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Investigan en Salta el caso de 66 peones wichis esclavizados
Habían sido llevados a las fincas dedicadas a la producción cítrica. Apuntan a un empresario del sector como el responsable.
Trabajo a destajo, pésimas condiciones habitacionales y atraso en el pago de los jornales: en esas condiciones fueron encontrados en Salta 66 trabajadores formoseños de la comunidad wichi en una serie de allanamientos. Habían sido llevados a las fincas dedicadas a la producción cítrica, especialmente de limones para exportación.
Pero la empresa que los «contrata», según explicó a Télam Germán Ferrari, el subdelegado de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) tiene sede en la provincia de Tucumán y hay un nombre detrás de todos los incumplimientos a las más básicas leyes laborales: el empresario citrícola Pablo Padilla.
El primero de mayo, para el día del trabajador, Ferrari ya lo había cruzado en una entrevista: «Sería muy bueno que comience a cumplir con lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo, como por ejemplo, el jornal garantizado, entre otras obligaciones que no se están cumpliendo. La verdad es que hoy los trabajadores están en condiciones indignas, donde muchos empresarios no garantizan siquiera la higiene en la finca o baños y no cumplen con lo que ellos mismos firman”, manifestó.
«Padilla es responsable no sólo de este hecho que está en la justicia, su práctica habitual es la falta de pago y fue por esa denuncia de los trabajadores que saltó en qué condiciones estaban trabajando en Salta», dijo a Télam este hombre que desde hace años se enfrenta al poder de este empresario citrícola «que terciariza los servicios», afirmó este martes.
A partir de una investigación de la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta se pudo echar luz sobre este caso tras dos operativos relámpago y simultáneos.
Uno en una finca ubicada en la localidad de El Galpón, donde había 21 trabajadores pertenecientes a la comunidad Colonia Aborigen Estanislao del Campo, de Formosa.
El otro operativo fue en un edificio en construcción en la localidad de Metán, que habría sido usado como “hotel”; allí unos 45 trabajadores “vivían en condiciones deplorables, ya que el lugar no contaba con las condiciones mínimas e indispensables para su alojamiento, exponiéndolos a las inclemencias climáticas, a una extrema carencia alimenticia y de servicios básicos”, según informó la Policía de Salta.
Fuente: Telam.
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Pánico en Salta: hallan un yacaré de 1,5 metros en el cementerio
Un episodio tan inusual como inquietante se registró al amanecer del viernes en la ciudad salteña de Embarcación: empleados del Cementerio Ferroviario encontraron un yacaré de aproximadamente un metro y medio desplazándose entre los pasillos del predio, lo que activó un operativo policial y ambiental para capturarlo y resguardarlo.
Según relató el encargado del cementerio, Juan Carlos Pallares, el reptil reaccionó con notable agresividad al acercarse, por lo que dieron aviso inmediato a la Policía y a la División Rural y Ambiental. Los efectivos lograron asegurar al animal y trasladarlo a una zona segura para su posterior liberación en un ambiente adecuado.
El hecho llamó la atención de los empleados, ya que no hay cursos de agua ni lagunas cercanas que pudieran servir como hábitat natural. “Creemos que alguien los está criando de forma ilegal”, señaló Pallares.
La preocupación vecinal aumentó al confirmarse que no es la primera aparición de este tipo en la localidad: semanas atrás, otro yacaré fue hallado en el municipio. Esto refuerza la hipótesis de un posible criadero clandestino, actualmente bajo investigación por las autoridades ambientales, ya que se trata de una especie protegida.
Mientras se determina el origen del reptil, el animal permanecerá bajo vigilancia técnica antes de ser reinsertado en su hábitat natural. “El cementerio está completamente cercado y no entendemos cómo llegó hasta acá”, agregó Pallares, consciente del temor que este tipo de hallazgos genera entre los habitantes.
