Provincia
Santa Fe: casi el 80% de los homicidios de 2021 fueron con armas de fuego
La provincia busca modificar el Código Procesal Penal para que la portación ilegal de armas no sea excarcelable. Según datos oficiales, los asesinatos con armas de fuego pasaron del 70 al 78% entre 2014 y 2021.
El Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe dieron a conocer estadísticas que evidencian la necesidad de contar con herramientas que permitan reducir los índices de violencia e inseguridad que asolan el territorio provincial. En ese contexto se inscribe el proyecto oficial para modificar el Código Procesal Penal de la provincia, de tal forma que la portación ilegal de armas no sea excarcelable.
Según datos oficiales, el 78,8% de los homicidios cometidos en el 2021 en la provincia fueron realizados con armas de fuego. En el departamento Rosario el porcentaje sube 87,1% y en el departamento La Capital baja al 73,9%.
Pero, si se analiza la información del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los años 2014 a 2016, se puede concluir que la comisión de delitos de homicidios con armas de fuego ya era un problema muy serio desde aquel entonces. Es que el 70,2% de los delitos de homicidios cometidos en el curso del año 2014 en toda la provincia fueron realizados con armas de fuego. Durante 2015, los homicidios cometidos con armas de fuego en la provincia fueron el 69,9%. En 2016, ese porcentaje llegó al 71,4%.
En ese contexto, el gobierno de la provincia de Santa Fe busca alternativas para aplicar políticas en materia de seguridad púbica. Mientas tres proyectos de ley que buscan reformar el sistema policial de Santa Fe esperan su tratamiento en la Legislatura, el gobernador Omar Perotti giró otra iniciativa para su debate y tratamiento. Se trata de una propuesta de modificación de los artículos relacionados con las prisiones preventivas del Código Procesal Penal de Santa Fe. Concretamente, se intentan corregir los artículos 219 y 220 de la Ley Nº 12.73.
El objetivo de la iniciativa es que aquellos delitos que se realicen con la utilización de armas de fuego sean susceptibles de prisión preventiva, independientemente de la cuantificación en abstracto que se pueda hacer de la pena que corresponda al caso en el momento de dictarse sentencia definitiva. Así, el Poder Ejecutivo pretende modificar la dimensión procesal de la prisión preventiva.
Desde el gobierno advirtieron que “la modificación propuesta se sustenta en la urgente necesidad de dar todas las respuestas que estén al alcance de los tres poderes del Estado para prevenir y reprimir la comisión de delitos en el ámbito de la provincia, en particular, aquellos crímenes que generan mayores niveles de violencia y lesividad por la utilización de armas de fuego”.
Entre los fundamentos del proyecto, se advierte que “no se desconoce el principio básico constitucional de presunción de inocencia del imputado durante la sustanciación del proceso sino que, en virtud de las atribuciones que tiene el legislador, se busca limitar el principio razonablemente cuando los delitos importen una lesión mayor al ordenamiento jurídico en virtud de los medios que se emplean para realizarse”.
Según el proyecto, existen, al menos, dos instancias en las que aplican restricciones a la libertad durante el procedimiento en virtud de la reiteración delictiva del imputado, procurando de esta manera brindar herramientas a los jueces para que colaboren en la lucha contra el delito. “La reiteración es un indicador objetivo de la peligrosidad ya acreditada en procesos anteriores y donde, evidentemente, la pena y, en su caso la prisión, han fracasado en el fin de reinserción social. En definitiva, en estos supuestos el encierro preventivo es imprescindible para impedir las posibles reincidencias posteriores del sujeto durante el proceso”, se resalta en la iniciativa.
Otro de los indicadores tiene que ver con la situación de “alarma o peligro social”. Normas de España y Alemania establecen la procedencia de la prisión preventiva ante “la gravedad del hecho” con prescindencia del peligro de fuga y del peligro de entorpecimiento. Según el filósofo Julien Freund, el encarcelamiento inmediato que posibilita la prisión preventiva evita la sensación del público que interpreta que la Justicia “no se toma en serio” el delito que parece ya materialmente probado.
