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Pedidos Ya debió abonar 4,6 millones de pesos por cobrar comisiones abusivas en plena pandemia

En un hecho inédito a nivel nacional, la provincia aplicó la Ley de Abastecimiento para sancionar a la empresa de delivery que había sacado provecho de la emergencia sanitaria para cuadruplicar sus ganancias a través de un servicio considerado esencial.

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Este martes se hizo finalmente efectivo el pago de la multa impuesta por la Secretaría de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe a Pedidos Ya S.A. en el marco de la Ley 20.680 por usufructuar su posición dominante para cobrar comisiones abusivas a los pequeños comercios locales en plena pandemia.

De esta manera, tras el rechazo de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario al recurso de queja presentado, la empresa dueña de la aplicación de logística y marketplace debió abonar 4,6 millones de pesos en concepto de penalización, marcando un precedente inédito a nivel nacional de aplicación de Ley de Abastecimiento a un servicio considerado esencial durante la crisis sanitaria.

En ese marco, el secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, explicó: “El pago de la multa es la ratificación de la intervención positiva que hizo el Gobierno de Santa Fe a mediados del 2020, en pleno auge de la pandemia, logrando se considere esencial el servicio que ofrecía la mayor empresa de delivery que se conoce en Argentina que es Pedidos Ya. Esto consagra que la política pública tiene que estar al servicio del cuidado al pequeño comercio local”.

“Fue tiempo de arduo trabajo con todo el equipo técnico que permitió aplicar la Ley de Abastecimiento por primera vez en Argentina para este tipo de servicios, generar un ámbito conciliatorio para la empresa y las cámaras gastronómicas, y luego fijar las comisiones con un tope máximo. Esto tiene que poner en valor al comercio santafesino, a las entidades empresarias y a esta sinergia entre lo público y lo privado que generamos, lo cual tiene su beneficio para el consumidor y pone de relieve a las innovaciones que estamos implementando en materia de lealtad comercial, de defensa del consumidor y de utilización de todos los instrumentos legales disponibles, ya que todos los días en Argentina estamos necesitando que la regulaciones comerciales se apliquen para que podamos tener un mercado más justo y transparente”, agregó.

Por su parte, la directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, aseguró que “el procedimiento iniciado por la autoridad de aplicación provincial de las leyes de abastecimiento, lealtad comercial y defensa del consumidor ha sido paradigmático a nivel nacional”. Y detalló: “En primer lugar, por haber dado origen a un procedimiento colectivo en instancia administrativa: la celebración de audiencias de conciliación para la defensa de intereses colectivos, en este caso, del sector gastronómico, algo de lo que no hay antecedentes, y que abre un camino para futuros temas que requieran del abordaje plural y colectivo, y no individual. En segundo lugar, por asumir el rol proactivo que siempre debe tener el Estado cada vez que los intereses de los más sectores más afectados lo requiera: en este caso, con la cuarentena más estricta en el marco de la pandemia, los comercios y consumidores fueron de los sectores más vulnerados”.

“Esta sanción dispuesta por la autoridad provincial, por abuso en el incremento de precios y la consecuente fijación compulsiva de un tope a las comisiones de un servicio considerando esencial en la pandemia, demuestra que un Estado activo, ocupado y preocupado por los intereses de la sociedad logra con su accionar equilibrar la balanza. Estamos convencidos de que la defensa de los derechos de consumidores se logra con la promoción de la lealtad comercial. No son tópicos que están en veredas opuestas, sino que son dos caras de la misma moneda. Promoviendo el comercio justo, transparente y con ganancias racionales, se defiende el bolsillo de las y los consumidores santafesinos”, aseguró.

