Judicial
Pedidos Ya debió abonar 4,6 millones de pesos por cobrar comisiones abusivas en plena pandemia
En un hecho inédito a nivel nacional, la provincia aplicó la Ley de Abastecimiento para sancionar a la empresa de delivery que había sacado provecho de la emergencia sanitaria para cuadruplicar sus ganancias a través de un servicio considerado esencial.
Este martes se hizo finalmente efectivo el pago de la multa impuesta por la Secretaría de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe a Pedidos Ya S.A. en el marco de la Ley 20.680 por usufructuar su posición dominante para cobrar comisiones abusivas a los pequeños comercios locales en plena pandemia.
De esta manera, tras el rechazo de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario al recurso de queja presentado, la empresa dueña de la aplicación de logística y marketplace debió abonar 4,6 millones de pesos en concepto de penalización, marcando un precedente inédito a nivel nacional de aplicación de Ley de Abastecimiento a un servicio considerado esencial durante la crisis sanitaria.
En ese marco, el secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, explicó: “El pago de la multa es la ratificación de la intervención positiva que hizo el Gobierno de Santa Fe a mediados del 2020, en pleno auge de la pandemia, logrando se considere esencial el servicio que ofrecía la mayor empresa de delivery que se conoce en Argentina que es Pedidos Ya. Esto consagra que la política pública tiene que estar al servicio del cuidado al pequeño comercio local”.
“Fue tiempo de arduo trabajo con todo el equipo técnico que permitió aplicar la Ley de Abastecimiento por primera vez en Argentina para este tipo de servicios, generar un ámbito conciliatorio para la empresa y las cámaras gastronómicas, y luego fijar las comisiones con un tope máximo. Esto tiene que poner en valor al comercio santafesino, a las entidades empresarias y a esta sinergia entre lo público y lo privado que generamos, lo cual tiene su beneficio para el consumidor y pone de relieve a las innovaciones que estamos implementando en materia de lealtad comercial, de defensa del consumidor y de utilización de todos los instrumentos legales disponibles, ya que todos los días en Argentina estamos necesitando que la regulaciones comerciales se apliquen para que podamos tener un mercado más justo y transparente”, agregó.
Por su parte, la directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, aseguró que “el procedimiento iniciado por la autoridad de aplicación provincial de las leyes de abastecimiento, lealtad comercial y defensa del consumidor ha sido paradigmático a nivel nacional”. Y detalló: “En primer lugar, por haber dado origen a un procedimiento colectivo en instancia administrativa: la celebración de audiencias de conciliación para la defensa de intereses colectivos, en este caso, del sector gastronómico, algo de lo que no hay antecedentes, y que abre un camino para futuros temas que requieran del abordaje plural y colectivo, y no individual. En segundo lugar, por asumir el rol proactivo que siempre debe tener el Estado cada vez que los intereses de los más sectores más afectados lo requiera: en este caso, con la cuarentena más estricta en el marco de la pandemia, los comercios y consumidores fueron de los sectores más vulnerados”.
“Esta sanción dispuesta por la autoridad provincial, por abuso en el incremento de precios y la consecuente fijación compulsiva de un tope a las comisiones de un servicio considerando esencial en la pandemia, demuestra que un Estado activo, ocupado y preocupado por los intereses de la sociedad logra con su accionar equilibrar la balanza. Estamos convencidos de que la defensa de los derechos de consumidores se logra con la promoción de la lealtad comercial. No son tópicos que están en veredas opuestas, sino que son dos caras de la misma moneda. Promoviendo el comercio justo, transparente y con ganancias racionales, se defiende el bolsillo de las y los consumidores santafesinos”, aseguró.
Respecto al hito a nivel nacional que constituye esta sanción en cuanto a aplicación de la Ley de Abastecimiento, Albrecht destacó el hecho de que a partir de esta resolución el Gobierno nacional decidió formalizar un acuerdo a nivel nacional con las empresas de apps de delivery, tomando el precedente y los argumentos de la actuación de la provincia de Santa Fe. Mencionó además que el pago de la multa por parte de Pedidos Ya tuvo un doble impacto: en los comercios gastronómicos, que vieron disminuida un comisión que se había tornado abusiva y que les permitió continuar trabajando en momentos en que el take away y el delivery eran las únicas formas de sostener sus negocios; y en el sector de los miles de consumidores que utilizan este sistema para la compra de sus alimentos, quienes vieron el efecto del acuerdo en el precio final de los bienes.
