Susana Zenteno, intendenta de Valle Viejo, en la provincia de Catamarca, tiene una denuncia penal en su contra y un pedido de juicio político que busca firmas en su ciudad, luego de haber abandonado sus funciones desde el 22 de mayo. Su ausencia se hizo notoria en los actos por el 25 de mayo que organizó el municipio a su cargo, pero se convirtió en una discusión política para la localidad cuando comenzó a circular una historia de Instagram de una de sus hijas con una playa de fondo.

Ante la falta de explicaciones de su paradero, la producción de la emisora local, Radio Valle Viejo, se comunicó con el hotel Iberostar de República Dominicana, y la recepcionista confirmó que tanto Susana Beatriz Zenteno, como su hija, Marianela Sosa Zenteno -que también es funcionaria municipal- se encontraban hospedadas allí.

Ante la repercusión que tomó el episodio, los dirigentes opositores a la gestión de Zenteno en Valle Viejo no tardaron en redactar pedidos de informes y presentaciones de distinto tipo para exigir que la intendenta, de extracción peronista, explique su situación.

El presidente de la Juventud Radical en Catamarca, Ángel Barrios, decidió acudir directamente a la Justicia provincial. El joven entendió que la funcionaria incumplió con sus deberes de funcionaria pública al dejar acéfalo el Poder Ejecutivo de la Ciudad sin realizar las formalidades que la ley exige. También consideró en su escrito que “la naturaleza y el costo del viaje generan razonables sospechas sobre el origen de los fondos utilizados”, por lo que también pidió que se la investigue por malversación de fondos públicos y presunto enriquecimiento ilícito.

El escándalo en la comuna escaló con las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante, Lucas Cisterna, quien aseguró que nunca le avisaron que la intendenta estaba de viaje. “Nos dijeron que estaba enferma”, indicó en declaraciones a los medios locales.

En efecto, se conoció una nota firmada por una colaboradora de la intendenta Zenteno, en la que notifican al concejal Cisternas que debía hacerse cargo del Ejecutivo municipal debido a una “indisposición sobreviniente”. Allí se le indica al edil que debía ejercer tales funciones hasta este jueves.

Cisternas se mostró incómodo por la situación. “El día sábado a la tarde me llamaron por teléfono diciéndome que la señora intendenta estaba enferma, que no podía asistir al desfile del domingo”, dijo Cisternas.

Barrios, como denunciante, amplió su acusación: en su escrito sostuvo que Cisternas y todos los funcionarios que estaban al tanto de la ausencia, supuestamente irregular, de Zenteno, debían denunciar la situación a incurrirían en un “encubrimiento”.

La comunicación que recibió el concejal Cisternas, sobre la ausencia de la intendenta Zenteno

Además, como parte de la presentación, se conoció un registro de la dirección de migraciones en donde consta que la intendenta salió del país, desde la provincia de Córdoba, el 22 de mayo al mediodía.

La difusión del episodio generó una polémica en la ciudad, de 35 mil habitantes, en la que aún no se conoció la versión de la propia Zenteno.

Sí esbozó una defensa de la situación uno de sus funcionarios. Se trata del secretario general del municipio, Rolando Contreras, quien confirmó el viaje de la intendenta aunque dijo que se trató de sus vacaciones, negando que esto represente una irregularidad.

“La intendenta hizo uso del derecho a un receso laboral”, dijo Contreras en declaraciones que reproduce el diario local El Ancasti. Luego justificó la desprolijidad en su salida al afirmar que “se olvidó” de firmar el decreto para que el presidente del Concejo Deliberante la reemplace transitoriamente en sus funciones.

“El decreto que comunicaba el traspaso no fue rubricado antes del viaje por una omisión. Se olvidó ella de firmarlo o alguna de sus asistentes de hacerlo firmar, lo cierto es que se fue y se olvidó de firmar”, indicó Contreras en el mismo medio.

Luego quejó de las repercusiones que tuvo el caso. “Eso no es un delito o un acto ilícito”, afirmó.

Fuente: Infobae

En el marco del Día del Ejército, el Gobierno Nacional, a través del vocero Manuel Adorni, anunció la «reconstrucción» del Servicio Militar Voluntario, que alcanzará a jóvenes de entre 18 y 28 años para avanzar en la formación de «oficios concretos».

«Hay que inculcar los altos valores que siempre caracterizaron a las Fuerzas Armadas», argumentó el funcionario, y precisó: «El Servicio Militar Voluntario formará y certificará a los voluntarios en oficios concretos como cocinas, tallEl Servicio Militar Voluntario será implementado por el Ministerio de Defensa, que lidera Luis Petri, en coordinación el de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

«De ahora en más, funcionará un programa educativo y de capacitación para que todo soldado voluntario pueda completar su educación obligatoria», puntualizó Adorni.

En la misma línea, el legislador electo por CABA afirmó: «Quien sirve al país debe tener también las herramientas para desenvolverse con dignidad cuando termine su servicio».

«Con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencias, se incrementaron las semanas de instrucción militar inicial y se amplió la formación en tareas de defensa, en emergencias y respuesta ante catástrofes, como inundaciones o incendios», detalló.

«Altos valores»

Si bien evitó precisar detalles, Adorni aseveró que el propósito del nuevo servicio militar de carácter voluntario es «inculcar en los jóvenes argentinos los altos valores que siempre caracterizaron a las Fuerzas Armadas: el esfuerzo, el valor, la disciplina y el amor por nuestra Nación».

