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Traferri denunció a los fiscales Edery y Schiappa Pietra por espionaje clandestino en la causa de juego ilegal

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El legislador del PJ dijo que los funcionarios judiciales accedieron, sin la autorización de un juez, a los datos de tráfico de una línea telefónica asignada a él por el Senado santafesino. “Eso es ilegal sin vueltas”, afirmó

El senador Armando Traferri denunció ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina a los fiscales Matías Edery y Schiappa Pietra por realizar “espionaje clandestino” en el marco de la causa de juego ilegal, en la que los funcionarios judiciales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) buscan imputarlo.

En una denuncia que tiene 40 carillas, el legislador afirmó que los fiscales requirieron de manera ilegal los datos de tráfico de una línea de telefonía celular que el Senado le asignó durante al menos dos años. Traferri denuncia que, mientras Edery y Schiappa Pietra pedían su desafuero a la Cámara alta, en realidad estaban obteniendo información sobre este teléfono móvil de manera clandestina.

“Antes, durante y después del fallido pedido de desafuero realizaron directamente pesquisas indiscriminadas sobre datos de tráfico de mi celular”, planteó Traferri, para luego remarcar: “No solamente no lo tenían permitido hacer en razón de mis fueros, lo cual no es poca cosa; sino que ese tipo de información recolectada con fuero o sin él, por sus características y extensión, requiere necesariamente de la orden de un juez, de la cual carecieron absolutamente. Eso es ilegal sin vueltas”.

La denuncia se basa en el artículo 52 de la ley 13.013 del MPA, que en el punto castiga “actuar con negligencia en la búsqueda de las pruebas que fueren necesarias para la presentación de una acusación o para su fundamentación ante los tribunales”, “hacer peticiones, presentaciones o dictámenes que tengan como base hechos manifiestamente erróneos, o que invoquen fundamentos legales manifiesta e indudablemente improcedentes” y “causar un grave daño a la persecución penal con motivo de no haber cumplido debidamente las actuaciones procesales bajo su responsabilidad”.

A lo largo de su escrito, Traferri insistió con que las denuncias de los fiscales son parte de una operación política en su contra, y destacó que su enfrentamiento con el gobernador Omar Perotti lo convierte en “una persona molesta para algunos”. En ese marco, aseguró que la declaración del ex fiscal Ponce Asahad fue direccionada con este objetivo. Al respecto transcribió partes de los dichos del ex funcionario del MPA donde mencionaba a otras personas que los fiscales obviaron investigar. “Si el señor Ponce Asahad es creíble, los fiscales no pueden ser selectivos ante la gravedad de situaciones y personas que involucra. Si no lo es lo cual parece ser lo más lógico, nada de lo dicho por este sujeto es relevante”, espetó.

El senador volvió a poner como artífice de esta operación al destituido titular de la Oficina de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, quien también está envuelto en un escándalo por el manejo ilegal de escuchas en el que también está implicada la jefa de Inteligencia de la zona sur, Débora Coticchini, quien respondía al también ex ministro.

Traferri aseguró en su denuncia que la Comisión de Acuerdos debe analizar la actuación de los fiscales Edery y Schiappa Pietra ya que estas “responden ya a una matriz de ilegalidad funcional en el desempeño de un sector del MPA que, incluso desborda al control de su jerarquía natural y su organismo de vigilancia de gestión y auditoría”. Y agregó que hay un “MPA corporativamente militante, con relación a los supuestos hechos delictivos que se me pretenden adjudicar” y que “es el organismo fiscal en su conjunto, el que está condicionado en su objetividad para atender en esta denuncia, cuyo abocamiento solicito”.

En su denuncia, Traferri también señaló a los fiscales Edery y Schiappa Pietra por una serie de irregulares en el procedimiento abreviado por el que el ex fiscal Ponce Asahad consiguió su libertad, a pesar de que confesó haber cobrado coimas. En rigor, el senador ya había denunciado ante la Corte Suprema por este hecho a la jueza Más Varela, que fue quien avaló dicho acuerdo, pero ahora apuntó a los fiscales, quienes realizaron el acuerdo y lo propusieron.

