El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe informó este miércoles que se incorporó una nueva brigada de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) para el esclarecimiento del caso de Sofía Delgado, la joven de 20 años desaparecida desde el pasado 30 de octubre en la ciudad de San Lorenzo. De esta manera, totalizan seis efectivos a disposición de la Fiscalía de San Lorenzo.

La repartición a cargo de Pablo Cococcioni indicó que en el marco del caso se pusieron dos brigadas de la Policía de Investigaciones (PDI) a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), para la causa que lleva adelante el fiscal Carlos Ortigoza.

Tras la reunión del pasado sábado del ministro Cococcioni con autoridades municipales y familiares de Sofía en la localidad de San Lorenzo, desde ese mismo día se sumó a disposición del jefe Distrito de PDI una brigada de Sección Paraderos y otra brigada de Trata de Personas, por un total de cuatro efectivos. Y en las últimas horas sumaron la otra brigada de Trata.

El miércoles 30 de octubre, Sofía Delgado salió a la noche de su casa, donde vivía con sus dos hermanas y su sobrina en el barrio Díaz Vélez de San Lorenzo, y no volvió. Su novio atestiguó que ella le había pedido una transferencia de algo de dinero para comprar un alfajor y no regresó.

Fuente: Sin Mordaza

El Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, imputó a 95 empresas de servicios públicos, incluyendo a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas, por cobrar tasas municipales de manera indebida en sus facturas. La imputación señala que estas empresas incluyeron cargos ajenos al contrato entre proveedor y consumidor, violando la resolución 267/2024, vigente desde el 11 de octubre, que prohíbe tales conceptos adicionales en las facturas.

En total, el gobierno nacional abrió 244 expedientes, uno por cada localidad donde se detectaron irregularidades. En el caso de Santa Fe, se imputó a la EPE por el cobro indebido de tasas municipales en ciudades como Rosario, Coronda, San Carlos y Los Quirquinchos. Asimismo, Aguas Santafesinas fue imputada por la misma razón en Santa Fe capital, y la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez fue señalada por cargos indebidos en la distribución de energía eléctrica.

Además de las empresas santafesinas, el listado de imputadas incluye compañías en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Las empresas imputadas tienen cinco días hábiles para presentar sus descargos. En caso de no hacerlo, podrán ser sancionadas con multas de hasta 2.130 millones de pesos, según el artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor.

La Secretaría de Industria y Comercio ha recibido 2.705 reclamos por esta práctica, a través del correo denunciatufactura@comercio.gob.ar, y continuará la investigación en próximos vencimientos de noviembre y diciembre.

Fuente: Rafaela Informa

El fiscal Alejandro Ferlazzo, que investiga los crímenes del jefe de la barra de Rosario Central Daniel “Pillín” Bracamonte y de su ladero Daniel «Rana» Atardo, destacó que “no hay detenidos”, pero señaló que serían “tres los atacantes”.

A través de una conferencia de prensa, el fiscal dio detalles de cómo avanza la investigación por el doble asesinato que estremece a Rosario: “La mecánica del hecho ya se conoce, Bracamonte y su allegado iban en una camioneta cuando fueron embestidos y atacados. Hubo más de 11 disparos, cada uno recibió cinco tiros”.

“Estamos trabajando con las cámaras de seguridad del lugar, las cuales funcionan”, subrayó Ferlazzo y agregó que hasta el momento serían tres los atacantes.

Acerca de la hipótesis que manejan, se destaca que se trataría de los “múltiples conflictos extendiéndose a lo que es la barra de Rosario” y que se investigan los otros atentados “muy recientes” que tuvo.

Fuente: Uno de Santa Fe