El Ministerio de Desarrollo Productivo, liderado por Gustavo Puccini, con el objetivo de lograr leficiencia y en “garantizar que la plata de los santafesinos se invierta de manera eficiente y cuidada”, llevó adelante una auditoría del Boleto Educativo y, tras cruzar datos con universidades e instituciones educativas de distintos niveles, se dieron de baja 34.606 beneficios del Boleto Educativo por incumplimientos en los criterios establecidos por el programa. Una de las principales causas fue la pérdida de regularidad académica y la no residencia en la provincia.

“Son recursos importantes los que se invierten en este programa, y queremos que lo tengan aquellos que lo merecen y que cumplen con la reglamentación. La sociedad nos pide que cortemos con la joda en el Estado, y hacer estos controles también es terminar con la joda porque si hay alguien que tiene el Boleto y no va a estudiar, o que no cumple con los requisitos, es injusto para quien sí cumple”, señaló Puccini.

Además sostuvo: “Esto es poner orden. Si alguien accede al beneficio sin cumplir las condiciones, está perjudicando a quienes sí hacen las cosas bien. Cada peso que invierte en este programa la gestión liderada por Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, tiene que estar respaldado por responsabilidad y transparencia. No hay lugar para la trampa”.

Irregularidades

Según datos oficiales, las bajas incluyen 32.527 estudiantes, 1.327 docentes y 752 asistentes escolares. Las principales causas fueron la pérdida de regularidad académica, la falta de domicilio en la provincia y la no acreditación de condición de alumno regular en instituciones educativas.

Un ejemplo: en la Universidad Nacional de Rosario, se identificaron 13.706 casos de beneficiarios que no cumplían con la condición de estudiante regular. En total, 24.800 bajas se vinculan a la pérdida de regularidad y 9.806 a domicilios fuera de la provincia.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, afirmó: “El sistema tiene que ser justo. Si no se cumplen las condiciones, no corresponde recibir un beneficio que se financia con fondos públicos. No es viveza, es fraude”.

Fuente: Radio Belgrano de Suardi

Una mujer correntina, que vivió en condiciones de servidumbre durante 22 años, fue rescatada en 9 de Julio al 200, en el barrio Martín. La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo la operación tras recibir información de un hospital en Rosario, donde la mujer fue atendida por problemas de salud que derivaron en la revelación de su situación. La Justicia Federal ha iniciado una investigación sobre el caso.

La directora del Centro de Asistencia a la Víctima y Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo, María Laura Pasquero, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y explicó: «Nosotros tomamos conocimiento a partir de la comunicación de un hospital de la ciudad de Rosario, que la había atendido por primera vez por una patología clínica que después derivó a partir de lo que ella contó en atención psicológica».

Pasquero indicó que, según los relatos de la mujer, se podría estar cometiendo el delito de reducción a la servidumbre o explotación laboral. «Está desde la adolescencia con esta familia y no había tenido ningún tipo de atención médica desde los 14 años hasta ahora», agregó. La mujer, de 36 años, no percibía remuneración alguna y no contaba con habilidades de lectura y escritura.

Durante su rescate, la mujer estaba al cuidado de una persona mayor. Sin embargo, la directora de la Defensoría no pudo proporcionar detalles sobre la familia responsable, ya que las investigaciones están en curso. «Acá lo importante es el compromiso que tenemos que asumir las instituciones del Estado en el acompañamiento de esta mujer», subrayó Pasquero.

La funcionaria también destacó la importancia del acompañamiento interdisciplinario para ayudar a la mujer a reintegrarse a una vida normal. «Las oportunidades de vida se las va a tener que ir construyendo junto, insisto, con la ayuda del Estado», concluyó.

Pasquero instó a la ciudadanía a denunciar situaciones similares, recordando que existe una línea nacional, la 145, disponible de manera gratuita los 365 días del año, para reportar casos de explotación laboral y reducción a la servidumbre.

Fuente: Cadena 3

La intervención se llevó adelante sobre la ruta provincial N.º 1, a la altura del kilómetro 17.500, donde se allanaron varios inmuebles bajo la supervisión del fiscal federal Walter Rodríguez. En el lugar no solo se liberó a las víctimas, sino que además se detuvo a un hombre de 25 años señalado como principal responsable y se trasladó a otro sujeto de 64 años vinculado a la causa.

El despliegue dejó al descubierto una escena impactante: los investigadores incautaron una camioneta, equipos informáticos, teléfonos celulares, documentación contable y más de 10 millones de pesos en efectivo. Pero lo más alarmante fue el hallazgo de un verdadero arsenal: escopetas, pistolas, revólveres, una carabina, cargadores y cientos de cartuchos de diferentes calibres, además de un frasco con cogollos de marihuana.

El caso, caratulado como trata de personas con fines de explotación laboral agravada, pone de relieve la brutalidad con la que operan estas redes y la necesidad de reforzar los controles en la región. Desde la PDI confirmaron que el operativo se realizó con la colaboración de áreas especializadas en trata, violencia de género, criminalística y organismos vinculados a la protección de trabajadores rurales.

El escándalo sacude a la comunidad santafesina, no solo por el número de víctimas rescatadas, sino también por la magnitud de los elementos secuestrados, que dejan al descubierto el nivel de organización detrás de este delito.

Fuente: Sin Mordaza