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Santa Fe: casi el 80% de los homicidios de 2021 fueron con armas de fuego

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La provincia busca modificar el Código Procesal Penal para que la portación ilegal de armas no sea excarcelable. Según datos oficiales, los asesinatos con armas de fuego pasaron del 70 al 78% entre 2014 y 2021.

El Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe dieron a conocer estadísticas que evidencian la necesidad de contar con herramientas que permitan reducir los índices de violencia e inseguridad que asolan el territorio provincial. En ese contexto se inscribe el proyecto oficial para modificar el Código Procesal Penal de la provincia, de tal forma que la portación ilegal de armas no sea excarcelable.

Según datos oficiales, el 78,8% de los homicidios cometidos en el 2021 en la provincia fueron realizados con armas de fuego. En el departamento Rosario el porcentaje sube 87,1% y en el departamento La Capital baja al 73,9%.

Pero, si se analiza la información del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los años 2014 a 2016, se puede concluir que la comisión de delitos de homicidios con armas de fuego ya era un problema muy serio desde aquel entonces. Es que el 70,2% de los delitos de homicidios cometidos en el curso del año 2014 en toda la provincia fueron realizados con armas de fuego. Durante 2015, los homicidios cometidos con armas de fuego en la provincia fueron el 69,9%. En 2016, ese porcentaje llegó al 71,4%.

En ese contexto, el gobierno de la provincia de Santa Fe busca alternativas para aplicar políticas en materia de seguridad púbica. Mientas tres proyectos de ley que buscan reformar el sistema policial de Santa Fe esperan su tratamiento en la Legislatura, el gobernador Omar Perotti giró otra iniciativa para su debate y tratamiento. Se trata de una propuesta de modificación de los artículos relacionados con las prisiones preventivas del Código Procesal Penal de Santa Fe. Concretamente, se intentan corregir los artículos 219 y 220 de la Ley Nº 12.73.

El objetivo de la iniciativa es que aquellos delitos que se realicen con la utilización de armas de fuego sean susceptibles de prisión preventiva, independientemente de la cuantificación en abstracto que se pueda hacer de la pena que corresponda al caso en el momento de dictarse sentencia definitiva. Así, el Poder Ejecutivo pretende modificar la dimensión procesal de la prisión preventiva.

Desde el gobierno advirtieron que “la modificación propuesta se sustenta en la urgente necesidad de dar todas las respuestas que estén al alcance de los tres poderes del Estado para prevenir y reprimir la comisión de delitos en el ámbito de la provincia, en particular, aquellos crímenes que generan mayores niveles de violencia y lesividad por la utilización de armas de fuego”.

Entre los fundamentos del proyecto, se advierte que “no se desconoce el principio básico constitucional de presunción de inocencia del imputado durante la sustanciación del proceso sino que, en virtud de las atribuciones que tiene el legislador, se busca limitar el principio razonablemente cuando los delitos importen una lesión mayor al ordenamiento jurídico en virtud de los medios que se emplean para realizarse”.

Según el proyecto, existen, al menos, dos instancias en las que aplican restricciones a la libertad durante el procedimiento en virtud de la reiteración delictiva del imputado, procurando de esta manera brindar herramientas a los jueces para que colaboren en la lucha contra el delito. “La reiteración es un indicador objetivo de la peligrosidad ya acreditada en procesos anteriores y donde, evidentemente, la pena y, en su caso la prisión, han fracasado en el fin de reinserción social. En definitiva, en estos supuestos el encierro preventivo es imprescindible para impedir las posibles reincidencias posteriores del sujeto durante el proceso”, se resalta en la iniciativa.

Otro de los indicadores tiene que ver con la situación de “alarma o peligro social”. Normas de España y Alemania establecen la procedencia de la prisión preventiva ante “la gravedad del hecho” con prescindencia del peligro de fuga y del peligro de entorpecimiento. Según el filósofo Julien Freund, el encarcelamiento inmediato que posibilita la prisión preventiva evita la sensación del público que interpreta que la Justicia “no se toma en serio” el delito que parece ya materialmente probado.

