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Procesaron a Pantera, Sayago y Malagueño por la desaparición de Maxi Sosa

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Procesaron a Pantera, Sayago y Malagueño por la desaparición de Maxi Sosa. El Juez los acusa de haberlo entregado a una red de Trata.

Se trata de Patricia Sayago, su pareja Ariel Malagueño y el recientemente detenido, Pablo Americo Pineda, alias “Pantera”. Todos acusados de entregar al pequeño de tres años a una red de trata de personas.

El juez federal de la ciudad de Rafaela, Miguel Abásolo, procesó a los tres imputados que tiene la causa que investiga la desaparición de Maximiliano Sosa, el niño que desapareció de la casa de su abuela entre el 18 y 21 diciembre del 2015 y que desde entonces nada se sabe sobre su actual paradero.

La reciente medida, que fue resuelta el pasado 22 de octubre, apunta a los ya imputados en el inicio de la investigación -cuando la causa se tramitó en la Justicia provincial-, Patricia Sayago (43) y su pareja Ariel Malagueño (39), y al recientemente detenido por la Policía Federal, el pasado 25 de octubre, Pablo Americo Pinedo (60), alias “Pantera”. Todos  procesados por el delito de “trata de personas, en las modalidades de traslado y ofrecimiento, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por no poder esta valerse por sí misma, por la participación de tres o más personas, y por ser aquella menor de dieciocho años”.

En el caso de Sayago y Malagueño, el fallo del juez los declaró “coautores” del delito que se investiga mientras que a “Pantera” el magistrado federal lo colocó como “participe primario” de la desaparición del pequeño. En tanto, la resolución dispuso trabar un embargo de 5 millones de pesos para la abuela del niño y su pareja, mientras que ordenó embargar por 4 millones a los bienes que posee Pineda.

El caso lleva cuatro años tramitándose entre el fuero provincial y federal. Primeramente, la investigación estuvo encabezada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Emilce Fisore y agentes de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de Santa Fe. Sin embargo, al sospechar de que existía el delito de trata de personas, la fiscal solicitó que la causa pase al fuero federal en 2017. A partir de allí, la causa tuvo sus idas y vueltas entre un fuero y otro, hasta que el 7 de junio del 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el expediente se radique en el Juzgado Federal de Rafaela. Un año después, el pasado 16 de julio, el entonces fiscal subrogante Federico Grimm declaró la incompetencia y el juez Abásolo hizo lugar.

Sin embargo, la declaratoria de incompetencia fue apelada por la defensa de Sayago, a cargo del defensor oficial, Marcelo Cerdá, y por tal situación tuvo que intervenir un juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Finalmente a principios de septiembre, el juez Guillermo Toledo, no hizo lugar al planteo de Abásolo y dispuso que continúe la causa en el Juzgado rafaelino. Un mes después, con la llegada del nuevo fiscal federal, Javier Arzubi Calvo, la causa volvió a cobrar impulso y concluyó en el flamante procesamiento que reveló datos espeluznantes sobre porqué podría haber desaparecido Maxi Sosa.

Dinero, trata y un niño que no aparece

En el procesamiento, al que tuvo acceso Aire Digital, el juez federal consideró que se encuentra acreditado que la desaparición de Maxi Sosa se dio entre los días 18 y 21 de diciembre del año 2015. Para el magistrado, Sayago y Malagueño lo trasladaron desde Ceres hasta un inmueble llamado “El Chalecito”, ubicado en Colonia Montefiore. El mismo vestía la última vez que fue visto una musculosa marca Adidas color gris, y un pantalón tipo bermudas de color negro con rayas gris.

Allí, según determinó la investigación, el menor fue retenido y ocultado por lo menos hasta el 26 de junio del 2016. Luego, creen las pesquisas,  el niño fue entregado o “vendido” a una red de trata de personas cuyas identidades aún no pudieron ser establecidas.

El grueso de la investigación, que en su mayoría son declaraciones testimoniales, construyó la hipótesis de que a Maxi Sosa lo vendió su abuela con la colaboración tanto de Malagueño como así también de Pineda. Así lo evidenció por ejemplo una declaración que indicó que tras la desaparición del niño, Sayago, le pidió a su hija -la madre de Maxi- la ropa, la cuna, un roperito y hasta el cochecito que usaba el pequeño.

En otro tramo del procesamiento, el juez valoró que tanto la abuela como su pareja tuvieron un crecimiento patrimonial notable en sus bienes tras la desaparición del niño. Es que cuando allanaron la vivienda del paraje “El Chalecito” los investigadores detectaron “artefactos electrónicos y tecnológicos” que antes no poseía la pareja.