Por Móvil Quique con datos de Cadena 365
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Fabiola Yañez sorprendió a todos con su retorno y dejó muchas deudas sin pagar en Madrid
La ex primera dama no le avisó a sus amigos, abogados ni jefes
La inesperada partida de Fabiola Yañez dejó desconcierto, contradicciones y algunos asuntos sin resolver en España. La ex primera dama se subió al avión rumbo a Buenos Aires sin contarle a su círculo de amistades sobre su mudanza. Tampoco lo sabían sus abogados ni sus jefes. Quedaron en la capital española algunas cuestiones pendientes, como una deuda por servicios impagos y una demanda judicial en los tribunales de Madrid que ella misma abrió contra Alberto Fernández por violencia de género, según se pudo reconstruir de distintas fuentes.
“¿Tú sabes qué pasó con Fabiola?”, pregunta uno de sus amigos ante el llamado de este diario. Y comenta, asombrado, que se preparaban para asistir a la boda de Cayetano Martínez de Irujo, el hijo de la Duquesa de Alba, que se celebró a principios de mes en Sevilla. Ella había sido invitada por la novia, pero, para sorpresa de sus amigas, nunca asistió. Yañez borró su foto del WhatsApp y desde que viajó a Argentina no responde sus mensajes. La boda, que fue portada de la revista ¡Hola!, era un evento importante para su plan de inserción en el jet set español, coinciden las fuentes.
El viaje sorprendió a todos: sus abogados argentinos recibieron el mensaje de Yañez cuando ya estaba arriba del avión. Ella aseguraba que había decidido volver a Buenos Aires por diez días para resolver un problema familiar, pero la estadía se extendió. Mariana Gallego, su abogada, renunció a distintas causas civiles que le tramitaba. Mauricio D’Alessandro todavía la representa en el expediente por violencia de género que se instruye en Comodoro Py.
El periodista español Eduardo Inda, el jefe de Redacción de OKdiario, el medio donde ella tenía una columna de moda, también recibió el mensaje de Yañez desde Buenos Aires. La vinculación laboral con la ex primera dama se terminó cuando desde el diario español de ultraderecha percibieron que ella podía acercarse a Alberto Fernández.
“No entendemos qué ha pasado. Ella siempre decía que su hijo no podía crecer en la Argentina porque iba a ser estigmatizado por la figura de su padre”, repite sin explicación otro de sus amigos en Madrid en una conversación telefónica. Algo similar había dicho Yañez en una entrevista con el diario La Nación, el pasado 23 de marzo:
-Alberto Fernández pidió que su hijo vuelva a vivir a la Argentina, ¿es una posibilidad que evalúa?
-No. No es la vida que quisiera darle a mi hijo. Tampoco quisiera que mi hijo pasara por algunas situaciones traumáticas como las que yo tuve que pasar. Como, por ejemplo, encontrarte en un restaurante con una persona tirada en el piso con un charco de sangre por una pelea callejera.
-¿Lo dice por la pelea que tuvo Fernández en un restaurante?
-Sí. Yo no quisiera que mi hijo viva esas situaciones, porque eso va a suceder. Cuando esta persona no ejercía ningún cargo yo ya le tenía pánico: en los aeropuertos caminaba diez metros adelante de él porque sabía que seguro se iba a pelear con alguien. Yo no voy a permitir esa vida para mi hijo. Aparte, ¿cuál es el sentido de que mi hijo viva en la Argentina cuando él ni siquiera puede salir a la calle?

La negociación
Pero la situación cambió en seis meses. Recién llegada a Buenos Aires, Yañez negocia ahora con Fernández el alquiler de un departamento con amenities, servicio doméstico y la cuota del colegio de su hijo. Desde el entorno del expresidente habrían aceptado esas condiciones y le habrían ofrecido tres años de contrato, reconstruyó la prensa de fuentes judiciales. Yañez reclama que ese acuerdo se extienda por 15 años, es decir, hasta que su hijo cumpla la mayoría de edad. La ex primera dama percibe actualmente ?por orden de la Justicia? una suma cercana a los $6 millones mensuales, que se solventan con la jubilación de privilegio del expresidente.
