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Tres meses de prisión preventiva para cinco altos oficiales de la policía por juego clandestino

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El juez penal de Rafaela, Javier Bottero, ordenó 90 días de prisión preventiva a altos oficiales –cuatro retirados y uno en actividad– después de ventilarse los hechos en la audiencia imputativa.

Durante más de 12 horas corridas, contadas desde las 15 del viernes y hasta pasadas las 3 de este sábado se extendió la audiencia imputativa en la que el juez penal Javier Bottero impuso a cuatro altos oficiales retirados, comisarios generales, y dos comisarios mayores, uno en actividad y otro retirado, prisión preventiva durante 90 días.

El proceso se inició con una investigación del fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público con sede en la ciudad de Rafaela, Martín Castellano, por asociación ilícita dedicada a los juegos de azar clandestinos. Los cuatro policías retirados son J. A. G. de 52 años; J. P. B. de 48; J. J. A. P. de 51; y F. E. F. de 57, (los tres fueron jefes de la Unidad Regional V Castellanos de la Policía de Santa Fe entre 2017 y 2019). J. A. G. fue jefe de la Agrupación Unidades de Orden Público. F. F. A. de 39, es el único en actividad (fue jefe de la Agrupación Cuerpos). En la misma causa hay imputadas otras 12 personas y cuatro de ellas ya cumplen prisión preventiva.

Imputación de delitos

Durante la audiencia, el fiscal del MPA Martín Castellano, imputó los delitos aludidos a todos los policías como coautores del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores, y a los tres de ellos en particular, F. E. F., J. P. B. y F. F. A. ser partícipes necesarios en concurso real del delito de organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de autoridad jurisdiccional competente.

Los hechos ventilados

Los cuatro oficiales de alta graduación y el que aún está en actividad, junto con otros dos hombres identificados como D. A. I. P. y M. G. U. , formaban parte de una asociación de carácter delictivo de manera estable, con suficiente organización y roles definidos, según explicó en detalle el fiscal Martín Castellano, aludiendo de manera textual «la asociación ilícita estaba destinada al ejercicio irregular y habitual de organización, administración y explotación de juegos de azar que no contaban con la debida autorización emitida por las autoridades competentes en la materia». Luego prosiguió “Los civiles investigados entregaban parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal a los policías en los períodos en que cada uno de ellos formó parte de la asociación ilícita, conforme a un acuerdo existente para el reparto de las ganancias”,

El cobro de las coimas

Martín Castellano, en otro tramo de la argumentación señaló: “La entrega del dinero era para la protección policial que brindaban para que las actividades delictivas de la organización sean factibles y desarrolladas con los menores contratiempos posibles”, y que “el accionar ilícito de los imputados consistió en brindar información –incluso de investigaciones fiscales en curso– para que los civiles conserven a resguardo las «salas» de juego”. También subrayó que “impartieron instrucciones para optimizar el rendimiento de la explotación ilegal; volcaron su influencia para obstruir o inhibir cualquier tipo de control, actuación o procedimiento policial y facilitaron las condiciones necesarias para que las «salas» pudieran habilitarse, mantenerse en el tiempo o bien cerrarse temporalmente, incluyendo el suministro de información sobre investigaciones fiscales en curso”.

Finalmente dijo que “los pagos eran de entre 120 y 280 mil pesos y se hacían de forma semanal, quincenal o mensual de acuerdo a la modalidad establecida por el jefe policial de turno”. También precisó que “algunas entregas de dinero se hicieron en el edificio de la Jefatura de Policía de Rafaela, pero otras las hacían personalmente los civiles imputados en la vía pública”. En tal sentido, refirió a los lugares en los que se concretaron y enumeró “la intersección de la avenida Mitre y calle José Ingenieros; inmediaciones de calle Primera Junta a la altura de una de las tribunales laterales del estadio del Club Atlético Rafaela; y la avenida Roque Sáenz Peña frente al monte de eucaliptus”.

Juego clandestino

Castellano advirtió que “a partir de enero de 2017, a los hechos delictivos que constituían el objeto de la asociación ilícita desde su inicio, se añadió el ejercicio habitual y continuo de la actividad de organización, administración y explotación de juegos de azar sin autorización”, y que “estaba dirigida a un público indefinido y variado que concurría de manera fluida y asidua a los establecimientos puestos a disposición a tales fines o bien ingresaba a páginas online para disputar los juegos de azar”.