En los fundamentos el gobierno también hace referencia a la reforma del Código Procesal Penal de la Nación en 1995 mediante la que se prohíbe otorgar la excarcelación a las personas imputadas de delitos de supresión y suposición del estado civil y de la identidad de las personas; también al Código Procesal Penal de Santa Cruz, que impide la excarcelación en casos de abigeato y homicidio culposo cometido en accidente de tránsito.

“La finalidad de esta forma de legislar la prisión preventiva es disuasiva (prevención general negativa) como así también la incapacitación selectiva de autores de delitos (prevención especial negativa)”, sostiene el gobierno en el proyecto girado a la Legislatura, y se agrega que “en todos los casos la facultad de elegir por un mecanismo u otro es del Legislador provincial que se encuentra constitucionalmente facultado para hacerlo y, el presente proyecto, es una propuesta del Poder Ejecutivo de una de las opciones que pueden perseguirse”.

Según sostiene el gobierno, el proyecto es constitucionalmente posible “en virtud de no eliminar el principio de libertad, sino que se limita razonablemente en virtud de un fin constitucionalmente válido como es el de afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”.

Modificaciones

El proyecto plantea la modificación del artículo 219 de la Ley Nº 12.734, que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 219°.- Medidas cautelares no privativas de la libertad. Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse con una medida cautelar que no implique privación de libertad, el Tribunal de oficio o a pedido de parte, impondrá con fundamento suficiente, esta en lugar de la prisión. Entre otras, podrá disponerse, de acuerdo a las circunstancias del caso, cualquiera de las medidas que se detallan a continuación de manera individual o combinada:

1) la obligación de someterse al cuidado de una persona o institución, quien periódicamente informará al Tribunal sobre la situación. La persona o institución deberá, a solicitud del Fiscal o el querellante, acreditar que cuenta con capacidad para controlar al imputado y que no mantuvo una vinculación con el mismo, en relación con los hechos que se investigan;

2) la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad que se designe;

3) la prohibición de salir del país, un ámbito territorial determinado, de concurrir a determinados lugares o a determinadas reuniones, de comunicarse por cualquier medio con ciertas personas o de aproximarse a las mismas dentro del espacio que se determine;

4) el abandono del domicilio, cuando se trate de hechos de violencia doméstica y la víctima conviva con el imputado;

5) la prohibición de tener en su poder armas de fuego o portar armas de cualquier tipo;

6) la prestación de una caución patrimonial por el propio imputado o por otra persona;

7) la vigilancia mediante dispositivos electrónicos de rastreo o posicionamiento de su ubicación física. Para disponerla, el Tribunal deberá previamente consultar sobre la disponibilidad del dispositivo;

8) la simple promesa jurada de someterse al proceso penal, cuando con esta bastara como medida cautelar o fuere imposible el cumplimiento de otra.

Es presupuesto de validez de las medidas la celebración previa de la audiencia imputativa prevista por los artículos 274 y siguientes.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, no procederán las Medidas cautelares no privativas de la libertad cuando el hecho haya sido cometido con arma de fuego
y en caso de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, si el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento. Siempre y cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho ”.

Asimismo, corrige el artículo 220, que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 220°.- Procedencia de la prisión preventiva. A pedido de parte, podrá imponerse prisión preventiva al imputado, en los siguientes casos:

    a) cuando se estimaran reunidas las siguientes condiciones:

1) existencia de elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho investigado;

2) la pena privativa de libertad, que razonablemente pudiera corresponder en caso de condena, sea de efectiva ejecución. En este sentido, y para ser válidas, las decisiones relativas a eventuales condenas condicionales deberán proyectarse sobre todos los elementos del artículo 26 del Código Penal; y,

3) las circunstancias del caso autorizarán a presumir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

    b) Cuando el hecho haya sido cometido con arma de fuego y en caso de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, si el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento. Siempre y cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho.