En los fundamentos el gobierno también hace referencia a la reforma del Código Procesal Penal de la Nación en 1995 mediante la que se prohíbe otorgar la excarcelación a las personas imputadas de delitos de supresión y suposición del estado civil y de la identidad de las personas; también al Código Procesal Penal de Santa Cruz, que impide la excarcelación en casos de abigeato y homicidio culposo cometido en accidente de tránsito.
“La finalidad de esta forma de legislar la prisión preventiva es disuasiva (prevención general negativa) como así también la incapacitación selectiva de autores de delitos (prevención especial negativa)”, sostiene el gobierno en el proyecto girado a la Legislatura, y se agrega que “en todos los casos la facultad de elegir por un mecanismo u otro es del Legislador provincial que se encuentra constitucionalmente facultado para hacerlo y, el presente proyecto, es una propuesta del Poder Ejecutivo de una de las opciones que pueden perseguirse”.
Según sostiene el gobierno, el proyecto es constitucionalmente posible “en virtud de no eliminar el principio de libertad, sino que se limita razonablemente en virtud de un fin constitucionalmente válido como es el de afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”.
Modificaciones
El proyecto plantea la modificación del artículo 219 de la Ley Nº 12.734, que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 219°.- Medidas cautelares no privativas de la libertad. Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse con una medida cautelar que no implique privación de libertad, el Tribunal de oficio o a pedido de parte, impondrá con fundamento suficiente, esta en lugar de la prisión. Entre otras, podrá disponerse, de acuerdo a las circunstancias del caso, cualquiera de las medidas que se detallan a continuación de manera individual o combinada:
1) la obligación de someterse al cuidado de una persona o institución, quien periódicamente informará al Tribunal sobre la situación. La persona o institución deberá, a solicitud del Fiscal o el querellante, acreditar que cuenta con capacidad para controlar al imputado y que no mantuvo una vinculación con el mismo, en relación con los hechos que se investigan;
2) la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad que se designe;
3) la prohibición de salir del país, un ámbito territorial determinado, de concurrir a determinados lugares o a determinadas reuniones, de comunicarse por cualquier medio con ciertas personas o de aproximarse a las mismas dentro del espacio que se determine;
4) el abandono del domicilio, cuando se trate de hechos de violencia doméstica y la víctima conviva con el imputado;
5) la prohibición de tener en su poder armas de fuego o portar armas de cualquier tipo;
6) la prestación de una caución patrimonial por el propio imputado o por otra persona;
7) la vigilancia mediante dispositivos electrónicos de rastreo o posicionamiento de su ubicación física. Para disponerla, el Tribunal deberá previamente consultar sobre la disponibilidad del dispositivo;
8) la simple promesa jurada de someterse al proceso penal, cuando con esta bastara como medida cautelar o fuere imposible el cumplimiento de otra.
Es presupuesto de validez de las medidas la celebración previa de la audiencia imputativa prevista por los artículos 274 y siguientes.
Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, no procederán las Medidas cautelares no privativas de la libertad cuando el hecho haya sido cometido con arma de fuego
y en caso de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, si el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento. Siempre y cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho ”.
Asimismo, corrige el artículo 220, que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 220°.- Procedencia de la prisión preventiva. A pedido de parte, podrá imponerse prisión preventiva al imputado, en los siguientes casos:
a) cuando se estimaran reunidas las siguientes condiciones:
1) existencia de elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho investigado;
2) la pena privativa de libertad, que razonablemente pudiera corresponder en caso de condena, sea de efectiva ejecución. En este sentido, y para ser válidas, las decisiones relativas a eventuales condenas condicionales deberán proyectarse sobre todos los elementos del artículo 26 del Código Penal; y,
3) las circunstancias del caso autorizarán a presumir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
b) Cuando el hecho haya sido cometido con arma de fuego y en caso de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, si el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento. Siempre y cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho.
