Politica
¿Ganan mucho y trabajan poco?: este es el sueldo que cobran diputados y senadores argentinos
Hoy, los números muestran que representar al pueblo en la Argentina sigue siendo una tarea con sueldos muy por encima del promedio nacional.
Cada 22 de octubre se celebra en la Argentina el Día del Legislador Nacional, en recuerdo de aquella primera Asamblea Parlamentaria de 1854 que, sin recinto propio, sesionó en la Iglesia Matriz de Paraná. Era el inicio de una etapa institucional donde la palabra, el debate y la representación del pueblo se convirtieron en pilares de la naciente república. Ciento setenta años después, la conmemoración encuentra a diputados y senadores en un contexto particular: con el calendario electoral marcando el 26 de octubre como fecha de renovación legislativa, el Congreso vuelve a estar bajo la lupa ciudadana.
Su labor, en teoría, es una de las más nobles del sistema democrático: deliberar y sancionar leyes que tengan en cuenta el bien común de todos los habitantes, representando directamente los intereses del pueblo y las provincias. Sin embargo, en tiempos donde la desigualdad se hace visible hasta en las cifras del recibo de sueldo, crece una sensación incómoda: la de que representar al pueblo puede ser, también, un privilegio bien remunerado.
Los sueldos que cobran los legisladores por representar al pueblo
La remuneración de los legisladores en la Argentina está lejos de ser un tema menor. Detrás de los discursos sobre austeridad o servicio público, las cifras muestran que representar al pueblo sigue siendo una tarea con sueldos muy por encima del promedio nacional.
En el Senado, las dietas se calculan mediante un esquema de módulos: 2.500 básicos de dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo para quienes viven a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En total, 4.000 módulos cuyo valor varía según las paritarias del personal legislativo. Desde mediados de 2025, los senadores que aceptaron los aumentos cobran $9,99 millones brutos (unos u$s6.870 al tipo de cambio oficial), mientras que quienes se desacoplaron perciben $9,5 millones (u$s6.500). El salario neto, tras aportes y descuentos, ronda los u$s5.500 a u$s5.800, y se prevé un nuevo incremento para noviembre.
En la Cámara Baja, las cifras son más moderadas, aunque también difíciles de justificar frente al bolsillo ciudadano. Un diputado nacional percibe en promedio $5,6 millones netos, es decir unos u$s3.850, con variaciones según antigüedad, título universitario, zona o desarraigo.
El contraste resulta evidente: mientras el Poder Ejecutivo mantiene congeladas las remuneraciones de ministros y secretarios, los legisladores conservan un esquema de actualización automática o semiautomática, que los blinda de la inflación que afecta al resto. En un país donde la distribución del ingreso es muy desigual y el salario registrado está entre u$s600 y u$s1.000, la economía del Congreso parece moverse en otro universo.
En 2025 los diputados sesionaron 16 veces y los senadores, 12
Los números de la actividad laboral del Congreso terminan de completar el cuadro. En lo que va de 2025, la Cámara de Diputados sesionó 16 veces, mientras que el Senado lo hizo 12. Pero no todas esas reuniones pudieron traducirse en trabajo efectivo: algunas se levantaron por falta de quórum, otras tuvieron carácter protocolar o de homenaje, y una correspondió simplemente a la apertura de las sesiones ordinarias.
Traducido en cifras, el rendimiento legislativo resulta difícil de justificar. Si se divide la remuneración anual por la cantidad de sesiones realizadas, cada senador «cobra» más de $8 millones brutos (u$s5.840) por sentarse en su banca. El costo total de una sesión del Senado ronda los $611.8 millones (u$s420.500), lo que eleva el gasto acumulado del año a más de $7.300 millones (u$s5 millones).
En la Cámara Baja, los montos son distintos, pero el resultado es el mismo: cada sesión de Diputados implica un gasto total de $1.080 millones (u$s743.000), y en lo que va del año el Congreso ya le costó más de $17.280 millones (u$s11.8 millones).
