El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

🗣️ “La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir”, afirmó Adorni, quien detalló que el organismo acumulaba capas burocráticas excesivas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una gestión transparente.

🔎 Irregularidades detectadas
Entre los ejemplos mencionados, el funcionario señaló casos de personas que continuaban cobrando pensiones por discapacidad de familiares fallecidos, además de fallas graves en los controles internos.

🧾 Qué cambiará a partir de ahora
Según adelantó el Gobierno:

• Las políticas de discapacidad serán administradas por el Ministerio de Salud
• Habrá criterios sanitarios claros en cada decisión
• Se garantizará la trazabilidad de los expedientes
• Se implementarán auditorías permanentes
• Se eliminarán 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica

⚠️ Adorni fue enfático: “Esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni prestaciones”, asegurando la continuidad total de los beneficios.

💰 En materia presupuestaria, la ANDIS —ya bajo Salud— recibió $173.032 millones adicionales, sumándose a un presupuesto que ya tenía un 86% ejecutado. Desde abril, el organismo no había recibido nuevos fondos.

🔥 El escándalo que precipitó la decisión

La medida llega luego de que se conociera una investigación judicial por presuntas coimas, desvíos y sobreprecios en medicamentos para personas con discapacidad.

🎧 El caso tomó estado público tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, donde se mencionaría una red de sobornos integrada por empresarios de droguerías, operadores y funcionarios.

⚖️ La Cámara Federal de Comodoro Py investiga el origen y la autenticidad de esos audios. Hasta el momento, 15 personas fueron citadas a indagatoria, mientras se analiza el alcance real del presunto esquema de corrupción.

Por Móvil Quique con información de Clarín

📊 En noviembre, la dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades del Estado se redujo en 785 empleos, lo que representa una caída del 0,3% mensual y del 7,8% interanual.

🪑 Sillas vacías en oficinas públicas y empleados sin trabajo reflejan el impacto directo del recorte, que continúa avanzando mes a mes.

🔎 Los números que explican el ajuste

• Administración centralizada: bajó de 39.272 a 39.011 empleados (-0,7%).
• Administración descentralizada: pasó de 116.960 a 116.571 (-0,3%).
• Administración desconcentrada: fue el único sector que creció, con 22.534 empleados (+1,3%, 284 puestos más).
• Otros entes: cayó de 14.148 a 14.103 (-0,3%).

🏢 En cuanto a empresas y sociedades del Estado, durante noviembre se perdieron 374 empleos, quedando un total de 89.566 trabajadores (-0,4%).

📉 Balance acumulado

• Desde enero a noviembre: 18.178 puestos menos.
• Desde el inicio del gobierno de Milei: -15,57% de empleo público.
• De 333.784 empleados en enero de 2024 se pasó a 281.785 en la actualidad.

⚠️ El ajuste en el Estado sigue profundizándose y los números oficiales confirman una reducción histórica del empleo público nacional.

Por Móvil Quique con información de NA

La decisión surge tras hacer lugar a un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestionó la legalidad del accionar de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones sociales.

🔴 Según el magistrado, el protocolo vulnera derechos constitucionales básicos, como la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la libertad de reunión, al habilitar una intervención represiva inmediata sin orden judicial.

Cormick sostuvo que la protesta social no puede ser considerada un delito penal, y que ningún funcionario del Poder Ejecutivo puede reemplazar el rol de un juez al momento de ordenar la intervención policial en la vía pública.

Además, el fallo cuestiona duramente las llamadas “tareas de inteligencia”, como el uso de registros fotográficos y fílmicos para identificar manifestantes, señalando que violan la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe recolectar información por razones ideológicas o políticas.

⚠️ Otro punto clave del fallo es que el protocolo no diferenciaba entre manifestantes, ignorando la presencia de grupos vulnerables como niños, adultos mayores o personas con discapacidad, quienes requieren una protección especial.

👉 Por todo esto, el juez ordenó al Ministerio de Seguridad abstenerse de aplicar el protocolo y adecuar su accionar a lo establecido por el Código Procesal Penal.

📌 El Gobierno aún puede apelar la decisión ante instancias superiores de la Justicia.

Por Móvil Quique con información de Cadena 3