Mientras tanto, las causas judiciales por violencia de género continúan en trámite tanto en Buenos Aires como en Madrid. Su procesamiento fue confirmado en Comodoro Py, pero el juez Julián Ercolini fue desplazado, a pedido de Fernández, por la Cámara de Casación. La resolución fue apelada este miércoles por la defensa de la ex primera dama.
En España, Yañez había presentado una demanda hace ocho meses en los tribunales de Madrid contra el expresidente, que reclamaba el regreso de su hijo a la Argentina a través de distintos exhortos. La ex primera dama volcó en ese expediente documentación que acreditaba que el centro de vida de su hijo Francisco estaba en la capital española.
El último movimiento de esa causa ocurrió hace pocos días, el pasado 6 de octubre, cuando la justicia madrileña dictó una resolución que determinó que el caso sea instruido por el juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 10, es decir, un tribunal especializado en la materia. Ellos tampoco sabían que Yañez ya había regresado a la Argentina.
Fuente: La Nación
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Alerta: la Anmat prohibió la venta y consumo de famosa golosina elaborada en Tucumán
La medida alcanza a la “Golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly”, fabricada por PEPO S.R.L. en Tucumán.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición en todo el territorio nacional de la elaboración, fraccionamiento y comercialización de una golosina tucumana por presentar irregularidades en su rotulado y carecer de los registros sanitarios correspondientes.
Se trata del producto “Golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly”, elaborado y envasado por la firma PEPO S.R.L., con domicilio en Banda del Río Salí, Tucumán.
Un producto con registros falsos
La medida, oficializada este jueves a través de la Disposición 7834/2025, fue tomada luego de una investigación iniciada por la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de la provincia de Córdoba, en el marco de un programa de monitoreo.
Según se detalla en el documento publicado en el Boletín Oficial, las autoridades cordobesas detectaron la comercialización del producto cuestionado en un establecimiento local y realizaron la correspondiente toma de muestras, conforme al artículo 14 de la Ley Nacional de Alimentos N° 18.284 y su decreto reglamentario N° 2126/71.
El análisis de laboratorio arrojó un resultado “no conforme”, ya que tanto el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) N° 04030478 como el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 04003785, que figuraban en el envase, no existen en los registros oficiales.
En consecuencia, la Dirección de Control de Córdoba resolvió prohibir la elaboración, publicidad, comercialización y distribución de la “Gallinita Orly” en todo el territorio provincial, por tratarse de un producto ilegal y falsamente rotulado.
El hallazgo fue comunicado a la ANMAT a través del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA), dependiente del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), mecanismo que permite coordinar la acción de las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones.

Prohibición nacional y alcance de la medida
Tras evaluar la situación, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) concluyó que el producto infringía varias normas vigentes, entre ellas los artículos 3° de la Ley N° 18.284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71 y los artículos 6 bis y 13 del Código Alimentario Argentino (CAA).
En su resolución, la ANMAT señaló que, al no poder identificarse de manera fehaciente el origen del producto ni el establecimiento que lo elaboró, no puede ser fabricado ni comercializado en ninguna parte del país, conforme a lo previsto por el artículo 9°, inciso II, de la Ley de Alimentos.
Por esta razón, el organismo resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento, distribución y venta —incluidas las plataformas de comercio electrónico— de la golosina en cuestión, en cualquier presentación, lote o fecha de vencimiento.
La disposición también alcanza a todos los productos que exhiban en sus rótulos los números de RNE 04003785 y/o RNPA 04030478, ya que se presume que también son productos apócrifos.
La medida fue firmada por la administradora nacional de ANMAT, Nélida Agustina Bisio, quien ordenó además comunicar la resolución a las autoridades sanitarias de todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a la Dirección de Prevención, Vigilancia y Coordinación Jurisdiccional del INAL para su seguimiento.
Fuente: El Litoral
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