Politica
La gravísima y letal denuncia contra Milei por el cierre de Vialidad: “Habrá rutas de la muerte”
El Gobierno disolvió la Dirección Nacional de Vialidad. “Moriremos todos en las rutas argentinas, es una vergüenza», dijo la jefa del gremio, Graciela Aleñá.
Tras el anuncio del decreto que desmantela la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, de generar “rutas nacionales de la muerte”.
En el decreto, el gobierno nacional decidió eliminar el organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales, y traspasar sus funciones al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Según señalan, al disolver el organismo clave en el mantenimiento, se va a profundizar la peligrosidad de las rutas argentinas.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.
Para la sindicalista, “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.
En ese sentido, hizo “un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”.
«El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas”, cuestionó.
Por otra parte, la dirigente gremial alertó que con esa decisión, “más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”.
“Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme”, sentenció Aleñá, quien acusó a Milei y ”su secuaz» Sturzenegger “son los responsables del genocidio en las rutas”.
Además, advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que “valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE”.
«Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras”, lamentó.
La líder de STVyARA explicó que “esto no es una simple reorganización administrativa” como lo presenta el Gobierno, ya que «significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”.
Aleña desmintió al Gobierno que justificó el decreto al señalar que Vialidad tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla.
También refutó que el organismo haya reducido sus tareas a un simple “desmalezamiento de las rutas”, y remarcó que diariamente se llevan adelante obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal y control de peso, entre otras funciones.
“No se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia”, enfatizó.
Por otro lado, Aleñá combatió la idea que impulsa el Gobierno de que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado.
“Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial”, señaló.
“El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable”, agregó.
En tanto, la referente gremial criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía, porque esto «aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV”.
“La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente”, advirtió.
Según Aleñá, «sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal”.
Por último, la secretaria General del sindicato planteó que la desregulación de Vialidad Nacional establece una pérdida de la soberanía vial que implicará que las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a estar en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, lo que generarán más riesgo para la seguridad y el control de obras.
“Vialidad tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas. Su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento”, afirmó.
“Cientos de distritos perderán presencia operativa y trabajadores calificados, lo que afectará no solo la conectividad sino también la economía local y el empleo público”, alertó.
Fuente: NA
Politica
Bullrich, en la mira para ser vice de Milei en 2027: las tensiones que busca contener el Gobierno
En la Casa Rosada la consideran una figura con peso electoral para acompañar al Presidente en una eventual reelección. Sin embargo, sus declaraciones sobre sus propias aspiraciones y las diferencias internas mantienen abierta la negociación.
Patricia Bullrich aparece como una de las principales alternativas para acompañar a Javier Milei en la fórmula presidencial de 2027, según versiones atribuidas al entorno del Gobierno nacional. La posibilidad convive con tensiones políticas y con el malestar que habrían generado algunas de las últimas declaraciones de la senadora.
De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, en la Casa Rosada buscan preservar la relación con Bullrich y evitar una ruptura que pueda perjudicar electoralmente a La Libertad Avanza.
La definición de la fórmula se postergaría hasta el verano, mientras Karina Milei tendría un papel central en las conversaciones.
Por qué Bullrich sigue entre las principales opciones
En sectores del oficialismo consideran que la senadora conserva un importante respaldo electoral y puede atraer a votantes que acompañaron a Juntos por el Cambio en 2023.
Desde esa perspectiva, sumarla a una eventual fórmula presidencial permitiría ampliar la base de apoyo de Milei y evitar una competencia interna que complique el armado electoral.
Entre los otros nombres mencionados para la vicepresidencia aparecen Karina Milei y Martín Menem. También habría sido considerada la senadora neuquina Nadia Márquez, aunque esa alternativa habría perdido fuerza, según las versiones publicadas.
Por ahora, no hay un anuncio oficial sobre la composición de la fórmula para 2027.

Las declaraciones de Bullrich que incomodaron al Gobierno
La discusión tomó fuerza después de que Bullrich afirmara que está preparada para ser presidenta, aunque señaló que debe esperar su momento y reconoció que Milei tiene prioridad para encabezar la propuesta electoral del oficialismo.
La senadora también aseguró que no recibió una propuesta para ser candidata a vicepresidenta.
Según las versiones citadas por medios nacionales, esas declaraciones generaron incomodidad entre funcionarios cercanos al mandatario. Pese a ello, la instrucción sería evitar cruces públicos y resolver las diferencias mediante negociaciones.
Bullrich, por su parte, no habría manifestado intención de romper con La Libertad Avanza. De acuerdo con lo publicado, acompañaría a Milei si busca la reelección, aunque conservaría sus aspiraciones presidenciales para un escenario diferente.
Un video que reavivó las especulaciones
Las versiones sobre su futuro político también crecieron después de que la senadora publicara un video en redes sociales con imágenes de distintos sectores del Senado.
La publicación termina con Bullrich en su despacho y lleva el mensaje: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”.
El contenido apareció luego de que anticipara que se venían novedades, lo que alimentó las interpretaciones sobre sus próximos pasos políticos. Sin embargo, el video no constituye una confirmación de una candidatura.

Diferencias por la estrategia política y económica
Además de la discusión por las candidaturas, Bullrich habría planteado la necesidad de acelerar acuerdos con gobernadores, el PRO y la UCR para conseguir respaldo legislativo a las reformas del Gobierno.
También advirtió sobre la importancia de evitar un nuevo escenario de inestabilidad económica como el que, según la nota de origen, atravesó el país durante 2025.
En el entorno presidencial, en cambio, confían en una mejora de los indicadores económicos durante los próximos meses y esperan que eso fortalezca las perspectivas electorales de Milei.
