La Fiscalía intenta identificar a una mujer que también habría participado de la maniobra para exigirle a una familia que asumiera una deuda de hasta 35.000 dólares.

La investigación por la presunta extorsión a una familia de Rafaela mediante una falsa requisa policial sumó un nuevo avance. Este lunes 2 de noviembre fue detenido un efectivo de la Policía de Santa Fe que cumplía funciones en los Tribunales de la ciudad.

El procedimiento fue ordenado por la fiscal Fabiana Bertero y realizado por personal de Asuntos Internos, luego de que los investigadores analizaran registros de cámaras de seguridad que permitieron identificar a uno de los sospechosos.

El caso ya tenía a un empleado de la Oficina de Gestión Judicial detenido desde la semana pasada. Además, la Justicia le dictó este lunes prisión preventiva por 30 días.

Una falsa requisa para reclamar una deuda de hasta 35.000 dólares

El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 15 de octubre, cerca de las 19, en una vivienda de barrio Jardín.

Según la denuncia, un hombre y una mujer llegaron al domicilio vestidos con ropa oscura y se presentaron como policías que debían realizar una requisa por orden judicial. La mujer llevaba una carpeta con documentación que aparentaba respaldar el procedimiento.

Sin embargo, no había ningún móvil policial en el lugar y tampoco se entregó una copia de la supuesta orden.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, posteriormente llegó a la vivienda el empleado judicial que terminó detenido. Allí habría indicado a quienes se presentaban como policías que se retiraran, porque no se realizaría ningún procedimiento.

El reclamo económico y las presuntas amenazas

Una vez que los otros dos visitantes se retiraron, el empleado judicial habría planteado una cuestión económica vinculada con una deuda que mantenían su hija y la pareja de ella.

Según la hipótesis investigativa, buscaba que los padres asumieran esa obligación mediante la firma de un reconocimiento de deuda y un plan de pagos.

La suma involucrada se ubicaría entre 30.000 y 35.000 dólares. También se investigan presuntas amenazas relacionadas con posibles detenciones y deportaciones que habrían sido utilizadas para presionar a la familia.

La Fiscalía intenta determinar si la supuesta presencia policial fue organizada para generar temor y facilitar el reclamo de dinero.

Las cámaras permitieron identificar al policía

El análisis de las imágenes de cámaras de seguridad de la zona fue clave para avanzar sobre uno de los hombres que habría participado de la falsa requisa.

Con esa información, la fiscal Bertero ordenó un allanamiento que se concretó durante la mañana de este lunes y terminó con la detención del efectivo policial, quien se desempeñaba en los Tribunales de Rafaela.

En paralelo, los investigadores buscan identificar a la mujer que habría acompañado al policía durante la visita y que, según la denuncia, fue quien exhibió la documentación que simulaba ser una orden judicial.

El empleado judicial recibió prisión preventiva

En otra instancia de la causa, este lunes se realizó una audiencia en los Tribunales de Rafaela y el juez José Luis Estévez dispuso 30 días de prisión preventiva para el empleado judicial investigado.

Además, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ordenó abrir un sumario administrativo y dispuso su suspensión inmediata en el puesto de trabajo.

La investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Fabiana Bertero, que deberá establecer qué participación tuvo cada uno de los sospechosos y si existió una planificación previa.

Por el momento, la causa se investiga como una presunta tentativa de extorsión y la responsabilidad penal de las personas involucradas deberá determinarse en el proceso judicial.

Con información de Rafaela informa

Un joven de 21 años fue condenado a 13 años de prisión por el homicidio de Rubén Emanuel Tisera y por dos tentativas de homicidio cometidas en Frontera, departamento Castellanos.

El condenado fue identificado como Alexander Yamil Eduardo Allende. La resolución fue dictada por el juez Gustavo Bumaguín en el marco de un procedimiento abreviado realizado en los Tribunales de Rafaela.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 5.

Según explicó el fiscal, para determinar la pena se tuvieron en cuenta, entre otros factores, la violencia de los ataques y la magnitud de los daños ocasionados.

El crimen de Rubén Tisera

El homicidio ocurrió el 5 de octubre de 2024, entre las 21 y las 21:30, en una vivienda ubicada en calle 102 al 600 de Frontera.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Allende llegó en un automóvil hasta el domicilio de Tisera, quien se encontraba en la vereda. Luego descendió del vehículo con una escopeta y efectuó varios disparos desde una distancia aproximada de 25 metros.

La víctima recibió impactos en distintas zonas vitales y falleció horas después en el hospital de San Francisco, Córdoba.

Durante la investigación también se estableció que Allende no estaba registrado como legítimo usuario de armas de fuego.

