Un buque antártico británico que zarpó desde las Islas Malvinas y navegó por aguas jurisdiccionales argentinas rumbo al puerto chileno de Punta Arenas provocó una alerta en las autoridades navales que activó los mecanismos correspondientes para la aplicación del Decreto 256/2010 que establece la necesidad de contar con autorización nacional para atravesar el mar argentino en dirección a puertos ubicados en el archipiélago en disputa.

Se trata de un buque insignia del British Antarctic Survey bajo registro ilegítimo en las islas Malvinas, que tiene la función de ser un rompehielos y laboratorio flotante y habría cumplido su segunda expedición por la Antártida, tras salir del Reino Unido el 22 de noviembre de 2022.

La Cancillería tomó conocimiento, a través de un informe de la Prefectura Naval Argentina, de la recalada del buque antártico británico, SSR Sir David Attenborough en el puerto de Punta Arenas (Chile), ocurrida el 21 de enero del corriente año, indicaron a Télam fuentes de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Frente al hecho, según informaron desde el organismo que encabeza Guillermo Carmona, la Cancillería se concentró en constatar si la República de Chile había cumplido con el compromiso dispuesto en la «Declaración de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados sobre buques que enarbolan la bandera ilegal de las Islas Malvinas», adoptada en Montevideo (Uruguay) el 20 en diciembre de 2011.

Esa declaración los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados «reiteraron el compromiso oportunamente asumido de adoptar, de conformidad con el Derecho Internacional y sus respectivas legislaciones internas, todas las medidas susceptibles de ser reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las Islas Malvinas.

Alertada por la Prefectura Argentina sobre el incidente, la Cancillería solicitó de inmediato información al respecto al Consulado argentino en Punta Arenas, cuyas autoridades «pudieron constatar que el buque enarbolaba pabellón rojo británico y que, por lo tanto, no se había quebrantado el referido compromiso».

Por otro lado, en el regreso del buque británico a las islas Malvinas la Prefectura Nacional Argentina activó los mecanismos correspondientes para la aplicación del Decreto 256/2010, firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, que establece la necesidad de contar con autorización nacional para atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a puertos ubicados en las islas Malvinas, Georgias del Sur o Sandwich del Sur y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente.

El RRS Attenborough no solo incumplió ese paso necesario, sino que permanece registrado en Puerto Stanley bajo la bandera ilegítima de las «Islas Falkland», según indicaron a esta agencia fuentes de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Al respecto, recordaron que el «ilegítimo registro del buque» ha sido rechazado por el Gobierno argentino en reiteradas oportunidades y recientemente en una nota del 8 de marzo de 2022 la Cancillería manifestó que «el hecho de que los medios logísticos del BAS (British Antarctic Service) se encuentren inscriptos en registros no reconocidos por el gobierno argentino no está en línea con el espíritu de cooperación del Tratado Antártico», situación que imposibilita la cooperación bilateral entre el BAS y el Instituto Antártico Argentino (IAA).

El buque rompió con el espíritu de cooperación del Tratado Antártico

Tal cooperación había sido acordada, en el marco del Comunicado Conjunto del 13 de setiembre de 2016 (conocido como Foradori-Duncan), mediante el memorando de Entendimiento entre el Instituto Antártico Argentino y el British Antartic Survey celebrado el 14 de mayo de 2018 por la gestión macrista.

En 2016, los entonces vicecancilleres de Argentina y Reino Unido, Carlos Foradori y Alan Duncan, firmaron un comunicado conjunto en el que se buscaba revitalizar la relación bilateral, en base a «remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas», entre otros puntos.

El arribo del Frente de Todos a la Casa Rosada en 2019 cambió ese escenario, al asumir el polémico acuerdo Foradori-Duncan como una concesión a la ocupación británica en las Islas Malvinas.

Para continuar con la vigencia del memorando de entendimiento, la Argentina reclamó al Reino Unido que se modificara el registro de toda la flota con asiento en Malvinas, pedido que no tuvo respuesta y, por lo tanto, en abril de 2022, la Casa Rosada lo dio por terminado.

En relación a la navegación de la embarcación británica por el Estrecho de Magallanes, desde la Secretaría que dirige Carmona indicaron que «corresponde tener presente lo que indica la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), instrumento que nuestro país ha ratificado en 1995, y que establece las condiciones para el derecho de paso inocente de buques por el mar territorial y la navegación en la Zona Económica Exclusiva.

Dicha Convención permite el libre tránsito de un buque de cualquier país por aguas argentinas, siempre que lo haga como paso inocente, es decir en las condiciones fijadas en el Derecho del Mar, situación exceptuada para cualquier embarcación que provenga o vaya hacia las Islas Malvinas.

Ante el incidente detectado, «el estado argentino actuó de acuerdo a la legislación nacional vigente y del Derecho del Mar», apuntaron las fuentes de la Secretaría.

Así, a través del sistema de guardacostas; y con apoyo de la Armada Argentina, se realizó el trazado y seguimiento del buque científico y se les notificó acerca de las irregularidades.

El episodio con el buque británico fue aprovechado por la oposición, bajo la forma de un proyecto de pedido de informes sobre los «movimientos irrestrictos» del buque británico RRS «Sir David Attenborough», con «bandera ilegal de las islas Falkand», entre Puerto Argentino y Punta Arenas y «el apoyo logístico implícito a dicha operación prestado por el Gobierno de la República de Chile» fue presentado hoy en la Cámara de Senadores de la Nación.

El proyecto lleva la firma de los representantes de Tierra del Fuego, Pablo Blanco; y de Santa Cruz, María Belén Tapia, ambos de Juntos por el Cambio.

«Ahora se rasgan las vestiduras. No recuerdan que su gobierno acordó una cooperación antártica con la participación del RRS Attenborough. Nosotros aplicamos estrictamente la legislación argentina, no hacemos lo que hicieron el gobierno de Macri»,

Fuente: Minuto Uno