de la cual el juez y la sindicatura se habrían enterado por los medios.
Asimismo, señalaron “la presentación de 850 recibos apócrifos” .
Por último, manifestaron su preocupación por “la falta de respuesta y la desidia con la que los funcionarios tratan la situación”. “Parece que quieren que la empresa quiebre de una vez por todas. No hay voluntad ni espíritu de lucha, y en esas condiciones es imposible rescatarla. Los directivos no dan señales de vida, y el juez ni siquiera los conoce”, concluyeron.
Fuente: Sin Mordaza
Judicial
Continúa la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales
Confirmaron por la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales.

Un hombre de 32 años, cuyas iniciales son GSP, continuará en prisión preventiva en el marco de una causa en el que está acusado como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego el 13 de junio del año pasado en Sunchales
La medida cautelar fue confirmada por el camarista Cristian Fiz, luego de escuchar a las partes en la audiencia de apelación. La preventiva ya había sido ratificada por otro tribunal en diciembre del año pasado. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5
Castellano sostuvo que “se tuvo en cuenta que ya presentamos la acusación contra el hombre investigado y estamos a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha para el inicio del juicio oral y público”.
Peligros procesales
Castellano sostuvo que “en esta nueva audiencia de apelación, el camarista volvió a coincidir con la Fiscalía en que las evidencias que presentamos en la audiencia de medidas cautelares fueron suficientes para tener por acreditadas la materialidad y la participación del imputado en el hecho ilícito”. En tal sentido, agregó que “el juez de segunda instancia también refirió a la pena en expectativa y dijo que en la acusación solicitamos 13 años de prisión de cumplimiento efectivo”.
El fiscal manifestó que “el juez consideró que ante la proximidad del juicio oral y publico, los riesgos procesales aumentan y podrían hacer que el acusado no se sujete al proceso”.
Con un revólver
Castellano recordó que “el ilícito fue cometido aproximadamente a las 11:30 del jueves 13 de junio del año pasado mientras la víctima caminaba con su novia adolescente por calle Alem al 1.300”. Relató que “luego de perseguirlos desde atrás, el acusado se paró delante de ellos, extrajo un revólver –del que no tenía la debida autorización legal– de su cintura, le apuntó al hombre y le exigió que le entregue sus pertenencias”.
El fiscal manifestó que “mientras la víctima se sacaba la mochila para dársela, el imputado le apuntó a la menor de edad y la amenazó diciéndole que le dispararía con el arma si interfería”.
En tal sentido, agregó que “inmediatamente después, a una distancia aproximada de 50 centímetros, le disparó al rostro del hombre con la clara intención y voluntad de provocarle la muerte”.
El fiscal subrayó que “tras efectuar el disparo, el acusado se fue corriendo del lugar sin haber logrado su objetivo de quitarle la vida a la víctima por razones ajenas a su voluntad debido a la inmediata intervención de personal médico”.
Fuente: Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Crimen en Moisés Ville: libertad para el padre y prisión preventiva para el hijo, acusado de dar la puñalada mortal
Se trata del violento hecho ocurrido el jueves donde un hombre identificado como Gastón Pfaffen fue apuñalado y perdió la vida.

La justicia resolvió este miércoles la situación procesal de los dos detenidos por el crimen de Gastón Alejandro Pfaffen, de 35 años, ocurrido la semana pasada en Moisés Ville, departamento San Cristóbal.
En la audiencia cautelar realizada en la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal de manera semipresencial, la fiscal Hemilce Fissore imputó a Fabricio Alejandro Battiston (padre) y a su hijo Fabricio Alejandro Battiston, acusados por el delito de homicidio doloso. A través de la plataforma Zoom, el doctor Carlos Farías Demaldé, asistió profesionalmente a la madre y a la esposa de la víctima, que pedirán constituirse como querellantes en la causa. La audiencia contó ademàs con la participación de los abogados Alejandro María Otte, Juan Manuel Lovaiza y Cecilia Andrea Gaitán como defensores de los acusados.
La juez interviniente Gabriel Peralta, dispuso la libertad del padre, mientras que al hijo, de 23 años, le dictó la prisión preventiva, al considerarlo quien presuntamente le habría propinado la puñalada mortal a Pfaffen. Algo que fue reconocido por el propio acusado a travès de su defensor, aunque alegando legítima defensa.
El violento episodio ocurrió en la vivienda de los Battiston, cuando la víctima —que era empleador del hijo— se presentó en el lugar para reclamarle por el incumplimiento de una tarea laboral. En ese marco se habría generado una discusión que terminó de la peor manera, con Pfaffen herido de arma blanca y posteriormente fallecido.
Minutos después del ataque, personal de la Comisaría 3ª detuvo a padre e hijo, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Regional 5.
Con la medida cautelar definida, la fiscal Fissore deberá profundizar la investigación para establecer con precisión las circunstancias del crimen, reunir pruebas y tomar declaraciones que permitan llegar a juicio.
Fuente: Rafaela Noticias
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