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Procesaron a Pantera, Sayago y Malagueño por la desaparición de Maxi Sosa

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Procesaron a Pantera, Sayago y Malagueño por la desaparición de Maxi Sosa. El Juez los acusa de haberlo entregado a una red de Trata.

Se trata de Patricia Sayago, su pareja Ariel Malagueño y el recientemente detenido, Pablo Americo Pineda, alias “Pantera”. Todos acusados de entregar al pequeño de tres años a una red de trata de personas.

El juez federal de la ciudad de Rafaela, Miguel Abásolo, procesó a los tres imputados que tiene la causa que investiga la desaparición de Maximiliano Sosa, el niño que desapareció de la casa de su abuela entre el 18 y 21 diciembre del 2015 y que desde entonces nada se sabe sobre su actual paradero.

La reciente medida, que fue resuelta el pasado 22 de octubre, apunta a los ya imputados en el inicio de la investigación -cuando la causa se tramitó en la Justicia provincial-, Patricia Sayago (43) y su pareja Ariel Malagueño (39), y al recientemente detenido por la Policía Federal, el pasado 25 de octubre, Pablo Americo Pinedo (60), alias “Pantera”. Todos  procesados por el delito de “trata de personas, en las modalidades de traslado y ofrecimiento, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por no poder esta valerse por sí misma, por la participación de tres o más personas, y por ser aquella menor de dieciocho años”.

En el caso de Sayago y Malagueño, el fallo del juez los declaró “coautores” del delito que se investiga mientras que a “Pantera” el magistrado federal lo colocó como “participe primario” de la desaparición del pequeño. En tanto, la resolución dispuso trabar un embargo de 5 millones de pesos para la abuela del niño y su pareja, mientras que ordenó embargar por 4 millones a los bienes que posee Pineda.

El caso lleva cuatro años tramitándose entre el fuero provincial y federal. Primeramente, la investigación estuvo encabezada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Emilce Fisore y agentes de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de Santa Fe. Sin embargo, al sospechar de que existía el delito de trata de personas, la fiscal solicitó que la causa pase al fuero federal en 2017. A partir de allí, la causa tuvo sus idas y vueltas entre un fuero y otro, hasta que el 7 de junio del 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el expediente se radique en el Juzgado Federal de Rafaela. Un año después, el pasado 16 de julio, el entonces fiscal subrogante Federico Grimm declaró la incompetencia y el juez Abásolo hizo lugar.

Sin embargo, la declaratoria de incompetencia fue apelada por la defensa de Sayago, a cargo del defensor oficial, Marcelo Cerdá, y por tal situación tuvo que intervenir un juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Finalmente a principios de septiembre, el juez Guillermo Toledo, no hizo lugar al planteo de Abásolo y dispuso que continúe la causa en el Juzgado rafaelino. Un mes después, con la llegada del nuevo fiscal federal, Javier Arzubi Calvo, la causa volvió a cobrar impulso y concluyó en el flamante procesamiento que reveló datos espeluznantes sobre porqué podría haber desaparecido Maxi Sosa.

Dinero, trata y un niño que no aparece

En el procesamiento, al que tuvo acceso Aire Digital, el juez federal consideró que se encuentra acreditado que la desaparición de Maxi Sosa se dio entre los días 18 y 21 de diciembre del año 2015. Para el magistrado, Sayago y Malagueño lo trasladaron desde Ceres hasta un inmueble llamado “El Chalecito”, ubicado en Colonia Montefiore. El mismo vestía la última vez que fue visto una musculosa marca Adidas color gris, y un pantalón tipo bermudas de color negro con rayas gris.

Allí, según determinó la investigación, el menor fue retenido y ocultado por lo menos hasta el 26 de junio del 2016. Luego, creen las pesquisas,  el niño fue entregado o “vendido” a una red de trata de personas cuyas identidades aún no pudieron ser establecidas.

El grueso de la investigación, que en su mayoría son declaraciones testimoniales, construyó la hipótesis de que a Maxi Sosa lo vendió su abuela con la colaboración tanto de Malagueño como así también de Pineda. Así lo evidenció por ejemplo una declaración que indicó que tras la desaparición del niño, Sayago, le pidió a su hija -la madre de Maxi- la ropa, la cuna, un roperito y hasta el cochecito que usaba el pequeño.

En otro tramo del procesamiento, el juez valoró que tanto la abuela como su pareja tuvieron un crecimiento patrimonial notable en sus bienes tras la desaparición del niño. Es que cuando allanaron la vivienda del paraje “El Chalecito” los investigadores detectaron “artefactos electrónicos y tecnológicos” que antes no poseía la pareja.