Respecto al hito a nivel nacional que constituye esta sanción en cuanto a aplicación de la Ley de Abastecimiento, Albrecht destacó el hecho de que a partir de esta resolución el Gobierno nacional decidió formalizar un acuerdo a nivel nacional con las empresas de apps de delivery, tomando el precedente y los argumentos de la actuación de la provincia de Santa Fe. Mencionó además que el pago de la multa por parte de Pedidos Ya tuvo un doble impacto: en los comercios gastronómicos, que vieron disminuida un comisión que se había tornado abusiva y que les permitió continuar trabajando en momentos en que el take away y el delivery eran las únicas formas de sostener sus negocios; y en el sector de los miles de consumidores que utilizan este sistema para la compra de sus alimentos, quienes vieron el efecto del acuerdo en el precio final de los bienes.

ANTECEDENTES

En julio del 2020, en un contexto de emergencia sanitaria y aislamiento social preventivo y obligatorio, en el cual la cadetería se había transformado en un servicio esencial tanto para locales gastronómicos como para las y los consumidores, la Provincia comprobó que la firma Pedidos Ya había cuadriplicado su facturación, habiendo incrementado el importe de las comisiones de forma desmedida, aprovechándose del mencionado contexto. Ante la falta de presentación de documental que justificara el aumento, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, a través de la Disposición Nº S-20, imputó a la firma por la suma de 3 millones de pesos y fijó una comisión máxima del 18% para un servicio que al momento de la sanción oscilaba entre el 30% y el 36%.

Fuente: L. T. 9.

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Con el nuevo sistema penal juvenil en marcha, Santa Fe tuvo su primera audiencia: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

La medida cautelar será de cumplimiento domiciliario. El hecho ocurrió pocas horas después de que comenzara a regir el nuevo Código Procesal Penal Juvenil en la provincia.

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Foto: Archivo

A menos de un día de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Juvenil en la provincia de Santa Fe, se realizó la primera audiencia imputativa bajo esta normativa. Fue en la ciudad capital, donde un adolescente fue acusado por un violento ataque ocurrido en la vía pública, durante la madrugada del sábado.

El caso es investigado por los fiscales Francisco Cecchini y Ana Laura Gioria, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 1. La jueza a cargo de la audiencia fue Cecilia Labanca.

Un ataque con cuchillo en plena calle

Según se expuso en la audiencia, el hecho ocurrió pasadas las 3:30 de la madrugada, sobre calle Juan Díaz de Solís al 6200. De acuerdo con los fiscales, el joven se acercó a un hombre sin mediar palabra, le dio un golpe de puño en el rostro y luego lo atacó con un cuchillo tipo Tramontina.

La víctima logró defenderse, y las puñaladas impactaron en su antebrazo derecho, causándole heridas cortantes. A partir de la reconstrucción del hecho, la Fiscalía imputó al adolescente por el delito de tentativa de homicidio.

Una cautelar atenuada

Los fiscales solicitaron que el menor de edad permanezca detenido con prisión preventiva, pero la jueza Labanca resolvió aplicar una modalidad atenuada: dispuso que la medida sea de cumplimiento domiciliario por 30 días, con rondas policiales de control.

Desde el Ministerio Público informaron que la defensa se opuso a la prisión efectiva y que, si bien no se hizo lugar al pedido en su totalidad, el juzgado avaló la cautelar, aunque bajo modalidad menos gravosa.

Acompañamiento a la víctima

Desde el equipo fiscal remarcaron que hubo contacto constante con la víctima, desde el momento posterior al ataque hasta después de la audiencia. El fiscal Cecchini fue quien la entrevistó en la seccional tras el hecho y más tarde le explicaron personalmente los alcances de la medida dispuesta por la jueza.

La causa continuará bajo la nueva normativa, que establece plazos breves, procedimientos específicos y abordaje diferenciado para adolescentes en conflicto con la ley penal.

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Condenaron a 10 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja en Suardi

Un hombre identificado como Daniel Roberto Leiva fue condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por haber agredido sexualmente a la hija de su pareja en Suardi. La sentencia fue impuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral y público que se realizó en los tribunales sancristobalenses.

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Foto: Ilustrativa

La fiscal del caso fue la Dra. Hemilce Fissore. Por su parte, el tribunal del debate estuvo compuesto por los jueces Gustavo Bumaguin, Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez.

