Entre otros delitos, se les atribuye privar de su libertad a distintas personas; incorporar información falsa en actas de procedimiento; solicitar y recibir dádivas; realizar custodias sin cumplir las reglamentaciones. La fiscal a cargo de la investigación es Gabriela Lema.

Continuarán privados de su libertad tres funcionarios policiales a los que se investiga por integrar una asociación ilícita que cometía delitos en Frontera y en Josefina (departamento Castellanos) abusando de sus funciones como integrantes de la policía de la provincia de Santa Fe. La decisión fue tomada por el camarista Sergio Alvira, quien confirmó la medida cautelar que se les había impuesto en primera instancia.

La fiscal que dirige la investigación penal a las tres personas es Gabriela Lema, quien está a cargo de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional V. La funcionaria también fue la encargada de representar al MPA en la audiencia de segunda instancia.

“Más allá de la apelación presentada por los abogados defensores de los imputados, el camarista hizo lugar al planteo que hicimos desde la Fiscalía y mantuvo la prisión preventiva por el plazo de ley”, valoró la fiscal Lema. Asismismo, añadió que “al igual que la jueza de primera instancia, el camarista sostuvo que las medidas alternativas a la prisión preventiva que propuso la Defensa no eran suficientes para neutralizar los riesgos procesales”.

Fortaleza de la investigación

Consultada acerca de los fundamentos esgrimidos por el camarista para confirmar la prisión preventiva, la fiscal Lema hizo hincapié en que “entendió que está acreditada –para la instancia procesal en la que estamos– la probabilidad de autoría de los hechos por parte de las tres personas investigadas”. En tal sentido, la funcionaria sostuvo que “a pesar de los planteos de distinto tipo, Alvira destacó la ‘fortaleza de las evidencias presentadas’”.

En esa línea, la fiscal del MPA destacó que “lo resuelto por el camarista representa un aval muy importante al trabajo que venimos desarrollando para desarticular organizaciones criminales –en este caso compuesta por policías– que cometen ilícitos de gran complejidad y que generan un daño social muy grande”.

Modus operandi

“Las personas investigadas conformaban una asociación ilícita que tenía como objeto principal la comisión de hechos delictivos haciendo abuso del ejercicio de sus funciones públicas como miembros de la policía de la provincia”, recordó Lema en la audiencia de apelación. “El accionar ilícito era cometido en forma habitual y continua en Frontera y en Josefina”, precisó la fiscal y agregó que “fue en el período temporal comprendido entre septiembre de 2020 y febrero de 2022”.

Al momento de precisar el accionar delictivo de los imputados, la fiscal del MPA remarcó que “privaban ilegalmente de la libertad a distintas personas” e indicó que “las víctimas fueron un periodista que estaba cubriendo una protesta frente a la comisaría de Frontera, el hijo de una mujer que había tenido una relación sentimental con uno de los investigados y otros dos hombres a los que también insultaron, agredieron físicamente y amenazaron de muerte”.

Entre las conductas delictivas descriptas, Lema enumeró “la suscripción de actas de procedimientos policiales con información adulterada o falaz; la omisión de comunicar hechos delictivos –o la comunicación de información falsa acerca de esos hechos– a los fiscales en turno del MPA; la defraudación al Estado provincial a partir de realizar custodias sin cumplir con las reglamentaciones administrativas y legales y la solicitud y recepción de dádivas con el fin de obtener beneficios económicos para repartirse entre los integrantes de la organización criminal”.

Delitos atribuidos

Al exjefe de la Quinta Zona de Inspección de la Unidad Regional V –cuyas iniciales son GEE– se lo imputó como jefe de la asociación ilícita. Además, se le atribuyó privación ilegítima de la libertad mediando abuso funcional; apremios ilegales; vejaciones; exacciones ilegales; usurpación de funciones; defraudación a la administración pública; recepción de dádivas; exacciones ilegales; incumplimiento de los deberes de funcionario público; encubrimiento; omisión de hacer cesar las detenciones ilegales; lesiones graves en accidente de tránsito; falsedad ideológica de instrumento público y amenazas.

Por su parte, la exjefa de la Comisaría Sexta de Frontera –cuyas iniciales son MSA– es investigada también como jefa de la asociación ilícita. Asimismo, se le endilgaron los delitos de secuestro activo; privación ilegal de la libertad; usurpación de funciones; defraudación a la administración pública; encubrimiento; incumplimiento de los deberes de funcionario público; falsedad ideológica de instrumento público. En todos los casos, las calificaciones penales se le atribuyeron de forma agravada por su condición de funcionaria pública y, en algunos casos, también por abuso funcional.

Finalmente, al integrante de la Policía Motorizada – cuyas iniciales son JMEV – se lo investiga por ser integrante de la asociación ilícita. Además, se le atribuyeron los delitos de privación ilegítima de la libertad mediando abuso funcional; apremios ilegales; vejaciones; exacciones ilegales y falsedad ideológica de instrumento público.

Fuente: L. T. 9.