El paralelismo respecto a un trabajador medio es abrumador. Suponiendo una duración promedio de ocho horas por sesión, los senadores habrán trabajado 96 horas y los diputados 128 en lo que va del año. Un trabajador promedio, en cambio, acumula unas 2.080 horas anuales.
Es decir, los senadores trabajaron apenas el 4,6% y los diputados el 6,1% del tiempo que dedica cualquier asalariado, aunque ganen hasta seis veces más por mes.
Ampliando la mirada, entre 2015 y 2025, la Cámara de Diputados sesionó 155 veces, menos de lo que trabajaría un ciudadano común en un solo año calendario.
Ese nivel de productividad se paga con un presupuesto que asigna al Poder Legislativo $456.927 millones que equivalen a u$s314 millones. Hasta la fecha, ya se ejecutó el 69% del mismo, es decir u$s216 millones, en salarios, funcionamiento y estructura administrativa.
Un dato interesante referido a la productividad es la cantidad de proyectos presentados y los que tuvieron lugar para convertirse en ley. Dado que las estadísticas oficiales de 2025 aún no se encuentran completamente sistematizadas, para tener una referencia se toman los datos del año pasado, el último ciclo cerrado con cifras consolidadas. La Cámara de Senadores presentó un total de 756 proyectos de ley de las cuales sólo 2 fueron efectivamente sancionadas por iniciativa propia. En la Cámara de Diputados, la actividad fue mayor en cantidad, pero no en eficacia: se registraron 2.133 proyectos, pero apenas siete llegaron a convertirse en ley. En contraste, el Poder Ejecutivo consiguió la sanción de 39 leyes impulsadas desde su órbita.
La información adquiere mayor relieve si se considera la distribución del trabajo a lo largo del año. Gran parte de la tarea legislativa se concentra en unos pocos meses. En un país atravesado por urgencias económicas y sociales, la lentitud del Congreso contrasta con la velocidad de los problemas que debería estar resolviendo.
Cuánto cobran los senadores y diputados en la región
Aún así, respecto al panorama regional, los legisladores argentinos no figuran entre los mejores pagos. En Latinoamérica, un senador colombiano encabeza el ranking con ingresos cercanos a u$s12.500 mensuales, seguido por sus pares de México (u$s10.200), Uruguay (u$s9.500) y Brasil (u$s8.600). En ese contexto, los senadores argentinos perciben entre u$s5.550 y u$s5.840, según si aceptaron o no el último aumento, mientras que los diputados nacionales rondan los u$s3.850. Es decir, se ubican en la mitad inferior del cuadro regional, por encima solo de Paraguay (u$s5.400) y Bolivia (3.400 dólares).
En cuanto al viejo continente, en España un diputado o senador parte de un salario base de unos 3.200 euros mensuales, pero los distintos complementos, por responsabilidad, desplazamiento o representación, pueden elevar la cifra hasta los 20.000 euros. La diferencia, sin embargo, está menos en el monto que en la exigencia: las Cortes españolas sesionan con regularidad, sus comisiones mantienen una agenda constante y la rendición de cuentas forma parte del funcionamiento institucional.
En la Argentina, en cambio, los números demuestran que el problema no es solo cuánto ganan los legisladores sino cuánto, mejor dicho, cuán poco, trabajan para ganarlo.
Así, mientras la conmemoración del Día del Legislador recuerda los ideales fundacionales de debate y representación, los datos sobre el funcionamiento del Congreso actual chocan de lleno con las expectativas de los ciudadanos, que deberíamos de ser los principales beneficiarios de su trabajo. La economía del legislador, deja al descubierto un desfasaje entre el privilegio de cobrar y la responsabilidad de legislar, poniendo sobre la mesa un desafío central: que la retribución vaya de la mano con la labor, y no solo con la presencia en la banca.
El cargo de diputado o senador ofrece incentivos fuertes para quienes buscan estabilidad laboral con baja inversión inicial y un nivel de exigencia difícilmente comparable al del sector privado. El atractivo del puesto legislativo radica en la combinación de prestigio, estabilidad y escasa rendición de cuentas en términos de desempeño. Con poca inversión y mucho discurso, un escaño puede convertirse en el mejor plan de carrera.
