Acusan al intendente de Rojas, provincia de Buenos Aires, Román Bouvier, de hacer campaña en una escuela de su distrito con la distribución de cartelería oficial, lo que provocó el repudio de concejales opositores que pidieron la intervención de Junta Electoral.

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, el director de la institución parroquial San José, Amilcar Marchetto, es concejal suplente de Bouvier, lo que agravó el panorama para el jefe comunal del municipio bonaerense.

Tres fuentes consultadas por NA en el Concejo Deliberante de la Ciudad coinciden en que la cartelería que ingresó a la escuela fue infiltrada dentro de una bolsa que fue otorgada a los estudiantes por un integrante de la Juventud Radical de Rojas y funcionario de Bouvier, Nahuel Piedecasas.

En las imágenes difundidas se ven a los jóvenes mostrando afiches oficiales de Hechos que llevan la frase «votá la lista de Román» y otros con el logo de la Unión Cívica Radical, partido que gobierna Rojas desde el 2015 con varias sospechas de presunta corrupción, principalmente, con la frustrada concreción de un Parque Industrial en la gestión de su antecesor, el diputado provincial Claudio Rossi.

Bouvier, que coqueteó hasta último momento con el radicalismo de Miguel Fernández, nucleado en Somos Buenos Aires, terminó sellando una alianza con Hechos de Manuel Passaglia, quien encabeza la lista de diputados provinciales, en la Segunda Sección Electoral.

Fuente: NA

El gobierno de Estados Unidos protagonizó un grave traspié diplomático con la Argentina la semana pasada, al cancelar de forma inesperada la firma de un acuerdo de exención de visas mientras una delegación de altos funcionarios argentinos ya se encontraba en pleno viaje a Washington para la ceremonia.

Según supo Noticias Argentinas, en base a un artículo del periodista Marc Caputo en el sitio estadounidense Axios, la comitiva argentina, encabezada por el titular de la agencia de aduanas y recaudación (ARCA), Juan Pazo, fue notificada de la cancelación cuando hacía una escala en Miami.

La delegación fue informada de que no debía continuar su viaje a Washington porque al acuerdo le «faltaba una firma». Además, en ese momento se le comunicó que el Departamento de Estado, conducido por Marco Rubio, tenía preocupaciones por el escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Javier Milei y deseaba tener más conversaciones al respecto antes de avanzar. Tras pasar dos días varada en Miami, la delegación argentina debió regresar al país con las manos vacías.

El artículo de Axios atribuye el «papelón» a una falta de comunicación interna en el gobierno estadounidense, señalando que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, impulsó el acuerdo sin la debida coordinación previa con el Departamento de Estado, lo que forzó la cancelación a último momento.

Un alto funcionario de la administración estadounidense, en condición de anonimato, calificó el hecho de bochornoso: «Digamos que no fue una gran imagen la que dimos… Es vergonzoso». Como parte del acuerdo que quedó trunco, Argentina se había comprometido a reemplazar los sistemas informáticos de origen chino en sus aduanas por tecnología estadounidense.

Fuente: NA

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reaccionó con dureza luego de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del Presidente, y denunció que se trata de una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia, comandada por el kirchnerismo.

Según Bullrich, la Casa Rosada y la Presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas que permanecieron ocultas durante más de un año y fueron difundidas ahora como un misil político en plena campaña electoral.

Un ataque directo a la democracia

La ministra aseguró que esto no se trata de una simple filtración, sino de un ataque planificado a la democracia argentina, con todas sus etapas: la grabación, la espera prolongada y la difusión en el momento electoral, en lo que definió como una operación diseñada para intentar retroceder en los avances del país.

Bullrich recordó su experiencia durante el caso de Santiago Maldonado en 2017, cuando también era ministra de Seguridad. Aseguró que entonces se inventaron audios, testigos y una historia completa con el objetivo de dañar al gobierno, y señaló que ahora se estaría repitiendo el mismo método.

Cloacas de la inteligencia ilegal

La funcionaria advirtió que el presunto espionaje afecta de manera inédita a dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, y que constituye un ataque frontal a la República. Señaló que el material fue obtenido de forma clandestina, reservado durante meses y difundido escalonadamente, como si fuera una extorsión política.

Además, acusó a sectores de la oposición de operar desde las cloacas de la inteligencia ilegal, con vínculos extranjeros, y de generar desconfianza, miedo y odio en la sociedad.

Críticas al periodismo y advertencia judicial

Bullrich también apuntó a ciertos periodistas, a quienes acusó de actuar como agentes partidarios encubiertos al difundir material manipulado con fines políticos. Afirmó que esta conducta constituye malicia real, tal como la reconoce la Corte Suprema de Justicia, y advirtió que el Gobierno actuará judicialmente.

“Tenemos un principio innegociable: quien comete un delito, paga las consecuencias. Nadie está por encima de la ley”, aseguró, reiterando que los responsables deberán responder ante la justicia si se confirman los delitos.

Protección de las instituciones

Finalmente, Bullrich destacó que la prioridad del Ejecutivo es proteger el normal funcionamiento del Estado. Señaló que ningún gobierno serio puede permanecer inactivo ante la posibilidad de que se haya espiado a funcionarios de primera línea, y remarcó la importancia de garantizar la seguridad y la estabilidad de las instituciones republicanas.

Con estas declaraciones, la ministra buscó reforzar la denuncia oficial y presentar la filtración de los audios como un ataque planificado con serias implicancias institucionales.

Fuente: Cadena 3