El legislador sanlorencino apunta a varios aspectos del acuerdo, como el hecho de que la figura no está reglamentada en la provincia y que no se controló que la información aportada fuera veraz ni importante. Pero los puntos más cuestionados son el hecho de que se aplicó mal la conmutación de la pena a Ponce Asahad por ser “imputado colaborador” (o arrepentido), lo que le permitió salir antes en libertad. Y también el hecho de que se omitió cobrarle las multas correspondientes, que ascenderían como mínimo a 400 mil dólares. “Ponce Asahad es un beneficiado en el más amplio sentido de la palabra: admitió su culpa, pero salió en libertad y con plata en el bolsillo”, fustigó el senador.

En la conclusión de su denuncia, Traferri aseguró que la de los fiscales es “una ilegal forma de investigar, propia de recursos de espionaje clandestino”. Y cerró: “Al mismo tiempo, forma parte de una investigación sesgada y dirigida malintencionadamente hacia mi persona, como lo puso de manifiesto el insólito procedimiento abreviado, que benefició a un coimero confeso, con el acceso a una libertad condicional y unas rupias en el bolsillo”.

Fuente: La Capital

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📰 Polémica nacional: investigan presunto “festival de créditos” a funcionarios en el Banco Nación

Una fuerte controversia se instaló en el ámbito político y financiero tras la denuncia presentada por la diputada nacional Mónica Frade, quien solicitó investigar el otorgamiento de créditos millonarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo.

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Foto: Mónica Frade, diputada nacional que inició la denuncia.

La causa ya quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar si existieron irregularidades o condiciones preferenciales en la asignación de estos préstamos.

💰 Créditos millonarios bajo la lupa
Según la denuncia, se habrían otorgado préstamos hipotecarios que van desde los 100 hasta más de 500 millones de pesos, en algunos casos equivalentes a unos 350 mil dólares.

El planteo apunta a esclarecer si estos créditos fueron concedidos bajo condiciones habituales o si hubo un tratamiento diferencial hacia personas con cargos públicos o cercanía al poder.

👥 Quiénes aparecen mencionados
Entre los nombres incluidos en la presentación figuran funcionarios y legisladores oficialistas como:
Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Federico Furiase, y los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni.

Muchos de ellos habrían accedido a estos créditos en los últimos meses.

⚖️ Posibles delitos en análisis
La denuncia también plantea la posible existencia de tráfico de influencias, en caso de comprobarse que la posición política de los beneficiarios influyó en la aprobación de los préstamos.

El caso se originó a partir del análisis de datos públicos de la Central de Deudores del Banco Central, donde se detectó un patrón de financiamiento concentrado en figuras políticamente expuestas.

🏦 La respuesta del Banco Nación
Desde la entidad rechazaron categóricamente las acusaciones. La directora Carolina Piparo aseguró que “no hubo ilegalidad ni discrecionalidad”, y remarcó que el sistema de otorgamiento es digital, transparente y basado en la capacidad de pago de cada solicitante.

Además, sostuvieron que todos los créditos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que cualquier cliente.

🔎 Qué se viene en la causa
La Justicia deberá avanzar ahora con distintas medidas, entre ellas:

  • Acceso a legajos completos de los beneficiarios
  • Revisión de actas del directorio
  • Peritajes contables para evaluar posibles perjuicios

El objetivo será determinar si hubo o no irregularidades en el uso de fondos públicos o de ahorristas.

