En una audiencia desarrollada este martes 15 de octubre en los tribunales de Rafaela, el juez Nicolás Stegmayer resolvió otorgar la libertad bajo medidas alternativas a Alan Nahuel Ledesma, imputado en una causa por amenazas simples y estafa.

La audiencia, que tuvo lugar en la Sala 2 de la Oficina de Gestión de Audiencias del Distrito Judicial Nº 5, contó con la intervención del fiscal Juan Manuel Puig y del abogado defensor José María Silvela, quienes acordaron las condiciones de la libertad.

Según la resolución, Ledesma deberá fijar domicilio en Humberto Primo, firmar semanalmente en la comisaría de su jurisdicción y someterse a tratamiento médico por una afección que presenta. Además, el juez dispuso la prohibición de ingresar a la ciudad de Sunchales y de mantener contacto con víctimas o testigos vinculados a la causa.

Durante la audiencia, el imputado se comprometió a cumplir con todas las medidas impuestas por el tribunal.

La decisión judicial fue registrada en video conforme al protocolo vigente y se enmarca en una revisión de la medida cautelar solicitada por las partes.

Fuente: Rafaela Informa

Un estremecedor episodio de violencia de género ocurrido en Humberto 1º derivó en la prisión preventiva sin plazo para un hombre de 32 años identificado por sus iniciales M.R.M., acusado de intentar matar a su expareja. La medida fue dispuesta por el juez Gustavo Bumaguin, tras el pedido del fiscal Martín Castellano, integrante de la Sección Especial Homicidios del MPA, durante una audiencia desarrollada en los tribunales de Rafaela.

Según la investigación, el hecho ocurrió el domingo 5 de octubre, cuando el agresor ingresó por una ventana a la vivienda de la víctima, sin autorización. Una vez adentro, rompió la puerta de la habitación donde la mujer dormía y la atacó violentamente.

De acuerdo al relato del fiscal, el acusado la sujetó del cuello con el cable de un ventilador, intentando asfixiarla. Luego la empujó al suelo, provocando que la víctima golpeara su cabeza y perdiera el conocimiento. La rápida asistencia médica evitó un desenlace fatal.

“El ataque fue con pleno conocimiento del riesgo mortal de sus acciones y en un contexto sostenido de maltrato”, sostuvo Castellano, al remarcar que no se trató de un hecho aislado, sino de una secuencia de violencia previa ejercida contra la mujer.

El fiscal también subrayó la gravedad del caso y los riesgos procesales: “El imputado no demostró arraigo, no tiene domicilio fijo y podría influir en la víctima o en los testigos si permaneciera en libertad”.

Por su parte, el juez coincidió en que la expectativa de pena es de cumplimiento efectivo, dado el carácter violento del hecho y la calificación atribuida por la Fiscalía.

El hombre fue imputado como autor del delito de tentativa de homicidio doloso doblemente agravado, por el vínculo con la víctima y por mediar violencia de género (femicidio en grado de tentativa).

El caso sacude nuevamente a la región y reaviva la urgencia de reforzar políticas de prevención y acompañamiento a víctimas de violencia de género.

Fuente: Rafaela Informa

La Empresa de Servicios Jurídicos Regali y Asociados brindó detalles sobre el estado actual del proceso concursal de Sancor, aclarando que la información difundida está vinculada a su participación directa en el conflicto.

En el comunicado, los abogados recordaron que “el proceso de concurso recién está en sus pasos iniciales”, tras haber finalizado la etapa de verificación y la de impugnación de los créditos.

Reunión del consorcio de acreedores

Desde el estudio indicaron que en la última reunión del consorcio se abordó el pedido de quiebra presentado por el sindicato, analizando sus consecuencias y las posibilidades de garantizar los créditos de sus representados, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores de la empresa.

También se trató el pedido de intervención de la administración presentado por el estudio, que solicita el desplazamiento de los cargos directivos y la promoción de una investigación penal por las actividades desarrolladas durante los últimos diez años. “El tiempo de diez años no es caprichoso, sino que tiene que ver con el plazo de prescripción de ciertas acciones”, explicaron.

En ese marco, el juzgado requirió a Sancor la presentación de un plan de contingencia, en el que deberá detallar su estrategia para salir de la crisis, las asesorías con las que cuenta y las decisiones adoptadas.

“El juez está intentando darle una oportunidad más a la empresa para salir de los pedidos de quiebra, que están muy bien fundados y tienen todas las posibilidades de concretarse”, advirtieron desde el estudio.

Riesgo de quiebra

Regali y Asociados alertó que, de concretarse la quiebra, esta sería de carácter liquidativo. “Así como Sancor Seguros continúa con la ejecución de la hipoteca que mantiene sobre el Centro de Distribución de Buenos Aires, el resto de los acreedores podría avanzar sobre sus créditos especiales, entre ellos la marca, uno de los activos más valiosos de la empresa”, precisaron.

También indicaron que el valor de remate de los bienes “suele ser la mitad o menos”, y que las plantas, como la de Sunchales, tienen tecnología obsoleta y bajo valor de venta. “Hasta el momento hubo un solo interesado en la compra, pero el monto ofrecido fue irrisorio y no alcanzaba para pagar ni el 10% de las deudas”, agregaron.

Irregularidades y falta de respuestas

El estudio remarcó que la intervención de la administración se solicita debido a “las irregularidades que existen en el acontecer diario de la empresa y la falta de información verificable”. Denunciaron que la firma “se maneja de forma autónoma y sin rendir cuentas a la sindicatura”, mencionando como ejemplo la negociación con la empresa Elcor S.A., de la cual el juez y la sindicatura se habrían enterado por los medios.

Asimismo, señalaron “la presentación de 850 recibos apócrifos” .

Por último, manifestaron su preocupación por “la falta de respuesta y la desidia con la que los funcionarios tratan la situación”. “Parece que quieren que la empresa quiebre de una vez por todas. No hay voluntad ni espíritu de lucha, y en esas condiciones es imposible rescatarla. Los directivos no dan señales de vida, y el juez ni siquiera los conoce”, concluyeron.

Fuente: Sin Mordaza