ANTECEDENTES
En julio del 2020, en un contexto de emergencia sanitaria y aislamiento social preventivo y obligatorio, en el cual la cadetería se había transformado en un servicio esencial tanto para locales gastronómicos como para las y los consumidores, la Provincia comprobó que la firma Pedidos Ya había cuadriplicado su facturación, habiendo incrementado el importe de las comisiones de forma desmedida, aprovechándose del mencionado contexto. Ante la falta de presentación de documental que justificara el aumento, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, a través de la Disposición Nº S-20, imputó a la firma por la suma de 3 millones de pesos y fijó una comisión máxima del 18% para un servicio que al momento de la sanción oscilaba entre el 30% y el 36%.
Fuente: L. T. 9.
Judicial
Caso Spaggiari: el juicio oral comenzará el 8 de octubre y se extenderá hasta diciembre
La causa que investiga presuntas estafas y asociación ilícita vinculadas al Grupo Spaggiari ya tiene fecha para el juicio oral y público en Rafaela. El debate comenzará el 8 de octubre de 2026 y el veredicto está previsto para el 28 de diciembre.
Un juicio con cientos de testigos
De acuerdo con el cronograma establecido por la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela, las primeras audiencias comenzarán el 8 de octubre con los alegatos de apertura.
La producción de la prueba se desarrollará a lo largo de al menos 38 audiencias, con la participación de más de 600 testigos, según información publicada sobre la organización del debate.
Los alegatos de clausura de las partes están previstos para el 21 de diciembre, mientras que el veredicto se conocería el 28 de diciembre al mediodía, en los Tribunales de Rafaela.
El camino hasta el juicio
La fecha del debate llega después de distintas instancias judiciales y planteos realizados por las partes durante el proceso.
En mayo, el juez Gustavo Javier Bumaguin había admitido las acusaciones de la Fiscalía y de las querellas particulares, además de rechazar distintos planteos de las defensas.
Las decisiones fueron apeladas y posteriormente el juez de segunda instancia Sergio Enrique Alvira confirmó lo actuado, dejando habilitado el camino hacia el juicio oral.
Entre los cuestionamientos de las defensas estuvieron los plazos de presentación de las acusaciones, la individualización de determinadas conductas y la calificación jurídica planteada por la Fiscalía.
La Cámara entendió que esas cuestiones debían ser analizadas durante el debate y no resueltas anticipadamente en la audiencia preliminar.
La causa Spaggiari
El expediente tiene como imputados a Matías Germán Spaggiari, Fernando Luis Spaggiari, Mirta Ofelia Condotto, Carolina Rocío Schaberger, Myriam Marcela Bravo, Cristian Ezequiel Clemenz, Germán Darío Garetto, Gabriel Lorenzo Ulman, Cristian Marcelo Franzetti y Carlos Andrés Ciancia, según la información publicada sobre la causa.
La acusación del Ministerio Público de la Acusación atribuye distintos hechos de presunta estafa y asociación ilícita, con diferentes grados de participación según cada imputado.
Será durante el juicio donde se producirán y confrontarán las pruebas y se analizará la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.
La fijación del cronograma marca así el inicio de una etapa decisiva para una de las causas judiciales de mayor volumen que tramita en los Tribunales de Rafaela.
Con información de Rafaela Informa
Judicial
Ceres: condenaron al exintendente Camilo Busquets por fraude, abuso de autoridad y malversación
El exintendente de Ceres, Camilo Enzo Busquets, fue condenado este viernes en los tribunales de San Cristóbal tras un juicio oral en el que se analizaron distintos hechos vinculados con delitos contra la administración pública durante sus últimos años de gestión.
El tribunal le impuso 2 años y 10 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La pena de prisión no será de cumplimiento efectivo.
Busquets fue condenado por siete hechos
La Justicia declaró culpable al exintendente por tres hechos de fraude a la administración pública, tres hechos de abuso de autoridad y un hecho de malversación de caudales públicos.
La condena establece una pena de 2 años y 10 meses de prisión. Al ser inferior a tres años, Busquets no deberá cumplir la pena en una cárcel.