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Politica

💰 Santa Fe aprueba más de $559 millones en recursos para obras menores en comunas del Departamento Castellanos

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la comisión de seguimiento de la Ley 12.385, destinó $559.814.134,36 a comunas del Departamento Castellanos para la ejecución de obras menores y la compra de equipamiento clave para sus comunidades. 🏗️✨

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Foto: Senador Alcides Calvo

📌 Distribución de fondos 2026

  • Ataliva: $87.499.497,47 → construcción de cordón cuneta y pavimento de hormigón.
  • Bauer y Sigel: $10.006.371,42 → adquisición de equipo barredor y recolector.
  • Josefina: $147.588.733,55 → compra de un tractor nuevo.
  • Plaza Clucellas: $106.544.982,07 → tractor, chasis camión y caja compactadora de residuos.
  • Santa Clara de Saguier: $105.792.137,76 → camión, motoguadañas y tractor.
  • Susana: $102.382.412,09 → tractor doble tracción.

🔹 Palabras del senador Alcides Calvo

El senador Alcides Calvo destacó que estos recursos son una herramienta concreta para fortalecer cada localidad.

«El trabajo articulado con la Provincia permite dar respuestas ágiles, garantizando que cada comunidad cuente con los recursos necesarios para su desarrollo. Las comunas pueden gestionar estos fondos para equipamiento, obras o gastos urgentes», afirmó Calvo.

Estos fondos permitirán mejorar la infraestructura local, modernizar equipamiento y garantizar servicios más eficientes para los vecinos del Departamento Castellanos. 🚜🏘️

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📰 Adorni canceló su conferencia en medio de la polémica por su patrimonio y una causa judicial en marcha

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió suspender la conferencia de prensa que tenía prevista para este miércoles en Casa Rosada, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos sobre su patrimonio personal y una investigación judicial en curso.

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Foto: Manuel Adorni y Javier Milei.

Según trascendió desde el entorno oficial, el funcionario mantendrá agenda en la Quinta de Olivos junto al presidente Javier Milei, aunque no se brindaron detalles sobre las actividades previstas. La conferencia había sido anunciada tras su última aparición pública —la primera luego de 45 días—, pero finalmente fue postergada sin nueva fecha confirmada.

⚖️ Patrimonio bajo la lupa y sospechas en aumento

En las últimas semanas, Adorni quedó en el centro de la escena por una serie de operaciones inmobiliarias y viajes que despertaron cuestionamientos públicos.

Entre los puntos más sensibles se destacan:

  • 🏡 La compra de una vivienda en un country en Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa.
  • 🏢 La adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
  • ✈️ Un viaje familiar en vuelo privado a Punta del Este.
  • 🌎 La participación de su esposa en un vuelo presidencial a Nueva York.

Además, se conoció que las titulares del departamento en Caballito también habrían actuado como prestamistas de un crédito hipotecario de 200 mil dólares otorgado al funcionario y su pareja, lo que generó aún más dudas sobre la operación.

🕵️‍♂️ Investigación judicial en curso

El caso está siendo investigado por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes avanzan en la recolección de pruebas.

En las últimas horas, el fiscal solicitó la declaración testimonial de la escribana que intervino en la compra del departamento, en un intento por esclarecer el origen y la legalidad de los fondos.

Durante su última conferencia, Adorni reconoció la existencia de consultas sobre su situación patrimonial, pero evitó dar precisiones alegando que el tema está judicializado.

📅 Actividad oficial y contexto político

A pesar del clima de tensión, el jefe de Gabinete continúa con su agenda institucional. Este martes recibió en Casa Rosada a representantes del sector agropecuario y se espera su participación en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, junto al presidente Milei.

Desde el Gobierno aseguran que la situación podría aclararse con la próxima declaración jurada patrimonial, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de mayo.

📉 Impacto en la imagen pública

Las repercusiones no tardaron en llegar: las menciones en redes sociales se dispararon y la mayoría tiene tono negativo, reflejando el impacto del caso en la opinión pública.

En este escenario, la suspensión de la conferencia es interpretada como una estrategia para evitar una mayor exposición mediática, mientras avanza la investigación judicial.

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