Un juicio con cientos de testigos

De acuerdo con el cronograma establecido por la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela, las primeras audiencias comenzarán el 8 de octubre con los alegatos de apertura.

La producción de la prueba se desarrollará a lo largo de al menos 38 audiencias, con la participación de más de 600 testigos, según información publicada sobre la organización del debate.

Los alegatos de clausura de las partes están previstos para el 21 de diciembre, mientras que el veredicto se conocería el 28 de diciembre al mediodía, en los Tribunales de Rafaela.

El camino hasta el juicio

La fecha del debate llega después de distintas instancias judiciales y planteos realizados por las partes durante el proceso.

En mayo, el juez Gustavo Javier Bumaguin había admitido las acusaciones de la Fiscalía y de las querellas particulares, además de rechazar distintos planteos de las defensas.

Las decisiones fueron apeladas y posteriormente el juez de segunda instancia Sergio Enrique Alvira confirmó lo actuado, dejando habilitado el camino hacia el juicio oral.

Entre los cuestionamientos de las defensas estuvieron los plazos de presentación de las acusaciones, la individualización de determinadas conductas y la calificación jurídica planteada por la Fiscalía.

La Cámara entendió que esas cuestiones debían ser analizadas durante el debate y no resueltas anticipadamente en la audiencia preliminar.

La causa Spaggiari

El expediente tiene como imputados a Matías Germán Spaggiari, Fernando Luis Spaggiari, Mirta Ofelia Condotto, Carolina Rocío Schaberger, Myriam Marcela Bravo, Cristian Ezequiel Clemenz, Germán Darío Garetto, Gabriel Lorenzo Ulman, Cristian Marcelo Franzetti y Carlos Andrés Ciancia, según la información publicada sobre la causa.

La acusación del Ministerio Público de la Acusación atribuye distintos hechos de presunta estafa y asociación ilícita, con diferentes grados de participación según cada imputado.

Será durante el juicio donde se producirán y confrontarán las pruebas y se analizará la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.

La fijación del cronograma marca así el inicio de una etapa decisiva para una de las causas judiciales de mayor volumen que tramita en los Tribunales de Rafaela.

Con información de Rafaela Informa

El tribunal le impuso 2 años y 10 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La pena de prisión no será de cumplimiento efectivo.

Busquets fue condenado por siete hechos

La Justicia declaró culpable al exintendente por tres hechos de fraude a la administración pública, tres hechos de abuso de autoridad y un hecho de malversación de caudales públicos.

La condena establece una pena de 2 años y 10 meses de prisión. Al ser inferior a tres años, Busquets no deberá cumplir la pena en una cárcel.

Además, el tribunal dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

También condenaron al exsecretario de Hacienda

En el mismo juicio fue condenado el exsecretario de Hacienda Lucas Cañete, quien recibió una pena de 2 años y 3 meses de prisión.

Cañete fue encontrado responsable de los delitos de malversación de caudales y fraude a la administración pública.

Por otra parte, Betiana Godoy, también exsecretaria de Hacienda, fue absuelta de los cargos que se le atribuían.

Podrían surgir nuevas líneas de investigación

Durante el proceso, el fiscal solicitó extraer una copia del registro audiovisual de la declaración testimonial del concejal Juan Manuel Mansilla para remitirla a la Fiscalía y evaluar una eventual ampliación de la investigación.

Mansilla había sido presidente del Concejo Municipal de Ceres y, durante un período de la gestión de Busquets, quedó al frente del Ejecutivo municipal debido a la ausencia del intendente por razones de salud, en su condición de titular del cuerpo legislativo.

El pedido realizado por la Fiscalía sobre su declaración podría abrir nuevas líneas de investigación a partir de lo expresado durante el juicio.

Con información de Radio Belgrano de Suardi

La Justicia busca analizar la evolución patrimonial del presidente de la AFA y solicitó levantar sus secretos bancario, fiscal y bursátil, además de requerir información a distintos organismos públicos.

Qué medidas pidió el fiscal

Pollicita le solicitó al juez federal Ariel Lijo que ordene las primeras medidas de prueba para avanzar en el análisis de la situación económica y patrimonial de Tapia.

Entre los pedidos se encuentran informes a ANSES, ARCA, Banco Central, Caja de Valores, Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera (UIF).

El fiscal también requirió las declaraciones juradas presentadas por Tapia desde su ingreso al CEAMSE, incluyendo sus anexos reservados.

Además, pidió al organismo información sobre sus antecedentes laborales y los ingresos percibidos durante ese período.

Con esa documentación se busca elaborar un informe patrimonial, económico y financiero que permita determinar si existe alguna inconsistencia entre los bienes declarados y los ingresos acreditados.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución del patrimonio de Tapia entre 2017 y 2024.

De acuerdo con el análisis presentado por el denunciante a partir de las declaraciones juradas, la liquidez de Tapia habría aumentado cerca de un 1.000% durante ese período.

Tofoni sostuvo que ese incremento no tendría correlato con los ingresos lícitos declarados por el dirigente. Ahora, esos planteos deberán ser contrastados con la documentación que reúna la Justicia.

El cuestionamiento de Facundo Del Gaiso

El legislador porteño Facundo Del Gaiso también cuestionó la situación patrimonial de Tapia y consideró que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito debe avanzar.

En declaraciones a Cadena 3, sostuvo que intentar justificar la diferencia entre los ingresos declarados y el nivel de vida del titular de la AFA constituye “un atentado a la inteligencia”.

Sus declaraciones se produjeron luego de que Pollicita resolviera avanzar con la investigación.

El rol de Tapia en el CEAMSE

El CEAMSE es una empresa pública de carácter mixto integrada por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, dedicada a la gestión de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Tapia fue designado vicepresidente del organismo en 2014, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. Permaneció en ese cargo hasta 2024, cuando asumió como presidente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Además de conducir el CEAMSE y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Tapia ocupa la vicepresidencia de la Conmebol.

Según la denuncia, la presidencia de la AFA es ejercida ad honorem.

La causa tramita en Comodoro Py

El expediente tuvo inicialmente una discusión sobre su competencia entre la Justicia federal y los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta semana, la Cámara Federal resolvió que la investigación debe continuar en los tribunales federales de Comodoro Py.

A partir de esa decisión, Pollicita formalizó el requerimiento de instrucción y solicitó las primeras medidas destinadas a determinar la evolución patrimonial de Tapia.

La investigación deberá establecer, a partir de la documentación que se incorpore al expediente, si existen elementos que permitan avanzar sobre las sospechas planteadas en la denuncia.

Con información de Cadena 3