Fuente: Aire de Santa Fe
Provincia
Santa Fe ya registra 202 muertos en siniestros viales: las motos explican la mitad de las víctimas
La provincia acumula 202 víctimas fatales por siniestros viales hasta el 31 de julio. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial advierten especialmente por la vulnerabilidad de los motociclistas, el uso del celular y la falta de percepción del riesgo.
202 muertes en siete meses
La violencia vial continúa dejando cifras preocupantes en Santa Fe. Hasta el 31 de julio de 2026, 202 personas murieron en siniestros viales en la provincia, mientras que 31 de las víctimas corresponden a Rosario.
Los datos fueron analizados durante una reunión del Observatorio de Seguridad Vial del Concejo Municipal, de la que participaron concejales, funcionarios y representantes de distintas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional de Rosario.
Sebastián Kelman, director de Comunicación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, señaló que los registros muestran cierto amesetamiento, aunque aclaró que la situación continúa siendo preocupante.
Para el funcionario, además, los siniestros viales deben ser analizados como un fenómeno que excede al tránsito.
“Los hechos viales son hechos sociales y lo que pasa en la vía pública es un reflejo de cómo estamos y cómo somos como sociedad”.
Kelman también cuestionó algunas conductas habituales al circular y vinculó el comportamiento en las calles con el contexto social.
Las motos concentran la mitad de las víctimas
Uno de los principales focos de preocupación está puesto en los motociclistas. Según explicó Kelman, las motos representan aproximadamente el 50% de las víctimas fatales en Argentina, Santa Fe y Rosario.
“Cada dos fallecidos, uno circula en moto”, señaló.
La situación es todavía más marcada cuando se analizan las lesiones graves: los motociclistas representan alrededor del 67% de los casos.
El crecimiento del parque de motos y su utilización como medio de transporte urbano masivo generaron nuevos desafíos para la seguridad vial. Su menor costo frente a otros vehículos convirtió a las motocicletas en una alternativa frecuente para muchas familias.
Sin embargo, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial advierten que ese crecimiento no siempre estuvo acompañado por una capacitación adecuada.
“Es un vehículo que tiene que ser conducido con más responsabilidad incluso que un auto, porque no tiene carrocería y porque muchas veces los vehículos de mayor porte no lo ven”, explicó Kelman.
El riesgo de los camiones
Los camiones representan un peligro adicional para quienes circulan en moto debido a los denominados puntos ciegos.
Según el funcionario, se registran numerosos siniestros entre camiones y motocicletas, especialmente en rutas del Gran Rosario y en distintos sectores de la provincia.
No obstante, explicó que en los últimos años la problemática dejó de concentrarse exclusivamente en las rutas y se trasladó cada vez más hacia los sectores urbanos.
Rosario también muestra cifras preocupantes
Los registros de los últimos años reflejan un incremento de las víctimas fatales en Rosario.
En 2024 se contabilizaron 50 fallecidos, de los cuales 27 circulaban en moto. En 2025 fueron 66 las personas que murieron y 29 eran motociclistas.
Durante 2026, en tanto, Rosario ya registra 31 víctimas fatales, mientras que el total provincial llegó a 202.
La avenida Circunvalación no aparece actualmente como el principal punto de preocupación. De acuerdo con Kelman, los siniestros con víctimas fatales y lesionados graves disminuyeron en esa arteria.
De todos modos, la circulación de camiones, automóviles y motocicletas a velocidades importantes hace que cada siniestro pueda tener consecuencias graves.
El celular y la falta de percepción del riesgo
A la vulnerabilidad de las motos y la falta de capacitación se suma otro factor de riesgo: el uso del teléfono celular mientras se circula.
Kelman señaló que diferentes informes muestran la frecuencia con la que las personas consultan sus teléfonos durante el día y advirtió que ese comportamiento también se traslada a la conducción.
Pero el problema, según explicó, no se limita al uso del celular. También existe una falta de percepción del riesgo al momento de desplazarse.