Fuente: Aire de Santa Fe

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Nuevos peajes en Santa Fe: dónde estarán y qué empresas se quedaron con las rutas nacionales

El Gobierno nacional adjudicó por 20 años ocho corredores de rutas nacionales. En Santa Fe, el nuevo esquema incluye la Autopista Rosario-Córdoba y sectores de las rutas 11, 19 y 34, además de cinco nuevos puntos de peaje sobre la RN 11.

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Foto: Nuevos peajes previstos en rutas de Santa Fe.

Qué rutas de Santa Fe quedaron bajo concesión

El Gobierno nacional oficializó este lunes la adjudicación de ocho corredores de rutas nacionales a empresas privadas, como parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada este 24 de agosto en el Boletín Oficial. Las concesiones tendrán una duración de 20 años e incluyen tareas de explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento.

En territorio santafesino, el nuevo esquema alcanza a importantes corredores como la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y sectores de las rutas nacionales 11, 19 y 34.

La concesión de la RN 9 corresponde específicamente a la Autopista Rosario-Córdoba, sin incluir la antigua traza de la Ruta 9 que atraviesa distintas localidades del sur provincial.

Qué empresas estarán a cargo

Uno de los corredores que atraviesa Santa Fe es el Tramo Centro, de casi 682 kilómetros, que incluye la Autopista Rosario-Córdoba, además de sectores de las rutas nacionales 19 y 34.

Este corredor fue adjudicado a la unión conformada por AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa de referencia de $1.399 sin IVA.

Por otra parte, el Tramo Centro Norte, que comprende la continuidad de la RN 34 hacia el norte, quedó en manos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una tarifa ofertada de $2.175 sin IVA.

Los cinco nuevos peajes de la Ruta 11

Una de las principales novedades para los usuarios santafesinos está relacionada con la Ruta Nacional 11.

El denominado Tramo Chaco-Santa Fe tiene una extensión aproximada de 497 kilómetros, desde Nelson hasta Resistencia. La concesión fue adjudicada a la unión integrada por José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A., también por un período de 20 años.

El proyecto contempla cinco nuevos puntos de peaje en territorio santafesino.

Estarán ubicados en:

  • Llambi Campbell, aproximadamente en el kilómetro 527.
  • Gobernador Crespo, cerca del kilómetro 621.
  • Vera, alrededor del kilómetro 730.
  • Guadalupe Norte, aproximadamente en el kilómetro 812.
  • Florencia, cerca del kilómetro 929.

Los nuevos puestos cubrirán buena parte del recorrido de la RN 11 entre el centro de Santa Fe y el límite con Chaco.

Qué obras están previstas

La habilitación de los peajes estará sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos y a la ejecución de las obras iniciales.

Entre los trabajos previstos figuran reparaciones de calzada, bacheo, mantenimiento de banquinas, señalización, iluminación y puesta en condiciones de distintos sectores de las rutas.

Además, el nuevo esquema contempla la incorporación progresiva de sistemas electrónicos de cobro, como TelePASE y modalidades free flow, con una menor utilización de las tradicionales cabinas.

Para los usuarios santafesinos, dos de los principales cambios serán la incorporación de la Autopista Rosario-Córdoba al nuevo esquema de concesión privada y la instalación de cinco nuevos puntos de peaje sobre la Ruta Nacional 11.

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Santa Fe reclama por el estado de las rutas nacionales y cuestiona el uso de fondos del SisVial

El deterioro de las rutas nacionales volvió a generar reclamos en el Congreso, donde representantes de distintas provincias cuestionaron la falta de obras y la subejecución de fondos destinados a infraestructura vial. Santa Fe aseguró que existe una brecha superior a $732.000 millones entre lo aportado por la provincia y lo recibido.

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Foto: Reclamos por el estado de las rutas nacionales y el uso de fondos del SisVial.