“El entramado de negocios ilegales indicados fue desplegado en cuatro inmuebles en la ciudad de Rafaela, dos en Sunchales y uno en la localidad de Ramona, mediante la puesta a disposición de locales físicos de acceso libre en los cuales los asistentes disputaban juegos de azar mediante la utilización de máquinas y equipamientos electrónicos o bien a través de la modalidad denominada «juego o casino on-line»”, y concluyó que “a estos fines, los miembros de la organización vendían «créditos» para que los adquirentes ingresen a sitios web que se les indicaba en condiciones de disponer de recursos para apostar en el marco de partidas online de juegos de azar, asumiendo la misma, en consecuencia, la condición de intermediaria en el flujo de dinero entre los portales web de apuestas y los jugadores”.

 

 

 

 

Fuente: Uno de Santa Fe

 

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Brindaron detalles el estado del proceso concursal de Sancor

La firma jurídica advirtió que el juez dio a la empresa una última oportunidad para presentar un plan de contingencia y evitar la quiebra.

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Foto: Ilustrativa

La Empresa de Servicios Jurídicos Regali y Asociados brindó detalles sobre el estado actual del proceso concursal de Sancor, aclarando que la información difundida está vinculada a su participación directa en el conflicto.

En el comunicado, los abogados recordaron que “el proceso de concurso recién está en sus pasos iniciales”, tras haber finalizado la etapa de verificación y la de impugnación de los créditos.

Reunión del consorcio de acreedores

Desde el estudio indicaron que en la última reunión del consorcio se abordó el pedido de quiebra presentado por el sindicato, analizando sus consecuencias y las posibilidades de garantizar los créditos de sus representados, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores de la empresa.

También se trató el pedido de intervención de la administración presentado por el estudio, que solicita el desplazamiento de los cargos directivos y la promoción de una investigación penal por las actividades desarrolladas durante los últimos diez años. “El tiempo de diez años no es caprichoso, sino que tiene que ver con el plazo de prescripción de ciertas acciones”, explicaron.

En ese marco, el juzgado requirió a Sancor la presentación de un plan de contingencia, en el que deberá detallar su estrategia para salir de la crisis, las asesorías con las que cuenta y las decisiones adoptadas.

“El juez está intentando darle una oportunidad más a la empresa para salir de los pedidos de quiebra, que están muy bien fundados y tienen todas las posibilidades de concretarse”, advirtieron desde el estudio.

Riesgo de quiebra

Regali y Asociados alertó que, de concretarse la quiebra, esta sería de carácter liquidativo. “Así como Sancor Seguros continúa con la ejecución de la hipoteca que mantiene sobre el Centro de Distribución de Buenos Aires, el resto de los acreedores podría avanzar sobre sus créditos especiales, entre ellos la marca, uno de los activos más valiosos de la empresa”, precisaron.

También indicaron que el valor de remate de los bienes “suele ser la mitad o menos”, y que las plantas, como la de Sunchales, tienen tecnología obsoleta y bajo valor de venta. “Hasta el momento hubo un solo interesado en la compra, pero el monto ofrecido fue irrisorio y no alcanzaba para pagar ni el 10% de las deudas”, agregaron.

Irregularidades y falta de respuestas

El estudio remarcó que la intervención de la administración se solicita debido a “las irregularidades que existen en el acontecer diario de la empresa y la falta de información verificable”. Denunciaron que la firma “se maneja de forma autónoma y sin rendir cuentas a la sindicatura”, mencionando como ejemplo la negociación con la empresa Elcor S.A., de la cual el juez y la sindicatura se habrían enterado por los medios.

Asimismo, señalaron “la presentación de 850 recibos apócrifos” .

Por último, manifestaron su preocupación por “la falta de respuesta y la desidia con la que los funcionarios tratan la situación”. “Parece que quieren que la empresa quiebre de una vez por todas. No hay voluntad ni espíritu de lucha, y en esas condiciones es imposible rescatarla. Los directivos no dan señales de vida, y el juez ni siquiera los conoce”, concluyeron.

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Continúa la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales

Confirmaron por la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales.