Fuente: Por Damián Di Pace / iProfesional
Politica
Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad y evalúan a su reemplazante
Alejandro Vilches dejó su cargo por motivos personales, mientras el Ministerio de Salud analiza quién ocupará la conducción del área. Por el momento, no fue informado oficialmente el nombre de su sucesor.
Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional de Discapacidad, según informó la Agencia Noticias Argentinas. La decisión fue atribuida a motivos personales y ya se encuentra bajo análisis quién será su reemplazante.
La salida de Vilches abre una etapa de definición sobre la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Hasta el momento no se informó oficialmente quién ocupará el cargo.
Una política que abarca distintas áreas
La política de discapacidad requiere una mirada integral, ya que involucra diferentes aspectos de la vida cotidiana de las personas y excede el ámbito estrictamente sanitario.
Entre las áreas comprendidas se encuentran la accesibilidad, el transporte, la educación, el empleo, la protección social, la autonomía y la participación plena en la comunidad.
El organismo rector de las políticas de discapacidad históricamente no tuvo su origen dentro del Ministerio de Salud y su funcionamiento requiere articulación permanente con diferentes sectores del Estado.
En ese esquema, Salud interviene en los aspectos correspondientes a sus competencias y aporta opinión técnica cuando es requerida, mientras que las políticas de discapacidad también involucran cuestiones legislativas, presupuestarias, educativas, de transporte, protección social e interministeriales.
Vilches había sido designado oficialmente como secretario nacional de Discapacidad en febrero de 2026.
Con información de NA
Politica
Bullrich reclama cambios a Milei y plantea una “alternativa superadora” dentro del oficialismo
La senadora Patricia Bullrich profundizó sus diferencias con el Gobierno de Javier Milei a raíz de los cambios incluidos en el Presupuesto 2027 para el área de discapacidad.
Reclama una corrección en algunas decisiones y sostiene que el oficialismo necesita ampliar acuerdos para mantener el respaldo político.
Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei y reclamó una “corrección en el rumbo”, en medio de la tensión generada por los cambios previstos para el área de discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027.
La senadora, actual presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, había cuestionado públicamente que esas modificaciones no fueran informadas durante la reunión de la mesa política del Gobierno. Según sus propias declaraciones, la situación generó un desgaste en la relación.
El conflicto por el Presupuesto 2027
Bullrich considera que el Gobierno debe revisar determinadas decisiones y evitar medidas que puedan alejarlo de sectores que respaldaron al oficialismo.
La discusión cobró especial relevancia por las partidas destinadas a discapacidad, sobre las que la senadora aseguró que no había sido informada antes de que el proyecto llegara al Congreso.
“Cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera estando en esa mesa cómo van a venir exactamente las cosas, se genera que uno llegue al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’”, había señalado Bullrich al referirse a la situación.
En los últimos días también cuestionó públicamente una explicación de Diego Santilli sobre las circunstancias en las que se habría conocido el contenido del proyecto.
Bullrich plantea una “alternativa superadora”
Según el análisis publicado por Clarín, Bullrich considera que el oficialismo necesita construir una alternativa que permita conservar el apoyo de sectores que acompañaron a Milei y que podrían alejarse si no se producen cambios.
Desde su entorno sostienen que esa alternativa podría construirse dentro del espacio oficialista si existe una corrección en algunas decisiones, aunque también plantean la posibilidad de una competencia por fuera del Gobierno.
Bullrich, además, ha señalado en entrevistas anteriores que aspira a ser candidata a presidenta en 2031, una vez finalizado un eventual segundo mandato de Milei. En su entorno, sin embargo, algunos sectores consideran que una discusión electoral podría adelantarse a 2027.
Diferencias sobre la relación con el Congreso
Otro de los puntos de diferencia señalados por Bullrich está relacionado con la forma de gestionar y construir acuerdos políticos.