Reclamos por el estado de las rutas nacionales

El estado de la red vial nacional volvió al centro de la discusión política durante una reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación.

Jefes comunales, legisladores, representantes gremiales de Vialidad Nacional y organizaciones de familiares de víctimas de accidentes expusieron sobre el deterioro de las rutas, las obras paralizadas y la falta de mantenimiento.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el funcionamiento del Sistema Vial Integrado (SisVial) y el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

Según datos relevados hasta mayo de 2026, ingresaron al sistema $1,503 billones, pero solamente $394.406 millones fueron destinados a infraestructura vial, lo que representa una subejecución del 73,8%. Al cierre de ese mes, más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que parte de esos recursos es utilizada para sostener el equilibrio fiscal.

Santa Fe volvió a poner el foco en las rutas nacionales

Durante la reunión, la senadora provincial Leticia Di Gregorio expuso la situación de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe y recordó que la Justicia Federal de Venado Tuerto ordenó a Vialidad Nacional intervenir las rutas nacionales 7, 8 y 33.

En particular, señaló que sobre la Ruta Nacional 33 se registraron 707 siniestros y más de 80 personas fallecidas durante los últimos cinco años.

La legisladora remarcó además la importancia que tiene esta vía para las localidades del departamento General López.

Desde Chabás, el presidente comunal Lucas Fanelli relató que la comuna debe aportar maquinaria, personal, ambulancias e inspectores para atender accidentes y realizar tareas sobre la Ruta 33.

“Me gustaría estar acá por la inauguración de una autopista, no peleando por un pozo”, expresó.

Cuánto aportó Santa Fe y cuánto recibió

El reclamo santafesino también se apoyó en números sobre la recaudación del impuesto a los combustibles.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que entre enero de 2024 y julio de 2026 los santafesinos aportaron más de $903.000 millones, mientras que la provincia recibió $170.510 millones.

De acuerdo con esos datos, la diferencia supera los $732.000 millones.

Puccini cuestionó que esos recursos no se traduzcan en obras de infraestructura y sostuvo que la situación afecta directamente la competitividad de productores, industriales y exportadores.

El deterioro de las rutas también preocupa por la seguridad vial

Durante el encuentro legislativo, representantes gremiales de Vialidad Nacional señalaron que desde diciembre de 2023 el impuesto a los combustibles recaudó $11,2 billones, de los cuales estimaron que alrededor de $1,6 billones correspondían al componente vial.

Según la exposición sindical, se aplicaron unos $530.000 millones.

También denunciaron una fuerte caída real del presupuesto, obras paralizadas y un deterioro significativo de la red vial. De acuerdo con inspecciones visuales mencionadas durante la reunión, entre el 70% y el 75% de los kilómetros se encontrarían en mal estado.

Las organizaciones de familiares de víctimas viales, en tanto, remarcaron las consecuencias que el deterioro de las rutas puede tener sobre la seguridad de quienes circulan diariamente por ellas.

El Gobierno de Santa Fe asumió obras con recursos propios

El Gobierno provincial viene realizando trabajos sobre corredores nacionales ante la falta de intervención de Nación.

Según Puccini, Santa Fe ya invirtió más de US$2.200 millones y reparó 3.400 kilómetros de rutas.

Entre las obras se encuentra la recuperación de la Ruta Nacional A012, que la provincia comenzó a ejecutar con recursos propios.

El funcionario sostuvo que el orden fiscal y la reducción de la inflación son importantes, pero advirtió que el crecimiento económico también requiere infraestructura adecuada para mantener la competitividad.

Qué es el SisVial

El Sistema Vial Integrado (SisVial) fue creado mediante el Decreto 976/01 y recibe una parte de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos.

Su objetivo legal contempla financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial.

El debate planteado en el Congreso gira precisamente alrededor de la utilización de esos fondos y de la necesidad de que los recursos destinados al sistema se traduzcan en obras que permitan mejorar las rutas nacionales.

