Según la acusación, el imputado era pareja de la madre de la víctima y se encontraba a cargo de su cuidado. El niño tenía 6 años al momento de los hechos y cursaba la educación primaria.

El debate es presidido por el juez Gustavo Bumaguin, mientras que por el Ministerio Público de la Acusación interviene la fiscal Favia Burella, quien adelantó que solicitará una pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo, por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la edad de la víctima y por la relación de guarda.

📌 De acuerdo a la acusación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, en reiteradas oportunidades, dentro del domicilio que la familia compartía en la ciudad de Sunchales.

Durante la apertura del juicio se expuso que los episodios se habrían producido cuando la madre del menor se ausentaba del hogar por motivos laborales. Siempre según la imputación, el niño habría sido amedrentado para no relatar lo ocurrido.

El acusado permanece en prisión preventiva desde febrero de 2024, momento en el que se realizó la audiencia de medidas cautelares.

🗓️ El juicio continuará este martes y viernes, y de acuerdo al cronograma de la Oficina de Gestión Judicial, se prevé que el veredicto se conozca la próxima semana.

Por Móvil Quique con información de Rafaela Noticias

La audiencia fue presidida por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero, y estuvo a cargo del fiscal Guillermo Loyola, quien imputó formalmente a Juan A. Z., oriundo de Sunchales, como presunto autor de los delitos de estafas, usurpación de título y falsificación de documento público.

🔍 Según el legajo investigativo, el imputado no sería abogado, aunque habría utilizado documentación y elementos apócrifos para concretar maniobras en perjuicio de vecinos de la localidad.

📌 Detención y elementos secuestrados

La detención se produjo días atrás en la ciudad de Sunchales, y estuvo a cargo de personal de la División Unidad Operativa Federal Rafaela de la Policía Federal Argentina, con sede en barrio Fátima, siguiendo directivas del fiscal interviniente.

Durante el procedimiento se realizó el secuestro de elementos considerados de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, una computadora, documentación y un sello que simulaba pertenecer a un abogado, el cual sería ilegítimo.

⚽ Situación institucional en Unión de Sunchales

Juan A. Z. se desempeñaba como vicepresidente primero del Club Atlético Unión de Sunchales. Tras conocerse la detención, la institución emitió un comunicado oficial, en el que aclaró que los hechos investigados serían de índole personal y que ningún integrante de la Comisión Directiva se encuentra vinculado a la causa.

El club manifestó su respeto al accionar de la Justicia y señaló que aguardará el avance del proceso judicial. Además, informó que, conforme a su Estatuto Social, el cargo será ocupado de manera provisoria por el primer vocal titular, garantizando la continuidad institucional.

El comunicado concluyó reafirmando el compromiso del club con la transparencia, la legalidad y sus valores históricos.

Por Móvil Quique con información de Castellanos

La sentencia surgió tras un juicio oral donde se analizaron documentos, testimonios y la normativa vigente. El magistrado concluyó que Bertoglio incurrió en conductas que vulneraron los deberes propios del cargo, al intervenir en actividades privadas incompatibles con su rol público.

Sin embargo, la pena no implica prisión efectiva, sino que queda en suspenso, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta durante el plazo fijado en la sentencia.

El juez enfatizó que la condena se centra en el uso indebido de la función pública y en la afectación a los principios de transparencia y legalidad, más allá de cualquier resultado económico. La resolución no es una absolución ni un acuerdo, sino una decisión del tribunal basada en el análisis del mérito de la causa.

Aunque la decisión ya quedó firme en esta instancia, las partes podrían presentar recursos ante tribunales superiores. La causa reaviva el debate sobre los límites entre función pública y actividades privadas y la necesidad de estricto cumplimiento de las normas estatales.

Por Móvil Quique con información de Rafaela Informa