“No vemos riesgos en los traslados, no tenemos percepción del riesgo y deberíamos tener una percepción del riesgo mucho más alta al conducir una moto”, afirmó.
Las cifras de Santa Fe muestran así una problemática atravesada por distintos factores: la vulnerabilidad de los motociclistas, la falta de capacitación, las distracciones, el incumplimiento de las normas y la dificultad para dimensionar los riesgos al circular.
Con información de Sin Mordaza
Provincia
Nuevos peajes en Santa Fe: dónde estarán y qué empresas se quedaron con las rutas nacionales
El Gobierno nacional adjudicó por 20 años ocho corredores de rutas nacionales. En Santa Fe, el nuevo esquema incluye la Autopista Rosario-Córdoba y sectores de las rutas 11, 19 y 34, además de cinco nuevos puntos de peaje sobre la RN 11.
Qué rutas de Santa Fe quedaron bajo concesión
El Gobierno nacional oficializó este lunes la adjudicación de ocho corredores de rutas nacionales a empresas privadas, como parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada este 24 de agosto en el Boletín Oficial. Las concesiones tendrán una duración de 20 años e incluyen tareas de explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento.
En territorio santafesino, el nuevo esquema alcanza a importantes corredores como la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y sectores de las rutas nacionales 11, 19 y 34.
La concesión de la RN 9 corresponde específicamente a la Autopista Rosario-Córdoba, sin incluir la antigua traza de la Ruta 9 que atraviesa distintas localidades del sur provincial.
Qué empresas estarán a cargo
Uno de los corredores que atraviesa Santa Fe es el Tramo Centro, de casi 682 kilómetros, que incluye la Autopista Rosario-Córdoba, además de sectores de las rutas nacionales 19 y 34.
Este corredor fue adjudicado a la unión conformada por AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa de referencia de $1.399 sin IVA.
Por otra parte, el Tramo Centro Norte, que comprende la continuidad de la RN 34 hacia el norte, quedó en manos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una tarifa ofertada de $2.175 sin IVA.
Los cinco nuevos peajes de la Ruta 11
Una de las principales novedades para los usuarios santafesinos está relacionada con la Ruta Nacional 11.
El denominado Tramo Chaco-Santa Fe tiene una extensión aproximada de 497 kilómetros, desde Nelson hasta Resistencia. La concesión fue adjudicada a la unión integrada por José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A., también por un período de 20 años.
El proyecto contempla cinco nuevos puntos de peaje en territorio santafesino.
Estarán ubicados en:
- Llambi Campbell, aproximadamente en el kilómetro 527.
- Gobernador Crespo, cerca del kilómetro 621.
- Vera, alrededor del kilómetro 730.
- Guadalupe Norte, aproximadamente en el kilómetro 812.
- Florencia, cerca del kilómetro 929.
Los nuevos puestos cubrirán buena parte del recorrido de la RN 11 entre el centro de Santa Fe y el límite con Chaco.
Qué obras están previstas
La habilitación de los peajes estará sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos y a la ejecución de las obras iniciales.
Entre los trabajos previstos figuran reparaciones de calzada, bacheo, mantenimiento de banquinas, señalización, iluminación y puesta en condiciones de distintos sectores de las rutas.
Además, el nuevo esquema contempla la incorporación progresiva de sistemas electrónicos de cobro, como TelePASE y modalidades free flow, con una menor utilización de las tradicionales cabinas.
Para los usuarios santafesinos, dos de los principales cambios serán la incorporación de la Autopista Rosario-Córdoba al nuevo esquema de concesión privada y la instalación de cinco nuevos puntos de peaje sobre la Ruta Nacional 11.
Con información de Cadena 3
Provincia
Santa Fe reclama por el estado de las rutas nacionales y cuestiona el uso de fondos del SisVial
El deterioro de las rutas nacionales volvió a generar reclamos en el Congreso, donde representantes de distintas provincias cuestionaron la falta de obras y la subejecución de fondos destinados a infraestructura vial. Santa Fe aseguró que existe una brecha superior a $732.000 millones entre lo aportado por la provincia y lo recibido.