Cuándo se definiría la fórmula para 2027
Las versiones difundidas ubican la definición durante el verano, cuando el oficialismo espera contar con un panorama más claro de la economía y del escenario político.
La discusión también está relacionada con la reforma electoral y la posibilidad de suspender las PASO nacionales de 2027. En paralelo, el Gobierno busca reunir apoyos en el Senado para avanzar con sus iniciativas.
La candidatura de Bullrich a la vicepresidencia sigue siendo una posibilidad, no una decisión confirmada. Por ahora, la estrategia atribuida a la Casa Rosada apunta a contener las diferencias, mantener la unidad del espacio y postergar la definición hasta que avance el armado electoral.
Con información de Contexto Tucumán
Politica
Rafaela: impulsan la construcción de un edificio propio para la Fiscalía y la Defensa Pública
Un proyecto de ley presentado por el senador provincial Alcides Calvo propone avanzar con una sede para el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa, además de oficinas para otros organismos judiciales de la Circunscripción Judicial N.º 5.
El senador provincial Alcides Calvo presentó en la Cámara de Senadores de Santa Fe un proyecto de ley para impulsar la construcción de un edificio propio destinado al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Ministerio Público de la Defensa en la ciudad de Rafaela.
La iniciativa también contempla la posibilidad de incorporar oficinas de otros organismos del sistema de justicia provincial que prestan servicios en la Circunscripción Judicial N.º 5.
Cómo se definiría la ubicación y la obra
La propuesta establece que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas, coordine los estudios técnicos y administrativos para determinar dónde se emplazaría el inmueble.
Para elegir el lugar se deberán evaluar aspectos como accesibilidad, conectividad, disponibilidad de servicios, seguridad y costos de construcción y mantenimiento.
El proyecto también contempla la posibilidad de adaptar edificios existentes, siempre que respondan a las necesidades del servicio de justicia.
Prevé partidas presupuestarias
La iniciativa propone incorporar partidas específicas en el Presupuesto General de 2026 y en los años siguientes para financiar los estudios técnicos, la eventual adquisición del terreno y las distintas etapas de ejecución de la obra.
Según los fundamentos expuestos por Calvo, el objetivo es que la infraestructura judicial acompañe el crecimiento de Rafaela y las demandas de la región, con espacios adecuados para atender a la ciudadanía y para el trabajo de los equipos judiciales.
El proyecto será analizado por las comisiones correspondientes antes de continuar su trámite legislativo. Por el momento, se trata de una propuesta y no de una obra aprobada para su ejecución.
Con información de Equipo de Trabajo – Senador Provincial Alcides Calvo
Politica
Santa Fe avanza con una ley que prevé tobilleras electrónicas y ayuda económica para víctimas de violencia de género
El Senado provincial aprobó por unanimidad una iniciativa que busca mejorar la protección de las víctimas, agilizar las respuestas ante situaciones de peligro y coordinar la actuación de los organismos estatales. El proyecto ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
La Cámara de Senadores de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley para fortalecer la prevención y la protección de las víctimas de violencia de género. La propuesta, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada por unanimidad e incorporó aportes de distintos bloques políticos.
Durante el debate, los legisladores destacaron la necesidad de contar con herramientas que permitan evaluar los riesgos y actuar con mayor rapidez frente a situaciones de violencia.
El senador Ciro Seisas, presidente de la Comisión de Seguridad, señaló que una de cada cuatro llamadas al 911 está relacionada con hechos de violencia de género y mencionó más de 6.700 consultas registradas durante el último año.
Por su parte, Esteban Motta remarcó la importancia de priorizar la protección de las víctimas, mientras que Rubén Pirola valoró las herramientas tecnológicas y la coordinación de las acciones estatales. El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó el acuerdo alcanzado entre los bloques y el avance de la iniciativa.
Qué medidas contempla el proyecto
Uno de los ejes centrales es la creación de cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y crítico, que permitirán determinar las medidas de protección según las características de cada situación.
Entre las principales herramientas previstas se encuentran:
- Monitoreo electrónico: se contempla como regla general para situaciones de riesgo alto o crítico, con excepciones que deberán contar con justificación judicial.
- Registro digital unificado: permitirá reunir denuncias y medidas de protección para facilitar el intercambio de información entre organismos.
- Restricciones y medidas judiciales: podrán ordenarse prohibiciones de acercamiento, exclusión del hogar, perímetros de protección y dispositivos de alerta.
- Respuesta ante emergencias: se prevé intervenir frente a alertas verificadas técnicamente, sin exigir que la víctima confirme el pedido de asistencia.
- Retiro preventivo de armas: podrá disponerse en situaciones de mayor riesgo.
- Asistencia jurídica gratuita y urgente: para facilitar el acceso a la Justicia, sin recurrir a mediaciones ni conciliaciones.
- Ayuda económica de emergencia: destinada a cubrir gastos urgentes, como traslados, alojamiento temporal, cambio de cerraduras y medidas de seguridad en la vivienda.
- Protección de niños y adolescentes: contempla medidas específicas para quienes estén expuestos indirectamente a situaciones de violencia.
Seguimiento de los casos y coordinación estatal
La iniciativa también prevé revisar las medidas de protección, reforzar los equipos especializados y mejorar la coordinación entre las instituciones.
Ante el incumplimiento de una disposición judicial, podrán realizarse nuevas evaluaciones de riesgo y adoptarse medidas adicionales.
Con la media sanción del Senado, el proyecto busca establecer un sistema que permita detectar situaciones de peligro, intervenir antes de que la violencia se agrave y ofrecer respuestas más rápidas a las víctimas.
Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser tratada por la Cámara de Diputados de Santa Fe.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
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