El proceso está presidido por el Dr. Gustavo Bumaguin, con la fiscal Fabiana Bertero, quien solicita tres años de prisión de cumplimiento efectivo, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 5103 U.C.M.. La defensa está a cargo de los abogados Pablo Mosconi y Alejandro Leguizamón, quienes niegan irregularidades y alegan un posible móvil político detrás de la causa.

📌 Los antecedentes del caso

Bertoglio fue imputado en noviembre de 2021 por la fiscal Gabriela Lema, debido a presuntas incompatibilidades entre su administración del “Loteo Solaro” y su cargo como concejal. Según la acusación, aunque presentó una nota ante la Municipalidad advirtiendo que dejaba la administración del loteo, los documentos indican que no habría abandonado el cargo hasta mayo de 2019, generando un conflicto de intereses.

El caso se originó a raíz de una presentación en el Concejo Municipal del Dr. Juan Manuel Chiappero, en representación de Héctor Solaro, solicitando que Bertoglio se abstenga de intervenir en votaciones relacionadas con el loteo.

🏛️ El desarrollo del juicio

El debate se extenderá durante toda la semana con la presentación de testigos hasta el viernes 28 de noviembre. El veredicto final se conocerá el próximo martes 2 de diciembre.

Mientras la fiscal pide pena de tres años de prisión, la defensa argumenta que no existió ningún negociado y que las decisiones tomadas beneficiaron a la comunidad de Sunchales, sosteniendo que la causa tiene un trasfondo político.

Por Móvil Quique con información de Diario Castellanos

En esta etapa, la expresidenta escuchará en detalle la acusación de la Fiscalía, enfocada en la presunta asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015.
La audiencia —que seguirá desarrollándose de manera virtual— se centrará en la lectura del requerimiento de elevación a juicio, donde se describe el supuesto engranaje delictivo investigado.

🔍 La acusación: 204 hechos de cohecho y un sistema de recaudación ilícita

Según la Fiscalía, Cristina Kirchner habría sido “jefa de una asociación ilícita” dedicada a la recaudación de fondos ilegales provenientes de empresarios vinculados a la obra pública.
A la expresidenta se le atribuyen 204 hechos de cohecho pasivo, con una cifra que superaría los 10.4 millones de dólares.

El requerimiento sostiene que desde el inicio la investigación se orientó a una estructura integrada por “las más altas esferas estatales de la República Argentina”, donde —según el fiscal Carlos Stornelli— existía un “sistema de recaudación de dinero” que beneficiaba tanto a funcionarios como a empresarios.

📅 El calendario judicial de diciembre

El TOF 7, compuesto por los jueces Méndez Signori, Canero y Castelli, continuará leyendo la acusación principal hasta el 2 de diciembre.

Luego, el 4 de diciembre, comenzará la lectura del expediente conexo conocido como “La Camarita”, impulsado por las confesiones de imputados colaboradores como Carlos Wagner y José López, quienes detallaron la presunta cartelización de la obra pública y pagos ilegales del 10% al 30%.

Finalmente, el 18 de diciembre se leerá la parte referida a los Corredores Viales, otra pieza clave en el rompecabezas judicial.

Por Móvil Quique con información de NA

⚖️ El crimen y la huida hacia Morteros

La Justicia determinó que Vivas atacó a Morales con la intención de “causar sufrimiento a una mujer”, su expareja Marta Cajal, con quien mantuvo una relación de seis meses en 2024 marcada por episodios de agresividad y control.

Luego del ataque, Vivas escapó en moto y huyó hacia la ciudad de Morteros, donde la Policía localizó el vehículo entre yuyales y logró detenerlo horas más tarde. Fue trasladado a Córdoba para quedar a disposición de la Fiscalía.

🧑‍⚖️ Un caso que marca un precedente judicial

La condena fue por homicidio calificado, una figura agravada que habilitó la pena de prisión perpetua en tiempo récord dentro del proceso abreviado.

La abogada querellante, Gisela Piedi, expresó preocupación por la seguridad futura de Marta Cajal ante el pedido de la defensa para que Vivas acceda a prisión domiciliaria.
También solicitó que se le retire el beneficio jubilatorio de ANSES, cuestiones que evaluará el Juzgado de Ejecución Penal.

📌 Un fallo ejemplificador

El caso sienta un precedente en Córdoba respecto del tratamiento de crímenes motivados por violencia de género indirecta, y promete abrir debate en el ámbito judicial.

Por Móvil Quique con información de Regionalísimo