Reclamos por el estado de las rutas nacionales
El estado de la red vial nacional volvió al centro de la discusión política durante una reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación.
Jefes comunales, legisladores, representantes gremiales de Vialidad Nacional y organizaciones de familiares de víctimas de accidentes expusieron sobre el deterioro de las rutas, las obras paralizadas y la falta de mantenimiento.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el funcionamiento del Sistema Vial Integrado (SisVial) y el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.
Según datos relevados hasta mayo de 2026, ingresaron al sistema $1,503 billones, pero solamente $394.406 millones fueron destinados a infraestructura vial, lo que representa una subejecución del 73,8%. Al cierre de ese mes, más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que parte de esos recursos es utilizada para sostener el equilibrio fiscal.
Santa Fe volvió a poner el foco en las rutas nacionales
Durante la reunión, la senadora provincial Leticia Di Gregorio expuso la situación de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe y recordó que la Justicia Federal de Venado Tuerto ordenó a Vialidad Nacional intervenir las rutas nacionales 7, 8 y 33.
En particular, señaló que sobre la Ruta Nacional 33 se registraron 707 siniestros y más de 80 personas fallecidas durante los últimos cinco años.
La legisladora remarcó además la importancia que tiene esta vía para las localidades del departamento General López.
Desde Chabás, el presidente comunal Lucas Fanelli relató que la comuna debe aportar maquinaria, personal, ambulancias e inspectores para atender accidentes y realizar tareas sobre la Ruta 33.
“Me gustaría estar acá por la inauguración de una autopista, no peleando por un pozo”, expresó.
Cuánto aportó Santa Fe y cuánto recibió
El reclamo santafesino también se apoyó en números sobre la recaudación del impuesto a los combustibles.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que entre enero de 2024 y julio de 2026 los santafesinos aportaron más de $903.000 millones, mientras que la provincia recibió $170.510 millones.
De acuerdo con esos datos, la diferencia supera los $732.000 millones.
Puccini cuestionó que esos recursos no se traduzcan en obras de infraestructura y sostuvo que la situación afecta directamente la competitividad de productores, industriales y exportadores.
El deterioro de las rutas también preocupa por la seguridad vial
Durante el encuentro legislativo, representantes gremiales de Vialidad Nacional señalaron que desde diciembre de 2023 el impuesto a los combustibles recaudó $11,2 billones, de los cuales estimaron que alrededor de $1,6 billones correspondían al componente vial.
Según la exposición sindical, se aplicaron unos $530.000 millones.
También denunciaron una fuerte caída real del presupuesto, obras paralizadas y un deterioro significativo de la red vial. De acuerdo con inspecciones visuales mencionadas durante la reunión, entre el 70% y el 75% de los kilómetros se encontrarían en mal estado.
Las organizaciones de familiares de víctimas viales, en tanto, remarcaron las consecuencias que el deterioro de las rutas puede tener sobre la seguridad de quienes circulan diariamente por ellas.
El Gobierno de Santa Fe asumió obras con recursos propios
El Gobierno provincial viene realizando trabajos sobre corredores nacionales ante la falta de intervención de Nación.
Según Puccini, Santa Fe ya invirtió más de US$2.200 millones y reparó 3.400 kilómetros de rutas.
Entre las obras se encuentra la recuperación de la Ruta Nacional A012, que la provincia comenzó a ejecutar con recursos propios.
El funcionario sostuvo que el orden fiscal y la reducción de la inflación son importantes, pero advirtió que el crecimiento económico también requiere infraestructura adecuada para mantener la competitividad.
Qué es el SisVial
El Sistema Vial Integrado (SisVial) fue creado mediante el Decreto 976/01 y recibe una parte de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos.
Su objetivo legal contempla financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial.
El debate planteado en el Congreso gira precisamente alrededor de la utilización de esos fondos y de la necesidad de que los recursos destinados al sistema se traduzcan en obras que permitan mejorar las rutas nacionales.
Con información de El Litoral
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