Luego de conocerse la sentencia de los magistrados, la fiscal expresó que “si bien aún no conocemos los fundamentos, valoramos que se haya dictado sentencia condenatoria contra el acusado”.

“No obstante analizaremos la resolución cuando nos sea notificada, para luego analizar los pasos procesales a seguir”, manifestó Fissore.

El hecho

La fiscal informó que “el condenado abusó sexualmente de la niña de manera reiterada desde que ella transitaba el primer año de su escolaridad primaria” y precisó que los “delitos fueron cometidos en una vivienda familiar en Suardi y en la cabina de un camión que conducía el imputado en virtud de su trabajo”.

Fissore remarcó que “el acusado cometió los ilícitos con conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos en el marco de una relación paternal que tenía con la niña”. En tal sentido, la fiscal explicó que “si bien no es su hija biológica, es el esposo de la madre de la niña. Además, convivía con la víctima y tenía la guarda”.

Condena

A Leiva se lo condenó a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por la autoría del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por resultar encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente).

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Comenzó el juicio por el crimen de Gonzalo Riatto

Verónica González, madre del joven asesinado en Lehmann en 2023, pidió una condena ejemplar frente a los jueces. “Mi hijo no va a volver, pero mis nietos merecen crecer libres”, dijo entre lágrimas.

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Foto: Rafaela Informa

Este martes 24 de junio comenzó en los Tribunales de Rafaela el juicio oral y público contra Miguel Ángel Sphan, acusado de asesinar a Gonzalo Riato el 7 de julio de 2023 en la localidad de Lehmann. Desde las primeras horas de la mañana, familiares y allegados se concentraron frente al edificio judicial para exigir justicia y acompañar a la familia en un proceso que promete ser tan doloroso como necesario.

Verónica González, madre de la víctima, habló con RAFAELA INFORMA a minutos del inicio del juicio. Con la voz quebrada por la emoción, reconstruyó el perfil de su hijo, un joven de 29 años, trabajador, padre de dos niños pequeños, sin antecedentes de conflictos ni vínculos con su agresor. “Mi hijo era un laburante, trabajaba de lunes a lunes para terminar su casa. Soñaba con tener su auto, con ver a su hijo jugar al fútbol. Ahora ya no va a poder hacer nada de eso”, expresó.

El crimen ocurrió cuando Gonzalo regresaba a su hogar luego de cumplir su jornada laboral. Según relató su madre, fue sorprendido por la espalda, sin haber tenido ningún intercambio previo con el imputado. “Lo atacó por la espalda, lo apuñaló sin que supiera quién era. En el video se escucha a Gonzalo decir ‘¿quién sos?’. No lo conocía, no entendía lo que pasaba”, contó.

La familia asegura que el caso está totalmente esclarecido, con pruebas contundentes, testigos y grabaciones. Pero llegar a esa instancia no fue fácil. “Conseguir que la gente se involucre, que dé testimonio, no es simple. El miedo paraliza. Pero esto fue tan claro, tan brutal, que esperamos que los jueces estén a la altura”, expresó Verónica. La fiscalía y la querella solicitarán una pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La mujer también apuntó al trasfondo del miedo social: “Este hombre tenía antecedentes, causas por robo, violencia, usurpación. Nadie hablaba porque todos le tenían miedo. A mí me hizo lo mismo, yo también le tenía miedo. Pero hoy estoy acá porque tengo dos nietos, y ellos tienen derecho a crecer en libertad”.

Sobre el significado de justicia, fue contundente: “Mi hijo está bajo tierra, no vuelve más. ¿De qué justicia me hablás? Lo mínimo es que le den 25 años. Mis nietos necesitan saber que si ese animal sale, van a poder defenderse. Porque hoy los asesinos tienen más derechos que las víctimas. Mi hijo ya no tiene ninguno. Se los quitaron”.

El juicio continuará durante la semana con la declaración de decenas de testigos. La expectativa, tanto para la familia como para toda una comunidad que aún no sale del estupor, es que haya una sentencia que esté a la altura del dolor y de la verdad.

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