En torno a la participación de “Pantera” Pineda -sobre el cual recae un antecedente condenatorio por un homicidio y además fue investigado por trata de personas- en la desaparición del pequeño, el magistrado tomó en cuenta una escucha telefónica crucial en la causa.

Escuchas centrales

Como prueba trascendental la causa cuenta con dos escuchas telefónicas que permitieron sostener que tanto Sayago como el resto de los acusados habrían tenido un grado de conocimiento sobre el posible paradero de Maxi. Una de ellas, fue cuando la mujer dialogó con Malagueño -el 26 de junio del 2016- de manera telefónica y este respondió que “Maxi venía de abajo, que había ido hasta del vasco”.

La otra escucha que contempló el mismo magistrado fue la que comunicación telefónica que tuvieron Sayago y Pineda el 29 de julio del 2016. Dicha conversación se dio justamente cuando la abuela del niño había sido detenida por la Agencia de Trata de Personas y se encontraba alojada en la Alcaldía de la Policía de Rafaela e “incomunicada”.

Aquella llamada fue hacia el teléfono del inmueble “El Chalecito”, el cual se encontraba intervenido por orden de la Justicia provincial. Sayago marcó el número y del otro lado atendió un hombre, el cual entienden varios testigos que declararon en la causa se trataría de “Pantera” Pineda. Para el juez, ambos hablaron de la desaparición del niño.

“Vos pensas que yo nunca mate a nadie? Que nunca mate a nadie” … “vos que te pensás que vale la pena de que te allanen …”, le dijo el hombre a Sayago en esa comunicación que fue interceptada por los investigadores del área de Trata de Personas.

Fuente: Aire de Santa Fe

 

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Rematan bienes de Lázaro Báez: hay camionetas desde $2,2 millones y también salen a subasta obradores

Camionetas, utilitarios y módulos utilizados como obradores que pertenecieron a Austral Construcciones, la empresa del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser ofrecidos en subastas judiciales online de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Foto: Subastan camionetas y obradores que pertenecieron a Austral Construcciones

Los bienes forman parte de un proceso vinculado con la quiebra de la constructora, que tuvo una importante participación en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Qué vehículos se pueden comprar y cuáles son los precios de base

Entre los lotes publicados figuran seis camionetas Chevrolet S10, con precios iniciales de $2.200.000 cada una, según la información difundida.

También se ofrecen los siguientes vehículos:

  • Mercedes-Benz Sprinter: precio base de $5.100.000.
  • Renault Master: precio base de $7.200.000.

Los valores corresponden a las bases de las subastas y no necesariamente al precio final de venta.

También rematan 11 módulos utilizados como obradores

La oferta incluye 11 módulos Tecnimet que eran utilizados como obradores junto a las rutas.

La subasta está dividida en dos lotes: uno compuesto por cuatro unidades y otro por las siete restantes.

Por disposición judicial, los bienes se encuentran bajo custodia de la Fuerza Aérea. En las publicaciones de cada lote se especifican el lugar de depósito y las condiciones en las que se encuentran, información que los interesados pueden consultar antes de participar.

Cómo participar de las subastas judiciales online

Los remates se realizan a través de la plataforma oficial de subastas electrónicas judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El sistema fue creado en 2025 para facilitar la participación de interesados de todo el país, transparentar los procedimientos y permitir que las operaciones se desarrollen sin intermediarios, con resguardo de la identidad de los participantes.

La quiebra de Austral Construcciones tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 28. La venta de estos activos se dispuso en el marco de un incidente de restitución de bienes.

Otros inmuebles también salen a remate

La plataforma también incorporó propiedades a subasta. Entre ellas se mencionan un departamento de tres ambientes con cochera en Mar del Plata, con una base de US$54.000, una construcción sin terminar destinada a un edificio en Villa Urquiza y una planta industrial en Mendoza.

En días recientes también se habían anunciado remates de un departamento en Puerto Madero, con una base de US$400.000, y de una casa ubicada en el country San Diego, en el partido bonaerense de Moreno.

La incorporación de vehículos y obradores amplía el listado de activos ofrecidos en el marco de los procedimientos judiciales vinculados con la liquidación de bienes de Austral Construcciones.

La información sobre los lotes, sus condiciones y los requisitos para participar se encuentra en la plataforma oficial: https://subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar/

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Dijo que su vida corre peligro en la cárcel y pidió prisión domiciliaria: la Justicia se la negó

Un hombre investigado por abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente seguirá detenido en una unidad penitenciaria, luego de que la Justicia rechazara su pedido de prisión domiciliaria. La defensa argumentó que su salud se había deteriorado y que su vida corría riesgo, pero el juez ordenó nuevas evaluaciones médicas antes de considerar otras medidas.