«Todos los que sientan el fuego sagrado de representar a nuestras fuerzas y servir a la patria son bienvenidos», concluyó.

El Servicio Militar Voluntario existe en nuestro país desde 1994. Fue creado por la ley 24.429, promulgada tras la discusión popular que surgió tras el fallecimiento del conscripto Omar Carrasco en el regimiento de Zapala, provincia de Neuquén. Su muerte fue el resultado de torturas y abuso por parte de miembros del Ejército, y el caso fue crucial para la eventual abolición del Servicio Militar Obligatorio en Argentina.

Este anuncio, por lo tanto, se plantea en el marco de un «relanzamiento» o «reconstrucción» del servicio.

«Acompañar el crecimiento de una Argentina más fuerte»

El relanzamiento tiene lugar tras las jornadas de trabajo que realizaron los equipos correspondientes a los ministerios de Defensa y Capital Humano con el objetivo de «mejorar» el servicio.

A través de su cuenta de X, Petri anticipó en enero de este año: «Estamos reconstruyendo un Servicio Militar Voluntario de excelencia para que nuestros jóvenes tengan más capacidades: instrucción militar moderna para defender a la Patria, ampliación y formación de reserva, terminalidad educativa obligatoria y capacitación continua para potenciar sus habilidades laborales».

Agregó que «con Javier Milei liderando el cambio, nuestras Fuerzas Armadas se preparan para acompañar el crecimiento de una Argentina más fuerte».

También detalló que «desde el Ministerio de Defensa mejoraremos el Servicio militar voluntario con una instrucción integral moderna y, junto con la ministra Sandra Pettovello y el Ministerio de Capital Humano brindaremos todas las posibilidades para la terminalidad educativa de nuestros soldados».

Según especificó el ministro, los requisitos para la inscripción son «ser ciudadano argentino nativo por opción, séptimo grado aprobado, estado civil soltero, aprobar un examen psicofísico, y el curso de admisión».

Por su parte, la prestación garantizará «capacitación, educación e instrucción para desempeñarse dentro del Sistema de Defensa Nacional, cubrimiento de obra social y seguro de vida, certificación de la capacidad laboral u oficio adquirido durante su permanencia en servicio, los años de Servicio Militar Voluntario serán bonificables para el cómputo de los años de jubilación». (DIB) MMeres mecánicos o tareas de vigilancia».

Fuente: El Fenix Digital

El diputado del PRO, Gerardo Millman, denunciará este miércoles a la expresidenta Cristina Kirchner por presunto «autoatentado» en referencia al intento de magnicidio contra ella ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Millman es acusado por los abogados de la actual titular del Partido Justicialista (PJ) de estar involucrado en el hecho.

«Pronto va a salir a la luz quién le puso la pistola en la mano a Fernando Sabag Montiel», anunció Milman en una entrevista. El diputado está imputado en una causa conexa, luego de que un testigo afirmara haberlo escuchado decir que iba a estar «en camino a la costa» cuando mataran a Cristina Kirchner. Esta afirmación habría sido dicha dos días antes del intento de magnicidio.

Millman siempre negó haber dicho eso. Ahora, denunciará a la expresidenta en los Tribunales de Comodoro Py en el barrio porteño de Retiro, según Noticias Argentinas.

No trascendió el contenido de la presentación judicial.

En agosto de 2022 Millman presentó un proyectos de resolución para pedir información sobre la custodia sobre la expresidenta, a quien acusaba de exagerar el número de miembros de la policía para «victimizarse» e eludir las causas judiciales en su contra.

Actualmente, se está llevando adelante el juicio por el intento de magnicidio contra Fernando Sabag Montiel, quien gatilló sin éxito a la expresidenta, y quien entonces era su pareja Brenda Uriarte, ambos vinculados con la agrupación de extrema derecha Revolución Federal.

Los últimos avances en las dos causas paralelas vinculadas al atentado a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner abonaron las acusaciones de sus abogados. Un peritaje confirmó que Caputo Hermanos pagaron sobreprecios al líder de Revolución Federal (RF) y nuevos testimonios debilitan las sospechas sobre el posible rol de la Policía Federal en el magnicidio fallido.

Desde el primer momento, los abogados de Cristina Kirchner pidieron que la investigación sobre el intentado de asesinato en su contra avance sobre los autores intelectuales y no se quedara en los materiales. Entre otras cuestiones, pidió que se indagará en los posibles financistas de la organización de ultraderecha RF, la cual habría tenido fuertes vínculos con Fernando Sabag Montiel, la persona que gatilló sin éxito sobre el rostro de la expresidenta.

La jueza que lleva la causa sobre el intento de magnicidio, María Eugenia Capuchetti, comenzó el 25 de abril una ronda de declaraciones testimoniales de agentes que instruyeron un sumario interno contra dos policías. Tanto Capuchetti como el diputado del PRO Gerardo Milman sembraron dudas sobre el rol de la Federal. Apuntan que fueron responsables, entre otras cuestiones, de borrar el contenido del celular del Sabag Montiel.

Sandra Judith Carral Leiva, comisaria mayor de la Dirección General de Investigaciones Internas de la PFA, fue una de las personas que prestaron su testimonio. Ante la jueza aseguró que ni ella ni otros policías fueron presionados para direccionar las actuaciones administrativas.

Fuente: Contexto Tucumán