En torno a la participación de “Pantera” Pineda -sobre el cual recae un antecedente condenatorio por un homicidio y además fue investigado por trata de personas- en la desaparición del pequeño, el magistrado tomó en cuenta una escucha telefónica crucial en la causa.

Escuchas centrales

Como prueba trascendental la causa cuenta con dos escuchas telefónicas que permitieron sostener que tanto Sayago como el resto de los acusados habrían tenido un grado de conocimiento sobre el posible paradero de Maxi. Una de ellas, fue cuando la mujer dialogó con Malagueño -el 26 de junio del 2016- de manera telefónica y este respondió que “Maxi venía de abajo, que había ido hasta del vasco”.

La otra escucha que contempló el mismo magistrado fue la que comunicación telefónica que tuvieron Sayago y Pineda el 29 de julio del 2016. Dicha conversación se dio justamente cuando la abuela del niño había sido detenida por la Agencia de Trata de Personas y se encontraba alojada en la Alcaldía de la Policía de Rafaela e “incomunicada”.

Aquella llamada fue hacia el teléfono del inmueble “El Chalecito”, el cual se encontraba intervenido por orden de la Justicia provincial. Sayago marcó el número y del otro lado atendió un hombre, el cual entienden varios testigos que declararon en la causa se trataría de “Pantera” Pineda. Para el juez, ambos hablaron de la desaparición del niño.

“Vos pensas que yo nunca mate a nadie? Que nunca mate a nadie” … “vos que te pensás que vale la pena de que te allanen …”, le dijo el hombre a Sayago en esa comunicación que fue interceptada por los investigadores del área de Trata de Personas.

Fuente: Aire de Santa Fe

 

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Brindaron detalles el estado del proceso concursal de Sancor

La firma jurídica advirtió que el juez dio a la empresa una última oportunidad para presentar un plan de contingencia y evitar la quiebra.

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Foto: Ilustrativa

La Empresa de Servicios Jurídicos Regali y Asociados brindó detalles sobre el estado actual del proceso concursal de Sancor, aclarando que la información difundida está vinculada a su participación directa en el conflicto.

En el comunicado, los abogados recordaron que “el proceso de concurso recién está en sus pasos iniciales”, tras haber finalizado la etapa de verificación y la de impugnación de los créditos.

Reunión del consorcio de acreedores

Desde el estudio indicaron que en la última reunión del consorcio se abordó el pedido de quiebra presentado por el sindicato, analizando sus consecuencias y las posibilidades de garantizar los créditos de sus representados, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores de la empresa.

También se trató el pedido de intervención de la administración presentado por el estudio, que solicita el desplazamiento de los cargos directivos y la promoción de una investigación penal por las actividades desarrolladas durante los últimos diez años. “El tiempo de diez años no es caprichoso, sino que tiene que ver con el plazo de prescripción de ciertas acciones”, explicaron.

En ese marco, el juzgado requirió a Sancor la presentación de un plan de contingencia, en el que deberá detallar su estrategia para salir de la crisis, las asesorías con las que cuenta y las decisiones adoptadas.

“El juez está intentando darle una oportunidad más a la empresa para salir de los pedidos de quiebra, que están muy bien fundados y tienen todas las posibilidades de concretarse”, advirtieron desde el estudio.

Riesgo de quiebra

Regali y Asociados alertó que, de concretarse la quiebra, esta sería de carácter liquidativo. “Así como Sancor Seguros continúa con la ejecución de la hipoteca que mantiene sobre el Centro de Distribución de Buenos Aires, el resto de los acreedores podría avanzar sobre sus créditos especiales, entre ellos la marca, uno de los activos más valiosos de la empresa”, precisaron.

También indicaron que el valor de remate de los bienes “suele ser la mitad o menos”, y que las plantas, como la de Sunchales, tienen tecnología obsoleta y bajo valor de venta. “Hasta el momento hubo un solo interesado en la compra, pero el monto ofrecido fue irrisorio y no alcanzaba para pagar ni el 10% de las deudas”, agregaron.

Irregularidades y falta de respuestas

El estudio remarcó que la intervención de la administración se solicita debido a “las irregularidades que existen en el acontecer diario de la empresa y la falta de información verificable”. Denunciaron que la firma “se maneja de forma autónoma y sin rendir cuentas a la sindicatura”, mencionando como ejemplo la negociación con la empresa Elcor S.A., de la cual el juez y la sindicatura se habrían enterado por los medios.

Asimismo, señalaron “la presentación de 850 recibos apócrifos” .