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San Justo despidió a Izan, el niño de 6 años cuya muerte conmocionó a la localidad

Familiares, amigos, docentes y vecinos acompañaron este jueves el último adiós a Izan Aguirre Mendoza, el pequeño de 6 años que murió en una vivienda de San Justo.

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Foto: Familiares y vecinos despidieron a Izan en San Justo.

Una caravana acompañó el cortejo hasta el Cementerio Municipal, mientras la Justicia continúa investigando las circunstancias de su muerte.

Dolor y conmoción en el último adiós a Izan

La despedida de Izan Aguirre Mendoza estuvo marcada por el dolor y la conmoción. Familiares, amigos, docentes de la escuela a la que concurría y vecinos se acercaron a la sala de velatorio Santo Domingo para acompañar a la familia.

Durante la ceremonia se vivieron momentos de profunda angustia, con llantos y abrazos entre quienes intentaban afrontar la muerte del pequeño.

Luego del velatorio, una caravana de vehículos acompañó el cortejo fúnebre hasta el Cementerio Municipal de San Justo, donde fueron sepultados los restos de Izan.

Entre quienes participaron del recorrido se encontraba también un grupo de docentes de la Escuela Normal, institución a la que asistía el niño.

Cómo comenzó la investigación

Izan murió durante las primeras horas de la siesta del miércoles 19 de agosto, en una vivienda ubicada en inmediaciones de Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en barrio Reyes.

Un llamado al 911 alertó sobre una situación de extrema gravedad dentro del domicilio. Al llegar, los efectivos encontraron al menor junto a su madre, quien lo sostenía en sus brazos.

Un médico del Samco local constató posteriormente el fallecimiento.

A partir de ese momento, la Fiscalía de San Justo ordenó distintas medidas para determinar qué había sucedido. La vivienda quedó bajo resguardo policial y trabajaron especialistas de Criminalística y de la Policía de Investigaciones (PDI).

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Santa Fe para realizar la necropsia.

La necropsia determinó una muerte violenta

El resultado preliminar estableció que Izan murió como consecuencia de una asfixia mecánica provocada, por lo que la investigación pasó a ser considerada como una muerte violenta.

Los forenses indicaron que todavía deben realizarse estudios complementarios, entre ellos análisis bioquímicos y anatomopatológicos, para completar las conclusiones.

Los investigadores también encontraron cabellos en las manos del niño, un indicio que está siendo analizado y que podría ser compatible con un intento de resistencia.

Además, fueron secuestrados distintos dispositivos electrónicos encontrados en la vivienda, que serán sometidos a peritajes.

La madre continúa detenida

La madre de Izan permanece privada de su libertad mientras avanza la investigación. Fue trasladada a la ciudad de Santa Fe, donde recibe asistencia psicológica y psiquiátrica.

La Fiscalía busca reconstruir las últimas horas del niño mediante declaraciones de familiares y vecinos, el análisis de la escena y los peritajes sobre los dispositivos electrónicos.

Hasta el momento, no hay testigos presenciales del hecho. La investigación intenta determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las responsabilidades correspondientes.

La audiencia imputativa de la mujer todavía no tiene fecha definitiva, aunque podría realizarse durante los primeros días de la próxima semana, una vez reunidos los elementos probatorios necesarios.

El abuelo pidió evitar las especulaciones

El abuelo paterno de Izan, Juan Aguirre, habló públicamente sobre la tragedia y pidió esperar el avance de la investigación judicial antes de sacar conclusiones.

El hombre afirmó que no había antecedentes de maltrato hacia el niño y aseguró que las horas previas al episodio habían transcurrido con normalidad.

Nada hacía presagiar que podía pasar esto”, relató.

También negó que la mujer consumiera drogas y sostuvo que nunca había observado situaciones de violencia contra el pequeño.

Jamás vi un maltrato de parte de ella”, afirmó, al tiempo que pidió evitar especulaciones y comentarios en redes sociales mientras la Justicia intenta esclarecer lo ocurrido.

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