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Foto: archivo

Un hombre de 32 años, cuyas iniciales son GSP, continuará en prisión preventiva en el marco de una causa en el que está acusado como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego el 13 de junio del año pasado en Sunchales

La medida cautelar fue confirmada por el camarista Cristian Fiz, luego de escuchar a las partes en la audiencia de apelación. La preventiva ya había sido ratificada por otro tribunal en diciembre del año pasado. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5

Castellano sostuvo que “se tuvo en cuenta que ya presentamos la acusación contra el hombre investigado y estamos a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha para el inicio del juicio oral y público”.

Peligros procesales

Castellano sostuvo que “en esta nueva audiencia de apelación, el camarista volvió a coincidir con la Fiscalía en que las evidencias que presentamos en la audiencia de medidas cautelares fueron suficientes para tener por acreditadas la materialidad y la participación del imputado en el hecho ilícito”. En tal sentido, agregó que “el juez de segunda instancia también refirió a la pena en expectativa y dijo que en la acusación solicitamos 13 años de prisión de cumplimiento efectivo”.

El fiscal manifestó que “el juez consideró que ante la proximidad del juicio oral y publico, los riesgos procesales aumentan y podrían hacer que el acusado no se sujete al proceso”.

Con un revólver

Castellano recordó que “el ilícito fue cometido aproximadamente a las 11:30 del jueves 13 de junio del año pasado mientras la víctima caminaba con su novia adolescente por calle Alem al 1.300”. Relató que “luego de perseguirlos desde atrás, el acusado se paró delante de ellos, extrajo un revólver –del que no tenía la debida autorización legal– de su cintura, le apuntó al hombre y le exigió que le entregue sus pertenencias”.

El fiscal manifestó que “mientras la víctima se sacaba la mochila para dársela, el imputado le apuntó a la menor de edad y la amenazó diciéndole que le dispararía con el arma si interfería”.

En tal sentido, agregó que “inmediatamente después, a una distancia aproximada de 50 centímetros, le disparó al rostro del hombre con la clara intención y voluntad de provocarle la muerte”.

El fiscal subrayó que “tras efectuar el disparo, el acusado se fue corriendo del lugar sin haber logrado su objetivo de quitarle la vida a la víctima por razones ajenas a su voluntad debido a la inmediata intervención de personal médico”.

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Crimen en Moisés Ville: libertad para el padre y prisión preventiva para el hijo, acusado de dar la puñalada mortal

Se trata del violento hecho ocurrido el jueves donde un hombre identificado como Gastón Pfaffen fue apuñalado y perdió la vida.

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Foto: Archivo

La justicia resolvió este miércoles la situación procesal de los dos detenidos por el crimen de Gastón Alejandro Pfaffen, de 35 años, ocurrido la semana pasada en Moisés Ville, departamento San Cristóbal.

En la audiencia cautelar realizada en la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal de manera semipresencial, la fiscal Hemilce Fissore imputó a Fabricio Alejandro Battiston (padre) y a su hijo Fabricio Alejandro Battiston, acusados por el delito de homicidio doloso. A través de la plataforma Zoom, el doctor Carlos Farías Demaldé, asistió profesionalmente a la madre y a la esposa de la víctima, que pedirán constituirse como querellantes en la causa. La audiencia contó ademàs con la participación de los abogados Alejandro María Otte, Juan Manuel Lovaiza y Cecilia Andrea Gaitán como defensores de los acusados.

La juez interviniente Gabriel Peralta, dispuso la libertad del padre, mientras que al hijo, de 23 años, le dictó la prisión preventiva, al considerarlo quien presuntamente le habría propinado la puñalada mortal a Pfaffen. Algo que fue reconocido por el propio acusado a travès de su defensor, aunque alegando legítima defensa.

El violento episodio ocurrió en la vivienda de los Battiston, cuando la víctima —que era empleador del hijo— se presentó en el lugar para reclamarle por el incumplimiento de una tarea laboral. En ese marco se habría generado una discusión que terminó de la peor manera, con Pfaffen herido de arma blanca y posteriormente fallecido.

Minutos después del ataque, personal de la Comisaría 3ª detuvo a padre e hijo, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Regional 5.

Con la medida cautelar definida, la fiscal Fissore deberá profundizar la investigación para establecer con precisión las circunstancias del crimen, reunir pruebas y tomar declaraciones que permitan llegar a juicio.

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