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Foto: Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria en Rafaela

La audiencia se realizó el miércoles 14 de octubre en los Tribunales de Rafaela y fue presidida por el juez Javier Carlos Bottero.

El imputado, identificado como Eduardo T., permanece detenido en la Unidad Penitenciaria N.º 2 de Las Flores, mientras avanza la investigación en su contra.

La defensa alegó problemas de salud y discapacidad

Los abogados defensores solicitaron revisar la situación del detenido a partir de nuevos informes médicos. Sostuvieron que el agravamiento de su estado de salud, sus patologías y su discapacidad justificaban que continuara cumpliendo la detención en su domicilio.

También hicieron referencia a informes cardiológicos, cuestionaron la atención médica recibida en la cárcel y pidieron una evaluación integral a cargo de una junta médica.

Durante la audiencia, el propio imputado afirmó que no estaba solicitando la libertad ni que se lo declarara inocente, sino que buscaba acceder a la prisión domiciliaria por sus condiciones de salud.

Además, aseguró haber sufrido un episodio cerebrovascular que requirió varios días de internación y sostuvo que necesitaba asistencia permanente.

La Fiscalía se opuso al pedido

La fiscal Brenda Baños solicitó que se mantuviera la detención en la unidad penitenciaria. Según su planteo, no se habían acreditado circunstancias nuevas suficientes para modificar la medida vigente.

También señaló la gravedad del hecho investigado y la necesidad de proteger a la presunta víctima, una adolescente.

Por su parte, la querella manifestó que no tenía objeciones respecto de las cuestiones médicas relacionadas con una eventual intervención quirúrgica que pudiera necesitar el detenido.

El juez rechazó la prisión domiciliaria

Tras escuchar a las partes, Bottero rechazó el pedido de la defensa. Consideró que no se habían presentado elementos nuevos suficientes para cambiar la medida cautelar y que algunas de las circunstancias médicas expuestas ya habían sido evaluadas anteriormente.

Sin embargo, dispuso solicitar la intervención de la Junta Médica de Santa Fe para analizar de manera integral el estado de salud del imputado. También dejó abierta la posibilidad de recurrir a una junta médica de Rosario si fuera necesario.

De esta manera, el hombre continuará detenido mientras avanza la causa, a la espera de nuevas evaluaciones sobre su situación médica.

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Colonia Rosa: quedó preso por una investigación de abuso sexual que se extendió durante siete meses

Un hombre de 63 años quedó en prisión preventiva en una causa por presuntos abusos sexuales reiterados contra una mujer que trabajaba para él en Colonia Rosa, departamento San Cristóbal.

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Foto: Prisión preventiva para un hombre investigado por abuso sexual

La medida regirá durante todo el proceso judicial, mientras avanza la investigación por hechos que habrían ocurrido durante aproximadamente siete meses.

La decisión fue tomada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria Cecilia Álamo, durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.

El pedido había sido formulado por el fiscal Emiliano Odriozola, quien está a cargo de la investigación y solicitó que el acusado permanezca detenido mientras se desarrolla el proceso.

La investigación apunta a hechos reiterados

Según la Fiscalía, los episodios habrían ocurrido entre fines de agosto de 2024 y marzo de 2025, en una vivienda de Colonia Rosa donde el hombre residía y a la que concurría la mujer por su trabajo como empleada doméstica.

El fiscal sostuvo que el investigado habría aprovechado las ocasiones en que ambos quedaban a solas para cometer las presuntas agresiones sexuales sin el consentimiento de la víctima.

La acusación plantea que los hechos no habrían sido aislados, sino reiterados durante aproximadamente siete meses, y que se habrían producido en un contexto de violencia de género y de desigualdad derivada de la relación laboral.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, la mujer habría sufrido consecuencias en su salud mental que requirieron atención profesional.

Por qué seguirá detenido

Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, el fiscal hizo referencia a las evidencias reunidas durante la investigación y a la necesidad de proteger a la víctima.

La jueza consideró que las medidas alternativas a la detención propuestas por la Defensa eran insuficientes para neutralizar los riesgos procesales, en particular el posible entorpecimiento de la investigación.

Por ese motivo, dispuso que el hombre permanezca privado de su libertad durante todo el proceso judicial.

La calificación penal

El hombre es investigado como presunto autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en un contexto de violencia de género.

La causa continúa en etapa de investigación. La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una condena: la responsabilidad penal deberá determinarse en el marco del proceso judicial.

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