Además, el tribunal dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
También condenaron al exsecretario de Hacienda
En el mismo juicio fue condenado el exsecretario de Hacienda Lucas Cañete, quien recibió una pena de 2 años y 3 meses de prisión.
Cañete fue encontrado responsable de los delitos de malversación de caudales y fraude a la administración pública.
Por otra parte, Betiana Godoy, también exsecretaria de Hacienda, fue absuelta de los cargos que se le atribuían.
Podrían surgir nuevas líneas de investigación
Durante el proceso, el fiscal solicitó extraer una copia del registro audiovisual de la declaración testimonial del concejal Juan Manuel Mansilla para remitirla a la Fiscalía y evaluar una eventual ampliación de la investigación.
Mansilla había sido presidente del Concejo Municipal de Ceres y, durante un período de la gestión de Busquets, quedó al frente del Ejecutivo municipal debido a la ausencia del intendente por razones de salud, en su condición de titular del cuerpo legislativo.
El pedido realizado por la Fiscalía sobre su declaración podría abrir nuevas líneas de investigación a partir de lo expresado durante el juicio.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Investigan a “Chiqui” Tapia por su patrimonio durante su gestión en el CEAMSE
El fiscal federal Gerardo Pollicita abrió una investigación penal para determinar si Claudio “Chiqui” Tapia incurrió en un presunto enriquecimiento ilícito durante el período en el que se desempeñó en el CEAMSE.
La Justicia busca analizar la evolución patrimonial del presidente de la AFA y solicitó levantar sus secretos bancario, fiscal y bursátil, además de requerir información a distintos organismos públicos.
Qué medidas pidió el fiscal
Pollicita le solicitó al juez federal Ariel Lijo que ordene las primeras medidas de prueba para avanzar en el análisis de la situación económica y patrimonial de Tapia.
Entre los pedidos se encuentran informes a ANSES, ARCA, Banco Central, Caja de Valores, Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El fiscal también requirió las declaraciones juradas presentadas por Tapia desde su ingreso al CEAMSE, incluyendo sus anexos reservados.
Además, pidió al organismo información sobre sus antecedentes laborales y los ingresos percibidos durante ese período.
Con esa documentación se busca elaborar un informe patrimonial, económico y financiero que permita determinar si existe alguna inconsistencia entre los bienes declarados y los ingresos acreditados.
Cómo comenzó la investigación
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución del patrimonio de Tapia entre 2017 y 2024.
De acuerdo con el análisis presentado por el denunciante a partir de las declaraciones juradas, la liquidez de Tapia habría aumentado cerca de un 1.000% durante ese período.
Tofoni sostuvo que ese incremento no tendría correlato con los ingresos lícitos declarados por el dirigente. Ahora, esos planteos deberán ser contrastados con la documentación que reúna la Justicia.
El cuestionamiento de Facundo Del Gaiso
El legislador porteño Facundo Del Gaiso también cuestionó la situación patrimonial de Tapia y consideró que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito debe avanzar.
En declaraciones a Cadena 3, sostuvo que intentar justificar la diferencia entre los ingresos declarados y el nivel de vida del titular de la AFA constituye “un atentado a la inteligencia”.
Sus declaraciones se produjeron luego de que Pollicita resolviera avanzar con la investigación.
El rol de Tapia en el CEAMSE
El CEAMSE es una empresa pública de carácter mixto integrada por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, dedicada a la gestión de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Tapia fue designado vicepresidente del organismo en 2014, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. Permaneció en ese cargo hasta 2024, cuando asumió como presidente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Además de conducir el CEAMSE y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Tapia ocupa la vicepresidencia de la Conmebol.
Según la denuncia, la presidencia de la AFA es ejercida ad honorem.
La causa tramita en Comodoro Py
El expediente tuvo inicialmente una discusión sobre su competencia entre la Justicia federal y los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta semana, la Cámara Federal resolvió que la investigación debe continuar en los tribunales federales de Comodoro Py.
A partir de esa decisión, Pollicita formalizó el requerimiento de instrucción y solicitó las primeras medidas destinadas a determinar la evolución patrimonial de Tapia.
La investigación deberá establecer, a partir de la documentación que se incorpore al expediente, si existen elementos que permitan avanzar sobre las sospechas planteadas en la denuncia.
Con información de Cadena 3
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