Por último, manifestaron su preocupación por “la falta de respuesta y la desidia con la que los funcionarios tratan la situación”. “Parece que quieren que la empresa quiebre de una vez por todas. No hay voluntad ni espíritu de lucha, y en esas condiciones es imposible rescatarla. Los directivos no dan señales de vida, y el juez ni siquiera los conoce”, concluyeron.

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Continúa la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales

Confirmaron por la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales.

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Foto: archivo

Un hombre de 32 años, cuyas iniciales son GSP, continuará en prisión preventiva en el marco de una causa en el que está acusado como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego el 13 de junio del año pasado en Sunchales

La medida cautelar fue confirmada por el camarista Cristian Fiz, luego de escuchar a las partes en la audiencia de apelación. La preventiva ya había sido ratificada por otro tribunal en diciembre del año pasado. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5

Castellano sostuvo que “se tuvo en cuenta que ya presentamos la acusación contra el hombre investigado y estamos a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha para el inicio del juicio oral y público”.

Peligros procesales

Castellano sostuvo que “en esta nueva audiencia de apelación, el camarista volvió a coincidir con la Fiscalía en que las evidencias que presentamos en la audiencia de medidas cautelares fueron suficientes para tener por acreditadas la materialidad y la participación del imputado en el hecho ilícito”. En tal sentido, agregó que “el juez de segunda instancia también refirió a la pena en expectativa y dijo que en la acusación solicitamos 13 años de prisión de cumplimiento efectivo”.

El fiscal manifestó que “el juez consideró que ante la proximidad del juicio oral y publico, los riesgos procesales aumentan y podrían hacer que el acusado no se sujete al proceso”.

Con un revólver

Castellano recordó que “el ilícito fue cometido aproximadamente a las 11:30 del jueves 13 de junio del año pasado mientras la víctima caminaba con su novia adolescente por calle Alem al 1.300”. Relató que “luego de perseguirlos desde atrás, el acusado se paró delante de ellos, extrajo un revólver –del que no tenía la debida autorización legal– de su cintura, le apuntó al hombre y le exigió que le entregue sus pertenencias”.

El fiscal manifestó que “mientras la víctima se sacaba la mochila para dársela, el imputado le apuntó a la menor de edad y la amenazó diciéndole que le dispararía con el arma si interfería”.

En tal sentido, agregó que “inmediatamente después, a una distancia aproximada de 50 centímetros, le disparó al rostro del hombre con la clara intención y voluntad de provocarle la muerte”.

El fiscal subrayó que “tras efectuar el disparo, el acusado se fue corriendo del lugar sin haber logrado su objetivo de quitarle la vida a la víctima por razones ajenas a su voluntad debido a la inmediata intervención de personal médico”.

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Crimen en Moisés Ville: libertad para el padre y prisión preventiva para el hijo, acusado de dar la puñalada mortal

Se trata del violento hecho ocurrido el jueves donde un hombre identificado como Gastón Pfaffen fue apuñalado y perdió la vida.

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Foto: Archivo

La justicia resolvió este miércoles la situación procesal de los dos detenidos por el crimen de Gastón Alejandro Pfaffen, de 35 años, ocurrido la semana pasada en Moisés Ville, departamento San Cristóbal.

En la audiencia cautelar realizada en la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal de manera semipresencial, la fiscal Hemilce Fissore imputó a Fabricio Alejandro Battiston (padre) y a su hijo Fabricio Alejandro Battiston, acusados por el delito de homicidio doloso. A través de la plataforma Zoom, el doctor Carlos Farías Demaldé, asistió profesionalmente a la madre y a la esposa de la víctima, que pedirán constituirse como querellantes en la causa. La audiencia contó ademàs con la participación de los abogados Alejandro María Otte, Juan Manuel Lovaiza y Cecilia Andrea Gaitán como defensores de los acusados.

La juez interviniente Gabriel Peralta, dispuso la libertad del padre, mientras que al hijo, de 23 años, le dictó la prisión preventiva, al considerarlo quien presuntamente le habría propinado la puñalada mortal a Pfaffen. Algo que fue reconocido por el propio acusado a travès de su defensor, aunque alegando legítima defensa.

El violento episodio ocurrió en la vivienda de los Battiston, cuando la víctima —que era empleador del hijo— se presentó en el lugar para reclamarle por el incumplimiento de una tarea laboral. En ese marco se habría generado una discusión que terminó de la peor manera, con Pfaffen herido de arma blanca y posteriormente fallecido.

Minutos después del ataque, personal de la Comisaría 3ª detuvo a padre e hijo, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Regional 5.

Con la medida cautelar definida, la fiscal Fissore deberá profundizar la investigación para establecer con precisión las circunstancias del crimen, reunir pruebas y tomar declaraciones que permitan llegar a juicio.

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