Santa Fe vive un hecho histórico con la entrada en vigencia de su nueva Constitución, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El proceso concluye tras más de seis décadas de vigencia de la Carta Magna de 1962, que quedó reemplazada por un texto renovado y ampliado.

La reforma incorporó 46 artículos nuevos y modificó 42 existentes, dando como resultado una Constitución compuesta por 161 artículos y 27 cláusulas transitorias. El texto fue aprobado en la última sesión plenaria por 52 votos a favor y 17 en contra, aunque finalmente lo firmaron 59 convencionales, incluidos siete que se habían expresado en disidencia.

El nuevo articulado se organiza en cinco partes, abarcando desde principios, derechos y garantías hasta el régimen municipal, el sistema electoral, el funcionamiento de los tres poderes del Estado y la futura reforma de 2025. Además, refuerza la participación ciudadana, amplía derechos y moderniza la organización institucional.

Este viernes a las 17, la Legislatura será escenario del acto de jura de la flamante Carta Magna, con la participación de las máximas autoridades provinciales, los convencionales y dirigentes invitados. Con este paso, la provincia se posiciona entre las que cuentan con una de las constituciones más modernas del país.

Fuente: Sin Mordaza

La provincia de Santa Fe tiene nueva Constitución. El proceso histórico de la reforma llega a su fin y este viernes la nueva Carta Magna será jurada por los convencionales que la reescribieron y por las cabezas de los tres poderes de la provincia.

Después de 63 años y varios intentos frustrados hasta que, a dos meses de iniciada la Convención, el flamante texto constitucional fue aprobado este miércoles en general por 52 votos a favor y 17 en contra. Un respaldo que equivale a un 75,4% del cuerpo, aunque en particular varios artículos tuvieron algo menos.

La amplia mayoría que votó a favor y manifestó su satisfacción por la tarea cumplida terminó de darle gran legitimidad a un texto que produce una profunda reforma política e institucional en la provincia.

Lo que se votó

La nueva constitución habilita la reelección del gobernador y vice por un solo período, limita la de los legisladores, pone fin a la mayoría automática en Diputados, descentraliza el sistema de Justicia con la autarquía del Ministerio Público de la Acusación, limita la permanencia de los jueces de la Corte, crea nuevos mecanismos de selección y enjuiciamiento de magistrados y fiscales, consagra la autonomía municipal, incorpora herramientas de participación ciudadana y amplía el catálogo de derechos que se convierten en brújula social para los gobiernos actuales y futuros.

La votación se produjo en una maratónica sesión que comenzó este martes a la tarde, cuando habló el gobernador Maximiliano Pullaro, se interrumpió a las 21, y se retomó a las 10.15 de este miércoles.

El documento será jurado en un acto oficial previsto para el viernes 12 de septiembre en la Legislatura de Santa Fe, lo que marcará el cierre formal de la Convención Reformadora.

La jura de la nueva Carta Magna se realizará el viernes desde las 17 hs, en la sede de la Legislatura provincial con la participación de los 69 convencionales, el gobernador y la vicegobernadora, las presidentas de ambas cámaras legislativas, y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, entre otras autoridades.

Fuente: LT10

En el marco de una investigación de la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, a cargo del fiscal federal Gustavo Onel, 31 trabajadores rurales -entre ellos dos menores de edad-, fueron rescatados en condiciones de hacinamiento en allanamientos realizados en dos campos ubicados sobre la ruta provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado, del departamento 9 de Julio, al norte de la provincia de Santa Fe. De acuerdo a los constatado en los procedimientos, las víctimas vivían bajo precarios toldos de nailon, sin agua potable ni baños, con jornadas de trabajo de diez horas, de lunes a lunes.

Dos ciudadanos fueron identificados y quedaron vinculados a la investigación por su presunta participación en los hechos.

La inspección que dio origen al legajo

El caso se inició el 4 de septiembre pasado, cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), notificó a la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela sobre un procedimiento realizado junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en un campo identificado como establecimiento «Santa Ana”, en cercanías de la ruta provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado, a pocos kilómetros con el límite con Santiago del Estero.

Allí, identificaron a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos adolescentes de 17 años. Se constató que vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni baños (solo tenían tachos para hacer sus necesidades) y dormían en el piso sobre mantas o colchones.

Al ser entrevistados por las autoridades, los trabajadores indicaron ser oriundos de la localidad de Los Juríes (Santiago del Estero), contaron que cumplían jornadas laborales de 8 a 18, de lunes a lunes y con salarios de 300 mil pesos por quincena, al cual se les descontaba el valor de la comida.

De esos testimonios surgió que los trabajadores no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no contaban con medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y otros estaban indocumentados, aspectos que dejaron en evidencia su estado de vulnerabilidad social.

La comisión fiscalizadora luego se trasladó a un campo lindero, identificado como “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde detectó a otro grupo de cinco trabajadores en las mismas condiciones laborales, que residían en tolderías precarias con improvisadas carpas, en condiciones calificadas como “deplorables” por los funcionarios.

La intervención del MPF

Frente a esa situación, desde la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, el fiscal Onel y los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti, solicitaron al juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, una orden de registro para constatar las condiciones del lugar y profundizar la investigación.

Así, entre la noche del jueves y la mañana del viernes pasado, personal de la Agencia Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, allanó los establecimientos rurales, requisó los campos y logró rescatar a 31 personas alojadas en las condiciones referidas.

Al mismo tiempo se dio intervención a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que, junto a la Municipalidad de la localidad de Tostado, articularon medidas urgentes de contención a las víctimas, para garantizarles alojamiento y alimentación.

Explotación laboral

También se dio intervención a Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, el que proporcionó colaboración para realizar entrevistas a los trabajadores precarizados, abordaje del que participó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano.

En el marco de los allanamientos, que culminaron el viernes último por la tarde, además de resguardar a todas las personas identificadas como víctimas por la fiscalía, se ordenó el secuestro de teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones, y se identificó a dos personas que quedaron sujetas a la investigación, ante la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.