La senadora sostiene que es necesario tender puentes en el Congreso para avanzar con las leyes y mantener una relación institucional con distintos sectores políticos.
En ese contexto, la discusión sobre discapacidad se convirtió en uno de los principales puntos de tensión dentro del oficialismo.
Bullrich también viene marcando diferencias con algunos integrantes del entorno presidencial, aunque mantiene su pertenencia al espacio político que conduce Milei.
Una tensión que continúa dentro del oficialismo
Las diferencias entre Bullrich y el Gobierno se suman a otros episodios recientes que expusieron tensiones internas en La Libertad Avanza.
La senadora mantiene su respaldo al espacio oficialista, pero al mismo tiempo reclama modificaciones en determinadas decisiones y una mayor coordinación política.
El debate se produce mientras el Presupuesto 2027 continúa su recorrido legislativo y el oficialismo busca sostener acuerdos para avanzar con su proyecto en el Congreso.
Con información de Clarín
Politica
El Gobierno busca eliminar las PASO y negocia con gobernadores y aliados de cara a 2027
La Casa Rosada intensifica las negociaciones en el Congreso para modificar el sistema electoral y avanzar con la eliminación de las PASO.
El oficialismo todavía no cuenta con los votos necesarios y analiza alternativas como suspender las primarias o quitarles su carácter obligatorio.
La reforma electoral entra en una etapa clave
El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con una reforma electoral que tiene entre sus principales objetivos eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La iniciativa comenzó a discutirse en el Senado, pero el oficialismo reconoce que todavía necesita sumar apoyos para conseguir su aprobación. En los últimos días, las negociaciones se intensificaron con sectores del PRO, la UCR y distintos gobernadores, especialmente de las provincias del Norte.
La reforma también contempla modificaciones vinculadas con el financiamiento de los partidos políticos, los espacios gratuitos de publicidad electoral y Ficha Limpia.
Tres alternativas sobre las PASO
Ante las dificultades para reunir los votos, dentro del oficialismo aparecen distintas alternativas para modificar el sistema de primarias.
Una de ellas es avanzar directamente con la eliminación de las PASO, que constituye la propuesta original del Gobierno.
Otra posibilidad es suspenderlas nuevamente, como ocurrió para las elecciones legislativas de 2025.
También se analiza mantener las primarias, pero eliminar su carácter obligatorio, convirtiéndolas en una instancia voluntaria.
Estas alternativas ya habían sido planteadas dentro del oficialismo ante la falta de acuerdos suficientes para aprobar el proyecto original.
La negociación con los gobernadores
El Ejecutivo busca conseguir respaldo de los mandatarios provinciales para destrabar la reforma. Algunos gobernadores aliados muestran disposición a acompañar al Gobierno, mientras otros reclaman acuerdos previos antes de comprometer su apoyo.
En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con distintos gobernadores mientras el oficialismo intenta ampliar sus acuerdos parlamentarios.
La discusión también se encuentra vinculada con el Presupuesto 2027 y otras iniciativas que el Gobierno pretende llevar adelante en el Congreso.
El argumento oficialista sobre las primarias
Desde el Gobierno sostienen que mantener las PASO significaría adelantar el calendario electoral de 2027 y extender durante varios meses la actividad proselitista.
Además, dentro de La Libertad Avanza consideran que las primarias podrían funcionar como una instancia para ordenar las internas de otros espacios políticos.
Sin embargo, los sectores que plantean reparos a la eliminación de las PASO utilizan su eventual apoyo como parte de la negociación con el Ejecutivo.
Qué ocurre en el Congreso
El debate legislativo se desarrolla en un escenario en el que el oficialismo todavía no tiene asegurados los votos para eliminar las PASO. La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzó a analizar la reforma y los distintos bloques plantearon sus condiciones.
La Cámara Nacional Electoral también puso el foco en los tiempos necesarios para implementar eventuales modificaciones antes de las elecciones de 2027.
Por ahora, el Gobierno mantiene como objetivo avanzar con la reforma durante este año, mientras continúa la negociación con gobernadores y bloques aliados.
Con información de Infobae
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