A partir del 21 de junio, comienza a regir en la provincia de Santa Fe el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que implica un cambio profundo en el abordaje de los hechos delictivos protagonizados por menores de edad. En este nuevo escenario, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) asumirá el liderazgo de todas las investigaciones que involucren a adolescentes, dejando atrás el viejo esquema de los juzgados de menores.

En Rafaela, cuatro fiscales han sido propuestos para asumir esta tarea: María Cecilia Doro, Carina Gerbaldo, Heriberto Ferrero y Susana Guillermo Vega, quienes intervendrán en los casos que involucren a jóvenes de entre 16 y 18 años, pero también en aquellos donde estén involucrados menores no punibles.

El anuncio fue realizado por la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, quien explicó que, con la implementación de esta reforma, todo el sistema penal santafesino quedará alineado con el modelo acusatorio previsto por la Constitución. La medida se enmarca en la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Juvenil, aprobado por la Legislatura a fines de 2023.

¿Qué cambia?

Con la nueva normativa, el sistema pasa a ser acusatorio, oral y público, tal como rige para los adultos desde 2014. Eso significa que ya no será un juez quien investigue y luego otro quien juzgue, sino que los fiscales especializados encabezarán las investigaciones, reunirán pruebas y presentarán los casos ante los jueces, también con intervención de defensores especializados.

En los casos de menores de 16 años, aunque no puedan ser condenados penalmente, el MPA igualmente abrirá investigaciones para esclarecer los hechos, garantizar derechos y articular acciones con organismos estatales de protección. Para los adolescentes de 16 a 18 años, seguirá vigente la ley nacional 22.278, que establece la punibilidad solo para delitos con penas superiores a dos años de prisión.

Justicia restaurativa y nuevos mecanismos

La reforma incorpora juicio abreviado y probation para menores, así como un fuerte énfasis en la justicia restaurativa, priorizando alternativas a la condena, o penas proporcionales a la edad y el contexto del joven implicado. Si un adolescente resulta condenado, la pena recién comenzará a cumplirse cuando cumpla 18 años.

También se redefinen los criterios de detención preventiva, evitando que los menores compartan espacios con adultos, salvo excepciones. Las audiencias serán públicas, lo que obligará a adaptar salas y procedimientos. A su vez, las víctimas podrán tener una participación activa en todas las etapas del proceso, incluyendo la posibilidad de constituirse como querellantes.

En resumen

Santa Fe da un paso importante en el tratamiento de los delitos cometidos por menores, y Rafaela ya cuenta con el equipo fiscal designado para ponerlo en marcha. Se trata de una reforma ambiciosa, que pone el foco en los derechos de los adolescentes, pero también en el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Un cambio que marcará un antes y un después en el sistema judicial juvenil de la provincia.

Fuente: Rafaela Informa