Dos tentativas de homicidio

La condena también comprendió un ataque ocurrido el 22 de noviembre de 2024, cerca de las 23:45, cuando Allende y otro hombre intentaron matar a un hombre y una mujer que circulaban en motocicleta por calle 104, entre las calles 17 y 19 de Frontera.

Según la acusación fiscal, ambos atacantes dispararon contra las víctimas, pero no lograron concretar el homicidio por circunstancias ajenas a su voluntad.

El otro hombre, de 40 años e identificado por sus iniciales FGA, permanece imputado en la misma causa y transita el proceso judicial en prisión preventiva, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.

Reconoció su responsabilidad

En el juicio abreviado, Allende reconoció su responsabilidad penal por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego, las tentativas de homicidio agravado y la portación de un arma de fuego de uso civil sin autorización legal.

La Defensa aceptó las calificaciones penales, la pena acordada y la realización del procedimiento abreviado. Además, las víctimas directas e indirectas manifestaron su conformidad con el acuerdo y con la condena de 13 años de prisión.

Con información de Rafaela Informa

Una estación de servicio de Pergamino, provincia de Buenos Aires, fue condenada en primera instancia a pagar $7.010.000 más intereses a un cliente al que le cargaron nafta en lugar de gasoil en su automóvil.

El fallo del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 reconoció una indemnización por la reparación del vehículo, la privación de uso y el daño moral. También impuso una multa civil por la respuesta de la empresa frente al reclamo.

El error que dejó al auto fuera de funcionamiento

El episodio ocurrió el 15 de octubre de 2022, cuando el conductor, que entonces tenía 26 años, llegó a la estación para cargar $2.000 de gasoil en su Renault Clio diésel.

Según los hechos que el juzgado consideró probados, un empleado despachó nafta por equivocación. Después de pagar, el vehículo comenzó a fallar y se detuvo a pocos metros del surtidor.

De acuerdo con los testimonios valorados en la causa, el playero reconoció el error. El automóvil fue trasladado a un taller mecánico cercano sin encender el motor.

Sin embargo, luego de los primeros trabajos, el propietario volvió a circular y, tras recorrer aproximadamente una cuadra, el motor falló nuevamente y dejó de funcionar.

El cliente inició una demanda en septiembre de 2024. La empresa negó su responsabilidad y cuestionó las pruebas y los montos reclamados.

Qué pruebas tuvo en cuenta la Justicia

Para reconstruir lo ocurrido, el tribunal analizó el comprobante de pago, los testimonios y una pericia mecánica.

Según la sentencia, esos elementos permitieron establecer que el cliente había solicitado gasoil y que el error se produjo dentro de la estación de servicio.

La pericia explicó que la presencia de nafta en un motor diésel puede provocar daños en el sistema de inyección, debido a las diferencias en las propiedades lubricantes de ambos combustibles. También señaló que una reparación adecuada puede requerir vaciar el tanque, limpiar el circuito y cambiar filtros y, según los daños, otros componentes.

El juzgado consideró razonables los valores de repuestos y mano de obra presentados para reparar el automóvil. Además, entendió que la empresa no aportó pruebas suficientes para atribuir el desperfecto al consumidor o a una causa diferente de la carga equivocada.

Cómo se compone la indemnización

La condena suma $7.010.000, distribuidos de la siguiente manera:

• $3.500.000 por daño material: destinados a cubrir la reparación del vehículo.
• $210.000 por privación de uso: por el tiempo en que el propietario no pudo disponer del automóvil.
• $1.800.000 por daño moral: por las molestias y gestiones que debió afrontar a raíz del episodio.
• $1.500.000 por daño punitivo: como sanción civil vinculada con la prestación deficiente del servicio y la falta de una respuesta efectiva al reclamo.

El tribunal consideró que la estación debía cumplir con sus obligaciones como proveedora dentro de una relación de consumo. También señaló que la empresa estaba en mejores condiciones de aportar información técnica y documentación sobre lo ocurrido.

La empresa deberá pagar con intereses

La sentencia sostuvo que no era razonable exigirle al cliente conocimientos técnicos para determinar si el sistema de combustible había sido limpiado correctamente después del error.

Además, consideró que la falta de una solución efectiva, las gestiones realizadas por el propietario y la necesidad de iniciar un juicio justificaban los distintos conceptos indemnizatorios.

El fallo estableció que el pago deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a la notificación de la sentencia y dispuso la aplicación de intereses, con un cálculo específico para el daño material.

La condena es de primera instancia y las costas del proceso quedaron a cargo de la estación de servicio. La regulación de honorarios se resolverá una vez firme la liquidación de intereses y gastos.

Con información de Cadena 3